El futuro de España según el FMI

(Publicado en la Carta Semanal 521)

Carta-521Ha tenido bastante difusión la noticia de que el Fondo Monetario Internacional ha señalado recientemente, por medio de su responsable económico, Olivier Blanchard, que hace falta una nueva reforma laboral en España. Algo que repitieron el mimo día los máximos responsables del BCE, Mario Draghi, y de la Comisión Europea, Juncker. Menos conocido es que el FMI también ha expresado recientemente su preocupación por el elevado nivel de deuda del Estado Español. Según el FMI, la deuda se situará en 2016 en el 100,1% del PIB, un nivel que mantendrá durante 2017 y se empezará a reducir en 2018. Y añade que para 2020, el nivel de deuda pública prevista por el mismo FMI alcanzaría el 96,4% del PIB. Se trata de una fecha significativa porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno Rajoy al inicio de la legislatura contempla la obligación de fijar la deuda pública en el 60% del PIB para esa fecha (es decir, el viejo objetivo incluido en el Tratado de Maastricht). Entonces, recuerda el FMI, el nivel de deuda superará en más de 30 puntos el objetivo.

¿Qué es lo que pide el FMI? Ni más ni menos que el cumplimiento de los objetivos. No para 2020, que se antoja imposible. Entonces, ¿cómo? Veamos lo que dicen los encargados de aplicar esos compromisos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva meses reclamando que se modifique la Ley de Estabilidad para establecer “una senda realista de reducción de la deuda pública”. Considera -no le falta razón- que mantener una obligación que se conoce de antemano que no se cumplirá supone librarse del compromiso de cumplir, y pide compromisos concretos.

Conviene recordar qué es la AIReF. Su pagina web recuerda que “La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas (…) Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española…”. Está presidida por José Luis Escrivá Belmonte, que fue durante muchos años director del servicio de estudios del BBVA, y está formada por diversas personas que han trabajado para el BCE, la Comisión Europea y sus instituciones.

Por tanto, tanto el FMI como su instrumento, la AIReF, exigen algo muy concreto: reducir la deuda del 100% al 60% del PIB, es decir, un 40%. O sea, un ajuste presupuestario de 400.000 millones de euros. Un recorte brutal “a la griega” (o “a la ucraniana”, con lo que supone eso, en un estado como el español que encierra a varias naciones en su seno) que afectaría impepinablemente a servicios esenciales y que, en caso de hacerse no sólo condenaría a la inmensa mayoría a la miseria, sino que dinamitaría las propias bases de la convivencia en España, y, en particular, entre los diferentes pueblos del Estado.

¿Qué supone esto?

Lo que pide el FMI exigiría un gobierno fuerte con capacidad de aplicar semejante política a una clase trabajadora que no está derrotada, muy al contrario. No estamos en 1939. ¿Cómo llegar a semejante gobierno con unas perspectivas del reparto del voto a partes prácticamente iguales entre cuatro partidos distintos? El FMI lo ve claro: hay que asociar a todos los partidos a esta tarea, buscar verdaderos gobiernos de “unidad nacional”, como el que en Grecia asoció a los “socialistas” del PASOK y a la “derecha” de Nueva Democracia. Es decir, incorporar a Ciudadanos y a Podemos. “No vemos ningún signo de que el auge de partidos nuevos como Podemos o Ciudadanos esté teniendo un efecto negativo en la confianza en España”, aseguraba recientemente el subdirector del Departamento para Europa del FMI, Phil Gerson, quien añadió que, sea cual sea el color del nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales que se celebrarán en España, éste “necesita comprometerse a continuar la senda de reformas, a implementar las reformas aprobadas y avanzar en la forma de afrontar estos problemas”. Gerson recordó también la importancia “en un sistema como el español”, en el que las regiones manejan grandes partidas del presupuesto, de que todo el sector público trabaje en el cumplimiento de las metas de déficit establecidas. Es decir, también los gobiernos autonómicos, estén o no controlados por los partidos llamados “nacionalistas”, así como los ayuntamientos, tienen que implicarse.

Una situación imposible, dirán quizás algunos. ¿Cómo va a prestarse Podemos?, añadirían otros. Quien siga la evolución de las propuestas de esta formación, la creciente “moderación” de sus propuestas puede que se asombre menos. Sin ir más lejos, la semana pasada sus dirigentes se han negado a participar en las manifestaciones y actos por la República convocados para el 14 de abril mientras que sus eurodiputados, encabezados por Pablo Iglesias, rendían el día 15 homenaje al rey en Bruselas. La secretaria de Coordinación entre Áreas de Podemos, Irene Montero, declaraba que el mejor homenaje a la República es trabajar: “Creemos que es el mejor homenaje para todos los que han luchado por la democracia. El mejor homenaje es seguir trabajando mañana, 14 de abril”. 24 horas después, Pablo Iglesias coincidía por primera vez con Felipe VI en su visita al Parlamento Europeo. A este respecto, la misma Montero decía “Hemos sabido que el Jefe de Estado viaja a Bruselas y que va a tener un encuentro con el conjunto de los eurodiputados. Allí estarán los cinco eurodiputados de Podemos” (aunque uno de ellos, Miguel Urban, no acudió, alegando “problemas de agenda”).

En cuanto a Ciudadanos, se trata pura y simplemente de una agrupación de derechas, patrocinada por el IBEX-35 como recambio del PP, y como pieza para posibles alianzas que no serían posibles con el mismo PP. Basta con recordar algunos elementos de su programa (Mantener y profundizar al reforma laboral, imponer el “contrato único”, reducir el empleo público, negar el acceso a la sanidad a los inmigrantes…).

Y por supuesto, para imponer a la clase trabajadora semejante programa tendrían que asociarse también a esta tarea las direcciones de los dos principales sindicatos, UGT y CCOO. ¿Es esto posible sin abocar a las organizaciones a una crisis muy importante, e incluso a rupturas importantes? ¿quién puede imponer este tipo de acuerdos a la inmensa mayoría de militantes del PSOE que quieren una verdadera política socialista y repudian todo pacto con el PP? Parece más que dudoso.

Más que nunca, ayudar a organizar a la clase

La aplicación de los planes del FMI supondría, como hemos señalado, una verdadera catástrofe social. Ya se ha recortado gravemente en la enseñanza y la sanidad públicas, en la dependencia, en las inversiones públicas, en la conservación de las infraestructuras. Ya han bajado todos los salarios y se han perdido millones de empleos (entre ellos, más de 400.000 empleados y empleadas públicos). La Seguridad Social se ha gastado la tercera parte de su Fondo de Reserva. Ahora, cualquier recorte adicional supondría hacer mucha sangre. Hacer un recorte del 40% del PIB, una verdadera sangría de las que matan al paciente.

¿Quién puede impedir esto? Sólo la clase obrera con su movilización puede salvar al país y a la población de semejante catástrofe. Pero para poder hacerlo, necesita utilizar a sus organizaciones. Por ello, más que nunca es necesaria la batalla por la organización de la clase, batalla que es inseparable de la lucha por la independencia de su organizaciones. Una batalla que exige redoblar la lucha por la recuperación de los sindicatos para los fines que fueron fundados, combatir a los partidarios de la política de colaboración de clases, que somete a los sindicatos al capital.

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