(Publicado en la Carta Semanal 765 – ver en catalán)

En 1975, a la muerte del dictador Franco, una profunda movilización de los trabajadores, la juventud y los pueblos conmovía a todo el estado español. Los derechos de huelga, de manifestación, de expresión, de libre organización política y sindical fueron impuestos, en los hechos, a un régimen franquista moribundo que era incapaz de contener la situación. Tras varios intentos de parar por a fuerza lo que era imparable, el rey volvió de una visita a los EE.UU. con una propuesta de cambio de táctica, había que llegar a un acuerdo con los principales dirigentes de la “oposición democrática”. Un acuerdo que se plasmó en los “Pactos de la Moncloa”.

En los Pactos de la Moncloa el régimen se avenía a tolerar las libertades que la movilización popular ya le había arrancado, y, a cambio, los dirigentes de las principales organizaciones obreras y los de las organizaciones catalanas y vascas aceptaban mantener lo esencial del aparato de Estado del franquismo. Todo lo cual se plasmó en la Constitución de 1978. La solución sería impuesta al movimiento de masas, ayudándose del espantajo de un posible golpe militar si no se tragaba.

Mantener el aparato judicial franquista

Como consecuencia de lo antes explicado, el aparato judicial del franquismo fue mantenido sin depuración alguna. Recordemos que, para empezar, ese aparato judicial fue depurado concienzudamente en 1936-39, para expulsar a cualquiera que fuera sospechoso de ser demócrata o se negara a aplicar la “legalidad” franquista. Después, durante 40 años, los jueces así preparados dictaron sentencias contra cualquiera que intentó organizar un sindicato, manifestarse u organizar una huelga. Todas esas sentencias han sido declaradas válidas por el Tribunal Supremo y el Constitucional, que han dictaminado que fueron dictadas por órganos judiciales “legítimos”.

Es por eso que la Audiencia Nacional, tribunal especializado en perseguir los “delitos de terrorismo” y otros delitos políticos, es la heredera directa del Tribunal de Orden Público del franquismo, y el aparato judicial que padecemos es el mismo aparato judicial del franquismo, que se ha mantenido desde entonces por múltiples lazos de afinidad y parentesco.

No es de extrañar, por tanto, que ese aparato judicial se ensañe en la persecución contra los sindicalistas, en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal (artículo “antipiquetes”, heredado también, del último Código Penal franquista): en esos juicios, los sindicatos han denunciado, una y otra vez, y con razón, la complicidad de fiscales y policías, bajo la mirada benevolente de los jueces, para criminalizar a los sindicalistas acusados. En los juicios contra militantes obreros, los jueces manejan a su gusto las pruebas. En el juicio contra Andrés Bódalo, el juez se negó a admitir como prueba un video que demostraba la falsedad de las acusaciones (como sucedió en el juicio contra los dos sindicalistas de CNT de Logroño, condenados por su actuación durante una huelga). Los “18 de la Macarena”, activistas de la lucha por el derecho a la vivienda de Sevilla, han sufrido el mismo tipo de prácticas.

No sólo persiguen a los nuestros. También protegen a los suyos. La propia policía animaba la denuncia de la organización fascista “Hogar Social Ramiro Ledesma” contra los militantes del servicio de orden de la manifestación del 16 de marzo en Madrid, por el derecho a decidir, mientras el fiscal acusaba a eso militantes de “delito de odio”, apoyándose en una instrucción de la Fiscalía del Estado que establece que animar al rechazo contra los nazis puede ser considerado delito de odio. Y el Constitucional acaba de anular la sentencia contra los 14 ultras que asaltaron en 2017 el centro cultural Blanquerna.

También las mujeres han sufrido el desprecio de esos jueces. No olvidemos la infame sentencia del tribunal de Pamplona en el juicio de “La Manada”, y la reacción corporativa del aparato judicial ante las críticas y movilizaciones que desató esa sentencia. Todas las Asociaciones de Jueces, tanto “conservadoras” como “progresistas” salieron en defensa del tribunal, y 750 jueces presentaron una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Se quejaron de una “gravísima amenaza” contra la independencia judicial y de “linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos” contra el tribunal, y pedían que se declarase “la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial”.

