(Publicado en la Carta Semanal 698 – ver en catalán)
El actual debate que se desarrolla en las Cortes, entre los grupos parlamentarios, debate que se entrecruza con la cuestión catalana y la absoluta cerrazón de las instituciones heredadas del franquismo, en particular la judicatura, a abrir una salida política, concentra la situación política.
Veamos las premisas:
En primer lugar ni la Monarquía, ni la reacción han admitido la formación del nuevo gobierno que sigue suscitando las esperanzas de la mayoría social de detener y revertir los ataques a sus condiciones elementales de existencia. Y esto al margen de que Sánchez no ha dejado de declarar su apoyo a las instituciones. El problema es el hundimiento de los partidos surgidos del franquismo y su incapacidad para retomar el control del gobierno.
En segundo lugar, la mayoría social, y los pueblos, de entrada el pueblo catalán, no se han dormido, exigen al gobierno que actúe. La prueba más evidente es la movilización continua de los jubilados, e incluso la desconfianza de que el “acuerdo” alcanzado en el Pacto de Toledo resuelva las reivindicaciones. Y más cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se apresuró a declarar que el aumento de las pensiones no podía depender solo del IPC, sino que había que introducir otras variables. O sea que no se blindaban las pensiones sino que dependían de la buena voluntad del gobierno. Y esto sin precisar sobre las fuentes de financiación.
En tercer lugar el entramado institucional que deriva de la Constitución del 78, muestra, una vez más, su carácter antidemocrático, lo cual convierte las afirmaciones generales sobre derechos que contempla la Constitución en letra muerta.
¿Cuál es la cuestión de fondo?
En los diez años llamados “de crisis”, los salarios, las condiciones de vida, las condiciones laborales, la asfixia de los servicios públicos han empeorado gravemente la situación de la gran mayoría.
Pero la cólera de los trabajadores y los pueblos hace temer al capital que el Gobierno no sea capaz de cerrar el paso a las reivindicaciones obreras de derogar las contrarreformas.
En esta situación, los directivos de Telefónica, Ferrovial, Bankia y Repsol –destacados exponentes del Ibex– han lanzado una proclama, en un foro organizado por El País y una consultora, que es todo un desafío al Gobierno, al Congreso y sobre todo a los trabajadores y a los pueblos.
Dicen que ante la desaceleración de la economía internacional y el Brexit, “tenemos que preservar la estabilidad y el rigor presupuestario” (los recortes). Dicen que “España viene creciendo cinco años seguidos en el entorno del 3% gracias al esfuerzo que hicimos”. ¡El esfuerzo lo hicieron los trabajadores mientras ellos lo quemaban en la especulación! Y “exigen no dar marcha atrás a las reformas económicas”.
Quieren reventar lo que queda de las bases de la existencia y la convivencia. Y para ello cuentan con las instituciones de la Monarquía.
¿Aceptar o no los límites de la Constitución monárquica?
El rey es el comandante de las Fuerzas Armadas y su persona es inviolable. En efecto.
Pero el resto de mecanismos constitucionales están marcados por esta imposición.
Veamos las instituciones elegidas:
El voto al Congreso no es proporcional, con los efectos que conocemos. Y el Senado es dos por provincia. O sea que el PP, con el 30 por ciento de los votos, controla el 60 por ciento de los senadores.
Y además bajo Rajoy y Montoro se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que daba al Senado poder de veto. Esta ley era la conclusión lógica del artículo 135, aprobado a finales de agosto por medio del pacto exprés de Zapatero y Rajoy, bajo la amenaza del plan de rescate con el que el capital financiero amenazaba (por medio de la Comisión Europea), un rescate para salvar la banca. Cosa que se hizo en forma más limitada y que costó como mínimo 60.000 millones, más o menos lo equivalente de los recortes operados en sanidad, educación, inversión en infraestructuras… desde 2010 con el primer plan de ajuste de mayo de aquel 2010.
Este mecanismo antidemocrático de la Constitución del 78 ha sido reforzado y actualizado con las medidas y leyes dichas.
Quiere esto decir y los hechos lo demuestran que tomar la más mínima medida favorable a la mayoría social exige sobrepasar los límites impuestos por la Monarquía y Bruselas, o sea por el capital financiero.
¿Un Presupuesto Social?
Desde el primer voto, a finales de julio, sobre el techo de gasto el Gobierno intenta convencer de que es posible un presupuesto socialmente expansivo aceptando el déficit marcado por Bruselas. Arguye que negoció el margen del 1,3 por ciento del déficit al 1,8, o sea 5 décimas, que representan unos 6.000 millones. A finales de agosto Podemos pidió al Gobierno no respetar los limites de Bruselas, a lo cual éste respondió que no podía romper con Bruselas. El 23 de agosto Sánchez e Iglesias acuerdan respetar el déficit, con la mínima flexibilidad que Bruselas acepta. Para esto han de reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria, pero la Mesa del Congreso sabotea ese plan por dos veces: cierra el paso a una nueva ley y a unas reformas que incluyesen ese cambio en otra ley.
Pero, y el pero es importante, la Mesa del Congreso compuesta por 5 (PP y C´s ) y 4 (PSOE y Podemos) o sea que no refleja la mayoría de la cámara (que recordemos votó la moción que derribó a Rajoy) decide que no convoca el plenario del Congreso para decidir sobre la modificación del veto del Senado.
Y los juristas constitucionalistas declaran que la decisión de la presidenta Ana Pastor es correcta, conforme a la ley. O sea si se quiere anular el veto del Senado hay que adoptar una nueva ley, o sea más de 6 meses de plazo; por tanto el Gobierno estará obligado a gobernar con los presupuestos de Rajoy.
Claro está, si acepta los limites de la Constitución, “modernizada” en agosto del 2011, y desarrollada por Rajoy/Montoro.
Y esto después de haber aceptado los “límites” de Bruselas y el capital financiero.
Y nadie puede echar a esa Mesa del PP y C`s. Sánchez ya acepta que hará el presupuesto con las limitaciones de gastos establecidas por Rajoy.
Porque ¿quién puede pensar que 6000 millones pueden resolver los recortes sufridos estos últimos 8 años y los sucesivos planes de ajuste.
Se trata a ojos vista de un problema clave. La soberanía de los pueblos exige que éstos gobiernen y se endeuden, y el peso de la deuda que Rajoy nos ha cargado, que no es de los pueblos, incapacita a cualquier gobierno para aliviar seriamente la situación de la mayoría
Aceptar los “limites” de la Constitución monárquica y por tanto del FMI y de los tratados europeos impide gobernar para la mayoría.
Por ello la exigencia de República no solo significa una reforma profunda o un baldeo radical de las instituciones sino que significa responder a las exigencias de la mayoría de los trabajadores y los pueblos. Concentra todas las reivindicaciones desde el salario, el sistema de pensiones, la laicidad, el control y propiedad de las grandes empresas, la libertad de negociación, de organización y uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de los pueblos.
Esto está en juego en la lucha por la República del pueblo, para el pueblo, de los pueblos, para los pueblos.