Carta Semanal 1053 en catalán
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En los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978 se consagró el mantenimiento del aparato de Estado del franquismo, presidido por el Rey, heredero designado por el dictador. Jueces, policías, militares franquistas permanecieron en sus puestos, declarados oficialmente “demócratas”
Pero, como dice el refrán, “aunque la mona se vista de seda…”. Los jueces que durante cuarenta años habían perseguido a las organizaciones obreras siguieron, en su fuero interno, y en sus actuaciones, rechazando al sindicalismo y persiguiendo a sindicalistas.
La ofensiva contra los piquetes de huelga
Durante años, tuvieron a su disposición el artículo 315.3 del Código Penal, introducido al final de franquismo para perseguir a los piquetes de huelga, y que considera a los piquetes como una forma agravada de coacción. Amparándose en él, una colusión de policías, fiscales y jueces llegó a procesar a más de 300 sindicalistas, con un objetivo político: prohibir los piquetes de huelga. Amenazados con la prisión, los sindicalistas procesados se vieron tentados con las ofertas de los fiscales: reconocer su “delito” y no ir a la cárcel. Pero ¿qué hubiera pasado si 300 sindicalistas reconocen que los piquetes son una coacción a los trabajadores? La oportunidad de ilegalizarlos hubiera estado servida.
Afortunadamente, ni uno solo de los 300 procesados cayó en la trampa. Una campaña por la derogación del artículo 315.3 se puso en marcha, agrupando a centenares de sindicalistas, y consiguiendo implicar a las dos grandes confederaciones. Finalmente el 315.3 fue derogado.
Pero sigue existiendo un amplio arsenal represivo, como la Ley Mordaza, no derogada a pesar de reiteradas promesas, y otros delitos mantenidos en el Código Penal.
Aun derrotado, el poder judicial heredado del franquismo siguió viendo cómo atacar a los sindicatos, utilizando el delito de coacciones.
Las Seis de la Suiza
La sentencia contra los seis de la Suiza es parte de esta campaña judicial. Dictada por un juez con un largo historial de sentencias contra sindicalistas y contra militantes antimilitaristas, considera que la organización de concentraciones y manifestaciones ante una empresa (la pastelería La Suiza), para exigir demandas sindicales, es una forma de coacción. Y condena a 7 sindicalistas por ello (seis de ellos, a penas de más de dos años de prisión, que implican la entrada en la cárcel). Además, les responsabiliza del cierre de la empresa y les condena a indemnización a la pastelería de 150.428 euros, declarando al sindicato organizador de las movilizaciones, la CNT, como responsable civil subsidiario, y condenándolo al pago de una indemnización a los propietarios de la empresa.
Algunos intentan presentarnos la sentencia como una actuación de un juez reaccionario. Pero hay que recordara que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como el Tribunal Supremo han ratificado las penas a ‘las seis de La Suiza’ considerando que las protestas y campañas no eran “proporcionales”, sino un “hostigamiento” coactivo prolongado en el tiempo que provocó el cierre del negocio. Tras la sentencia del Supremo, dictada en junio de 2024, sólo quedaba la vía del indulto para evitar la entrada de las seis en prisión. Diferentes sindicatos y asociaciones, entre ellos, CCOO, UGT y la CNT, han llevado a cabo multitud de protestas en estos últimos años por la condena de ‘las seis de La Suiza’, y han reclamado el indulto. La ministra de trabajo se ha comprometido a que el gobierno lo tramite. Normalmente, en estas circunstancias, se retrasa la entrada en prisión, pero el juez de lo Penal número 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, ha decretado este miércoles la orden de detención inmediata e ingreso en prisión de las seis sindicalistas (demostrando, una vez más, su inquina antisindical).
Al mismo tiempo, conocemos una sentencia del juzgado del Mercantil 10 de Barcelona. En ella, el juez Álvaro Lobato, en una demanda de Glovo contra Just Eat por el uso de falsos autónomos, que consideraba competencia desleal, el juez no sólo desestima la demanda, sino que arremete contra los inspectores de trabajo con argumentos antisindicales. Dice que “en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, el mundo de ayer administrado y burocrático”. Y añade que los falsos autónomos, obligados por la empresa a trabajar en esas condiciones, han elegido libremente.
