(Publicado en la Carta Semanal 741 – ver en catalán)

Qué duda cabe de que detrás de un adjetivo amable se pueden ocultar contenidos distintos. ¿Quién va a estar en desacuerdo con un gobierno «estable»? Pero, ¿qué quieren decir los portavoces de la Corona, como el ABC o El País, cuando hablan de «gobierno estable»? Garamendi, presidente de la CEOE, es más claro, cuando dice que «es necesario un gobierno estable para continuar las reformas». Y cuando habla de reformas, la precisión es aún mayor, se trata de continuar con la reforma laboral (y profundizarla), con el desmantelamiento del sistema de pensiones y todas las garantías que los trabajadores arrancaron al régimen en la lucha contra el franquismo y después de la muerte de Franco. Y, como derechos sociales y derechos democráticos van de la mano, esto va a la par con el reforzamiento de las leyes liberticidas, o la reafirmación de que los pueblos no tienen otro derecho que respetar y acatar la constitución del 78 que consagraba la unidad de las instituciones del Estado, heredadas del franquismo. Eso que la Constitución llama la «unidad indisoluble de la Nación Española», y que no es más que la negación de la verdadera unidad y fraternidad entre los pueblos, sobre la base de la democracia y los derechos sociales.

Cuidado con el gasto social

Los banqueros y demás potentados son conscientes de que no se pueden permitir un gobierno con lo que ellos llaman «alegrías presupuestarias». La crisis que se anuncia, o más bien la nueva etapa en la que ya vivimos con la bajada de la producción metalúrgica, la disminución del comercio, con el trasfondo de la guerra comercial desatada por Trump, y el desbarajuste en los países de la Unión Europea, hacen comprender al gran capital y a su servidora, la Monarquía, que es necesario un gobierno estable, en los ataques a la mayoría.

Por eso el Financial Times pide a Rivera que cambie su estrategia y facilite la investidura de Sánchez, impidiendo así que éste caiga en manos de otros socios poco “fiables”. Necesitan un gobierno fuerte, esto es, capaz de aplicar lo que se le pide desde Bruselas: un recorte de 15.000 millones más en tras años.

A lo que cabe añadir también la amenaza que pesa, de que los jueces franquistas, animados por la sed de venganza y azuzados desde la propia Corona, tratan de ponerse de acuerdo (y poner de acuerdo a las instituciones) en cómo castigar a los que disienten con el orden monárquico.

Ante la movilización social

Mucha tarea para un gobierno, que, como le sucedió al de Rajoy, se enfrenta también a la resistencia de la mayoría social, y en particular a la movilización de los pensionistas, los cuales desde diciembre del 2017 están en pie de guerra y cuando dicen que «gobierne quien gobierne las pensiones se defienden» muestran que con la pensión no se juega. Y que no van a admitir que para «defender» un pretendido «gobierno de izquierdas» a la portuguesa o a la griega, se pueda echar por la borda el sustento de más de 11 millones de trabajadores.

Tampoco parece que, hoy por hoy, la mayoría social que se movilizó en las urnas el 28 de abril esté en disposición de admitir a un gobierno que actúe de espalda a sus expectativas y reivindicaciones, por muy “de izquierdas” o “progresista” que se autotitule. Y tienen razón. ¿Acaso es de “izquierdas” mantener la reforma laboral que ha laminado completamente la negociación colectiva y deja indefensos a los trabajadores? ¿Lo es permitir el saqueo de la Seguridad Social y no hacer nada para impedir que se carguen el sistema de reparto, único sistema que garantiza y blinda las pensiones?

Es la contradicción de quién escoge someterse a poderes que nadie ha elegido, en lugar de defender los intereses de los electores que les han votado. Este gobierno, cualquier gobierno que se forme y que se reclame de “izquierdas”, debe escoger. Si no quiere dar la espalda a los millones que votaron el 28-A debe situarse en la defensa de las reivindicaciones de la mayoría. Difícilmente se puede defender a los trabajadores, a los pensionistas, sin derogar la reforma laboral y la de pensiones. Difícilmente se puede resolver la cuestión catalana apoyando a pie juntillas el discurso del Rey, o negando cualquier posibilidad de negociación política.

