¿Gobierno para qué y para quién?

(Publicado en la Carta Semanal 571)

Carta-571Hace más de tres meses de las elecciones del 20 de diciembre, y sigue sin formarse gobierno. Una situación en la que se cruzan las exigencias del capital financiero, las necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y la actitud de los dirigentes de las principales organizaciones que hablan en nombre del pueblo trabajador.

¿Cuáles son las exigencias del capital financiero?

En general, sus exigencias son claras: un gobierno que no toque ni un pelo del régimen y que gobierne a su servicio. Lo que se concreta en “recomendaciones” y presiones de las principales instituciones del capital.

Así, la Comisión Europea insiste en la necesidad de respetar los compromisos de reducción del déficit. Casi dos puntos y medio del PIB. Teniendo en cuenta que se acabó 2015 con un déficit del 5,2% y Bruselas insiste en que se cierre 2016 con un déficit del 2,8%, eso supondría 24.000 millones de euros de ajustes en un solo ejercicio, una cifra que podía reducirse como mucho a 20.000 millones de euros. Un recorte brutal que acabaría con buena parte de los servicios públicos y conquistas sociales.

El pasado 16 de marzo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pedía, a la salida de su intervención ante los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, “más reformas, inversión pública y bajar los impuestos”, e insistía en que “incluso si los progresos y las reformas” parecieran más complicadas en los próximos meses, eso no sería “excusa para no actuar”.

El 5 de abril, el diario El Mundo publicaba un artículo titulado “El coste del desgobierno: más de seis meses sin reformas económicas”, y recordaba que desde que el 29 de octubre del pasado año, el Congreso tramitara la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y un día después el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, “desde entonces, en España no se ha registrado ninguna Ley Orgánica, Ley o Real Decreto en materia económica, lo que supone que el desgobierno y la inestabilidad política está provocando que el país acumule ya más de seis meses sin reformas en uno de los ámbitos más importantes”

Las “agencias de calificación “ también presionan. El 20 de febrero, Moody’s anunciaba que mantiene en Baa2, un aprobado bajo, el rating del Reino de España, pero rebajando la perspectiva de positiva a estable, lo que quiere decir descarta la posibilidad que existía el pasado año de subir la nota. Moody’s justificaba su decisión alegando que el control de las cuentas públicas de, especialmente, las comunidades autónomas y el sistema de pensiones es peor que el previsto y que “con independencia de quién asuma el gobierno, no es probable que se aprueben las reformas adicionales de apoyo al crecimiento necesarias en los próximos tres o cuatro años”. Y la agencia añadía que “hay pocas señales de que habrá reformas económicas y fiscales adicionales debido a que las fuerzas políticas reformistas no tendrán peso en el Parlamento para aprobar medidas”.

Otra de las agencias, Fitch, se mostraba pesimista sobre el control del gasto en los nuevos gobiernos autonómicos resultantes de las elecciones del pasado año, y advertía que “a pesar de la mejora en el entorno económico, el deseo de compensar los recientes esfuerzos de austeridad realizados puede llevar a algunos gobiernos regionales a elevar su gasto corriente por encima de lo presupuestado”. Y avisaba de que puede incluso volver a rebajar la calificación si el nuevo Gobierno deroga reformas de Rajoy. “La reversión de las reformas que han sido aprobadas en los últimos años pondrían presión a la baja sobre el rating”.

Por su parte, la CEOE decía a mediados de enero que “en estos momentos el país necesita un gobierno que genere confianza, avance en las reformas emprendidas y acometa otras nuevas y necesarias”, y, en particular, que promueva el cumplimiento de los objetivos de déficit público y la ejecución presupuestaria y que controle el crecimiento de la deuda pública.

Y el aparato de estado, parapetado en la defensa de la constitución monárquica de 1978, exige que no se toque una coma de ese marco y, en particular, que se siga sin reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán y de los demás pueblos

¿Cuáles, las reivindicaciones de los trabajadores?

