Ante el 11 de septiembre

(Publicado en la Carta Semanal 485)

Carta-485La reunión del 30 de julio entre Rajoy y Mas dejo las espadas en alto. Mas presentó 23 reivindicaciones “económicas” que en otras condiciones serían objeto de un nuevo Pacto Fiscal como piden la mayoría de los grandes capitalistas catalanes.

Pero las circunstancias políticas están lejos de un “acuerdo” de este tipo. El 11 de septiembre se anuncia aún más masivo que los años anteriores (se anuncian alrededor de dos millones de participantes), y las principales organizaciones sindicales convocan con cortejo propio a la manifestación de la Diada.

El gobierno de la Monarquía, como representante del aparato de Estado, considera claramente que el problema central es la “cuestión catalana”. Así lo dejo claro en el discurso de coronación Felipe VI.

Por todos los medios se plantean cómo capear el temporal e impedir la explosión de masas que se anuncia. Y Rajoy, a pesar que tiene el apoyo incondicional del nuevo secretario del PSOE, Pedro Sánchez, no confía en que las fuerzas del PSOE en Cataluña, divididas, dislocadas y en ruptura con UGT, puedan impedir la masividad de la manifestación. Y más cuando el grupo parlamentario del PSC en el Parlamento declara que va a votar la ‘ley de consultas catalana” que se debatirá a primeros de septiembre (ley que Rajoy anuncia que impugnará por medio del Tribunal Constitucional para impedir la legalidad de la consulta del 9 de noviembre).

En este contexto hay que situar la “confesión” del ex presidente Jordi Pujol. En efecto, acosado por Hacienda, el 25 de julio confesó que poseía desde hace 34 años (después de la muerte de su padre) una fortuna en paraísos fiscales, que ocultó y que según él provenía de su herencia.

La campaña mediática, azuzada por el aparato de Estado y el gobierno Rajoy, no tardó un segundo en desatarse. El objetivo era claro, de entrada ejercer presión sobre Mas (hijo político de Pujol) y sobre la dirección de CiU para que cediera, y si no cedía desmantelarla. La verdad sea dicha, la estructura de poder de Convergencia, moldeada por Pujol y casi designada por él (a pesar de que lleva diez años separado de la vida activa) es más que vulnerable a esta andanada del Estado. Recordemos que ya el anterior secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, tuvo que dimitir por el asunto corrupto de las ITV y otros hijos, como el primogénito Jordi, están implicados en diferentes fraudes.

El propio Pujol rozó el escándalo en el caso Banca Catalana, en 1984, y toda su vida política ha estado punteada por el nepotismo y la utilización del poder para diferentes negocios de su familia y su entorno. Era un secreto a voces, consensualmente ocultado por los demás partidos políticos. Una vez, Pascual Maragall, entonces Presidente de la Generalitat, osó hablar del problema de Convergencia, “lo del 3 por ciento”, o sea las comisiones ilegales que cobraban en la concesión de licencias de obras. Pero, en aras a no romper el consenso, los dirigentes del PSC echaron tierra encima.

Hoy el aparato de Estado, que debía conocer todos estos asuntos, decide descabezar Convergencia, provocando una crisis que puede llevar a su desaparición. Así el nuevo secretario de Organización, Josep Rull, habla de “refundar” Convergencia.

Todos los demás partidos, particularmente ERC, se distancian de Convergencia y aprobaron una resolución en el Parlament exigiendo a Pujol su comparecencia a primeros de septiembre ante esa cámara.

Quieren golpear al pueblo de Cataluña

Este es el objetivo. Pero ¿en qué medida Convergencia lo representa? El gobierno Mas ha estado a la cabeza de los recortes y con esto se ha ganado la oposición de la mayoría de los trabajadores, incluido el sector que votaba a Convergencia. No es casualidad su caída de votos en octubre de 2012, después de la Diada, y el 25 de mayo, en las europeas. El primer beneficiado fue y es ERC, a la que ha aprovechado también la caída del PSC. Y aquí ERC se encuentra con la contradicción entre su política formalmente soberanista y su sumisión a la Unión Europea, que niega la soberanía a todos los pueblos.

El gobierno Mas ha estado siempre detrás del movimiento de masas. Tras el gran estallido popular de la Diada de 2102 pidió ayuda a Rajoy (que la negó) para reconducir la situación mediante un Pacto Fiscal. Y era su posición lógica como representante declarado de la gran burguesía catalana.

De todos estos acontecimientos hay que sacar varias lecciones:

  • El aparato franquista no vacilará en destruir lo que sea para impedir que los pueblos decidan.
  • No será la burguesía catalana la que pueda garantizar el ejercicio de la autodeterminación por el pueblo catalán.
  • Eso corresponde a los trabajadores. A la clase obrera del Estado español. De ahí la importancia de que UGT y CCOO se manifiesten el día 11 con el pueblo catalán, lo cual es un llamamiento a los trabajadores de todo el Estado y en primer lugar a las confederaciones y a las organizaciones políticas, para que formen una barrera defendiendo al pueblo de Cataluña.  Porque juntos tenemos que derrotar a este gobierno enemigo de los derechos democráticos y sociales.

En segundo lugar, la crisis de Convergencia es la crisis del régimen. El Estado de las Autonomías, que desvía las aspiraciones de los pueblos, conlleva la multiplicación de las corruptelas, precisamente por su carácter de apéndice parasitario del aparato de Estado franquista. No hay autonomía que no haya sido centro de corrupción, como no hay ninguna institución importante del régimen monárquico. La “transparencia” de la “Monarquía renovada” se acaba cuando se quiere hurgar en el patrimonio acumulado por Juan Carlos, al que muchos han señalado como el gran comisionista del Reino.

Más que nunca, tiene plena actualidad el llamamiento surgido de la Conferencia del 14 de junio a iniciativa del comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos: no puede haber derechos nacionales sin derechos sociales, y viceversa. Lo que exige que el máximo de fuerzas del movimiento obrero secunden la toma de posición de UGT y CCOO ante el 11 de septiembre.

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