“Muchos trabajadores prefieren el régimen de trabajo autónomo porque les permite prestar el servicio a su conveniencia en una u otra plataforma, en uno u otro lugar o durante el tiempo que deseen”. Y añade: “En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene… [tal y como declaró el vicepresidente de Glovo en el juicio], excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”. La directora de la Inspección de Trabajo ha protestado por carta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que manifiesta su “profunda preocupación” e invita al organismo a “valorar la adopción de medidas disciplinarias”.
Un poder judicial que desafía al gobierno
Los jueces y fiscales han protagonizado tres días de huelga hace poco en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras (en un intento- que a nuestro juicio tendrá poco éxito- de permitir que puedan acceder a la judicatura personas con pocos ingresos familiares. Lo que ven muchos jueces y fiscales como una amenaza a la perpetuación de su casta), y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales, como sucede en buena parte de Europa.
La huelga es ilegal. Los jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la huelga. Pero a diferencia de los trabajadores comunes, que, en caso de huelga ilegal, pueden verse expuestos a graves sanciones e incluso al despido y, si la huelga es un servicio considerado esencial, pueden ser procesados, fuentes del ministerio de Justicia han declarado que el Gobierno “respeta las acciones convocadas (…) y a quienes se sumen a ellas”. El carácter ilegal de la huelga sólo va suponer que sus señorías no van tener descuento alguno en sus salarios, como el que sufre cualquier trabajador o trabajadora en caso de huelga. Mientras tanto, los huelguistas del metal de Cádiz están siendo sometidos a un trato bien distinto: se ha desencadenado contra ellos la operación policial “Fuego”, coordinada por la Brigada Provincial de Información, que continúa abierta y bajo la que ya se han detenido a 23 trabajadores, uno ellos enviado a prisión y a otros se les han impuesto elevadas fianzas.
Al mismo tiempo, el aparato judicial lleva a cabo una ofensiva generalizada contra el gobierno, como antes la desarrolló contra Podemos. Y el gobierno, acorralado, se niega a reaccionar.
El gobierno intenta aplacarlos con subidas salariales
En 2023, el gobierno acordó una subida extraordinaria de 450 euros mensuales a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, pero se negó a subir el sueldo del resto de funcionarios judiciales. Como se ha negado hasta ahora a cumplir con la reclasificación profesional pactada para todos los empleados públicos en el “acuerdo para una administración del Siglo XXI”.
No sólo a los jueces: el sueldo de los policías y guardias civiles subió media un 26% en tres años, de 2018 a 2021 (además de la subida de todos los funcionarios), según datos del Ministerio de Interior, tras un acuerdo que respondía a sus reivindicaciones de equiparación con las policías autonómicas. Pero ahora reclaman una nueva subida, tras el acuerdo firmado por la mayoría de los sindicatos de la Ertzaintza y el gobierno vasco que establece una subida salarial de 4.200 euros anuales para cada agente.
De nada le han servido al gobierno esas subidas de sueldo. Policías, fiscales y jueces hacen caja y siguen desarrollando sus actuaciones contra todo lo que signifique progreso social, movilización obrera y contra el propio gobierno.
El gobierno está acorralado por las instituciones franquistas, utilizando casos supuestos o reales de corrupción. Si quiere sobrevivir, no puede simplemente hablar de «luchar contra la corrupción» (una lucha, que, de ser real, debería suponer acabar con el régimen monárquico de por sí corrupto). Lo que esperan los trabajadores y la mayoría social es que den un giro en su política, empezando con cumplir promesas pendientes como derogar la Ley Mordaza y reformar el Código Penal, y, evidentemente, acabar con el aumento de los gastos militares.
Hay que acabar con todos estos reductos franquistas
La aspiración de una justicia al servicio del pueblo choca con este aparato judicial. Es necesario un cambio político que permita librarnos de esta losa. La lucha por la República integra el combate por un sistema judicial democrático, por la elección popular de jueces y fiscales, como ha decidido el pueblo mexicano hace pocos meses.
El gobierno, acorralado por las instituciones franquistas utilizando supuestos o reales de corrupción, si quiere sobrevivir no puede simplemente hablar de «luchar contra la corrupción» que de ser real debería ser acabar con el régimen monárquico de por sí corrupto…lo que esperan los trabajadores y la mayoría social es que den un giro en su política, empezando con cumplir promesas pendiente como derogar la Ley Mordaza y reformar el Código penal, y evidentemente acabar con el aumento de los gastos militares