Acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos

(Publicado en la Carta Semanal 565)

Pedro Sánchez da la espalda al mandato del 20 de diciembre

Carta-565En las elecciones del 20 de diciembre, Rajoy y su política fueron derrotados. Los resultados electorales daban cabida a la esperanza de que fueran derogadas sus principales contrarreformas y que se acabara con los recortes.

La mayoría pensaba que esto podía ser posible con un gobierno “de izquierdas” del PSOE con Podemos, Izquierda Unida, Compromís…

Inmediatamente los bancos, las bolsas, las agencias de calificación, el gobierno norteamericano y los gobiernos europeos, el BCE, el Consejo de Competitividad, la CEOE, empezaron a presionar para que se mantuviesen todos los recortes de Rajoy y se añadiesen otros más. Para ello exigían que no se cuestionase el régimen ni la “unidad de España”.

Más de dos meses después, no hay un gobierno que responda a las exigencias de la mayoría. Los “barones y baronesas” del PSOE –que aplican disciplinadamente en sus gobiernos autonómicos los recortes– han puesto un veto a la convocatoria de un referéndum en Cataluña, utilizándolo para impedir un acuerdo con Podemos (como si alguien, a estas alturas, pudiera pensar en una salida a la “cuestión catalana” que no pase por reconocer el derecho a decidir). Pablo Iglesias ha puesto el reparto de cargos en primera fila de sus propuestas.

Y ahora se ha firmado un acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera. En esta Carta Semanal vamos a hacer un breve análisis de ese acuerdo que, en nuestra opinión, supone que Pedro Sánchez da la espalda al mandato democrático de las elecciones del 20-D.

Cumplimiento de las reglas de déficit de la Unión Europea

El texto del acuerdo es claro: “mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (…) Cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura”. ¿Qué política social, qué planes de recuperación de los servicios públicos pueden caber si se mantienen estos compromisos?… A los que hay que sumar las nuevas exigencias de la UE, que se ha apresurado a recordar que el nuevo gobierno debe aplicar recortes adicionales, que deben centrarse en las Autonomías, es decir, en enseñanza y sanidad (aunque ha atrasado un año el recorte adicional de 10.000 millones que hasta ahora venía exigiendo), y profundizar en la reforma laboral. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la obligación de presentar los planes de estabilidad “a su debido tiempo” debe mantenerse “independientemente del proceso político”.

Una primera consecuencia: el acuerdo no incluye ni una sola medida de recuperación de derechos de los empleados y empleadas públicos, pero sí una propuesta de “reforma de la Función Pública” que modifique, entre otras cosas los sistemas de acceso, “criterios objetivos de dimensionamiento” (recordemos que Ciudadanos apuesta por una reducción drástica de plantillas de funcionarios) “estabilidad” (una cuestión que puede estar ligada a esa reducción de plantillas). De este modo, dos millones y medio de personas trabajadoras ven frustradas sus esperanzas de un cambio real en su situación o pueden temer que vaya a peor.

El acuerdo supone mantener todos los compromisos con la OTAN y las Bases militares e implicarse en nuevos ataques a otros pueblos: “asegurar el compromiso de España en misiones de paz y seguridad internacional”, incluyendo “intervenciones específicas frente a potenciales amenazas fuera de nuestras fronteras, siempre con pleno respeto a la legalidad internacional”.

Reforma laboral

La exigencia de los trabajadores y de los sindicatos era la derogación de las contrarreformas laborales. Pero el acuerdo mantiene los principales ataques a la negociación colectiva. Salvo en lo referente a jornada y salario base mantiene la preeminencia del convenio de empresa sobre el sectorial, mantiene el fin de la ultraactividad, e incluso anuncia una injerencia grave: “el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado”, lo que supondría la desaparición de miles de convenios que concentran gran parte de las conquistas logradas.

