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Carta Semanal 808 en catalán
El pasado 28 de octubre el gobierno presentó, en el Congreso, la propuesta de presupuestos para el año 2021. Con toda pompa los calificó de “históricos” y Sánchez en particular declaró que “son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos que nuestro país necesita”. Se trata de meras declaraciones cuya credibilidad es muy débil a los ojos de los trabajadores, después de las numerosas promesas incumplidas, así como su falta a la verdad en anuncios como el de marzo, de que habían prohibido los despidos. Y lo que importa son los hechos, de modo que vamos a ellos.
Ninguna medida de política económica puede evaluarse seriamente de forma desconectada del marco en el que tiene lugar. Por eso, para evaluar el alcance y significado de estos presupuestos debe considerarse, antes de nada, el contexto social actual. Como hemos explicado numerosas veces en nuestras publicaciones, la pandemia, su brutal magnitud, no cae del cielo, no es un hecho externo a la grave crisis capitalista que se arrastra por mucho tiempo, por más que permaneciera más o menos latente en los últimos años. Al contrario, la pandemia en toda su extensión es el resultado de esta crisis y las políticas que la acompañan: privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, precarización laboral, investigación no orientada a las necesidades de la mayoría sino al interés de los negocios privados, etc. Por eso un simple patógeno respiratorio provoca la barbarie que padecemos y que hace aflorar la crisis latente, disparándola. Y ni siquiera ante esta situación tan grave el gobierno central y los autonómicos han revertido los recortes con un verdadero plan de choque adecuadamente financiado.
Unos presupuestos que vienen en un momento dramático
Para resumir muy brevemente la situación, digamos que los muertos se cuentan por decenas de miles y los desempleados por millones.
En el terreno sanitario es el resultado de esas políticas que, por ejemplo, reducen el 8% las camas hospitalarias entre 2005 y 2019 (de 365 por cada 100 000 habitantes a 337). En la Comunidad de Madrid se cerraron casi 3 000 camas y se despidió a 3 200 trabajadores de la sanidad pública, además de disparar la precariedad laboral. Más de la mitad del gasto sanitario se ha desviado a empresas privadas -tanto conciertos como hospitales privatizados-, en donde anida la financiación ilegal del PP. A escala estatal sólo en el periodo 2010-2013 se redujo el presupuesto sanitario en un 12%. Al mismo tiempo, la pandemia ha evidenciado enormes déficits en la enseñanza y el transporte público.
En cuanto al paro, el número oficial de desempleados supera los 3,7 millones, por encima del 16% de la población considerada activa. Para los jóvenes se sitúa en el 44%. Y a esto se añade la amenaza que pende sobre gran parte de los trabajadores en ERTE, todavía 728 000, número que probablemente aumentará en las próximas semanas. Según el FMI, el aumento del desempleo por la destrucción de casi un millón de empleos no se revertirá hasta 2026 (estima asimismo que en 2021 sólo se recuperarán uno de cada cinco empleos perdidos).
Los presupuestos son uno de los principales instrumentos de política económica. Su contenido principal es el gasto público –revelador de las prioridades del gobierno-, lo que implica a su vez cómo financiarlo, es decir, la cuestión de los ingresos, de la recaudación. En el contexto tan grave señalado, resulta evidente la necesidad de un auténtico plan de choque de gasto público, máxime considerando el retroceso acumulado en los últimos años, desde 2010. Debe recordarse además que el término austeridad no define bien la política de los últimos años, puesto que junto a un componente austero en el gasto social, hubo un auténtico derroche en las ayudas al capital. En especial el rescate bancario que movilizó 66 000 millones de euros.
¿Son los presupuestos que la mayoría necesita?
Las principales cifras destacadas son una inversión pública de 239 750 millones, que incluyen un adelanto de 27 000 millones del programa de la UE. No es posible analizar detalladamente unos presupuestos estatales en este breve espacio. Pero sí se pueden plantear algunas cuestiones generales, dejando para otra ocasión un estudio más pormenorizado.
El gasto referido se concretaría en varios grupos de gasto. Comenzamos con los que suelen considerarse gasto social: 3 421 millones de euros en el Ministerio de Sanidad, un importante aumento respecto a los 327 previos (pero los gastos de asistencia sanitaria, transferida a las autonomías, no figuran en esta partida). En cuanto a las transferencias a las comunidades autónomas en sanidad (con las que se financia la asistencia sanitaria), serán de 84 506 millones de euros, lo que significará un incremento en 8 578 millones de euros con respecto a 2019, cuando se dedicó 75 928 millones de euros. Pero para que la comparación sea justa, hay que tener en cuenta el gasto extra que supone la pandemia y que sólo para recuperar lo recortado en estos años harían falta 22.000 millones más.
