Libertad inmediata para los 7 detenidos

(Publicado en la Carta Semanal 749ver en catalán)

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 25 de septiembre de 2019

El pasado día 23, 9 personas fueron detenidas en diversas poblaciones de Catalunya después de una operación policial supuestamente “antiterrorista” dirigida contra miembros de los CDR. El mismo día por la tarde, 2 de los detenidos eran puestos en libertad con cargos, mientras que el resto eran conducidos a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional. La Policía los acusa de un delito de rebelión, de pertenencia a banda armada y de tenencia de explosivos. La delegada del Gobierno en Catalunya habla de operación policial preventiva.

¿De qué se trata realmente?

48 horas después, las pruebas presentadas por la policía, así como las filtraciones de la Fiscalía, levantan la sospecha generalizada de que se trate más de un montaje que otra cosa. Un montaje que busca amedrentar y coadyuvar la respuesta popular a la sentencia contra los republicanos catalanes que se conocerá próximamente. El objetivo es impedir que la respuesta que va a haber en Catalunya a la sentencia, sea lo más unitaria posible y se extienda a otros lugares del Estado español, asimilando para ello la movilización popular y a los republicanos catalanes al “terrorismo”. Algo que ha sido incluso respondido por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha afirmado que el movimiento independentista catalán es eminentemente democrático y pacífico. En cualquier caso, una provocación y una auténtica vergüenza (una más) de los aparatos de Estado heredados del franquismo, a los que lamentablemente se pliega el gobierno de Pedro Sánchez. Es incomprensible el silencio de la mayoría de dirigentes de los partidos y organizaciones que se reclaman de los trabajadores y de la democracia ante semejante atropello a las libertades, escudándose en una inexistente separación de poderes.

Hay que organizar la movilización unida

Aunque se empeñen en afirmar lo contrario, una amplia mayoría de la sociedad catalana que no acepta vivir bajo el orden monárquico y autonómico, camina en paralelo a una mayoría social que en el resto del Estado español quiere una solución democrática y no judicial-policial. La detención de estos jóvenes, igual que la de los miembros del gobierno de la Generalitat y los dirigentes del Ómnium y de la ANC, interpela a todo el movimiento obrero, a todas las organizaciones que se reclaman de la libertad y la democracia, que saben por experiencia que sin libertades es mucho más difícil defender las conquistas sociales, las pensiones, los servicios públicos. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre cuál es la salida política más idónea para Catalunya y para el conjunto de pueblos, es preciso cerrar filas contra la represión. Como dijo en su momento un diputado de ERC, en realidad lo que había detrás del “a por ellos” era un “a por todos”. A por todo aquel que cuestione el orden monárquico o, como en el caso, de los más de 300 sindicalistas procesados por participar en la huelga general de noviembre de 2012, por defender mediante la movilización las reivindicaciones de los trabajadores.

Es preciso responder en unidad. Hay que organizar la movilización unida y las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y los pueblos deben ocupar su lugar en ella. Por la libertad de los detenidos, por la derogación de la Ley Mordaza y lo que todavía queda de la Ley Antiterrorista. Por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal actual.

La unidad de los trabajadores y los pueblos impondrá una salida democrática.

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