(Publicado en la Carta Semanal 549)
Después del órdago lanzado el 26 de octubre por Junts pel Si y la CUP presentando un proyecto de resolución a la mesa del Parlament de Cataluña (que acababa de constituirse), de nuevo la cuestión catalana aparece en el centro de la situación política.
Según el calendario previsto, este proyecto de resolución debe votarse en el Parlament el próximo 7 o 9 de noviembre en función de la formación de los grupos parlamentarios.
La intención de los grupos que presentan la resolución es que ésta coincida con la investidura del nuevo govern, aunque en una situación en que no hay acuerdo entre ellos sobre el candidato a la presidencia de la Generalitat, puesto que la CUP considera que Mas por su pasado (el mayor aplicador de los recortes) y su implicación con la corrupción no es el candidato ideal.
Por otro lado el gobierno Rajoy, tras haber parecido “noqueado”, ha vuelto a tomar la iniciativa con la ayuda de Sánchez y Rivera. El discurso del sábado 31 de Pedro Sánchez en un mitin en Cornellá intenta cerrar toda veleidad en torno al derecho a decidir y mostrar que la dirección del PSOE prima la defensa de la Monarquía y su gobierno sobre cualquier derecho democrático.
Rajoy ha llamado a unirse todos en defensa de la “unidad de España” y de la Constitución monárquica. A este llamamiento han respondido todos los partidos, lanzándose a correr en defensa de Rajoy. Todos se han unido para convertirlo en la “victima” cuando es él máximo responsable de lo que está sucediendo. Primero porque con su política de recortes, de facilidades al despido y de bajadas generalizadas de salarios ha socavado las bases de la convivencia, y en segundo lugar porque, a cuenta del régimen, se ha encargado de haber cerrado toda salida democrática y de entrada la posibilidad de un referéndum para que el pueblo catalán pueda decidir.
En estos días un verdadero carrusel ha desfilado por la Moncloa. Todos querían hacerse la foto con Rajoy, desde Podemos al PNV. Incluso Alberto Garzón clamaba al cielo por no haber sido invitado. O sea todos consideran que Rajoy tiene legitimidad para abrir una vía de solución a la cuestión catalana.
Nosotros, por el contrario, opinamos que todos los que hablan en nombre de los trabajadores, todos los que defienden la necesidad de un cambio social y político, debían de haberse negado a conversar o almorzar con Rajoy, debían de haber declarado públicamente que Rajoy es el principal responsable de lo que sucede, debían haber llamado a la unidad para echar a Rajoy como requisito indispensable para una solución democrática a la cuestión de Cataluña.
Da la impresión de que a nadie de ellos les interesan las reivindicaciones del pueblo catalán sino como situarse ante las elecciones legislativas del 20D. Pero hasta en eso se equivocan. Con su apoyo a Rajoy, dan alas a las posibilidades electorales del PP.
Apoyando a Rajoy en sus ataques al pueblo catalán, le reafirman en sus ataques a los derechos de la clase trabajadora y de todos los pueblos.
Por otro lado las confederaciones sindicales han exigido “diálogo ente el gobierno central y el gobierno catalán” planteando que no hay salida sin una reforma constitucional. Una reforma que el propio Toxo declaró imposible a corto plazo en el Consejo Confederal de CCOO.
Un callejón sin salida
En efecto, para los trabajadores y en particular el pueblo catalán cunde la impresión de vivir entre dos disyuntivas erróneas. Muchos se preguntan si puede la soberanía ejercerse dependiendo del capital financiero y de sus instituciones, de Bruselas y el FMI. Instituciones que por otro lado, como el secretario general de la ONU, cierran filas con el gobierno de la Monarquía, o sea con el régimen.
Lo más grave es que las organizaciones que se reclaman de la clase obrera -tirando por la borda las tradiciones democráticas- se niegan a ponerse a la cabeza de abrir una salida democrática esto es Constituyente y República.
Los mas osados hablan de Reformar la Constitución. Ejercicio vano, primero porque la constitución, según su propio texto, sólo podría reformarse con un acuerdo con el PP, y segundo porque es el conjunto del régimen el que esta en crisis. La disyuntiva abierta tras la muerte de Franco, reforma o ruptura, está de nuevo al orden del día.
Sin ruptura no es posible responder a las aspiraciones sociales de los trabajadores y democráticas del conjunto de los pueblos.
Mantener estas instituciones, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, martillo de herejes de la Monarquía, el poder judicial que se ensaña contra los defensores del derecho de huelga, significa continuar los estertores agónicos de este régimen a costa de la mayoría.
El panorama electoral actual dice que el resultado del 20D, sea cual sea la combinación parlamentaria, no dará salida a los problemas de este país. Por el contrario, el apoyo a Rajoy como “salvador” sólo puede ayudar a que el PP gane las elecciones. Y tampoco parece que vaya a existir ninguna fuerza política, ninguna candidatura, que ponga sobre la mesa un programa de ruptura con la Monarquía y el capital financiero.
Por el contrario, el intento de restablecer un pacto en defensa de la Monarquía -que recuerda los Pactos de la Moncloa- sólo puede dar por resultado dar nuevas fuerzas a un nuevo gobierno con capacidad para aplicar la constitución monárquica, o sea, poder poner en práctica el articulo 155 que permite suspender por la fuerza la autonomía. Algunos recuerdan el año 1934, cuando la CEDA (los padres políticos de Franco) suspendió la autonomía catalana, preparando las condiciones políticas del golpe fascista del 36.
Hoy, excepto Rivera (será por su apellido que recuerda un Primo de Rivera), nadie parece dispuesto a ir tan lejos. Los defensores del régimen temen tomar medidas represivas que levanten la simpatía hacia el pueblo catalán de la mayoría trabajadora del resto del Estado.
En estas condiciones nos parecen más actuales que nunca las conclusiones de la Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 28 de Octubre:
“No puede haber soberanía sin derogar los recortes, sin restituir los derechos arrebatados a los trabajadores. No hay soberanía si no se deroga la reforma laboral, o no son readmitidos todos los profesionales de la sanidad y la enseñanza despedidos por los recortes; o si no se abren inmediatamente todos los quirófanos cerrados. No hay soberanía en definitiva si el Parlamento de Cataluña no se desvincula de leyes que como la de la estabilidad presupuestaria sirven para anteponer los intereses del pago de la deuda a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. No puede haber soberanía ni democracia abriendo la vía a la liquidación de la Seguridad Social mediante la ruptura de la caja única, como propone la propuesta de resolución. No hay soberanía si el gobierno que elija el Parlamento no puede eventualmente nacionalizar la banca y acabar con la especulación y la usura, si no puede adoptar un plan de emergencia social que garantice los servicios sociales básicos. No hay soberanía si el Parlamento de Cataluña no rompe el marco divisor del Estado Autonómico para dirigirse a los trabajadores y los demás pueblos del Estado a fin de luchar juntos contra el régimen monárquico
El POSI, que ha combatido desde su fundación por la abolición de la Monarquía heredera del franquismo, por la República, por las Repúblicas Catalana y Vasca, por la Unión Libre de Repúblicas del Estado Español, que ha defendido siempre la apertura de un verdadero proceso constituyente que garantice el derecho de autodeterminación, base ineludible de cualquier solución federal y de la libertad y la fraternidad entre los pueblos, afirma que es imprescindible forjar la más amplia unidad entre los trabajadores y los pueblos del Estado español para acabar con este callejón sin salida que representa la continuidad del régimen monárquico.”