¿En qué contradicción vivimos?

Sin muchas ilusiones, porque hay un pasado de promesas incumplidas, una mayoría votó por partidos que dicen defender a los trabajadores y los pueblos. A pesar de que en los 10 meses de gobierno de la moción de censura no se dio prácticamente ningún paso –o se dieron muy pocos– en el camino de responder a las reivindicaciones.

Hoy hay una mayoría en las Cortes que permitiría una política distinta. Ya no hay excusas, pero la propuesta de programa que presenta Pedro Sánchez, 28 folios y dos horas de locución, fue en su conjunto una negativa a prácticamente todas las demandas de la mayoría social. Y en algunos casos, como la cuestión de los juicios a los republicanos catalanes, Sánchez no hizo ni siquiera una mención (será por lo de la supuesta “independencia” de la justicia)

Más bien parece que en lugar de escuchar a los 12 millones de votantes de las izquierdas, Pedro Sánchez, con el apoyo total de la «vieja guardia» de González y los “barones”, se inclina a traducir en práctica política los dictámenes de la CEOE y el Rey, con el aplauso, claro está, de Bruselas y de la nueva presidenta de la Comisión Europea. Tanto es así que, sin esperar a la investidura, este gobierno en funciones decidió, el mismo 31 de julio, exigir a 11 comunidades que apliquen recortes en el gasto sanitario.

Por ello, Sánchez quiere un gobierno homogéneo capaz, o eso cree, de romper la resistencia de la mayoría a la “dura realidad” que quieren imponer el capital financiero, la Monarquía y las “Instituciones Europeas”.

Hay prisas contrapuestas

Ya nadie quiere un gobierno “aunque sea en noviembre con otras elecciones”, como hace poco pedía un jefe patronal. Los datos de que ya hay un parón económico significan para el capital que hay que dar motivos a la inversión con nuevas reformas laborales.

Por otra parte, el 14 de octubre el Tribunal de Justicia de la UE puede ordenar que Junqueras se incorpore al Parlamento Europeo, y para evitarlo el Supremo tiene que dictar sentencia y tiene que haber un gobierno que lidie la respuesta.

Por todo ello, el Borbón ordena, pasando por encima del Gobierno y de las Cortes, que haya gobierno ya.

Los trabajadores tenemos una urgencia mayor si cabe para que haya un gobierno que derogue la reforma laboral y cumpla nuestras necesidades acuciantes.

O sea que los trabajadores y sus organizaciones deben velar armas para el choque que viene.

Indignación de la mayoría versus peleas cortesanas

A nadie se le podía escapar que la mayoría de la población trabajadora está harta de los conchabamientos de Palacio, de los «dimes y diretes», del debate sobre un puesto por allí, otro por allá.

El editorial de El País del 1 de agosto parece descubrirlo. Según las encuestas oficiales, el 70 por ciento de la población, o sea, la inmensa mayoría de la población trabajadora, está indignada ante esta parálisis; sólo una minoría de la población, que vota generalmente a la derecha, siente «alivio, satisfacción o felicidad». De nuevo, se oye el eco del «no nos representan».

Las cifras son claras: sólo un 5% de los votantes de la izquierda quiere una repetición de elecciones (que sí saludaría un 52% de los votantes de Cs, un 64% de los del PP y un 80% de los de Vox). En esta situación, todos los partidos que osan hablar en nombre de los trabajadores ven como el suelo se derrumba y evidentemente piden un acuerdo porque no están seguros que la mayoría les vaya a votar más.

De este fenómeno no escapan los políticos catalanes, cuyo gobierno lleva una política que no satisface a la mayoría.

En todas las circunstancias, se vive un dilema central: o por las reivindicaciones o por un supuesto gobierno “progresista” de nombre, con un programa que, en los hechos, y con algún retoque más cosmético que otra cosa, solo sea la continuación de la política de Rajoy.

Este dilema sólo puede ser resuelto por la movilización de los trabajadores, arrastrando a las organizaciones. Y a ello están confrontados, en primer lugar, los sindicatos. En esta vía, los pensionistas, que anuncian nuevas movilizaciones en octubre, muestran el camino por el que hay que defender ya la derogación de la reforma laboral y todo lo demás.