Las propuestas de gobierno de Podemos

(Publicado en la Carta Semanal 564)

Carta-564Podemos ha enviado al PSOE, así como a las demás formaciones políticas, un documento de 98 páginas, en el que expone sus “bases políticas para un gobierno estable y con garantías”, es decir un gobierno respetuoso con la Monarquía y la Constitución del 78. Ese documento viene a responder al proyecto que Pedro Sánchez ha pasado a Podemos y a los demás partidos. En palabras de Errejón, lo que han hecho es, en buena medida, desarrollar aspectos del texto socialista con los que tenían un acuerdo fundamental. Por su parte, Pedro Sánchez ha contestado que comparte parte de las propuestas de Podemos, otras hay que negociarlas y algunas las rechaza (en particular el referéndum).

Nosotros entendemos que lo que está planteado, a Sánchez y a Iglesias, es cómo responden al mandato de los electores, que quieren anular todos los recortes, recuperar lo perdido e ir más allá, y recuperar la convivencia entre los pueblos mediante el ejercicio del derecho a decidir.

De las 98 páginas de Podemos, 18 están dedicadas a la “estructura del Estado” con una descripción minuciosa de ministerios, secretarías, vicepresidencia y sus correspondientes competencias.

Hace un año, cuando surgió Podemos, muchos activistas y militantes vieron en esa formación la posibilidad de construir una organización para la ruptura con el régimen. Parte de ellos se han desilusionado más o menos de esa posibilidad, a la luz de los continuos cambios de programa, siempre hacia la “moderación”. Otros siguen esperando que a fin de cuentas Podemos será distinto y dará soluciones. Hoy, el programa que ha presentado para un eventual pacto de gobierno supone el abandono de toda pretensión de ruptura con el régimen o con la Unión Europea (y, por tanto, con el “gobierno de los mercados”). No pasa de un programa de “gestión” del sistema y del régimen, proponiendo como mucho derogar la Ley-Mordaza, la LOMCE, las contrarreformas laborales (de manera parcial) y adoptar algunas medidas sociales “de urgencia”. ¿Pueden sus propuestas llevar siquiera a una mejora sustancial de las condiciones de vida, a una satisfacción de algunas reivindicaciones fundamentales?

Economía y deuda

Lejos quedan ya las medidas de nacionalización o de auditoría de la deuda (incluso más allá de que ello no deje de ser una legitimación para continuar pagándola) que planteaban los primeros programas de Podemos. También han sido arrinconadas las propuestas –mucho más moderadas– del documento elaborado por Juan Torres y Vicenç Navarro. Toda la política económica propuesta se basa en negociar con la Unión Europea plazos más cómodos para el cumplimiento de los objetivos de déficit, en incremento de la recaudación de impuestos y en el nuevo papel del Banco Central Europeo.

Sin duda, el documento plantea revertir los recortes en servicios públicos e incluso un aumento de inversiones en los mismos (aunque no dice ni una palabra de la recuperación de derechos y salarios de los 2,5 millones de empleados públicos), pero todo ello depende de una reforma fiscal que recaudaría 40.000 millones de euros adicionales en 2019.

En cuanto a las medidas de nacionalización de banca y eléctricas que proponía el primer programa de Podemos, ahora se limitan a una “reforma del sistema eléctrico” “con independencia de que sea gestionado por instituciones públicas o privadas”, y a una minibanca pública: “poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO”

Al parecer, los dirigentes del PSOE dicen que sería contraproducente alargar tanto los plazos de reducción del déficit. Ellos quieren alargarlo dos años, Podemos tres años. La diferencia es de grado, pero ¿hay solución con dos o con tres años cuando el Estado está hipotecado por una deuda equivalente al PIB?

¿Es posible acabar con el paro masivo, restablecer los salarios, las pensiones y los servicios públicos con esa piedra de molino al cuello?

La cuestión de la deuda no es baladí. Solo en intereses se pagan más de 30.000 millones de euros al año, la principal partida de los presupuestos del Estado. Una cifra que puede aumentar si al capital financiero no le gusta la política de un gobierno y las “agencias de calificación” suben los intereses. Es decir, que condiciona fuertemente la acción de cualquier gobierno. Los primeros programas de Podemos planteaban una auditoría del deuda, una reestructuración y un impago de la parte declarada “ilegítima”. Nada de eso queda. Ahora ponen la solución en manos de la UE y del BCE: “convocar una Conferencia Europea de Deuda para discutir la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la eurozona” para que el BCE adquiera los bonos de deuda y los sustituya por otros a tipo de interés cero. Todo muy sencillo. Sólo hace falta convencer a los gobiernos de 27 países. Muchos de esos gobiernos son de derechas o incluso de extrema derecha.