Además, mantiene los contratos temporales, aunque, inspirándose en el “contrato único” de C’s, les cambia el nombre por el de “contrato estable y progresivo”, y encima facilita el fraude empresarial en estos contratos, al reducir las indemnizaciones por despido improcedente de los actuales 33 días por año a 20 el primer año y 25 en el segundo.

Además, el coste del despido para el empresario se reducirá en todos los casos, mediante la creación de un nuevo fondo “que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual o colectivo”.

¿Derogación de la LOMCE? Más bien no

En julio de 2013, casi todos los partidos de la “oposición parlamentaria”, incluyendo el PSOE, firmaron un acuerdo comprometiéndose a derogar la LOMCE en el primer periodo de esta legislatura. El acuerdo con Ciudadanos da la espalda a este compromiso, y se limita a paralizar “el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor” mientras se negocia un “Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado”. O sea, consensuar la reforma educativa con las Patronales, la Iglesia, etc. mientras se sigue aplicando la LOMCE.

En cuanto al decreto 3+2 en la Universidad, nada se dice de derogarlo. Ni de revertir la subida de tasas, sino de “promover (…) un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante”. Es más, con respecto a los precios de los másteres, lo que propone es “un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de máster en universidades públicas”.

Con respecto a la Sanidad, una medida de avance “restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud” (y habría que ver la forma). Todo lo demás es retórica, porque se propone una declaración de intenciones, de “reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de centros y servicios sanitarios”, que queda vacía en la siguiente frase: “sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario”. Y no hay ninguna medida extraordinaria para revertir los recortes.

Desempleo y pobreza

Para los millones de personas en desempleo no hay otra salida que garantizar trabajo digno (con un salario digno) o subsidio suficiente. Ambas cuestiones han quedado marginadas en este acuerdo. Habrá una Renta de Reintegración para “las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción en el mercado de trabajo”.

Los salarios han caído bajo el gobierno del PP. El salario mínimo, un 4,1%. Los sindicatos reclamaban que subiera a 800 euros. El pacto prevé “en 2016 una subida del SMI de al menos el 1%”. Además, se incluye una medida, incluida en el programa de Ciudadanos, que supone ayudar a los empresarios a mantener los bajos salarios, mediante la creación de un Complemento Salarial Garantizado, “que se prestará como prestación complementaria a los hogares con rentas más bajas”.

No obstante, se creará “un Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva para atender la situación de necesidad de las familias que carecen de todo ingreso económico”.

Los que sí pueden seguir disfrutando de subvenciones son los empresarios. Se les garantiza un programa de subvenciones para la contratación de parados de larga duración.

Los recortes en las conquistas democráticas

Tienen que recoger la derogación inmediata del artículo 315.3 del Código Penal por ser un clamor extendido. Pero sería temerario confiar su realización a los firmantes, dado el sesgo antiobrero del Acuerdo. La derogación de la Ley-Mordaza queda burlada. “Se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad”. Se propone la derogación inmediata de la prisión permanente revisable y la reforma de la Administración Local,

En cuanto a la exigencia democrática de separación de la Iglesia y el Estado, se propone una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, que “debe establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas”: extender a otras religiones los privilegios católicos. Por tanto se propone la revisión -que no la denuncia y anulación – de los Acuerdos con la Santa Sede.

Respecto de la Ley Electoral, se propone “un sistema de listas desbloqueadas” para la elección de diputados y diputadas, y posiblemente para las elecciones municipales, así como una propuesta –no concretada– de “mejorar la proporcionalidad”.

Mantener al régimen y cerrar toda salida

No sólo está la beligerancia contra toda salida democrática a las aspiraciones del pueblo catalán -y de todos los pueblos- sino que se reafirma la defensa del régimen: “orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma”, es decir, las instituciones y atropellos que vienen de la dictadura y sería hora de abolir, empezando por la Monarquía.

