(Publicado en la Carta Semanal 523)
El Partido Popular se enfrenta a una situación que puede llevar a su ruptura. Los escándalos de corrupción le afectan desde la cúpula al último ayuntamiento. El juez Ruz acusa al partido de delito fiscal, alegando que se financió ilegalmente durante 18 años, y que los tres secretarios generales del partido eran conocedores de esa situación. La propia sede central del partido se financió con ese dinero de la “caja B”.