Los trabajadores reclaman un gobierno que acabe con el paro, la precariedad, la ruina de los servicios públicos.

La política exterior

Como si la experiencia del gobierno Syriza no bastara para demostrar la imposibilidad de un “gobierno social” dentro del respeto de las reglas de la UE, Podemos pone todas sus ilusiones en la “gestión democrática” de las instituciones internacionales.

El Gobierno del Cambio deberá impulsar en las instituciones europeas algunas reformas fundamentales: reformar sustancialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal (…) impulsar una reforma de los estatutos del BCE para incluir entre sus objetivos el mantenimiento de un nivel adecuado de actividad económica y la creación de empleo (…) impulsar una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones …”. Como si lo blanco pudiera convertirse en negro y al agua en vino, y todos esos organismos e instituciones creados para servir a los intereses del capital financiero pudieran convertirse en instrumentos al servicio de la mayoría trabajadora.

En realidad, todas estas bellas intenciones corresponden –como el “plan B para Europa de Varufakis y otros inventos similares– a una estrategia de salvación de la Unión Europea y de sus instituciones, puestas en entredicho por los pueblos que se enfrentan a la troika y que ahora –precisamente por su incapacidad de derrotar a esos pueblos– sufren una grave crisis (como puede verse con la cuestión británica o los cambios de la política de fronteras y de circulación de personas).

Para culminar ese plan de “reformas para la salvación” de la UE, el documento de Podemos concluye con una propuesta: “el Gobierno impulsará un debate en torno a la posible creación de una Cámara Parlamentaria de la eurozona (…) con verdadera capacidad legislativa y de control político”. Recordemos que la eurozona incluye a los países que utilizan el euro.

Pero al afán de cobijarse bajo las instituciones del capital financiero de Podemos no se limita a la UE. También se extiende a la ONU… e incluso al FMI: “impulsar el desbloqueo de la reforma pendiente del sistema de voto del Fondo Monetario Internacional para hacerlo más democrático y representativo”. ¿Representativo de quién?, nos preguntamos.

Mientras las grandes potencias se lanzan hacia la guerra, Podemos defiende mantener a España dentro de la OTAN, tan sólo con “mayor autonomía de España y Europa en la OTAN”. No en vano tiene como “estrella” en cuestiones de defensa al general que dirigió los bombardeos de la OTAN en Libia. Con respecto a las bases de los Estados Unidos, propone una “auditoría y revisión del convenio con los Estados Unidos sobre la base militar permanente en Morón” (la de Rota ni la menciona). Y desde luego seguir con las intervenciones militares, con sólo una limitación, que “toda posible operación será siempre conforme al derecho internacional y deberá contar con la autorización de la ONU”.

Mantener el régimen de 1978

Desde su creación, Podemos se ha negado a cuestionar a la Monarquía. Han repetido una y otra vez lo mismo que decían Santiago Carrillo y Felipe González en 1976-78 “la elección no es entre monarquía y república, sino entre dictadura y democracia” (o sea, que la Monarquía es democrática). Pero venían diciendo que su objetivo era acabar con el régimen de 1978 y abrir un proceso constituyente. Ahora eso ha sido también abandonado.

El cambio constitucional en España no es una cosa sencilla. Las mayorías cualificadas que el texto exige para proceder a su modificación obligan a contar con un Partido Popular…”. La aceptación del marco antidemocrático de la Constitución de 1978 obliga, entonces, a dejar para mejor ocasión su posible reforma.

La “transición” de 1978 mantuvo lo esencial del aparato policial, militar y judicial del franquismo. Podemos no se plantea tocarlos. Las reformas que plantea de las Fuerzas Armadas no pasan de unas medidas de maquillaje.

Cuando los juicios contra sindicalistas están poniendo de manifiesto la complicidad entre Fiscalía y fuerzas policiales para incriminar falsamente a sindicalistas y acabar con el derecho de huelga, no se propone ninguna medida de reforma de las fuerzas de orden público. En cuanto al aparato judicial, apenas un lavado de cara (“auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad”), y una reforma de la Fiscalía para dotarla de mayor autonomía.

Felipe González justificó el incumplimiento del mandato de los electores alegando que al llegar al gobierno había topado con todo el aparato franquista de Estado. Al cabo de 33 años, ni Iglesias ni Sánchez pueden pretender burlar otra vez las exigencias de trabajadores y pueblos con el mismo pretexto.

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