La legalidad constitucional, contra los derechos democráticos y sociales

(Publicado en la Carta Semanal 487)

Carta-487En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional toma un desdichado protagonismo.

El 15 de julio, las ejecutivas confederales de CCOO y de UGT tuvieron que denunciar que ese “tribunal” nos retrotrae a la época franquista de las relaciones laborales pisoteando los criterios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Ahora, todos los grandes medios de comunicación, siguiendo al gobierno Rajoy, hacen campaña para sostener una futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que debería prohibir la consulta a los ciudadanos decidida por los representantes elegidos del pueblo catalán. Cifran en esa prevista intervención del TC la legalidad y la democracia, exigiendo los peores castigos para el pueblo de Cataluña y sus representantes si no se sometiesen al veredicto del TC.

Ambos conflictos definen las primeras semanas del reinado de Felipe VI Borbón como una situación extrema: están en juego los cimientos de la convivencia “democrática” que supuestamente ese régimen garantiza. Tratemos de arrojar luz sobre ello.

A diferencia del Tribunal Supremo, que es el meollo del aparato judicial franquista, el Tribunal Constitucional es un órgano surgido del pacto constitucional, cuya finalidad es preservar ese pacto entre el aparato de Estado franquista (encabezado por el rey), que la Constitución del 78 mantenía, y las fuerzas que se habían opuesto a la dictadura: básicamente los representantes de los trabajadores (el PSOE y el PCE) y de las nacionalidades vasca y catalana.

Por tanto el TC pretendía garantizar el equilibrio entre el aparato franquista y las libertades y derechos conquistados (como la libertad sindical y la libre negociación colectiva, o el sufragio universal) o aún no reconocidos (como la autodeterminación o el derecho al aborto).

En 1980 el POSI se fundó afirmando que la Monarquía era incompatible con los derechos democráticos de trabajadores y pueblos, y en particular con la existencia de las organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero.

Asistimos hoy en cierto modo al desenlace de esa situación por un pudrimiento que ha afectado de lleno al propio TC, como reveló el escándalo que llevó a la dimisión de su anterior presidente, Sr. Dívar.

Para deslegitimar al TC bastaría con un caso de tanta trascendencia social como el derecho al aborto. Aceptando en su día a trámite una impugnación del PP, el TC ha retrasado la sentencia para que no obstaculice el plan Gallardón de negar el derecho de la mujer al aborto. Centrémonos en la Reforma Laboral y la cuestión catalana.

Del Estatuto de los Trabajadores al Fuero del Trabajo de la dictadura

El 16 de julio el TC dictó sentencia sobre aspectos clave de la Reforma Laboral:

  • validó la ampliación del periodo de prueba a un año, y por tanto el despido gratis. (Ver la Carta Semanal 482, de 17 de julio)
  • aprobó la anulación de los convenios colectivos por los acuerdos de empresa, con lo que “negando el uso adecuado de una de las herramientas más importantes de la libertad sindical: la negociación colectiva” (comunicado CCOO-UGT).
  • y la injerencia de la Administración en la negociación colectiva(ver Carta 482). El voto particular de tres magistrados especifica que esta “nueva redacción del art. 82.3 [del Estatuto de los Trabajadores], instituye […] la sumisión con carácter obligatorio a una decisión de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o del órgano autonómico homólogo, convalidando de nuevo la figura del laudo obligatorio, proscrita” por el TC en 1981. Es decir, la vuelta a los “convenios” de la dictadura, cuando decidía el Gobierno.

Los tres magistrados señalan que el TC pisotea el derecho de libre negociación colectiva y la libertad sindical, que supuestamente la Constitución del 78 reconocía y amparaba, y afirma la libertad de empresa en contra del derecho al trabajo.

Y lo hace para adecuarse a reiteradas exigencias de los organismos internacionales del capital contra la negociación colectiva, como señala el comunicado sindical: “Las políticas de ajustes, recortes y contrarreformas sociolaborales impulsadas por la Troika […] las están soportando los trabajadores y trabajadoras de este país […] a costa de la vulneración y el recorte de derechos […] que ahora avala el Tribunal Constitucional”.

Después de esto ¿quién puede pretender que la legalidad constitucional protege los derechos democráticos y sociales básicos?

El TC y la soberanía de los pueblos

En julio de 2010, al cabo de cuatro años de presiones de diversos sectores del régimen, el TC dictó sentencia cercenando el Estatuto catalán, y en particular el libre uso de las lenguas. Ese Estatuto, recortado ya por ZP-Mas y por las Cortes, lo habían aprobado el Congreso, el Senado y el electorado catalán (aunque con fuerte abstención). El TC se ponía así por encima del pueblo catalán y de los representantes elegidos por todos los pueblos.

Una gigantesca manifestación, presidida por el presidente Montilla y los parlamentarios catalanes, dijo Basta. Ese día empezó a hacerse mayoritario el clamor de independencia. Mientras, el apoyo a la sentencia por parte de Felipe González y otros hinchaba las velas del PP y UPyD.

El 23 de enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobaba una “declaración de soberanía” y decidía emprender un proceso en el que el pueblo de Cataluña ejerciese el derecho a decidir su futuro. Cincuenta sindicalistas (apoyados luego por varios cientos) exigían que el Parlament ejerciese la soberanía impidiendo la aplicación de la reforma laboral. Pero el TC daba el paso inaudito de ¡anular la declaración! y decía que el pueblo catalán podía decidir pero no autodeterminarse.

Con estos antecedentes, el facherío y su gobierno calientan motores jaleando al TC para que anule la anunciada convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Se prevé que el 19 de septiembre el Parlament apruebe la Ley de Consultas y Mas convoque la consulta entre el 19 y el 22. Los franquistas buscan que el Estado de la Monarquía la impida por la fuerza, con todos sus medios, en nombre de la soberanía del pueblo español, cuando en el Congreso quedó claro que tampoco aceptarían una separación votada por todos los pueblos. Cuando a los ciudadanos y los pueblos la Constitución no les permite ni votar por la República ni rechazar el ajuste del FMI-UE.

La vicepresidenta del gobierno catalán dio a entender que acatarían tal prohibición del TC.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, exige que la Generalidad saque las urnas a la calle el 9N a pesar de lo que diga el TC. “En ningún caso admitiremos someter nuestra voluntad de votar, nuestra sed de justicia y hambre de libertad al arbitrio de un grupo de magistrados designados a dedo por el PP y el PSOE”. Desvía el tiro hacia los partidos en lugar de señalar a la Constitución y la institución del TC, pero tiene razón en no doblegarse y dicen apoyarle ICV, EUiA, la CUP y Podemos.

Estamos en una encrucijada. ¿Pueden los trabajadores y sus organizaciones aceptar que la Constitución del 78 y el TC sigan negando a los pueblos la soberanía en beneficio de la UE, el FMI y el aparato franquista de la Monarquía?

El interés de los trabajadores y de los pueblos exige que el Estado garantice el libre desarrollo de la consulta catalana del 9 de noviembre.

La UGT y CCOO de Cataluña convocan a participar en sus cortejos en la V del 11 de septiembre.

Secundándolas, la mesa de la conferencia estatal por los derechos nacionales y sociales llama a celebrar actos públicos en el máximo de localidades antes del 11 de septiembre.

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