15 días para echar a Rajoy

(Publicado en la Carta Semanal 572)

Carta-572La semana pasada el Ministro de Hacienda “en funciones”, Cristóbal Montoro, se dirigía por carta a 12 comunidades autónomas, para exigirles “ajustes” y recortes en sus presupuestos, ante la superación de los objetivos de déficit público en 2015. En concreto, les exige retirar de los presupuestos de 2016 un total de 10.000 millones de euros. Entre las Comunidades afectadas están Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana…

En esa carta, Montoro les dice a cada una que “esta Comunidad Autónoma ha de aprobar en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de esta carta, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido”.

Montoro añade que “el incumplimiento del Plan de ajuste da lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 25 prevé –entre otras cosas– que “de no adoptarse alguna de las medidas previstas (…) o en caso de resultar éstas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío (…) de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. (…) La comisión deberá presentar una propuesta de medidas (…) Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora”. Y el artículo 26 prevé que en el caso de que una Autonomía no cumpla lo exigido por el Gobierno Central, éste requerirá por escrito al Presidente de la Comunidad Autónoma para que lo lleve a cabo, fijando un plazo para ello. “En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma”. Es decir, intervenir la autonomía.

Públicamente, Montoro ha dicho que adoptar esos recortes es preciso para negociar con la Unión Europea un plazo más largo para los objetivos de déficit.

A nadie se le oculta que, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del presupuesto de las comunidades autónomas se dedica a la sanidad y la enseñanza, se les está exigiendo un nuevo recorte en estos servicios públicos esenciales, ya muy tocados por los recortes anteriores. Esto ha motivado la “rebelión” de la mayoría de las autonomías afectadas, que han forzado la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (organismo que reúne al gobierno central y las autonomías), reunión en la que, más allá de que las autonomías expresen sus protestas, no se llegado a ningún acuerdo. Tras la reunión, Montoro ha anunciado reuniones bilaterales con las autonomías para “estudiar” cómo se aplican los recortes, “sin afectar al gasto social”. Pero lo escrito en la carta se mantiene.

Al mismo tiempo, el ucase de Montoro es una nueva vuelta de tuerca a la política de los gobiernos del PP de provocar sistemáticamente el enfrentamiento con y en el pueblo catalán, que no tiene otro significado que hundir la convivencia entre los pueblos del Estado español para que las multinacionales puedan imponer su ley.

Ahora bien, la pregunta que se impone es la siguiente: ¿cómo puede un gobierno en funciones intervenir con esta brutalidad, imponer estos recortes a gobiernos autonómicos recién elegidos? Y, ya puestos, ¿cómo puede ser que este gobierno corrupto, bomba de relojería para las condiciones de vida de la mayoría y la convivencia, siga actuando casi cuatro meses después de haber perdido las elecciones?

Las iniciativas adoptadas en el Congreso pueden quedar en papel mojado

En estos meses, la mayoría “de izquierdas” del Congreso ha aprobado algunas iniciativas importantes, como instar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal (iniciativa de ERC), la paralización de la aplicación de la LOMCE (iniciativa del PSOE), medidas sociales de urgencia (iniciativa de Podemos)…

Algunas de estas medidas se han tramitado como “proposición no de ley”, que insta al gobierno a legislar, y otras como proposiciones de ley, que deberían tramitarse según unos plazos parlamentarios establecidos en los reglamentos del Congreso. Lo que supone que, si no se forma gobierno antes del 3 de mayo y se convocan nuevas elecciones, todas esas decisiones del Congreso decaerán y se convertirán automáticamente en papel mojado, y todo debería empezar de nuevo cuando se constituyeran la nuevas Cortes.

La cuestión es especialmente grave en ámbitos como la enseñanza, en el que de no constituirse un gobierno que exprese las aspiraciones de la mayoría, en septiembre comenzaría el próximo curso en las peores condiciones en mucho tiempo: completándose la implantación de la LOMCE y con la puesta en marcha de nuevos grados universitarios de sólo tres años al amparo del “decreto 3+2”, que expulsaría a cientos de miles de hijos de la clase trabajadora de las universidades.

Y nada garantiza, a la luz de las encuestas publicadas, que en unas nuevas elecciones no se perdería la actual mayoría parlamentaria, o incluso que haya una mayoría absoluta PP-Ciudadanos lo que supondría enterrar definitivamente todas esas resoluciones aprobadas. Porque ¿cuántas de las personas trabajadoras y jóvenes que el 20 de diciembre pusieron su esperanza en el PSOE o en Podemos para echar a Rajoy van a volver a tener la ilusión de votar en unas nuevas elecciones?

Por tanto, si se creen de verdad lo que han hecho aprobar, y no se trata de actuaciones “de cara a la galería”, es urgente que quienes han presentado, defendido y votado a favor de esas medidas, se pongan de acuerdo para formar un gobierno que las aplique (junto con las demás reivindicaciones y medidas que exige la clase trabajadora y de las que hablamos en la Carta Semanal anterior)

¿No deberían las organizaciones obreras dar un paso al frente?

El 14 de abril, los secretarios generales de UGT y CCOO se reunieron con Pedro Sánchez para insistirle, una vez más, en la necesidad de que forme un gobierno. Según la crónica difundida por la Agencia EFE, Álvarez y Toxo pidieron a Sánchez que “no tire la toalla y reflexione sobre otras iniciativas de acuerdo”. Álvarez le dijo que “nadie puede pedir a nadie que acepte un acuerdo cerrado”, en una referencia clara al acuerdo PSOE-Ciudadanos, algo en lo que insistieron ambos secretarios generales en una rueda de prensa posterior a ese encuentro.

La carta de Montoro y la exigencia del gobierno “en funciones” de Rajoy de que las autonomías apliquen de inmediato nuevos recortes, bajo amenaza de intervención de la autonomía por el gobierno central, hace urgente la intervención de las organizaciones, en el sentido de lo que aprobaron el Congreso Confederal, el de Cataluña y el de MCA de UGT. Recordemos: “el congreso de UGT hace un llamamiento a los trabajadores a empujar, si es necesario con la movilización, para que la satisfacción de las reivindicaciones esté presente en el desarrollo de las discusiones que pueda haber y para hacer realidad la formación de un gobierno de izquierda que efectivamente las satisfaga”. ¿No deberían dar, ya, un paso al frente y llamar a la movilización?

¡Ni un día más Rajoy!

Quedan 15 días para que se forme un gobierno, basado en la mayoría de izquierdas del 20 de diciembre, y que responda a las exigencias y reivindicaciones de la clase trabajadora y de la juventud. Como 15 días quedan para responder al ultimátum de Montoro ¿A qué esperan los dirigentes, y en especial la dirección del Partido Socialista? ¿Van a dejar que la ocasión pase, sin pena ni gloria? ¿Van a malgastar las ilusiones de la clase trabajadora, de la juventud, de los pueblos? ¿Van a permitir que siga el gobierno, representante del aparato de estado corrupto del franquismo y por tanto corrupto hasta la médula, unos meses más, con posibilidad incluso de ganar las nuevas elecciones?

Echar a Rajoy, ya, no sólo es posible. Además, es urgente.

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