Las “cloacas del Estado”

(Publicado en la Carta Semanal 724ver en catalán)

Las referencias a las llamadas “cloacas del Estado” han saltado a todos los medios con motivo de hacerse pública una operación de la Policía, cuyo objetivo era desprestigiar a Podemos -a quienes las encuestas daban entonces unos grandes resultados electorales- para impedir que pudiera llegar al Gobierno en 2016. La operación estaba, al parecer, dirigida desde el Ministerio del Interior por el propio ministro, Jorge Fernández Díaz.

Este episodio de espionaje y manipulación política no es el primero que se atribuye a ese grupo de policías y al ministro Fernández Díaz. En 2012 se organizó una operación similar para vigilar y urdir acusaciones falseadas contra políticos independentistas catalanes.

Ante las proporciones que va tomando el escándalo, el ministro del Interior de Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, se ha apresurado a declarar que se trata de un episodio del pasado, y que “no existen las cloacas en el día de hoy”. Además, ha defendido que se han tomado medidas desde que llegó al cargo para eliminar estas prácticas.

Por su parte, Pablo Iglesias se ha mostrado escéptico sobre estas afirmaciones de Marlaska, y ha señalado que al menos parte de los policías implicados siguen en las plantillas del Ministerio del Interior. “Parece evidente que es el señor Fuentes Gago, que en este momento forma parte de la Secretaría General de Policía y que concursa ahora para comisario. Cuando Marlaska dice que han limpiado las cloacas, ¿se refiere a esto?”.

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación, que ya veremos cómo termina. Pero que, a nuestro juicio, busca, bajo la cobertura de investigar estos hechos concretos, dar cobertura a una gran mentira: la de que las cloacas franquistas del Estado son cosas del pasado.

La “operación Cataluña”

El primero de los episodios recientes de “guerra sucia” contra rivales políticos comenzó en el año 2012, cuando, al parecer, el ministro Fernández Díaz ordenó al entonces número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, crear una ‘brigada política’ con el objetivo de organizar todo tipo de operaciones ilegales y montajes policiales para intentar procesar a los máximos representantes políticos de CiU y ERC.

Entre los miembros de esta brigada (que los medios han dado en llamar “policía patriótica”) estaban, según han publicado distintos medios, el jefe de Gabinete de Pino, José Ángel Fuentes Gago, y los comisarios Marcelino Martín-Blas (jefe de Asuntos Internos), José Luis Olivera (jefe de la UDEF), Enrique García Castaño (de Información) y José Manuel Villarejo, a quien sus negocios privados -pero no estos episodios de espionaje y manipulación política- han llevado a prisión.

En aquellos tiempos, previos a la consulta soberanista del 9-N, se hizo público que el ministro conspiraba, también, con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, para obtener datos con los que fabricar escándalos contra los dirigentes de ERC y Convergència (CDC), con objeto de desacreditar a esos partidos o incluso fabricar indicios para acusarlos de prevaricación.

El episodio actual

Ahora se ha hecho pública una operación de espionaje a dirigentes de Podemos, que incluyó el robo del teléfono móvil de una colaboradora cercana de Pablo Iglesias, con el fin de organizar un montaje mediático para desprestigiar a Podemos, y robarle votos. Se trataba de evitar que Podemos llegara al gobierno, como señalaban las encuestas en aquel momento. El aparato de Estado no se conformaba, sin duda, con las declaraciones de moderación y respeto al marco político que hacían los dirigentes de Podemos, y temía la irrupción de una nueva fuerza que, despertando las ilusiones de las masas, pudiera abrir paso a que éstas desbordaran los marcos de contención establecidos en la Transición y en el Pacto Constitucional del 1978.

Entre las operaciones encaminadas a esto se incluía la búsqueda de “pruebas” de financiación de Podemos por parte de Irán y Venezuela.  Para ello, se organizó un viaje de tres agentes de la policía patriótica en abril de 2016 a Nueva York para intentar convencer a un exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, de que certificara un pago de 7,1 millones del Gobierno venezolano a la Fundación CEPS en 2008 (en esa fundación participaban algunos de los que seis años después serían fundadores de Podemos). La operación habría sido autorizada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el presunto conocimiento del presidente Mariano Rajoy.

Parte de los datos recogidos por ese grupo de policías fue publicado en distintos medios digitales y escritos.

¿Y ahora?

Ahora, nos dicen el ministro Marlaska, todo está solucionado. Se está investigando a un grupo de policías corruptos y ya no hay cloacas. Se trata de poner un cortafuegos que permita que no se cuestione al conjunto del aparato policial y judicial, los servicios de información, y demás elementos del aparato del Estado.

