Carta Semanal 1038 en catalán
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La Ley de Vivienda 2 años después
El 24 de mayo de 2023 se aprobó la Ley de Vivienda, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas en algunas Comunidades. En prácticamente 2 meses se cumplirán 2 años de la puesta en funcionamiento de la Ley, los resultados son desastrosos: si antes de la Ley la situación ya era insostenible, hoy el precio medio del alquiler en toda España es un 11% más caro. En ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Palma o Valencia el precio del alquiler supone más de la mitad
del sueldo de un trabajador medio. En Barcelona, a partir de la nueva Ley, han aumentado un 45% los alquileres de temporada. Carme Arcarazo, explicaba lo que permite el redactado de esta Ley:
‘’Existen dos mercados, uno ‘’regulado’’ y otro desregulado, que es el de temporada. Cuando se aprueba la Ley de Vivienda con este ‘’agujero’’, nosotros somos los primeros que nos alertamos. Hay mucha gente que está interesada en que la regulación fracase para decir: ‘’Veis, esto no funciona’’ para provocar que en los siguientes 40/50 años nadie más lo intente. Aquí lo fuerte que es que esta Ley se aprueba hace un año, y todo el mundo sabía que pasaría esto, todo el mundo sabía que habría una gran parte del mercado ‘’regulado’’ que se pasaría a este mercado ultra precario, donde te pueden echar fuera en cualquier momento y los precios son totalmente desorbitados. Todavía tenemos a un PSOE que no quiere regular los alquileres. Esto no va de perseguir el fraude, va de eliminar los incentivos. Si alguien quiere crear vivienda temporal, perfecto, pero que lo tenga que poner al mismo precio que un alquiler corriente para que no haya incentivos para cambiar al mercado desregulado’’.
La cuestión es esta, no podemos pretender que bajo el ‘’buenismo’’ de los propietarios, que la mayoría son grandes tenedores y fondos buitre, vaya a cambiar la situación. Debe existir una legislación sin resquicios y que no deje a voluntad de cada Comunidad Autónoma su aplicación. La Ley ha generado un vuelco de los propietarios hacia los alquileres temporales y por habitaciones para eludir las limitaciones de la Ley. Es decir, cada vez más encuentras pisos ofertados donde puedes estar como mucho 11 meses o que lo que antes era tu piso ahora se haya segmentado en 4 o más habitaciones para sacar una rentabilidad mucho más alta.
Dónde estamos
La insostenibilidad de la situación de acceso a la vivienda es transversal, toda la clase trabajadora se ve afectada, con el foco en los sectores más precarios como la juventud, los inmigrantes o las mujeres, pero también con los jubilados. Aunque haya un porcentaje mínimo de jubilados que viven en alquiler, sobre todo aquellos que han sido vecinos de toda la vida en barrios céntricos de grandes ciudades, la crisis de la vivienda les afecta profundamente. La compra masiva de edificios enteros por parte de fondos buitre pone en jaque los alquileres asequibles de ‘’toda la vida’’ que han tenido algunos jubilados. El fondo de inversión no se los renueva y aparte les expulsa para crear pisos turísticos, el mercado con una oferta tan reducida y las capacidades de las personas mayores hace de encontrar una vivienda, incluso la negativa de los propietarios a alquilar a jubilados, hacen de buscar una vivienda un infierno.
Actualmente, las generaciones de jóvenes que han vivido la crisis del 2008, las políticas de austeridad posteriores, la crisis del COVID-19 y la inflación disparada, enfrentan también la mayor crisis de acceso a la vivienda tras la Dictadura. El informe ‘’Un problema como una casa’’ del Consejo de la Juventud de España, muestra cifras significativas sobre la situación. Un 27,4% de jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Los jóvenes nacidos en el 2000 para adelante, experimentan a partir de los 20 años un crecimiento económico 40% inferior del que disponían los nacidos en los 60. La edad promedio de emancipación es de 30,4 años, frente a los 26,3 de promedio europeo, ya que siendo el sueldo medio de un joven de 30 años 1.005 euros, hace que para poder vivir solo se tenga que destinar más del 100% del salario.
Si después de la crisis del 2008 la lucha por el derecho a la vivienda se concentró en las afectaciones por la hipoteca, hoy se concentran en la cuestión del alquiler, aunque no sea el único problema. Lo que también nos hace entender cómo se expresan las movilizaciones y como ha cambiado el modelo especulativo de vivienda, con el cambio de los bancos a los fondos buitre como principales propietarios. El 70% de los jóvenes viven de alquiler, un 15% están hipotecados, un 10% la tienen comprada y un 5% la han heredado. Como consecuencias de precios y salarios un 87% de jóvenes comparte vivienda, donde alrededor de un 42% la comparten con 3 o 4 personas. Existe una verdadera agudización de las condiciones de vida la juventud trabajadora, siendo este la principal preocupación de la juventud.