Además, en becas se presupuestan 514 millones más; 1 772 millones más en vivienda (un aumento del 367%), 600 millones en dependencia, un 46% más (pero CCOO acaba de declarar que sólo para revertir los recortes aplicados desde 2012 harían falta como mínimo 1.000 millones al año). También 700 millones en atención a los ancianos y 200 a la educación de 0 a 3 años, junto con 300 millones para igualar los permisos de maternidad y paternidad, 200 millones para conciliación y otros 200 millones para servicios sociales.
Puede sonar bien, pero es preciso ver la letra pequeña. Por ejemplo, el gasto previsto en enseñanza, vivienda, atención a ancianos y a la infancia, etc, puede adoptar, como en sanidad, la forma ya conocida de su desvío hacia el negocio privado. De poco sirven los fondos si no se revierten las privatizaciones que han abierto de par en par las puertas de los servicios sociales a los fondos privados.
Por lo demás, la experiencia indica que quién se va a beneficiar de la mayor parte de estos gastos es el capital o, para decirlo con más precisión, el gran capital. Por ejemplo, ¿quién se ha beneficiado del gasto en industria muchas veces, sino las multinacionales? Las mismas que luego se van a las primeras de cambio, dejando un reguero de despidos, como hemos conocido últimamente en los casos de Nissan, Alcoa y otros. Lo mismo ocurre con las ayudas a la agricultura cuyos principales beneficiarios son el gran capital y las grandes fortunas latifundistas. O con la llamada cooperación al desarrollo, en gran medida un instrumento para la expansión internacional de las grandes empresas.
Otro grupo de gastos se destina a políticas formuladas como “políticas verdes” (11 935 millones), digitalización (70 000 millones en tres años), infraestructuras (6 161, un 114% más), industria (5 623 más, un 104%), ayudas al comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas (1 338, un 150% superior), agricultura, pesca y alimentación (790 millones más, un 10% de aumento), cooperación al desarrollo (un 20% más); 3 232 millones para ciencia e innovación (600% de aumento); 265 más para cultura.
El gasto en infraestructuras, que debe incluir el transporte público, puede cubrir el déficit de ingresos de este año, pero no parece que pueda cubrir el enorme déficit de inversiones que se ha evidenciado. Lo mismo ocurre en otros sectores y especialmente en la enseñanza.
Por lo demás, la experiencia indica que quien se va a beneficiar de la mayor parte de estos gastos es el capital o, para decirlo con más precisión, el gran capital. Por ejemplo, ¿quién se ha beneficiado del gasto en industria muchas veces, sino las multinacionales? Las mismas que luego se van a las primeras de cambio, dejando un reguero de despidos, como hemos conocido últimamente en los casos de Nissan, Alcoa y otros. Lo mismo ocurre con las ayudas a la agricultura cuyos principales beneficiarios son el gran capital y las grandes fortunas latifundistas. O con la llamada cooperación al desarrollo, en gran medida un instrumento para la expansión internacional de las grandes empresas.
El dicho de que existen pequeñas mentiras, mentiras medianas y estadísticas parece corroborarse. Por ejemplo, todos los datos de aumento del gasto ocultan que el punto de partida es muy reducido, no sólo por los recortes desde 2010, sino en particular por las prórrogas de los presupuestos de Montoro, del PP, desde 2018.
Además, los presupuestos no son el gasto sino la previsión del gasto, que luego se puede ver modificada. Como de hecho ocurre con el gasto militar, recurrentemente aumentado cada año por fuera de los presupuestos. Unido a esto, la delimitación del contenido del gasto por estas grandes partidas también incluye la trampa de no computar los gastos por lo que realmente son. De hecho, el presupuesto del ministerio de defensa sube un 5%, hasta 9 072 millones, pero el gasto es el doble al considerar otras partidas que no se registran en él: 3 090 millones de programas especiales de armamento (que la UE, curiosamente, no computa como déficit), 861 millones de investigación, desarrollo e innovación militar (que aumenta el 27%) y 3 400 millones de pensiones de militares.
¿Quién pagaría el gasto extra?
El gobierno ha resaltado la idea de que va a producirse un aumento de la carga impositiva a los que más tienen, que está muy por debajo del promedio en la UE. En este terreno su propaganda se ve favorecida por el griterío de los medios de la derecha, que hablan incluso de “impuestos confiscatorios”. ¿De qué estamos hablando en realidad?
Se plantea que se va a aumentar el Impuesto de Sociedades para grandes grupos empresariales, limitando algunas exenciones. Es decir, en realidad se trata de reducir los regalos que reciben e incluso muy limitadamente: por ejemplo, por las plusvalías y dividendos generados por filiales de las grandes empresas en el exterior se reduce la exención del 100% al 95%. También se incluye una subida de un punto el Impuesto de Patrimonio para patrimonios de más de 10 millones. ¡Un punto porcentual para estas fortunas! Ciertamente no parece confiscatorio. Y, sobre todo, no se corresponde con las graves necesidades que padece la mayoría.
