Con la movilización de los pensionistas

(Publicado en la Carta Semanal 749ver en catalán)

Para el capital financiero, la destrucción del sistema público de pensiones es un objetivo estratégico, tanto en España como en otros muchos países. Con la destrucción del sistema de reparto, basado en la solidaridad entre generaciones, donde las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras actuales pagan las pensiones de las personas jubiladas, y su sustitución por un sistema de capitalización, en que cada trabajador tendría una “hucha” en un fondo de pensiones donde iría metiendo dinero para su jubilación, el capital financiero alcanzaría dos objetivos muy importantes para él.

En primer lugar, reducir el coste de la fuerza de trabajo, del que forman parte las cotizaciones sociales, salario diferido de las personas trabajadoras. En segundo lugar, poner en manos del capital financiero cientos de miles de millones en los fondos de pensiones.

De ahí la ofensiva continua, la “gota malaya” con que nos bombardean día tras día los “expertos” a servicio del capital. Que si el sistema no es sostenible, que si para reducir el déficit y la deuda hay que recortar el gasto en pensiones, etc., etc.

El Sr. Solchaga pontifica

El último en opinar al respecto ha sido el exministro “socialista” Carlos Solchaga, quien ha declarado que los pensionistas “no tienen razón” al reclamar que el IPC vuelva a ser el indicador de referencia para la subida anual de las pensiones. Y ha añadido cínicamente que “ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que perciben”.

Solchaga no necesita pensión ni actualización. Como ministro de Felipe González, dirigió la “reconversión industrial”, que preparó al país para su entrada en la UE destruyendo decenas de puestos de trabajo con buenos salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. Y sobre todo privatizó grandes empresas públicas (como Telefónica) con una red de amigos y sobre esta base organizó el club de las grandes empresas del IBEX. Como hombre de confianza del capital, presidió el Comité Interino del Fondo Monetario Internacional y ocupó cargos de consejero y consultor externo en grandes corporaciones. Por ejemplo, para Telefónica, que le pagaba un contrato de 500.000 euros al año. En 2017 percibió 130.000 euros de Pharma Mar. Se presenta cínicamente como jubilado, pero en realidad siendo Socio-director de un centro de mafiosos del IBEX, la consultoría Solchaga Recio & Asociados, con sede en la calle Serrano de Madrid, y con una facturación en 2018 de 3,1 millones de euros y un beneficio neto de 618.000 euros. En los últimos diez años, el dúo Solchaga-Recio logró embolsarse unas ganancias totales de casi 4 millones. ¡Qué fácil es opinar sobre las pensiones de los demás cuando se tiene la jubilación propia tan bien alicatada y se cobran generosas cantidades, precisamente, por servir a los amos organizando campañas por las pensiones privadas!

Como Solchaga, podríamos citar decenas de opiniones compradas de supuestos expertos. Los lectores de esta Carta pueden encontrarlas fácilmente en internet, y comprobar quiénes son, y de quién cobran los que emiten esos “sesudos” dictámenes.

Una conquista central de la lucha de clases

No nos engañemos: para el capital, el salario diferido que abona en las pensiones es como si le sacaran una muela a lo vivo. Y no desde ahora. Como todas las conquistas sociales, cuando no existían aún y los trabajadores se esforzaban por conquistarlas con su lucha de clases, era un “imposible”. “¿Cómo vamos a pagar a un trabajador que ha dejado de trabajar?”, decían los patronos cuando el movimiento obrero reclamaba una pensión de jubilación. Lo mismo decían de las vacaciones pagadas o del subsidio por baja laboral: “¿cómo vamos a pagar a un trabajador por no trabajar?”.

Sabemos qué sucedería si, como pretenden el capital financiero y sus secuaces, el actual sistema público de pensiones desapareciera (o fuera reducido al mínimo) y fuera sustituido (o “complementado”) con fondos privados de pensiones. Nuestros hermanos de clase de Chile, que sufrieron esa “reforma”, impuesta por la dictadura de Pinochet, y que hoy se movilizan por millones para reclamar la vuelta a un sistema de reparto como el que tenían antes de 1973, lo viven en sus carnes. En Chile la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones, y en España la pensión de jubilación es el 79% de la media de salarios de los últimos años, en Chile es un 33% para los hombres, y un 25% para las mujeres. (como éstas tienen mayor supervivencia media, han de repartir el dinero de su fondo de pensiones entre más años, además de que han cotizado menos por la discriminación que padecen en el mercado de trabajo y en general). Con esas pensiones, los trabajadores chilenos han de optar por no jubilarse o por buscarse un segundo trabajo para complementar su pensión.