Qué dice el Gobierno
Después de las movilizaciones masivas de octubre en Madrid y de noviembre del año pasado en Barcelona, tantos gobiernos autonómicos, municipales o el central se pusieron manos a la obra para dar respuesta a una demostración de rabia y hartazgo de la población. En Cataluña, tras la victoria del PSC, Salvador Illa ha prometido la construcción de 50.000 viviendas públicas para 2030, aumentando los terrenos para la construcción, agilizando la ejecución de obras y promoviendo la colaboración público-privada. Por otra parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado enero, declaraba una serie de medidas para ‘’fortalecer’’ el derecho a la vivienda, entre las cuales incluía: incremento de la oferta de vivienda, exenciones fiscales a aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles del 100%, limitar la compra por extranjeros no residentes y regular los alquileres turísticos. Tanto el Gobierno central como el de Cataluña ofrecen supuestas medidas futuribles, algo que viene ocurriendo recurrentemente no solo con la vivienda, pero que acaban sin dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda. Además, se centran en la construcción de vivienda pública (sin plan detallado alguno), incentivos para los propietarios con exenciones fiscales o medidas como la prohibición por parte de extranjeros no residentes que ya de antemano se sabe que son perfectamente eludibles.
Las manifestaciones del 5A y el futuro de la lucha por la vivienda
En primer lugar, cabe señalar que el incipiente movimiento por el derecho a la vivienda está muy atomizado, el Sindicato de Inquilinas es actualmente el que mayor poder de convocatoria, línea política y de intervención tiene en todo el Estado. Existe, por tanto, muchas confluencias y organizaciones en este terreno, lo cual no es fácil buscar la unidad entre ellas y, por lo tanto, una orientación común para la acción.
En torno a la cuestión de la vivienda hay unas presiones increíbles, las cuales hacen titubear e incluso doblegar a organizaciones que supuestamente defienden el derecho a la vivienda. Por ejemplo, con el debate de la ocupación, creado a conciencia para enfrentar a la clase trabajadora por organizaciones políticas junto a la maquinaria mediática. Sobre la defensa de la ocupación generalizada de vivienda como una de las salidas a la problemática, supone un serio obstáculo para avanzar en el movimiento de la vivienda, ya que hay amplios sectores de clase trabajadora que perciben su segunda vivienda o vivienda principal como el ahorro de toda su vida, conseguido con su trabajo y años de hipoteca. Lo cual no nos hace estar en contra de aquellos que ocupen viviendas de bancos o especuladores frente a la necesidad de una vivienda. Pero si a atacar la falacia del debate de la ocupación, cuando hoy por hoy solo afecta a un 0’057% de los propietarios. Los verdaderos delincuentes que campan a sus anchas y agrandan el problema son los buitres y grandes tenedores que actúan como caciques del mercado de la vivienda.
Las manifestaciones por el derecho a la vivienda han regado las calles de la mayoría de las capitales de provincia de todo el Estado. Por primera vez se celebran manifestaciones por la vivienda a nivel estatal, han sido 42 ciudades las que se han puesto en pie para decir basta: bajemos los alquileres, recuperemos las viviendas vacías, necesitamos poner fin a la compra-venta especulativa y ampliar el parque público de vivienda. Cientos de miles en las calles han demostrado la necesidad de medidas urgentes y que ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias que hacen el juego a la patronal, la sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses, y que mientras sea un negocio que enriquece a unos pocos, nunca será un derecho para la mayoría.
Todas las organizaciones que quieren defender a la clase trabajadora y, en especial los sindicatos, deben poner en primer lugar la lucha por el derecho real a la vivienda
La creación de un servicio público de viviendas de alquiler asequibles es una necesidad imperiosa. La especulación desenfrenada en el terreno de la vivienda hace que la juventud y la clase trabajadora no podamos tener acceso a una vivienda y que los mayores sean cada día expulsados de sus viviendas por propietarios que quieren “sacarlas al mercado” a precios especulativos. Los intentos de “regular” el mercado de la vivienda han fracasado. Los especuladores buscan cualquier resquicio legal (como el recurso a la figura del “alquiler temporal”) para alimentar su negocio. Sólo medidas que intervengan sobre las viviendas vacías, expropiando las que están en manos de fondos buitre para dar una salida al problema. Además, hay que construir miles de viviendas sociales. Un estudio recientemente publicado explica que España necesitaría 814.000 viviendas asequibles y sociales para paliar la actual crisis de vivienda, y sumar otro millón para atenuar la situación en los próximos 10 años. Para ello se requeriría un esfuerzo inversor de alrededor de 250.000 millones de euros. El gobierno dice que no hay dinero para financiar ese esfuerzo. Pero, junto con los demás gobiernos europeos, ha encontrado sin dificultad alguna hasta 800.000 millones para gasto en armamento, un dinero que irá en su mayoría a engordar los resultados de la industria militar americana (a la que Europa compra ahora un 80% de sus armas). La lucha por el derecho a la vivienda está relacionada con el combate contra el gasto militar.
Necesitamos todo ese dinero para construir vivienda pública, a la vez que se acabe el privilegio de los fondos buitre y los grandes tenedores. La salida pasa por la inversión necesaria en vivienda pública, la bajada real de los alquileres y la expropiación de las viviendas vacías de los fondos buitre, la banca y los grandes tenedores para poner en disposición de la población.