Libertad para los republicanos catalanes. Basta de persecución judicial

Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – sábado, 3 de noviembre de 2018

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Como una bomba ha caído hoy viernes  el acta de acusación contra los dirigentes catalanes, que han hecho pública tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Basadas en las conclusiones provisionales del Tribunal Supremo, las peticiones de cárcel superan unos 200 años, 25 solo para Oriol Junqueras, dirigente de ERC.

Aunque la abogacía del Estado ha recalificado la acusación, pasando de rebeldía a sedición, su petición de pena no baja de 13 años para Oriol Junqueras.

El juicio que se anuncia para enero se prepara como una verdadera amenaza no solo para los inculpados, dirigentes elegidos por el pueblo catalán, sino también para todos los trabajadores, sindicalistas, artistas, jóvenes, mujeres que osen enfrentarse democráticamente a la Monarquía y a las demás instituciones heredadas del franquismo.

No se trata de una “cuestión catalana”, se trata de la mayor ofensiva contra los derechos y conquistas arrancadas después de la muerte de Franco a los poderes que vienen de la dictadura.

Nadie puede ser neutral 

Que nadie se llame a engaño. Estas peticiones de condena no son una excepción: corresponden a la misma arbitrariedad y a los mismos tribunales que aplican el 315.3 del Código Penal contra los sindicalistas; a la misma Ley Mordaza que ha multiplicado las penas por el “delito de manifestar, de cantar u opinar”. Es la misma justicia que condena duramente a los jóvenes de Alsasua tras una pelea de bar, que casi amnistía a violadores y garantiza que Aznar, Rajoy y los empresarios que han organizado la mayor trama de corrupción sigan libres con sus negocios. Los mismos gobernantes que con su despotismo han provocado el levantamiento del pueblo catalán.

Es el propio movimiento obrero y democrático el que está amenazado. Esta petición de penas es el fracaso completo de la pretensión del gobierno Sánchez de conciliar los derechos y libertades con la supeditación a la Monarquía. No se puede enmendar la judicialización de la política, porque el aparato judicial de la dictadura solo es el envoltorio jurídico de un régimen arbitrario. Y no se puede poner freno a la política de enfrentamiento entre pueblos de los gobiernos del PP, encomendándose a las instituciones de la división, que vienen de la dictadura.

Para los trabajadores que han visto durante este último decenio como sus derechos eran amenazados y sus conquistas –como la Seguridad Social y las pensiones- atacadas, la condena que se quiere imponer  a los republicanos catalanes, no puede más que envalentonar a los nostálgicos del franquismo, y a las instituciones que les sirven. Instituciones, como la judicatura que defienden a machamartillo los intereses de la banca, como ha quedado demostrado en el caso de los impuestos de las hipotecas. 

La defensa de las libertades, el rechazo de los juicios, componentes esenciales de la lucha por la República 

Una vez más se ha hecho patente la incompatibilidad entre la tiranía monárquica y los derechos. Tienen razón el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona cuando exigen la abolición de la Monarquía.

Para los que combatimos por la Republica del pueblo, de los pueblos, basada en los derechos sociales y el derecho de autodeterminación, consideramos que debe establecerse el más amplio frente de trabajadores y jóvenes para exigir la libertad de los republicanos catalanes. La gran amenaza requiere que todas las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y de la democracia actúen en unidad. No hay ninguna garantía democrática en la supuesta “independencia” del poder judicial heredado del franquismo. Hay que unir fuerzas para impedir que se cometa un atropello de grandes dimensiones de los derechos democráticos y sociales de todos. Hay que impedir que se salgan con la suya los que están empeñados en avivar el enfrentamiento entre pueblos, y no quieren ninguna salida democrática.

Allanemos así el camino a la única solución política que puede garantizar la libertad y la fraternidad entre los trabajadores y los pueblos de España, es decir, la República.

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