Perspectivas abiertas por la movilización de los metalúrgicos de Cádiz

Carta Semanal 863 en catalán

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La huelga que han mantenido los trabajadores del metal de Cádiz durante 9 días ha galvanizado al movimiento obrero y la juventud. En la provincia de Cádiz cuenta con el apoyo mayoritario de la población trabajadora, y ha habido incluso una huelga de estudiantes en solidaridad con los metalúrgicos. También se han convocado movilizaciones de solidaridad en distintas ciudades de todo el Estado.

Se trata de una convocatoria de huelga en defensa de reivindicaciones precisas, que en la práctica rompen con los planes de la UE, en primer lugar, el mantenimiento del poder de compra de sus salarios, ante una inflación que en este momento está en el 5,4%, y la defensa de conquistas recogidas en su convenio y que la patronal pretendía eliminar. Ha sido convocada en unidad por los sindicatos provinciales de FICA-UGT y de CCOO de Industria y contó con el apoyo de otras organizaciones sindicales menores. Dos cuestiones, defensa de reivindicaciones precisas que unifican a la clase y unidad de las organizaciones por las reivindicaciones que explican, en buena medida, el éxito de la huelga.

El amplio seguimiento de la huelga, el mantenimiento de la misma durante casi dos semanas, la combatividad que han demostrado los trabajadores, los apoyos recibidos desde todo el Estado, son signos inequívocos de que la clase trabajadora está dispuesta a la lucha, en contra de lo que defienden tantos “sesudos comentaristas”, y, también, algunos dirigentes sindicales, para justificar la necesidad de hacer concesiones en los convenios y, sobre todo, en el diálogo social.

La huelga galvaniza a la clase, mete miedo a la patronal y pone en evidencia al Gobierno

El éxito de la huelga y la amplitud del movimiento de solidaridad han despertado la inquietud de todas las patronales, dentro y fuera de Cádiz, que temen, con razón, que una victoria de los metalúrgicos de Cádiz abra la vía a la movilización de muchos otros colectivos por sus convenios colectivos. O, simplemente, para poder mantener el poder de compra de sus salarios ante la inflación desbocada y la subida de precios de cosas imprescindibles como la electricidad y los combustibles. 

Al mismo tiempo, sectores muy importantes de la clase trabajadora se miran en el ejemplo de sus compañeros de Cádiz, están atentos a ver qué sucede y meditan cómo seguir el ejemplo. Lo mismo sucede con sectores importantes de la juventud de la clase trabajadora.

El gobierno de coalición se ha visto puesto en evidencia. No se trata ya, tan solo, de dilatar una y otra vez la adopción de medidas reclamadas por el conjunto de la clase trabajadora, como la derogación de las reformas laborales o de la ley mordaza, o de que, con cada dilación, se vaya descafeinando un poco más el contenido de las modificaciones que el gobierno está dispuesto a hacerles. Esta vez, todos hemos podido ver la represión desatada contra los manifestantes, la actuación de los antidisturbios amedrentando a la población y agrediendo a manifestantes pacíficos. Y la guinda ha sido sacar a la calle una tanqueta, una imagen que sintetiza la represión contra la clase trabajadora.

Una represión policial que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, defendía en rueda de prensa el martes, tras el Consejo de ministros, diciendo que la actuación de los antidisturbios buscaba “garantizar el derecho de manifestación” de los trabajadores (!!!), y garantizar “la seguridad de todos, también de la ciudadanía”. La portavoz añadió que el Gobierno mantiene su “confianza en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Se ha pretendido hacernos creer que la represión había sido cosa del ministro Marlaska, e incluso se ha hecho pública la supuesta disconformidad de Yolanda Díaz. Una discrepancia de los ministros de Unidas Podemos que no casa con el hecho de que, en esa rueda de prensa, se sentaba junto a la portavoz la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no abrió la boca cuando la portavoz advirtió, para dejar claro que hablaba en nombre de todo el gobierno, que “en esta mesa atendemos a cuestiones de Gobierno y no al ámbito de los partidos de la coalición”. Montero añadió entonces que “para preguntas de nuestra formación política estamos disponibles en otros foros”. O sea, “una cosa es lo que digamos como partido, de cara a la galería y otra lo que hacemos y defendemos como gobierno”.

El papel de la policía

Las imágenes han corrido por las redes. Antidisturbios agrediendo a ancianos, a manifestantes que se mantenían con las manos en alto, lanzando a troche y moche balas de goma (alguna, decorada con la frase “viva España”) y gases lacrimógenos. Y, para colmo, el uso de tanquetas recorriendo barrios obreros para amedrentar a la población al viejo estilo de la represión franquista.

Se han hecho, con justicia, comparaciones con la actitud de la policía de pasividad ante las manifestaciones del barrio de Salamanca durante el confinamiento, o de abierta confraternización con manifestantes neonazis en Madrid.  Pero hay que ir más allá.

