(Publicado en la Carta Semanal 668)

Durante todo el desarrollo de la “crisis catalana”, la apuesta del capital financiero, sus medios de comunicación y sus instituciones (con la Unión Europea en lugar destacado) por la “Unidad de España” -es decir, por el régimen monárquico que la sustenta- y por el gobierno de Rajoy ha sido evidente y prácticamente monolítica. Y ello a pesar de la debilidad parlamentaria y política de Rajoy, y los escándalos de corrupción puestos de nuevo de manifiesto en los distintos procesos judiciales. Un apoyo del capital financiero que arrastraba consigo no sólo a Ciudadanos, sino también a la dirección del PSOE. Pero desde el momento de la derrota electoral del PP en Cataluña, se acumulan los signos de que los vientos pueden estar cambiando.

Ya el mismo 22 de diciembre, inmediatamente después de las elecciones catalanas, el New York Times publicaba un artículo en el que se decía que “las elecciones catalanas pudieron haber dado a Rajoy menos libertad para maniobrar, pues su Partido Popular quedó en último lugar”. Comentando el crecimiento de Ciudadanos, el NYT señalaba que “le da al partido la oportunidad de elevar la presión sobre Rajoy y fortalece su intención de erigirse en medio del conflicto como el paladín de la soberanía española”. Pero lo más destacado es que el artículo añadía que “en algún momento el Estado español entenderá que no le sirve, que no le alcanza con mandar la policía. Que tendría que mandar la política, pero nadie está seguro de que Mariano Rajoy sea la persona indicada para eso. Derrotado, humillado, pertinaz, su paliza catalana también puede costarle España”.

La semana pasada ha sido otro destacado portavoz del capital financiero, el Times de Londres, el que volvía a la carga. En un editorial del 26 de febrero, el periódico londinense reclamaba al gobierno español que permitiera el regreso de Carles Puigdemont para iniciar una fase de diálogo. Y apelaba al rey Felipe VI, diciendo que “debería utilizar su visita (a Barcelona) para escuchar a los catalanes”. El Times añadía que “el encarcelamiento de activistas independentistas fue claramente excesivo, enviando un mensaje sombrío a la sociedad”, para recordar que el uso de la prisión preventiva ha provocado el reproche de las organizaciones de derechos civiles y de avisar que mezclar el debate separatista con el delito de sedición es “un desafío a la libertad de expresión (…) Todos estos temas son también componentes del ‘estado de derecho’ que el rey Felipe considera tan central en la España democrática moderna”.

Si bien es cierto que por el momento el capital financiero no parece tener recambio para Rajoy y los jueces continúan con la oleada represiva (ver las últimas condenas a artistas, músicos y tuiteros), son signos de que sectores significativos del capital internacional se inquietan y desconfían de la capacidad de Rajoy de mantener el timón. Incluso parece que algunos sectores empiezan a darlo por amortizado, pero, entonces, tienen que empezar a preguntarse ¿qué recambio? Poner al Rey en primera línea parece bastante difícil. Su discurso del 3 de octubre, tras el referéndum catalán reforzó su papel de representante del aparato de Estado, pero dejó muy mermadas sus capacidades de “mediador”. Y las palabras que dirigió a Ada Colau en su breve conversación en Barcelona parecen indicar que sigue en esa misma línea. Pero no sólo es difícil: puede ser incluso contraproducente. Basta con ver las reacciones de los representantes populares y de la calle en su reciente visita a Barcelona con motivo de la “feria del móvil”.

El giro de Ciudadanos

El gobierno del PP sigue sin avanzar hacia unos acuerdos que le permitan presentar en Las Cortes un proyecto de presupuestos del Estado. Y no sólo no avanza, sino que ve debilitarse sus apoyos parlamentarios.

Hasta ahora, Rajoy ha conseguido gobernar en minoría porque disfrutaba de un doble mecanismo parlamentario que le permitía bloquear todas las iniciativas legislativas de la oposición. Por un lado, la potestad del gobierno –que le confiere el artículo 134 de la Constitución– de vetar la tramitación de toda iniciativa parlamentaria que suponga incremento de gasto. Y por otro la mayoría PP-Cs en la Mesa del Congreso que les permite practicar el filibusterismo bajo la forma de ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas de las leyes propuestas por la oposición (26 veces se ha ampliado, por ejemplo, el plazo de enmiendas a la ley presentada por Podemos para aumentar el salario mínimo). Pero este frente muestra indicios de ruptura.

Tras haber aprobado 30 ampliaciones de plazo de enmiendas a las proposiciones de modificación o derogación parcial de la Ley Mordaza, Ciudadanos ha anunciado que no va a aprobar más prórrogas, con lo cual las modificaciones irán al pleno del Congreso y, si no cambian las intenciones de voto anunciadas, la ley será modificada. Del mismo modo, Cs ha anunciado su apoyo a las propuestas de subir las pensiones según el IPC, lo que supondría una derogación, parcial pero importante, de la reforma de pensiones de 2013, aprobada en solitario por el PP, pero que hasta ahora había contado con el apoyo tácito del partido naranja.

Todo ello acentúa la debilidad del Gobierno. Las concesiones que parece haber hecho a los sindicatos en la Mesa de la Función Pública así lo indican.

El caso español no es el único

Lo que sucede en España no es un hecho aislado. Todos los regímenes europeos –y los partidos que los apoyan– están en crisis. Algunas de ellas, como la crisis interna abierta en el seno del SPD en Alemania con motivo del acuerdo de su dirección para volver a gobernar en coalición con la Merkel, o la incertidumbre que provocan las elecciones de este domingo en Italia, provocan auténtico pánico entre el capital financiero.

Bajo todo esto subyace una cuestión de fondo: la lucha de clases. La clase obrera, aunque vea su acción paralizada por la actitud contemporizadora de los dirigentes de sus principales organizaciones frente a los ataques del gran capital, está lejos de ser derrotada y resiste bajo múltiples formas.

La indignación que recorre a toda la clase ha visto su última expresión en la movilización de los pensionistas, que parece haber abierto una brecha incluso en el muro de contención de los dirigentes. Ahí quedan, sin ir más lejos, las declaraciones de Pepe Álvarez sobre derogación de la reforma de pensiones de 2013. La movilización de los pensionistas que amenaza con arrastrar a toda la clase obrera y a sus organizaciones es sin duda el primer punto de apoyo para acabar con Rajoy y poner en un brete a la Monarquía. Esta es la batalla de las próximas semanas.

Y entretanto la crisis catalana sigue sin resolverse, mientras el aparato judicial redobla las acciones represivas que, a su vez, suscitan la respuesta de centenas de militantes. Una iniciativa de militantes contra la represión acaba de recibir apoyos significativos de distintos países.

Todo ello pone de manifiesto la crisis del régimen de la Monarquía, una crisis que, desde el punto de vista de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado sólo tiene una salida política: el combate por la Republica, que integra la lucha por las libertades y los derechos.