90 días de gobierno de Pedro Sánchez

(Publicado en la Carta Semanal 694ver en catalán)

Hace ya tres meses que los trabajadores de este país recibieron con alegría la caída de Rajoy, después que triunfara la moción de censura presentada por el PSOE. Suponía un alivio indudable echar del gobierno al partido que ha hecho de la corrupción y de la política antisocial y de enfrentamiento con los pueblos, sus señas de identidad más características. Para muchos, un cierto halo de esperanza parecía abrirse. Pero la realidad es que tres meses después aún no hay ningún problema resuelto.

Seguramente habrá quien objete que la acción del gobierno de Pedro Sánchez está condicionada por la falta de una mayoría parlamentaria sólida y estable en la cual apoyarse. Eso es cierto y es un hecho. Sin embargo, siendo cierto, la cuestión central es que no es posible acabar con las políticas de austeridad –y por lo tanto, con los recortes– respetando los límites que imponen las leyes de Estabilidad Presupuestaria; no es posible avanzar en la defensa de las pensiones si no se derogan las reformas; no es posible defender la enseñanza pública si no se deroga la LOMCE; y finalmente, no es posible avanzar en la solución de la cuestión catalana, diciendo lo mismo que decía Rajoy, aunque a diferencia de éste, se ponga el acento en la necesidad de diálogo. Una acción política del gobierno que pusiera las necesidades y reivindicaciones de la mayoría social por delante de cualquier otra consideración, que afrontara con determinación democrática la aspiración mayoritaria del pueblo catalán, sin dejarse presionar por instituciones y poderes que provienen del franquismo, en primer lugar de la Corona, podría o no tener mayoría parlamentaria, pero seguro que tendría el apoyo de millones en la calle.

Por el contrario, la política de “consenso” o el intentar hacer creer que se pueden solucionar los problemas de los trabajadores, o hacer otra política económica, respetando los dictados de Bruselas y del gran capital sobre el déficit, es el camino más corto para que la derecha recupere el gobierno. Ahí está el ejemplo de Portugal en el que el gobierno de António Costa quiere adoptar una nueva reforma laboral que empeora incluso la realizada por el gobierno anterior siguiendo los dictados de Bruselas, lo que ha provocado que la CGTP llame a manifestarse en contra.

Los trabajadores necesitan saber si al cabo de las piruetas sobre el presupuesto de 2018 y el del 2019 este gobierno va a empezar a revertir ocho años de recortes, o será un nuevo gobierno que mantenga los recortes (suavizando algún aspecto). Los sindicalistas no pueden contentarse con promesas sobre la abolición del artículo 315.3 del Código Penal, o de derogación “parcial” de la reforma laboral, y los pensionistas dudan que sus pensiones queden aseguradas con la vuelta al Pacto de Toledo. Para defenderse, los trabajadores necesitan recuperar plenamente el derecho de huelga y el derecho a la libre negociación, cuestionado de raíz por la reforma laboral.

No es lo mismo Sánchez que Rajoy, pero la política de paños calientes no contenta a nadie, y permite que la derecha se rearme.

Los simbolismos … y la cuestión catalana de fondo

En estas condiciones, el gobierno Sánchez lo fía todo a los gestos simbólicos como la, sin duda justa, exhumación de Franco, el dictador responsable de miles y miles de asesinatos, cuyo mausoleo constituye una vergüenza democrática que hay que desmontar.

El nombramiento como jefe de gabinete de un experto en márketing apolítico, que cada día busca la buena noticia para los españoles, al cabo de dos meses de noticias dispares y contrapuestas empieza a tenernos mareados. Además, estos gestos coexisten con otras decisiones que expresan la sumisión a las presiones de los jueces: la ministra Dolores Delgado ha dado marcha atrás en su decisión inicial de no prestar apoyo a la demanda civil interpuesta contra el juez Llarena y contratará un despacho de abogados para que lo defienda, al “módico” precio de 544.982 euros. El gobierno de Pedro Sánchez, que según algunas fuentes, buscaba que la Fiscalía retirara la acusación de “rebelión”, ha cedido a las presiones de jueces y fiscales y ha decidido defender a Llarena y sus chapuzas judiciales. “De disparate en disparate”, ha calificado Pérez Royo la actuación judicial contra Puigdemont y otros consejeros. Como explica en un reciente artículo Pérez Royo, “la errática instrucción del juez Pablo Llarena, que le ha llevado a retirar primero la euroorden dictada en su día por la jueza Carmen Lamela ante la justicia belga, a dictar después una nueva euroorden para volver a retirarla, el juez instructor ha afectado a derechos fundamentales de Carles Puigdemont negándole al mismo tiempo la posibilidad de defenderse”, y que “es el propio juez Llarena el que se ha puesto en una posición jurídica insostenible”.