Aquí no quieren privatizar el sistema de pensiones, pues no podrían indemnizar a los que han cotizado. Lo que hacen es ir reduciendo las pensiones, para que el que quiera una pensión vaya a los fondos privados, ocultando que así se han arruinado ya muchos millones de trabajadores. En España mismo se han tragado muchos millones del dinero ahorrado por los que fueron a fondos privados. No exageramos: según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), en 2018 las pérdidas promedio de los planes privados fueron del 4,08%.

La lucha de clases defiende, hoy, las pensiones

Por el momento, el capital financiero no dispone, en ningún país de Europa, de un gobierno como el de Pinochet que pueda imponer con un baño de sangre la reforma de pensiones que necesita. La clase trabajadora sigue disfrutando de las libertades políticas y sindicales que arrancó con su combate, por mermadas que estén. También sigue teniendo sus organizaciones. Donde puede, la clase se agarra a estas organizaciones y las utiliza para defender sus conquistas y, entre ellas, en un lugar central, los regímenes de jubilación. Como sucede hoy en Francia.

En España, los dirigentes de UGT y CCOO, Méndez y Toxo, firmaron, el 2 de febrero de 2011, con la Patronal y el gobierno de Zapatero, el acuerdo de pensiones ASE, que -aunque tenía algún avance en cuestiones como las pensiones de viudedad- reducía la cuantía de las pensiones aumentando los periodos de cálculo y el número de años necesario para acceder a la pensión completa. Ese acuerdo, que fue saludado como “un ejemplo para Europa”, nos dijeron los firmantes que iba a “blindar el sistema público de pensiones hasta 2027”. No hace falta comentar lo errado de esos cálculos. La firma se llevó a cabo haciendo oídos sordos a las protestas de miles de afiliados, cuadros e instancias sindicales (se desarrolló una amplia oposición que cristalizó en una Plataforma de Sindicalistas que organizó una delegación que fue recibida por los secretarios generales),

Por otro lado, las direcciones confederales entraron en la trampa del Pacto de Toledo, siendo consultados por las Cortes para que luego éstas hiciesen recomendaciones que han respaldado casi todos los recortes de pensiones de los últimos veinte años.

Ahora mismo, Sánchez promete que va a aplicar lo que ha decidido el Pacto de Toledo, cosa falsa, pues el Pacto de Toledo se rompió y no votó las propuestas previstas, que llevarían a la peor reforma de pensiones conocida.

Algunos dirigentes sindicales pretenden que se resucite el Pacto de Toledo, que siempre ha servido para recortar.

Para muchos pensionistas -y trabajadores- la firma del ASE y la defensa cerrada del Pacto de Toledo por parte de los dirigentes sindicales es el mayor obstáculo para que nuestras Confederaciones se pongan a la cabeza de la defensa del actual sistema público de pensiones. Por eso, cuando se lanzaron a las calles contra la reforma impuesta por Rajoy en 2013, se organizaron por su cuenta, en un ambiente marcado por la desconfianza y el rechazo hacia las organizaciones. Y eso a pesar de que miles de pensionistas que participan en las movilizaciones y se organizan en las coordinadoras y plataformas locales y provinciales siguen siendo afiliados a UGT y a CCOO.

La COESPE ha mantenido las movilizaciones, y convoca ahora una movilización estatal en Madrid, ante las Cortes, el 16 de octubre. Como muestra de su independencia frente al gobierno y los partidos políticos, su consigna central es “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. Para miles de trabajadores y jóvenes, esa actitud de defensa de las reivindicaciones y derechos por encima de cualquier otra consideración, es una guía para la acción. Sobre todo, después de ver cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han negado a formar un gobierno que diera satisfacción a esas reivindicaciones. Por eso muchas empresas y sectores, sobre todo de Madrid han decidido unirse a la movilización del día 16. Por eso muchos sindicalistas siguen exigiendo a las organizaciones de UGT y CCOO que se sumen a la convocatoria ante Cortes para exigir las reivindicaciones y la derogación de las contrarreformas.

Con sus propios métodos de lucha de clases, y apoyándose en sus conquistas democráticas y exigiendo a las organizaciones que se sumen al combate, la clase trabajadora defiende hoy, una de sus más importantes conquistas sociales. El conjunto de la población trabajadora vive como suyo ese combate.

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