Entre los acontecimientos que atraviesan la lucha de clases hoy, algunos pasan bastante desapercibidos para sectores amplios de la clase trabajadora. A ello contribuye que ésta carezca de una auténtica representación política fiel a sus aspiraciones y el aislamiento de los diversos sectores al que conduce la orientación de las direcciones sindicales. Un ejemplo es la situación de la enseñanza y en particular la universitaria, pese a que junto a la sanidad y otros servicios públicos son salario indirecto, conquista de la clase en su conjunto.

No exageramos: pretenden destruir la universidad pública

En diciembre de 2001, el gobierno del PP aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), rechazada masivamente por trabajadores y estudiantes. Zapatero se comprometió a derogarla si llegaba a ser presidente del gobierno, cosa que incumplió cuando lo fue. En marzo de 2023, bajo un gobierno de Sánchez se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con un contenido esencialmente continuista de la LOU y otras leyes anteriores. 

Citemos como ejemplo que preserva los “consejos sociales”, vía para la injerencia del capital en las universidades públicas, entre cuyas competencias se incluyen aprobar “el presupuesto anual (…) los actos de disposición acordados por la Universidad respecto de sus bienes inmuebles y de los muebles (…) los criterios de determinación de los precios y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias (…) la asignación individual y singular de [algunos] complementos retributivos (…) las normas que regulen el progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad”, así como “informar la creación, modificación y supresión de Facultades, y Escuelas (…)”. En la Complutense preside este órgano es Jesús Nuño, expresidente de El Corte Inglés. 

Estas leyes, por su carácter reaccionario, no incorporan memoria económica que provea los medios necesarios para que la universidad pública pueda llevar a cabo su función social. Se facilita así una infradotación crónica que se agravó con los recortes impuestos desde el año 2010 y especialmente 2012… y que no ha sido revertida. En el conjunto de las autonomías la financiación ha aumentado un 4,9% desde 2009, mientras la inflación lo ha hecho un 33,3%. En tres de ellas se han reducido los fondos en términos absolutos (Canarias un 1,9%, Madrid un 5,1% y la Comunidad Valenciana un 10,9%). Esto provoca una grave insuficiencia de medios que, además, ha provocado destrucción y precarización del empleo (con prácticas tan aberrantes como la medición de los méritos académicos del profesorado, medición que en gran medida está también privatizada).

La otra cara es la expansión de las universidades privadas. Los datos son demoledores. Hoy existen 50 universidades públicas y 46 privadas (y otras 10 en proceso de aprobación, todas privadas). En 1998 eran 50 y 15: las 31 nuevas de estos últimos 26 años son privadas, en algunos casos legalizadas, pese a no cumplir los requisitos legales. En este curso los másteres privados tienen más estudiantes que los públicos y en carreras como Medicina entran más estudiantes en las privadas (con matrículas de hasta 23.000 euros por curso, frente a los alrededor de 1.200 de las públicas). Entre las privadas las hay religiosas (de obispados, Opus Dei, Asociación Católica de Propagandistas, jesuitas y Legionarios de Cristo), de la banca, de capitalistas como el dueño del club de fútbol Deportivo Alavés, de grandes empresas como Planeta o Vocento, etc.

Está en juego un derecho conquistado por la clase trabajadora

La cuestión se plantea en términos similares a la de otros servicios públicos como la sanidad: o negocio o derecho. El fondo CVC consideraba hace unos meses vender su participación mayoritaria en la Universidad Alfonso X por 2.000 millones de euros. Su compra, en 2019, le había costado 1.100 millones. Ya antes de la pandemia, en el curso 2019/2020, las familias gastaron, según el INE, 6.622 millones en educación privada universitaria.  Al negocio económico, se suma el ideológico, para el capital y para la Iglesia católica, en cuyos centros la formación incluye habitualmente un importante componente de adoctrinamiento reaccionario.

Precisemos algo al respecto que asimismo es válido en otros ámbitos. Privatizar no es sólo traspasar la propiedad o gestión de una empresa o servicio de manos públicas a manos privadas. Privatizar es preparar la destrucción de la actividad pública, que es la única vía para garantizar los derechos democráticos a la enseñanza, a la sanidad, al crédito, etc. La coexistencia entre entidades públicas y privadas es abusiva en favor de éstas. En la banca, por ejemplo, no basta con reivindicar un banco público porque, coexistiendo con los privados, acaba de hecho actuando como ellos. Es precisa la nacionalización de éstos, poner los recursos financieros al servicio de la mayoría de la población, no al lucro de unos pocos.

Los gestores de las universidades privadas lo tienen claro: Juan Cayón, rector de la 13ª universidad privada madrileña, la “Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología” (UDIT), y exrector de otra, la Nebrija, pide “competir en igualdad de condiciones con la pública” en las convocatorias de proyectos de investigación. Es decir, privatizar el uso de los fondos públicos, ante lo que se impone una reivindicación elemental: los fondos públicos han de ser exclusivamente para la enseñanza pública, ni un euro para la privada, ni para el gasto militar que no deja de aumentar. Incluso en un horizonte verdaderamente democrático, el conjunto de la enseñanza debía ser pública.

