(publicado en la Carta Semanal 422. También podéis leerla en catalán)
Tras la reunión del pasado día 16 en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, los dirigentes de las patronales y los secretarios generales de UGT y CCOO, se emitió un comunicado conjunto. Con respecto a las pensiones, ese comunicado hacía referencia al Comité de Expertos nombrado por el gobierno Rajoy para estudiar el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, y que debe terminar sus trabajos el 30 de mayo. Concretamente, el comunicado decía: “Posteriormente el documento del Comité será objeto de debate en el seno del Pacto de Toledo y, al mismo tiempo, el Gobierno convocará a los interlocutores sociales para abordar el factor de sostenibilidad en el marco del diálogo tripartito y de la vigente normativa de Seguridad Social. El Presidente del Gobierno ha pedido a los interlocutores sociales su máxima colaboración en este tema tan sensible para la sociedad española.”
Un factor de sostenibilidad introducido por el ASE
El factor de sostenibilidad era uno de los contenidos de acuerdo de pensiones ASE, firmado en 2011 por el gobierno, la patronal y los sindicatos. Según el texto del ASE, a partir de 2027, y supuestamente para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, se introduciría un mecanismo de ajuste de las pensiones en función del incremento de la esperanza de vida de los pensionistas.
Pero ahora, el Gobierno, que ha comprometido en el Plan de Reformas presentado a Bruselas precisamente unos días antes de la reunión del día 16 un recorte del gasto en pensiones, quiere aplicar el factor de sostenibilidad de manera inmediata, y vinculándolo no sólo al aumento de la esperanza de vida, sino a la coyuntura económica. A pesar de que millones de jubilados cobran pensiones netamente insuficientes.
Al introducir el factor de sostenibilidad en el ASE, los dirigentes de UGT y CCOO aceptaron que unas supuestas fórmulas económicas impidan al gobierno y a las Cortes decidir aumentos de pensiones o simplemente preservar su poder adquisitivo.
Y de hecho abrieron la puerta a un recorte inmediato de las pensiones. ¿Hay que recordar que al firmar el ASE nos prometieron que ese acuerdo “blindaba el sistema público de pensiones hasta el año 2027”? ¡Valiente “blindaje” que no ha durado ni dos años! ¿Hay que recordar que con el ASE nos anunciaron que aparecía la “jubilación anticipada. Un nuevo derecho”? Un supuesto derecho que no ha llegado a aplicarse porque el gobierno Rajoy lo derogó antes de que empezara a aplicarse.
La firma del ASE ha sido, sin duda, un hito en la apertura de una brecha entre los dirigentes y los afiliados de UGT y CCOO y entre los dirigentes y el conjunto de los trabajadores y, especialmente, la juventud. ¿Cómo es posible que a pesar de eso los dirigentes comprometan a los sindicatos a un nuevo diálogo social sobre pensiones del que sólo puede salir un nuevo recorte?
Una Comisión trucada
Para estudiar el “factor de sostenibilidad” el Gobierno ha nombrado una comisión de 12 “expertos”, que debe terminar sus trabajos en un plazo perentorio, antes del 30 de mayo. Ese plazo sólo tiene una justificación: los compromisos adquiridos por el gobierno Rajoy ante Bruselas de recortar el gasto en pensiones, compromisos que el capital financiero no está dispuesto a dejar pasar. Así, en su último número, la revista de la City de Londres The Economist reclama para España rebajas salariales en algunas comunidades autónomas, recomienda la puesta en marcha de minijobs y pide que se recorten las pensiones con el eufemismo de que se reduzca su “carga”. Y manda un recado al gobierno Rajoy, colocado contra las cuerdas por el creciente rechazo de la población y los escándalos de corrupción, poniendo en duda “que el ejecutivo de Rajoy tenga agallas para llevar a cabo estas reformas” y advirtiendo contra la “fatiga reformista” del Gobierno español.
El Gobierno ya ha indicado lo que espera de los “expertos”. Un documento entregado en abril a los grupos parlamentarios del Congreso trata de establecer los criterios para el “factor de sostenibilidad”. Quiere que se aplique el año próximo a los nuevos pensionistas y enumera “ejemplos” de otros países: considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, desligar la actualización de las pensiones y de las cotizaciones de la inflación, introduciendo factores como la evolución de los salarios o de la productividad.
¿Qué puede esperarse de esos Comisión de Expertos, cuando, según informaba el diario Infolibre el pasado 18 de mayo, sólo tres de esos doce expertos por el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones? Veámoslo más de cerca. El presidente del comité es el catedrático Víctor Pérez-Díaz, colaborador habitual de la FAES y uno de los autores del informe de la patronal de seguros Unespa al que luego nos referiremos. Hay entre los diez dos altos cargos de Unespa, uno de Mapfre, dos de la CECA, uno del BBVA, uno de FEDEA (grupo de presión de las grandes empresas), otro de la Fundación Edad y Vida (de las aseguradoras Allianz, Zurich, DKV, VidaCaixa, Caser, Capio…), una inspiradora del modelo propuesto por el informe de Unespa, un inspirador de la reforma de pensiones de Bush… Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las interesadas en impulsar planes de pensiones privados.