Tampoco aquí hay dudas. Lo han expresado con claridad los principales órganos de los grandes sindicatos, el Consejo Confederal de CCOO y el Congreso de UGT. La derogación de la reformas laborales, de la LOMCE, del decreto 3+2, del artículo 315.3 del Código Penal y de la Ley Mordaza, el fin de los recortes en la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos, la restitución de derechos de los empleados y empleadas públicos, la subida del salario mínimo a 800 euros, el incremento de la protección social a las personas desempleadas, la anulación de todos los procesos y sentencias dictadas contra sindicalistas…

Además, el pueblo catalán y vasco, todos los pueblos exigen una solución democrática a sus aspiraciones nacionales.

La resolución de urgencia aprobada por aclamación en el 42 congreso de UGT lo expresa con claridad: hace falta un gobierno “progresista y de izquierdas que satisfaga las reivindicaciones de la mayoría social”.

Es evidente que responder a estas exigencias es incompatible con hacer caso a las que plantean el capital financiero y sus instituciones.

La salida está en manos de Pedro Sánchez (y de Pablo Iglesias)

Los resultados de las elecciones permitirían la formación de un gobierno que responda a las exigencias y reivindicaciones de la clase trabajadora, de la juventud y de los pueblos del Estado Español. Hay una mayoría suficiente en Cortes para ello.

La satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores exigiría que se formara ese gobierno. Recordemos, al respecto, lo que recoge la resolución de Congreso de UGT: “el 42 Congreso de UGT hace un llamamiento a todas las fuerzas que apoyan las demandas sindicales a trabajar por un acuerdo en este sentido. Nada justifica la continuidad del PP ni de las políticas que, con estas u otras siglas, pretendan erigirse en fuerzas de cambio o progreso, cuando en realidad no lo son”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen en sus manos la posibilidad de ponerse de acuerdo para formar un gobierno de este tipo o, al menos, un gobierno que diera pasos, por limitados que fueran, en la vía de satisfacer las reivindicaciones. Por eso mucha gente se pregunta, con razón, ¿qué es lo que lo impide?

Las “negociaciones” llevadas a cabo el jueves 7 de abril muestran que, dentro del marco parlamentario y de las instituciones del régimen, se hace muy cuesta arriba formarlo. Por más que Podemos rebaje sus propuestas, siempre les parecerán excesivas a los portavoces de capital financiero y los defensores del aparato de estado de la Monarquía. En ese marco de negociaciones y componendas “cortesanas” es muy difícil que se pueda avanzar hacia un gobierno que responda a las exigencias de la clase trabajadora, de la juventud, de los pueblos.

Sin duda, la mayor responsabilidad de que no haya un gobierno que satisfaga las reivindicaciones es de Pedro Sánchez. El acuerdo PSOE-Ciudadanos, impuesto a Sánchez por los “barones” más apegados a la defensa de la Monarquía y de su constitución, con Felipe González de palmero, supone un grave obstáculo, porque somete la formación de gobierno a las exigencias del capital financiero y del aparato de estado, incompatibles, como hemos visto, con la satisfacción de las reivindicaciones.

Una de las cuestiones “clave” que han impedido, hasta ahora, un acuerdo para formar un gobierno de izquierdas ha sido la “cuestión catalana”. El enfrentamiento entre el capital y la clase trabajadora (y los pueblos) se viene expresando no solo en el terreno de los recortes y los derechos laborales, sino también en el choque sobre la cuestión nacional, entre el aparato franquista de Estado que impone los recortes y la exigencia de democracia y autodeterminación. Eso ha sido clave para impedir un gobierno de izquierdas. Es un aspecto que hemos tratado en otras cartas y volveremos a abordar.

Entonces, ¿no hay salida? Sólo hay algo que pueda hacerla posible: la movilización independiente de la clase trabajadora, con sus organizaciones. Citemos, de nuevo, la resolución del congreso de UGT: “el congreso de UGT hace un llamamiento a los trabajadores a empujar, si es necesario con la movilización, para que la satisfacción de las reivindicaciones esté presente en el desarrollo de las discusiones que pueda haber y para hacer realidad la formación de un gobierno de izquierda que efectivamente las satisfaga”. Orientación ratificada unánimemente por el Congreso de la UGT de Catalunya estos 5, 6 y 7 de abril. Sin duda, si esta propuesta se llevara a la práctica, podría cambiar radicalmente el panorama político.

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