La reacción apuesta por un “nuevo” gobierno Rajoy

(Publicado en la Carta Semanal 579)

Carta-579Para el aparato de estado, como para la Unión Europea –y el capital financiero al que ambos sirven- la opción electoral es clara: un nuevo gobierno Rajoy que mantenga las contrarreformas y recortes, que aplique de inmediato los 8.000 millones adicionales que le piden (como ya se ha comprometido por escrito).

Corifeos del capital financiero como Felipe González presionan en el mismo sentido, abogando por la solución de “dejar gobernar a la lista más votada” –que todo parece indicar que será la del PP- mediante un apoyo del PSOE desde fuera a la formación de un gobierno Rajoy (o un gobierno PP-Ciudadanos), situación que prefieren a la formación de un gobierno de “gran coalición” –que de todas maneras, no descartan- que podría arrastrar al PSOE a su hundimiento. Pedro Sánchez no ha respondido a estas propuestas, pero ha declarado que no permitirá que se vaya a unas terceras elecciones.

Para ello es fundamental no sólo que el PSOE no gane, sino a ser posible que sea superado por la coalición IU-Podemos para hacer lo más difícil posible la unidad para formar un gobierno que pudiera atender a las reivindicaciones. No es otro el sentido de la oportuna nota de prensa difundida desde el Tribunal Superior de Justicia de la Andalucía anunciando el “auto de apertura de juicio” a Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, y horas después rectifica y aclara que no es una auto de apertura de juicio sino de un auto de procedimiento abreviado, que no implica el juicio verbal, esta podrá o no ser acordado en otro momento posterior del procedimiento, pero el titular de la noticia ya se ha lanzado, horas antes del inicio de la campaña electoral: para empujar para una nueva pérdida de votos del PSOE.

La “lucha” del aparato judicial contra la corrupción

La corrupción es inherente al régimen, que la hereda, a su vez, del régimen franquista y sus entramados de corruptelas y negocios apañados con fondos públicos que tan ácidamente retrató Berlanga en su película “La Escopeta Nacional”. Pero no fue lo único que heredó la monarquía del franquismo: recibió también al aparato de estado sin depuración alguna, incluyendo al aparato judicial, perseguidor de militantes obreros bajo la dictadura y que se entrega ahora, con idéntica vocación, a la persecución de sindicalistas.

Quien procesa a Chaves y Griñán es, precisamente, el juez Álvaro Martín, presidente en Andalucía de la muy conservadora, y ferviente defensora de los privilegios del aparato judicial, Asociación Profesional de la Magistratura (que no por casualidad es quien controla la mayor parte de las salas de gobierno de las audiencias)). Este juez, en contra del criterio expresado por el Tribunal Supremo, ha procesado a Chaves y Griñán no sólo por prevaricación (delito que sólo puede suponer una condena de inhabilitación para cargo público), sino también por malversación continuada (que puede suponer de cuatro a ocho años de cárcel). El juez Martín sigue la senda de la juez Alaya, cuyos autos judiciales también se acompasaban al milímetro con las distintas convocatorias electorales.

El juez Martín recupera plenamente la inaudita teoría de Alaya que deja en manos de los jueces las decisiones políticas de los gobiernos elegidos por el pueblo, de manera arbitraria y retrospectiva. No menos inaudito es que la ‘revolucionaria’ Teresa Rodríguez se apunte a la campaña electoral del PP haciendo suya la línea Alaya. Todo vale para arañar votos y para abrir un foso entre el PSOE y Podemos.

Ningún militante obrero debe conceder credibilidad alguna a las actuaciones de este poder judicial. Por el contrario, todo verdadero avance hacia una democracia real debe pasar por desmantelar ese “poder judicial”.

Es necesaria la unidad para echar a Rajoy y enterrar su obra de destrucción

Para la clase trabajadora nada hay más urgente e importante que forjar la unidad para acabar con el gobierno Rajoy y con su política. Acabar con las contrarreformas laborales que han llevado a la bajada generalizada de salarios y derechos, condenando a un tercio de los trabajadores y trabajadoras a la pobreza, derogar la LOMCE, las subidas de tasas y el decreto 3+2 que expulsan a los hijos e hijas de la clase trabajadora de la Universidad, derogar la Ley Mordaza que ha supuesto más de 40.000 sanciones (6.000 por “falta de respeto” a la policía y 3.500 por “resistencia a la autoridad” ) y 16 millones de euros en multas, recuperar los derechos de los pensionistas y los empleados y empleadas públicos y los servicios públicos. Sólo en la Sanidad entre 2011 y 2015 se han recortado 24.500 millones de euros, y en Educación más de 10.000 millones. En la Ayuda a Domicilio cerca de 8.000 millones. Además, es imprescindible abordar la solución democrática a los derechos de los pueblos.

Para los trabajadores y los pueblos un gobierno de este tipo debe plantearse la puesta en marcha de un proceso constituyente para abrir la vía a la República.

Los dirigentes de las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y los pueblos tienen una gran responsabilidad. Ya dejaron pasar la oportunidad después del 20 de diciembre y no pueden volverlo a hacer. No pueden supeditar esta tarea a la defensa de un régimen podrido cuya supervivencia amenaza la misma existencia de los derechos y conquistas sociales y democráticos. Para los trabajadores el problema no es quién va a tener más votos, si el PSOE o Unidos Podemos, si no cómo forjar la unidad para echar a Rajoy.

Las encuestas muestran algo que todo el mundo sabía: la gran mayoría de los militantes y votantes del PSOE y de Podemos están por un pacto de gobierno entre ambas formaciones. La sensación es que Pablo Iglesias y los dirigentes del PSOE trabajan intensamente para hacerlo imposible.

Los trabajadores esperan que los sindicatos UGT y CCOO tomen una posición clara. Los compañeros Álvarez y Toxo han expresado públicamente la necesidad de que se forme un gobierno de izquierdas que satisfaga una serie de reivindicaciones, como lo han hecho numerosas resoluciones de congresos e instancias sindicales de distintos ámbitos. Siguiendo en esa línea, el martes 7 dan un paso más. Pasan de los despachos del Congreso y de los candidatos a la calle, convocando una asamblea en el centro de Madrid. Mientras, afirman que no dejarán pasar ni un solo retroceso más en los derechos de los trabajadores. Sus exigencias requerirían un cambio en las campañas que al parecer preparan UP y PSOE. En todo caso es una necesidad que suba la presión en la calle y si es preciso en los centros de trabajo. En efecto, es preciso movilizar a los afiliados y cuadros sindicales, y a los trabajadores, para que ni un voto obrero vaya al PP o a Ciudadanos. Y es necesario también, llamar a la movilización para que los dirigentes del PSOE, de UP y nacionalistas de izquierdas, lleguen a un acuerdo para formar un gobierno que responda positivamente a las principales reivindicaciones obreras y populares. Ese anuncio dejaría KO a los partidos de la derecha.

La Conferencia de Emergencia convocada por el CATP ha lanzado un llamamiento a militantes y organizaciones para actuar, para hacer posible la unidad que permita acabar con Rajoy y abrir la vía a la satisfacción de las reivindicaciones. La defensa de los intereses de los trabajadores lo exigen, es necesaria la unidad, y para ello es necesario combatir a los que pregonan la división de las organizaciones que representan a los trabajadores.

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