Es ilusoria la idea de una posible coexistencia pacífica entre las universidades públicas y privadas: el complemento a todo lo anterior ha sido el aumento de las tasas universitarias, esto es, del precio por estudiar. Un precio que impugna el derecho a acceder a estudios universitarios con independencia de la riqueza familiar. Desde el curso 2009-10 al 2021-22 las tasas han aumentado un 40,1% en Madrid, el 39,0% en Navarra y el 32,8% en Cataluña en la primera matricula en grado (las siguientes más porque la repetición está penalizada económicamente; lo que afecta más al estudiantado que debe compatibilizar trabajo y estudios). El sistema y la dotación de becas no lo contrarrestan salvo en una pequeña medida.

Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), lo plantea con claridad: “Un estudiante que no puede acceder a una universidad pública y su familia tiene los recursos necesarios, puede ingresar en una privada. Entonces ¿por qué las públicas no ofrecemos más plazas? (…): porque no tenemos recursos públicos necesarios. Implicaría desdoblar grupos, contratar a más profesorado, se necesitan instalaciones…”.

No hay alternativa: sólo la acción de la clase trabajadora organizada puede revertir la situación

La provocadora ostentación de algunos dirigentes, como los de Madrid, no debe confundirnos. Aunque en esta autonomía los ataques a los servicios públicos sean muy duros, ni lo es así en todos los casos ni esto significa que en otras regiones la situación sea buena. El cuestionamiento de la enseñanza pública es una pauta a escala mundial, porque se trata de una exigencia del capital financiero, que busca nuevos mercados y pretende también apropiarse de los fondos públicos. 

El caso de Madrid sí sirve bien para explicar la situación general. La secuencia es conocida: en noviembre se presentó un proyecto de presupuestos que reducía los fondos para las universidades públicas, en términos absolutos. Junto a la provocación de ser la única autonomía que no firmaba un convenio, el María Goyri, que permitiría incorporar a 1.091 profesores. Se produjo una movilización de trabajadores y estudiantes, el 5 de diciembre, que logró una rectificación del gobierno regional, aunque parcial: aumento de los fondos un 4,2% y firma del citado convenio.

Mientras que las universidades reclaman al menos 200 millones, el aumento es de sólo 47,3, menos de una cuarta parte (lejano de hecho a la cicatera normativa de la LOSU que pide un 1% del PIB autonómico, cuando en la UE el promedio es del 1,22% y en cualquier caso hay que dotar lo que efectivamente se necesite). Por eso, dos semanas después, el día 19, hubo una segunda movilización, demostrativa de la voluntad de la mayoría de los trabajadores, estudiantes y de la mayoría de la sociedad, de defender la universidad pública. La educación pública es un derecho alcanzado gracias a la lucha de la clase trabajadora. Es una conquista, es salario indirecto. Y la mayoría no acepta que la destruyan para convertir el derecho de todos en un negocio de unos pocos.

Esta voluntad no basta si no se materializa en la movilización necesaria para ganar la legítima reivindicación. No puede ser ni una movilización testimonial, autojustificativa para quienes temen que cualquier protesta se les pueda escapar de las manos si va hasta el final; ni un movilizacionismo sectario, autojustificativo para quienes buscan su autoproclamación como los más izquierdistas. Es necesario preparar la movilización, de forma democrática, unitaria para que sea lo más amplia posible, en torno a la concreción precisa de las reivindicaciones que permite ganarlas. Que son muy claras: dotación financiera suficiente, con una planificación presupuestaria plurianual que ponga fin a los ataques al sistema universitario público, para garantizar la docencia y la investigación; con la plantilla necesaria contratada de forma digna y con los medios que aseguren que nadie se quede sin estudiar por razones económicas. Todo lo cual requerirá una nueva ley que efectivamente proteja a la universidad pública para garantizar su función social. El tiempo apremia, porque la inanición provoca daños en ocasiones irreversibles.

Como escribiera, en 1928, el revolucionario cubano Juan Antonio Mella: “Luchamos por una universidad más vinculada con las necesidades de los oprimidos, por una universidad más útil a la ciencia y no a las castas plutocráticas, por una universidad donde la moral y el carácter del estudiante no se moldeen ni en el viejo principio del magister dixit, ni en el individualista de las universidades republicanas de la América Latina o EE.UU. Queremos una universidad nueva que haga en el campo de la cultura lo que en el de la producción harán las fábricas del mañana sin accionistas parásitos ni capitalistas explotadores (…) Sabemos que no lo vamos a conseguir inmediatamente. Pero (…) en la simple lucha por la obtención de ese ideal de la universidad del porvenir, vamos a obtener un doble triunfo: agitar conciencias jóvenes ganando reductos en el frente educacional contra los enemigos del pueblo trabajador, y, probar, ante todos los revolucionarios sinceros, que la emancipación definitiva de la cultura y de sus instituciones no podrá hacerse sino conjuntamente con la emancipación de los esclavos de la producción moderna que son, también, los títeres inconscientes del teatro cómico de los regímenes políticos modernos”.