(Publicado en la Carta Semanal 550)

Esta carta sale cuando este lunes el Parlament de Cataluña debe votar la propuesta de JPS y la CUP y el Gobierno anuncia que va a activar al Tribunal Constitucional al día siguiente. En este contexto, en contra de toda solución política se ha sumado este jueves 5 de noviembre el antiguo vicepresidente del gobierno con Felipe González, y durante muchos años diputado y dirigente del PSOE, Alfonso Guerra. Guerra ha calificado de “rebelión contra la ley” y de “golpe de Estado civil” la iniciativa presentada por Junts pel Si y la CUP, a quienes ha acusado de estar “actuando en contra de la legalidad y de la mayoría de la población”. Ha comparado esa propuesta con los hechos del 6 de octubre de 1934, cuando el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española.

Según Guerra, lo que sucede “no es algo nuevo” en la historia de España porque “ya se intentó en la época de la República”, por lo que ha confiado en que ahora el Estado responda “igual de bien” que hace 81 años.

¿Qué sucedió el 6 de octubre de 1934?

El 6 de octubre de 1934, el president Lluis Companys proclamaba desde el balcón de la Generalitat el Estado Catalán. Lo hizo mientras Barcelona estaba paralizada por una huelga general, convocada a escala de todo el Estado por el Partido Socialista y la UGT, en Asturias también por la CNT y en Barcelona por la Alianza Obrera (en la que participaba también el PSOE), en respuesta a la entrada en el gobierno de la República de ministros de la ultrarreaccionaria CEDA.

La respuesta del gobierno de la República fue nada más y nada menos que la proclamación del estado de guerra, el asalto militar al palacio de la Generalitat, la detención de Companys y de todo su gobierno, junto con varios diputados, el alcalde y varios concejales de Barcelona. Más de tres mil personas fueron encarceladas, la mayoría de ellas en una cárcel improvisada en el vapor «Uruguay», y puestas bajo la jurisdicción de los consejos de guerra.

La respuesta del gobierno derechista

El gobierno de la República desató, en respuesta a los hechos de Cataluña, y la convocatoria de huelga general, una dura oleada represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales no habían tenido una actuación directa en los hechos.

Además, la autonomía de Cataluña fue suspendida indefinidamente, y la Generalidad de Cataluña fue sustituida por un organismo llamado Consell de la Generalitat, organismo que era designado por el Gobierno y presidido por el denominado “gobernador general de Cataluña”, siendo designado para el cargo un militar, el coronel Francisco Jiménez Arenas (quien en julio de 1936 participó en Barcelona en la sublevación militar contra la República, siendo hecho prisionero y fusilado)

El presidente Companys, junto con todo el gobierno de la Generalidad, fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República y todos ellos fueron condenados por “rebelión militar” a treinta años de prisión, que debían cumplir, unos en el penal de Cartagena y otros en el del Puerto de Santa María. Al mismo tiempo que Companys eran detenidos miles de militantes, sobre todo socialistas y anarquistas, entre ellos toda la dirección del PSOE.

Mientras esto sucedía en Cataluña, el gobierno de la derecha hacía venir a la península a la Legión y a los regulares (mercenarios marroquíes) que aplastaron a sangre y fuego el levantamiento obrero de Asturias, prefigurando lo que esas mismas tropas harían durante la guerra civil. Dirigía esa acción militar un general que luego se haría aún más famoso. Se llamaba Francisco Franco.

Esa es la respuesta que el gobierno de la derecha dio en 1934 a la proclamación de Companys. ¿Y Alfonso Guerra espera que el gobierno Rajoy responda ahora “igual de bien”?

¿De qué tradición se reclama Alfonso Guerra?

Alfonso Guerra es conocido por su amplia cultura, sus conocimientos casi enciclopédicos. Preside desde 2007 la Fundación Pablo Iglesias, que custodia uno de los mayores archivos históricos del movimiento obrero español. No puede alegar ignorancia sobre lo que sucedió concretamente en 1934. Por el contrario, lo debe conocer al detalle.

En 1934, el Partido Socialista convocó una huelga general en respuesta a la entrada de ministros de la reaccionaria y semi-fascista CEDA en el gobierno, y ante el grave peligro de involución democrática que encarnaban quienes practicaron la estrategia de minar la República desde “dentro” y se proponían destruirla. Los dirigentes socialistas compartieron prisión en la cárcel Modelo de Madrid con Companys. En las elecciones de febrero de 1936, tanto el PSOE como Esquerra Republicana de Catalunya formaron parte de las candidaturas del Frente Popular, cuya propuesta más importante era la amnistía para todos los detenidos y condenados por los hechos de 1934. Esa es la tradición del Partido Socialista.

Alfonso Guerra, por el contrario, considera que el gobierno que encarceló a la dirección del Partido Socialista, detuvo a 30.000 militantes obreros, lanzó a tropas mercenarias contra la población civil y los trabajadores en un ensayo del levantamiento militar-fascista del 18 de julio de 1936, “lo hizo muy bien”.

Él, por su parte, ha contribuido mucho a preparar la situación actual: como Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, dejó irreconocible el Estatuto que había votado el Parlamento de Cataluña. Fue el primer paso hacia la decepción total de junio de 2010, cuando el TC amputó el Estatut de Catalunya. Y entonces Guerra fue uno de los principales dirigentes que jalearon esta decisión que ayudaba a cerrar cualquier salida política. Guerra declaró entonces que veía “bastante sensata” la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Y añadió que no entendía la indignación del entonces presidente de la Generalita y militante del PSOE, José Montilla, “seguramente -dijo- están obligados ahora a hacer ruido, pero tendrán que acatar y no pasará nada”. Guerra hizo pública su satisfacción porque la sentencia había puesto “en su sitio” el término nación, así como por la supresión del consejo de justicia de Cataluña y el esfuerzo fiscal.

Las declaraciones de Guerra tienen un significado político preciso: el PSOE y todo el movimiento obrero tendrían que apoyar al Gobierno de la Monarquía, al PP y a Ciudadanos contra el pueblo catalán y también contra los derechos y las organizaciones de los trabajadores. Esta política de subordinación del movimiento obrero a la reacción siembra la división en las filas de los trabajadores, azuza el enfrentamiento entre los pueblos y se corresponde en buena medida con la actitud de la actual dirección del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, quienes se han alineado con el gobierno Rajoy en defensa del aparato de Estado y del régimen heredados del franquismo, en lugar de proclamar abiertamente que Rajoy es el principal responsable del conflicto con el pueblo catalán, y que el primer paso para dar una solución democrática al conflicto debe ser hacer un frente común no con Rajoy, sino para echar a Rajoy del gobierno. Ahora bien, Guerra, en su entusiasmo por esta opción, llega a defender la represión de la CEDA, que prefiguró la de Franco.

La dirección González-Guerra del PSOE, que sometió a esta partido a la defensa del aparato de estado franquista a través de los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978, y a la sumisión absoluta la imperialismo USA a través de la OTAN, lo hizo, recordemos, rompiendo con el impulso de la reconstrucción del Partido Socialista, que en 1974, en su congreso de Suresnes, proclamaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”.

Mientras Alfonso Guerra se alineaba con el golpismo franquista, Felipe González, como agente de los EE.UU., declaraba hacia unos días que «el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro».

Una política que lleva al PSOE a una nueva derrota electoral y que permite que un gobierno odiado, corrupto, minoritario como el de Rajoy –quien según la última encuesta del CIS, más del 80% no le tiene ninguna o muy poca confianza- tenga de nuevo esperanzas electorales el próximo 20 de diciembre.