Las primeras reacciones

Para Cándido Méndez, el acuerdo “es un paso probablemente insuficiente, pero necesario porque permite desbloquear la expectativa de que se produzca la investidura”. Para Ignacio Fernández Toxo “el acuerdo tiene luces y sombras, pero sobre todo es insuficiente para una investidura y mucho menos para conformar un gobierno estable”. “Me gusta más el preámbulo que algunos de los contenidos, sobre todo cuando se adentra en materia laboral”. Ha criticado que no se derogue la reforma laboral y ha rechazado la propuesta de un contrato temporal con indemnización por despido creciente. En su opinión, este contrato “no sirve para arreglar los problemas que tiene el mercado laboral español y puede provocar una mayor precarización de los trabajadores”. Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha considerado “una pena” que el PSOE “de nuevo pierda una oportunidad de mirar a la izquierda” al llegar a un acuerdo, a nivel nacional, con Ciudadanos.

El Sindicato de Estudiantes ha reaccionado criticando a Pedro Sánchez, al que acusan de “desdecirse de las promesas electorales y las reivindicaciones y demandas de la marea verde”. Y ha convocado para el 13 y 14 de abril movilizaciones para exigir la derogación inmediata de la LOMCE y del decreto 3+2.

En todo caso, el acuerdo con Ciudadanos intenta dinamitar las posibilidades de un acuerdo del PSOE con otras fuerzas de izquierda. Así, Redondo Terreros se felicitaba en El Mundo de que “la enmienda que los socialistas han realizado al programa del partido de Pablo Iglesias es tan categórica que hace imposible la investidura de Sánchez por la izquierda”.

El primer resultado ha sido que Podemos se ha levantado de la mesa de negociación que mantenían con el PSOE, IU y Compromís, y han anunciado su voto No. IU ha anunciado que votará ‘no’ en la investidura de la próxima semana si el programa de gobierno que defiende Pedro Sánchez es el que ha anunciado este miércoles. Compromís también ha suspendido las negociaciones. “quería aglutinar más de 200 votos a favor y ha conseguido el efecto contrario, ha conseguido aglutinar más de 200 votos en contra y solo 130 votos a favor”, ha expresado Joan Baldoví, que ha añadido que el acuerdo “va más dirigido a conseguir la abstención del PP que a articular una mayoría de cambio”.

Miles de militantes y responsables socialistas han expresado su rechazo de este acuerdo. A pesar de que el referéndum interno del PSOE sobre el Acuerdo se convocó sin tiempo para hacer campaña ni para conocer con precisión el Acuerdo, casi la mitad de militantes no ha votado y un 20% ha votado en contra. En Cataluña el porcentaje de votantes no ha llegado a un tercio de la militancia, más que probablemente por el rechazo a toda salida democrática a las reivindicaciones nacionales, y porque allí conocen muy bien lo reaccionario que es Ciudadanos. Izquierda Socialista había llamado a votar no en la consulta. Así en una toma de posición del viernes 26 febrero expresaba que “IS-PSOE se reafirma en la insuficiencia del Pacto con Ciudadanos y apoya el voto al NO en la consulta a la militancia”, porque entre otras cosas “resulta insuficiente desde una postura de izquierdas”.

Todo parece indicar que este acuerdo deja deliberadamente la posible investidura de Pedro Sánchez en manos de una eventual abstención del PP.

La clase trabajadora y sus organizaciones no pueden supeditarse a este acuerdo ni renunciar a sus reivindicaciones. La voluntad de la mayoría es clara: que se forme un gobierno de izquierdas para aplicar un programa de izquierdas que dé respuesta y satisfacción a esas reivindicaciones. Es lo que hay que exigir desde todas partes.

Entretanto, no hay que cejar ni un día en exigir a los diputados en Cortes que aprueben la derogación del 315.3, la LOMCE, las reformas laborales… Hay que agrupar fuerzas para esa acción y secundar las movilizaciones convocadas al efecto.

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