Pero, para asociar a los sindicatos a este nuevo recorte, entre estos expertos están Miguel Ángel García Díaz, economista y responsable del Gabinete Económico de CCOO, y el catedrático Santos M. Ruesga Benito, que representó a UGT en el Consejo de Administración de RTVE. Sólo dos, lo justo para que no tengan peso, pero impliquen a UGT y CCOO.
Santos Ruesga saca los pies del plato
El catedrático se ha hartado de hacer el paripé, y, en una entrevista en Hora 25, denuncia cómo ese comité sólo es un medio para imponer unas conclusiones que ya estaban hechas antes de empezar a reunirse. Santos Ruesga explica que no han tenido tiempo suficiente para hacer su trabajo y asegura que hay un mensaje un tanto catastrofista sobre la necesidad de reformar el sistema.
El profesor se declara “para nada satisfecho” con el procedimiento y la metodología impuestos por el Gobierno para esa comisión, que le parecen “fuera de lugar” para un tema “tan relevante”. Denuncia que se les ha dado un plazo de un mes para este trabajo, porque el Gobierno quiere un factor que se aplique ya, “porque si no, no se entienden las prisas”. El gobierno parte de la idea de que “hay que hacer urgentemente otra reforma de la noche a la mañana”. Algo sobre lo que el profesor dice “no acabo de entender”.
Sobre los “trabajos” de esa comisión, Ruesga explica que “nada hemos podido hacer por las prisas”, que sólo va a haber un “informe incompleto a entregar la semana que viene”, y, poniendo el dedo en la llaga, señala que “al Gobierno le ponen prisa desde otro sitio, las pensiones no están en peligro en un horizonte razonable”.
Ruesga recuerda que, sólo con la aplicación del ASE, las pensiones experimentarían ya en 2060 una reducción del 30%, lo que supone un 3% del PIB de reducción. Por tanto, “no hace falta una segunda reforma en 2014. El Gobierno está siguiendo el Memorándum de la CE a raíz de rescate bancario”.
Ruesga ha pedido que el comité disponga de tiempo para hacer diversas simulaciones de cómo afectarían diversos factores a las pensiones futuras, y denuncia que a los dos días de empezar sus trabajos, se les hizo llegar un documento del Gobierno para que se tuviera en cuenta el ciclo económico. Según Santos Ruesga, “ese factor adicional busca incorporar a todos los pensionistas y no sólo a los nuevos. Se trata de reducir el gasto en pensiones, y el ajuste se busca en la pensión media”.
La banca y las aseguradoras se abalanzan como buitres
Mientras se espera el dictamen –precocinado– de los expertos, llueven otros informes sobre el factor de sostenibilidad patrocinados por bancos y aseguradoras. En la confección del de UNESPA, la patronal del seguro, participaron dos miembros del comité designado por el Gobierno: el propio Víctor Pérez-Díaz y Rafael Doménech, jefe de estudios del BBVA. Ese informe sostiene que en el futuro habrá más jubilados, por el aumento de la esperanza de vida, y propone reformar ahora el sistema para hacerlo más sostenible, a partir de una fórmula de cuentas personales que vinculen cotizaciones aportadas y esperanza de vida de cada jubilado, a complementar con otros productos de ahorro privados (que suministrarían las propias aseguradoras que patrocinan el informe). Con estas “cuentas personales”, se rompe todo mecanismo de solidaridad en el sistema de pensiones, y, por ejemplo, las pensiones de las mujeres serían aún más bajas (han cotizado menos tiempo, por menso cantidad y tienen mayor esperanza de vida que los hombres)
Otro informe, impulsado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), de quien se considera que ejerce en la sombra como servicio de estudios del ministerio de Economía, emitió hace pocos días un informe en el que abogaba por rebajar entre el 22% y el 45% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Quieren rebajar, ya, las pensiones
Ese es el compromiso adquirido por el gobierno ante Bruselas. Supone no sólo rebajar las pensiones futuras, sino las actuales. Cargarse definitivamente la revalorización de las pensiones según el IPC, o incluso, si se aplica el factor del ciclo económico, puede suponer rebajas anuales de las pensiones que ya se están cobrando. Para el 1 de enero, quiere que las pensiones vigentes pierdan poder adquisitivo y las nuevas pensiones ya ignoren los derechos adquiridos.
Tras la reunión del día 16, el gobierno ha anunciado una nueva rebaja de salarios de los funcionarios, modificando por ley el límite máximo de sus complementos específicos, un aumento de los recortes previstos en la reforma de la Administración Local, y prepara este recorte de pensiones.
En esta situación, Rubalcaba y su equipo procuran callar lo más posible sobre las pensiones, y las cúpulas sindicales aceptan discutir cómo se aplica el “factor de sostenibilidad” a las pensiones, legitimando la operación del Gobierno.
Ningún trabajador puede entender que las organizaciones no hayan puesto pies en pared ante el anuncio del Gobierno y no estén organizando la más amplia campaña contra una destrucción del sistema de pensiones que es un ataque sin precedentes a los trabajadores.
Desde todas partes hay que apoyar la campaña, decidida por la Plataforma de Sindicalistas, para que los sindicatos rompan todo acuerdo o pacto con el gobierno, se nieguen a colaborar en los recortes a través del diálogo social, y organicen la lucha para derogar las contrarreformas y recortes y recobrar los derechos perdidos.