La presión de buena parte del aparato judicial ha conseguido que el gobierno asuma la defensa de un disparate judicial, para tapar las vergüenzas de una instrucción que pretende aplastar una posición política. Ceder ante esa presión es cerrar la puerta a una solución que solo puede ser política.

La reacción pasa a la ofensiva

Más que la debilidad parlamentaria, es la falta de determinación política lo que espolea a la derecha más reaccionaria. Ante el hundimiento del PP, todas las instituciones que vienen del franquismo han emprendido el ataque al derecho a protestar mediante lazos amarillos. Una juez ha determinado que igual derecho es poner lazos como quitarlos (negando la libertad de expresión), y esta barbaridad se ha convertido en contraseña de los políticos y medios del régimen, organizando una campaña en la que C’s, quitándose la careta de derecha moderna y ajena a la herencia franquista, hace de portavoz callejero y piquete provocador. Quieren provocar una situación de enfrentamiento que justifique las críticas al gobierno de Pedro Sánchez por ser condescendiente con los “independentistas”. Hasta el PP ha tenido que desmarcarse de las formas de la campaña de retirada de lazos amarillos. Y ambos van a abstenerse en la votación para convalidar la exhumación de Franco vía decreto-ley.

Hay que organizar la respuesta, abrir una nueva perspectiva

El peligro de que se pueda llegar a una situación de enfrentamiento civil exige más que nunca que las organizaciones obreras tomen las riendas de la lucha por las libertades, que incluye la libertad de los presos catalanes y el fin del acoso judicial. Tiene razón Pepe Álvarez cuando dice que mientras existan presos no habrá solución. Pero eso debe querer decir que los trabajadores de todos los pueblos del Estado español tienen un papel central a jugar en la defensa de las libertades. Debe significar que hay que ponerse a la cabeza de esa exigencia y organizarla, independientemente de que la actuación del presidente catalán Quim Torra y de su gobierno no genere simpatías. Sus declaraciones públicas desde luego no favorecen que la expresión mayoritaria del pueblo catalán –un 80% favorable a la realización de un referéndum– se vea representada por quién solo habla para una parte. El hecho de “cerrar” el Parlamento catalán hasta el 2 de octubre para evitar responder a la oposición, o en prevención de que haya debates en los que se expresen las disensiones internas que existen en el gobierno de la Generalidad, desde luego no es la mejor manera de afirmar ninguna “República”. En todo caso, es la manera de tapar que hay compañeros de viaje, como el PDeCAT, contrarios a toda medida positiva contra el gran capital (aumento del IRPF a las grandes fortunas), o que son firmes partidarios de mantener las subvenciones públicas a colegios privados.

De igual manera, la convocatoria de una nueva Diada en la que la reivindicación de la libertad de los presos debiera estar en el centro, los organizadores han decidido darle un carácter en el que, previsiblemente, solo se sientan convocados quienes están a favor de la independencia.

Ello hace más necesario organizar la fuerza que una a los trabajadores y pueblos contra el régimen monárquico, en la lucha por la República, único camino que puede unificar la exigencia de autodeterminación del pueblo catalán y de todos los pueblos, y las reivindicaciones sociales y democráticas de los trabajadores (en activo, jubilados o parados) que son una misma clase en todo el Estado español. Con los mismos intereses e idénticos objetivos. Aunque el aparato de Estado se empeñe en dividirnos y enfrentarnos, y por más que otros pretendan levantar una supuesta República, de contenido social indeterminado, al margen de los trabajadores en Cataluña.

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