(Publicado en la Carta Semanal 426. También podéis leerla en catalán)

El 9 de mayo, se celebró una jornada de Huelga General en todos los niveles de la enseñanza, desde la infantil a la Universidad. En esa huelga contra la LOMCE se unían en la lucha profesores, personal de administración y servicios, asociaciones de padres y madres de alumnos y estudiantes –todos los sectores presentes en la enseñanza– junto con todos los sindicatos de clase. La huelga fue masivamente seguida, tanto en las aulas como en las calles.

Un ministro rechazado por todos

Las reformas de Wert cuentan con el más amplio y generalizado de los rechazos. Hasta las ceremonias de entrega de premios a los mejores expedientes se han convertido en actos de rechazo al ministro. Sucedió con los mejores expedientes universitarios y ha vuelto a suceder con las mejores notas de selectividad de Madrid.

La Conferencia de Rectores de Universidades, que reúne a  las universidades públicas y privadas, liderada por su presidenta, Adelaida de la Calle, ha pedido al ministro la retirada de su sistema de becas. Hasta varios gobiernos autonómicos del PP han mostrado su oposición.

Y sin embargo, la LOMCE y los demás ataques a la enseñanza pública que perpetra el ministro Wert siguen adelante. E incluso el PP se permite anunciar que organizará una campaña “pedagógica” de defensa de las propuestas de Wert.

¿Cómo es esto posible? Dos son las razones fundamentales: en la práctica, después del 9 de mayo, las organizaciones –a pesar de las declaraciones del tipo “volveremos en septiembre”– dieron el asunto por saldado, lo cual permite al Gobierno aplicar por trozos una ley que no ha sido aprobada aún. Y el gobierno en su conjunto se ve favorecido por la tregua –no declarada, pero evidente– que le han dado los dirigentes de UGT y CCOO y la política de pactos de Rubalcaba.

Tasas y becas

Las tasas de matrícula fueron incrementadas a partir de este curso, de modo que la matrícula de un curso académico en una Universidad Pública cuesta entre 2.000 y 3.000 euros (dependiendo de si se incluyen asignaturas de segunda matrícula, cuyas tasas han subido de manera astronómica). Ya eso expulsó de la Universidad a muchos alumnos y obligó a otros muchos a alargar sus estudios, matriculándose de menos asignaturas cada año. Otros muchos se matricularon confiando en poder renovar sus becas. Pero las condiciones para cobrar las becas han sido también  endurecidas. Eso ha hecho que ahora, cuando están llegando miles de denegaciones de becas, al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados (o lo están siendo ya) de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes). Y Wert pretende dificultar aún más las becas para el año próximo, al exigir no sólo aprobar el 100% de las asignaturas, sino hacerlo con una nota media de 6,5, en lugar del actual 5,5.

Los rectores temen una huida de las aulas por falta de recursos. De la Calle no quiere dar “datos rotundos” pero adelanta que estudios de varias universidades hablan de la pérdida de la mitad de los becados por no cumplir los requisitos académicos (la nota exigida ha subido del 5,5 al 6,5) ni económicos.

De este modo, la Universidad volverá a su situación bajo el franquismo: coto de los más pudientes, con un pequeño porcentaje para los hijos de obreros que tuvieran un gran rendimiento académico. Hasta las grandes movilizaciones obreras y estudiantiles de los años 1970, que abrieron la puerta de las Universidades a los hijos de la clase trabajadora. Ahora Wert se propone cerrarles las puertas de nuevo.

Las tasas no sólo expulsan a la gente de la Universidad. La Asociación de Alumnos del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía (IEDA) denunciaba recientemente que 2.000 de sus 5.000 alumnos han sido desmatriculados por no pagar las tasas introducidas este año (en este caso, no por Wert y Rajoy, sino por el gobierno “de izquierdas” de Griñán y Valderas).

Universidades en quiebra

Rajoy y Wert han declarado la guerra a la Universidad Pública. Desde el año 2008, según un estudio elaborado por CCOO, las partidas presupuestarias para universidades bajan sin cesar. En algunas comunidades han rebajado entre un 6% y un 7%, otras un 10% y otras –caso de Madrid– hasta un 16% su presupuesto. El sindicato califica la situación de algunas universidades como “crítica”. Y es que estamos ante el tercer año consecutivo en el que se bajan los presupuestos.

 Las universidades han perdido en sus presupuestos más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas –hasta 540 euros más de media en primera matrícula– y se han concedido menos becas.

La deuda de las Universidades Públicas amenaza su funcionamiento. Recopilando datos por comunidades autónomas, asciende a 1.398,1 millones de euros. La Universidad Complutense de Madrid (UCM), por ejemplo, tiene una deuda de 143 millones de euros, cerca del 29 por ciento de un presupuesto total para 2013 de 516 millones de euros. Incluidos los pagos de los intereses de demora, la deuda supone un coste financiero anual de entre 20 y 30 millones de euros

Además, no sólo bajan los presupuestos. Es que el dinero presupuestado no llega. Por ejemplo, la Junta de Andalucía adeuda a las universidades andaluzas unos 750 millones de euros desde 2011.

Las consecuencias son desastrosas. Centenares de profesores y trabajadores de las Universidad están siendo despedidos. Como los 340 de la Politécnica de Cataluña. Y empiezan a cerrarse bibliotecas para no gastar electricidad, a eliminarse las redes wifi…

Y todo para pagar los rescates y la deuda

La Universidad sólo puede sobrevivir si se imponen otras prioridades económicas. Si de hecho se acepta el marco del rescate, el plan de estabilidad y el plan de reformas, no es posible salvar la enseñanza pública.

Hay que recordar que con el nuevo tratado de la Unión Europea, traducido en España en la reforma constitucional aprobada apresuradamente por PSOE y PP el verano de 2011, la deuda pública y sus intereses están por encima de cualquier servicio público.

En consecuencia, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 la deuda pública suma 38.589,55 millones, con un fuerte incremento del 33,8%. Y la Ley de Presupuestos para este año prevé ante estas circunstancias la emisión bruta de 207.173 millones de euros de deuda, de los que más de 150.000 millones serán para pagar vencimientos de la deuda y 48.020 millones corresponderán a las necesidades de financiación neta.

Si casi 40.000 millones de euros van a pagar intereses de la deuda a los especuladores, es lógico pensar que no hay dinero para la Enseñanza Pública, declarada un “lujo” por la reforma constitucional.

¿Hasta cuándo?

Cada día está más claro que la supervivencia del gobierno de Rajoy y Wert es la muerte de la Universidad primero, y del conjunto de la enseñanza pública después. En esta situación, los pactos de Rubalcaba con Rajoy, que ayudan a mantenerse a un gobierno odiado por la inmensa mayoría de la población, apuntalan todas las contrarreformas, incluyendo la de Wert.

Ciertamente, Rubalcaba no ha apoyado la LOMCE, y pretende hacernos creer que siguen haciendo oposición, pero de hecho toda oposición está lastrada por la renuncia, no sólo del PSOE, sino también de IU (que ha decido esperar a su hipotético crecimiento electoral en 2015), a echar al gobierno.

Salvar la enseñanza pública exige hoy una lucha clara y abierta por hacer de cada movilización una exigencia de dimisión, no sólo del ministro Wert, sino de todo el gobierno corrupto. Y para eso es necesario luchar por la unidad de todas las organizaciones de los trabajadores sobre la base de este objetivo común: echar al gobierno.