No es casualidad que, al mismo tiempo que se desarrollaba la huelga metalúrgica de Cádiz, se llevaban a cabo manifestaciones de policías y guardias civiles en Madrid y otras provincias para protestar contra los cambios que se están tramitando en el parlamento a la Ley Mordaza. Manifestaciones organizadas por las asociaciones supuestamente “progresistas” (Sindicato Unificado de Policías y Asociación Unificada de la Guardia Civil). El sábado se prevé una nueva manifestación en Madrid, organizada por los “reaccionarios” de Jupol. En esas manifestaciones han participado los franquistas: Pablo Casado, Santiago Abascal y otros destacados dirigentes del PP, de Vox y de Ciudadanos.

Los policías reivindican abiertamente poder mantener la impunidad policial y las amplias facultades de represión que les facilita la ley mordaza. Pero, en el fondo, apuntan contra el gobierno.

Tanto la policía como la guardia civil son, no lo olvidemos, cuerpos represivos heredados del franquismo sin depuración alguna. Pretender presentarlos como una “policía democrática”, es una mistificación. Y pretender hacer una política “progresista” defendiendo las instituciones y manteniendo el aparato judicial y policial del franquismo, mantenido bajo la monarquía, un imposible. 

El acuerdo firmado

Desde todos partes han llovido las presiones sobre los dirigentes de UGT y CCOO del metal de Cádiz para que pusieran fin a la huelga. Desde los medios de comunicación al servicio del capital, desde el gobierno andaluz y también desde las cúpulas de los propios sindicatos, donde hay dirigentes que piensan que movilizaciones como la de Cádiz pueden ser contagiosas y poner en peligro la estrategia de fiarlo todo al diálogo social y de no molestar al gobierno “progresista”. En plena huelga de Cádiz se firmó el convenio provincial del metal de Sevilla, aceptando condiciones muy alejadas de las que en ese mismo momento reclamaban en las calles los metalúrgicos de Cádiz, y dejándolos solos.

Tras 9 días de huelga, se firmó un preacuerdo entre la patronal y los dirigentes de UGT y CCOO de la Industria de Cádiz y de Andalucía, que ha sido aprobado en las asambleas de delegados y trabajadores. Ese acuerdo mantiene el texto del convenio actual, evitando la pretensión de la Patronal de recortar algunas de las conquistas reconocidas en él, y aumenta la ultraactividad del convenio a dos años. Pero no garantiza mantener el poder de compra de los salarios, una de las reivindicaciones principales de la huelga. El acuerdo alcanzado garantiza el 2% más el 80% de la diferencia entre ese 2% y el IPC final de 2021. Es decir, que el 20% de la diferencia final no se les aplicaría. Y de ese 80% no se cobrarían atrasos. Teniendo en cuenta que la subida anual del IPC, a octubre, se sitúa en el 5,4%, si sigue igual en diciembre, el 1 de enero se subiría en tablas el 4,72%, y faltaría un 0,68% para mantener el salario real. En 2022 y 2023 también la subida es del 2% y de la diferencia con el IPC real se cobra sólo un 80%. En 2024 se recuperaría en tablas la diferencia con el IPC real de los 3 años, pero no se cobrarían atrasos.

Una lección para todo el movimiento obrero

Sin duda alguna, el contenido del acuerdo no corresponde  a las reivindicaciones. Estamos ante la situación siguiente: en estos dos años ha habido una disminución global del peso de los salarios en el PIB del 6,3 por ciento según las cuentas de la EPA. La media de subida en los convenios no supera el 1.5 por ciento. Por el contrario, los altos ejecutivos han visto su salario aumentar el 6 por ciento, y los trabajadores, para obtener el 2 por ciento y promesas de recuperación, tienen que hacer huelga.

Nos encontramos, por tanto, ante un problema político de primera magnitud.

Por un lado los trabajadores de Cádiz no se sienten derrotados y han demostrado que la clase obrera está de pie y dispuesta  a luchar.

Por otro lado, todos los asalariados de este país: de la industria, de los servicios, de la función pública… tienen las mismas reivindicaciones.

La patronal se refugia detrás del Gobierno de Coalición que envía la policía y presiona por lo bajo.

En estas circunstancias, la mayoría, desde la sanidad, la industria, los servicios… reclaman salarios y medios y exigen la movilización unida. El diálogo social sólo ha servido para retroceder.

Las organizaciones sindicales tienen que optar: o ponerse a la cabeza de derechos y libertades, o someterse al gobierno de coalición que sigue los dictados de Bruselas, del capital financiero y las instituciones franquistas.

Este es el dilema, los militantes que se reconocen en la Cuarta Internacional, como muchos miles más, no dudan de que lado deben estar.

 

 

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