Pero cuando nos dicen que es la Audiencia Nacional -donde prestó servicios durante años el propio Marlaska- quien investiga los hechos, las dudas cunden. ¿No es ese mismo Tribunal el heredero del infame Tribunal de Orden Público franquista? ¿No es en la AN donde se han orquestado durante años los juicios “contra el terrorismo”, donde se unía en la misma amalgama a los acusados de poner bombas y a dirigentes políticos que no habían cometido ningún acto de violencia? ¿No es la AN la que ha cerrado durante años los ojos ante las denuncias de torturas a detenidos vascos? ¿No es la que cerró Egin y Egunkaria? ¿No es la que acaba de condenar a decenas de años de prisión a los jóvenes de Alsasua? ¿La que se negó a aprobar la extradición del torturador Billy el Niño para que fuera juzgado en Argentina? ¿A este órgano del aparato del Estado hay que confiar la investigación de las acciones sucias de ese mismo aparato?

Mientras Marlaska presume de que “ya no hay cloacas”, el Tribunal Supremo celebra el juicio político contra los republicanos catalanes. Durante años, hemos visto en cada juicio contra sindicalistas, en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, la colusión de policías, fiscales y jueces para fabricar acusaciones, manipular pruebas, negar pruebas a las defensas, con el objetivo de obtener una ristra de condenas que permitiera establecer la “actividad criminal” de los piquetes de huelga y acabar por prohibirlos. Una ofensiva del aparato de Estado que sólo la movilización de las confederaciones sindicales ha podido desbaratar, por el momento.

Hemos visto cómo Andrés Bódalo era condenado en un juicio en que el juez se negó a admitir como prueba el video grabado de los hechos, que demostraba que no hubo agresión por su parte. Hemos visto cómo los videos de los hechos no eran admitidos como prueba en el juicio a los dos militantes de CNT de Logroño condenados.

Hemos visto cómo los jueces de Pamplona y la Audiencia Provincial de Pamplona se negaban a condenar por violación a los de La Manada. Incluso como un juez veía en los hechos actos de “jolgorio”. Hemos visto cómo durante años jueces y policías se han negado a defender a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y cómo un juez llamaba “bicho” e “hija de puta” a una víctima de violencia machista, mientras en la conversación participaban entre risas la fiscala y la letrada de la Administración de Justicia.

Hemos visto cómo los policías y Guardias Civiles que custodiaban a los republicanos catalanes en su traslado a Madrid para ser juzgados les cantaban canciones ofensivas mientras grababan los hechos para difundirlos en las redes. Hemos visto una y otra vez a guardias civiles en las partidas de la porra organizadas por Ciudadanos con el coro de toda la prensa para criminalizar la libertad de expresión en los espacios públicos y en particular la exigencia de libertad de los presos. Y otros piquetes censurando camisetas amarillas o republicanas, sin mandato judicial.

Estamos viendo cada día cómo al amparo de la “ley mordaza” son multados, detenidos, encarcelados con la mayor arbitrariedad ciudadanos de todo tipo. No cumplen la ley, sino que se hizo una ley para proteger la impunidad policial.

Han llegado al extremo de pisotear todas las leyes para prohibir los lazos amarillos.

Como dice el presidente del Parlament catalán, debajo de las togas asoma la camiseta de Vox.

Hemos visto cómo más de mil militares firmaban un manifiesto de apoyo al dictador genocida Franco y cómo algunos de los firmantes, junto con decenas de militares, policías y jueces se presentan en las listas de Vox (y también en las del PP).

Después de haber visto todas esas cosas, ¿quién puede creerse que ya no hay “cloacas del Estado”? Esas cloacas van mucho más allá del puñado de policías que ahora se investiga, y siguen bien vivas. Esto sitúa la responsabilidad central de los partidos y organizaciones que se reclaman de la clase obrera y de los pueblos. Porque no se trata simplemente de una cuestión de democracia sino de su propia existencia como organización.

Estamos con los sindicalistas o ciudadanos, de cualquier organización democrática, independentistas o no, que defienden el ejercicio de las libertades. No aceptamos que nadie tolere la persecución de los sindicalistas o el encarcelamiento de dirigentes políticos.

Las instituciones franquistas encabezadas por la Monarquía y la libertad de organización, parte esencial de la democracia, son incompatibles.  Para acabar con las cloacas habría que acabar con el aparato de Estado Franquista del que se nutren. Y con el Régimen que mantiene lo esencial de ese aparato de Estado y cobija toda esa podredumbre. Una tarea que, no nos cabe duda, más temprano que tarde acometerá la clase trabajadora, junto con la juventud, las mujeres y los pueblos oprimidos de todo el Estado, imponiendo la democracia, es decir, la República.

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