También se propone una subida de tres puntos en el IRPF para rentas del capital de más de 200 000 euros y de 2 puntos para rentas del trabajo de más de 300 000 euros. Y de una tributación mínima del 15% para las “Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario” (conocidas como SOCIMIS, son sociedades organizadas para especular con la necesidad de vivienda). ¡Un 15% cuando gran parte de la clase trabajadora a la que le cuesta llegar a fin de mes tributa bastante más! Por ejemplo el asalariado medio el 21,3%.
Insistimos: no sólo no se trata de medidas confiscatorias sino que son muy timoratas. Si en este contexto no se va más lejos, con un gobierno autodeclarado progresista y con la enorme legitimidad que tendrían ahora medidas realmente ambiciosas ante la gravedad de la situación… si ahora no, si ahora tampoco, ¿entonces cuándo?
Además, el plan presenta debilidades serias. Desde la optimista previsión acerca de la capacidad recaudatoria de estas medidas, cuando la incertidumbre es enorme, hasta la ilusión en torno a una supuesta barra libre de los fondos de la UE (cuando los que realmente lleguen estarán severamente condicionados incluso por la propia legislación comunitaria que, desde Maastricht, prohíbe expresamente la financiación pública de la actividad productiva). Y pasando por formulaciones puramente retóricas frente a la terca realidad que conocemos, como facilitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital o el compromiso de regulación del mercado de alquiler de viviendas. ¿Acaso es necesario recordar que todos y cada uno de los partidos integrantes del gobierno se comprometieron a derogar la contrarreforma laboral de 2012, la ley mordaza, las contrarreformas educativas…?
Para acabar el análisis de las cuentas, un dato más que revela el carácter tan limitado de estos presupuestos: mientras el salario de los empleados públicos sólo sube un 0,9, pese a todo lo perdido estos años, la asignación a la Casa Real aumenta un 6,5%.
Lo que se necesita es poner el conjunto de los recursos al servicio de las necesidades de la mayoría
Los marxistas no partimos de las ideas sino de los hechos. Y, desde luego, no tenemos posiciones maximalistas, apreciamos todos los matices. Por eso, reconocemos los elementos positivos y los saludamos. Pero no ocultamos su carácter tan limitado respecto a las necesidades, lo que refrenda la prioridad del gobierno durante todo su mandato, que es favorecer los intereses del capital, con pequeños gestos hacia la mayoría que, además, sólo se materializan –si acaso- en una pequeña medida respecto a los anuncios.
El presupuesto sanitario es una buena muestra de esto. Su aumento del 40% sin contar los fondos de la UE, del 947% considerándolos es positivo. Pero, como explica la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, no resulta suficiente: son 67 euros por habitante, menos de un 7% de los 1000 que consideran necesarios (el rescate bancario que mencionábamos superó los 1400 euros por habitante). Además, brilla por su ausencia el impulso a una industria farmacéutica pública, así como la garantía de que estos fondos se van a dedicar exclusivamente a la sanidad asimismo pública.
Incluso este presupuesto, con todas las carencias señaladas, sufre ataques como el del gobernador del Banco de España, que no está sometido a elección y control democrático, pero critica la subida del 0,9% a los empleados públicos y a los pensionistas (no la asignación a la Casa Real que es más de siete veces superior). También es atacado desde la derecha, a la que sin embargo se le lanzan guiños desde el interior del gobierno, que podrían suponer reducciones en los ya insuficientes niveles de inversión y gasto social.
Además, una de las palancas de los presupuestos son los reverenciados fondos europeos que, como siempre, están sujetos a condicionalidad. Es decir, sólo se conceden bajo la condición de que se apliquen ciertas políticas, lo que se refiere en particular a no derogar las contrarreformas laborales ni las de pensiones, etc. Son fondos al servicio del capital, como reconocía el diario Cinco Días el pasado 17 de octubre: “Los sectores y empresas que más se beneficiarán de la lluvia de inversión del fondo europeo: los 750.000 millones son una oportunidad para exprimir el valor de la economía verde y digital”.
En definitiva, estos presupuestos no reflejan el mandato de la mayoría, que permitió la conformación de este gobierno. Son unos presupuestos que no molestan al gran capital, porque en este contexto tan grave sólo recogen aumentos muy limitados para lo que requiere la mayoría; aumentos que no van a encaminar siquiera la solución de los problemas de empleo, salarios, pensiones, sanidad, enseñanza… Lo que se necesita son unos presupuestos que verdaderamente hagan frente a la dramática situación para los trabajadores y la juventud, a quienes se anuncia un futuro de miseria. Lo que se necesita es que se pongan todos los medios al servicio de la mayoría, caiga quien caiga.