(Publicado en la Carta Semanal 615)
El 2 de diciembre, el ministro Guindos declaraba que el Gobierno pretendía desprenderse de todas las acciones de Bankia y BMN que tiene de aquí a 2020. (no más rápido debido a la coyuntura de los mercados y, aunque no lo dijo, a las malas cuentas de Bankia en 2016, en que han bajado las ganancias por todos los conceptos).
El 30 de enero, el Presidente de Bankia, Goirigolzarri, dijo que esperaba que este año, después de clarificar si el banco absorbe a BMN, el Estado empiece a privatizar el 66% que tiene en Bankia.
UGT, CCOO, USO, CGT, Plataforma por la Banca Pública, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Esquerra Republicana y otras entidades reivindican “que Bankia y BMN –saneadas con ingente cantidad de dinero público– no sean vendidas y conformen una Banca Pública […] ya son nuestras y no deben venderse. Las organizaciones firmantes tomaremos las iniciativas que estimemos oportunas contra el expolio de lo público”
En efecto, según cifras oficiales Bankia ha recibido ayudas públicas por valor de 22.424 millones de euros (después de haber malvendido por 1.304 millones el 7,5% de las acciones en febrero de 2014). Y el Banco Mare Nostrum ha recibido 1.645 millones.
Y ¿para qué han de servir esos 24.000 millones largos, que se han sacado arruinando la sanidad pública y la enseñanza pública, entre otros recortes? A ello se suma lo aportado por el Estado a las demás entidades financieras, hasta un total de 53.553 millones que sumados a 7.942 millones del Fondo de Garantía de Depósitos dan 61.495 millones de euros empleados en el rescate de entidades financieras, y una cantidad mayor en avales, todo según las cifras oficiales.
Según Guindos y Goirigolzarri, lo que el Gobierno debe hacer es entregar Bankia-BMN al primer especulador que aparezca, que se pondría a despedir, cerrar oficinas… Se habla del interés del banco más amigo del PP, el BBVA.
Bankia tiene todavía 1.855 oficinas, y 13.505 empleados, que podrían llegar a 2.500 y 17.350 sumando los de BMN. Cada despido se traduce en aumentar el malestar social y disminuir los costes salariales, provocando a su vez más paro.
¿Para qué quiere Rajoy el dinero ahorrado en empleados y oficinas? No lo va a devolver a la sanidad, a la enseñanza, a las necesidades sociales de donde quitó el dinero para los bancos. Quiere sacar dinero de Bankia-BMN para dar más dinero a los especuladores en concepto de pago de una deuda amañada o en forma de ayudas diversas.
Las organizaciones antes citadas exigen que el dinero enterrado por el Estado en Bankia-BMN, las oficinas y empleados de esos bancos se pongan al servicio de las necesidades de la población trabajadora.
Sin ir más lejos, cada vez más ciudadanos se encuentran a muchos kilómetros de una oficina bancaria en que puedan cobrar la pensión o el desempleo, hacer pagos… Cada día hay ciudadanos, familias, autónomos, a los que la banca niega créditos para cubrir necesidades elementales.
La red bancaria de Bankia-BMN puede ayudar a cubrir algunas de esas necesidades.
Desde luego, solo con el ICO-Bankia-BMN no se puede formar la banca pública potente que hace falta. Pongamos solo un ejemplo: sin las viviendas que tienen Santander, BBVA y Caixa no se puede dar solución ni a los problemas de vivienda más urgentes. No digamos a la creación de empleo. Por eso hace falta expropiar la banca, empezando por los bancos mayores.
Sin embargo, nadie puede subvalorar el paso que representaría mantener a Bankia-BMN.
La campaña emprendida por las organizaciones citadas y otras en ese sentido debe contar con todo el apoyo de las organizaciones de los trabajadores. Por nuestra parte, la apoyaremos sin la menor reserva.
La privatización de Bankia-BMN supondría trasladar al sector privado todos los recursos públicos empleados en su saneamiento, una práctica muy común en el franquismo: “socializar las pérdidas y privatizar los beneficios”.
Alto al saqueo de lo que queda de las antiguas cajas. Unidad para defender Bankia + BMN públicos.
A la vez, el coste del rescate a la banca plantea de manera evidente la necesidad de la nacionalización absoluta del sistema financiero para ponerlo al servicio de la población.