Es cierto que, durante la Transición, se intentó colocar, por encima de ese aparato judicial, al Consejo del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para asegurar un cierto control de ese aparato, pero poco a poco esos dos órganos han sido abducidos por el propio aparato que debían controlar.

No en vano, Pablo Casado se pude jactar de que va a ejercer la oposición contra el gobierno Sánchez- Iglesias-Garzón “utilizando todos los medios, incluso el judicial”

¿Independencia del Poder Judicial?

El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado ha desatado un alud de invocaciones a la supuesta “independencia del Poder Judicial”. Como si tal cosa pudiera existir bajo la Monarquía de 1978.

A los ojos de millones, la justicia de nuestro país es buena para perseguir a sindicalistas, raperos y políticos catalanes, a Andrés Bódalo, Alfon, o los jóvenes de Alsasua, a los que ocupan viviendas, pero absolutamente incapaz de defender a las mujeres violadas o maltratadas. Una justicia que obedece a la banca, al capital financiero, y al rey, que le encargó, en su discurso del 3 de octubre, tras el referéndum catalán, que –con las demás instituciones– lo dejara todo “atado y bien atado” en relación a la “cuestión catalana”.

Recordemos cuando una sala del Supremo decidió que los impuestos de las hipotecas los pagaran los bancos. De inmediato fue convocado el Pleno de Tribunal para revocar esa sentencia. En aquel momento, el columnista de El País, Josep Ramoneda, en un artículo titulado, significativamente, “¿Quién manda aquí?” escribía que “una bajada de la cotización de los bancos consiguió en un día lo que centenares de miles de votantes y de manifestantes catalanes no han logrado con la prisión preventiva de los presos independentistas, que el Supremo aprecie ‘enorme repercusión económica y social’ (…) volvemos a la pregunta de siempre: ¿Quién manda? Cuando se cuestiona la independencia real del poder judicial se mira de reojo al ejecutivo, pero son otros muchos los poderes —locales e internacionales— que merodean en torno a los jueces.”

Todos los órganos judiciales han avalado las contrarreformas laborales (lo último, el despido por enfermedad), los recortes sociales, los recortes de salarios y derechos de los empleados públicos (recortes efectuados pasando por encima de acuerdos y convenios colectivos), como han avalado la entrega de miles de millones a los banqueros, a los especuladores de las autopistas radiales o del almacén de gas de Tarragona. No cabe duda de que saben bien qué intereses de qué clase social deben defender, los de los explotadores y especuladores.

Bien lo sabe Casado cuando habla de combatir al gobierno utilizando la vía judicial, como bien lo sabía Felipe VI cuando, el 3 de octubre de 2017, en su famoso discurso, encargó a “todos los poderes del Estado” encargarse de perseguir a los republicanos catalanes. Ahora lo van a utilizar contra cualquier medida en favor de la mayoría trabajadora o de la libertad de los pueblos – por limitada que sea- que pueda adoptar el nuevo gobierno.

Hay que limpiar toda esta trama

La constitución del nuevo gobierno ha abierto, sin duda, una cierta expectativa, incluso entre los acuerdos PSOE/UP se cita la derogación del infame artículo 315.3 del Código Penal. Pero la pregunta es: ¿osará este gobierno enfrentarse a las instituciones judiciales heredadas del franquismo? El futuro cercano lo dirá.

En cualquier caso, el respeto al “Rey y la Constitución”, a los que han jurado fidelidad todos los ministros, sin fórmula alguna de reparo, casan mal con cualquier medida de fondo.

Y, por encima de toda expectativa, está la exigencia elemental de la mayoría social y los pueblos contradictoria con la “justicia” franquista. Estas instituciones y sus portavoces directos (PP, Cs Vox) han señalado los limites.

La única salida democrática es romper con la “justicia” franquista, porque ni el aparato judicial, ni el régimen del que forma parte y al que sustenta, son reformables.

La defensa de las libertades y de los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de los pueblos exige acabar con este poder judicial, con este régimen, en la lucha por la República.