Archivo por días: 12/07/2021

Reforma de pensiones: el Gobierno cede a las presiones del capital financiero

Carta Semanal 843 en catalán

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Una vez encauzada la resolución de la pandemia, según el Gobierno, le toca el turno a la aplicación de las  recomendaciones acordadas para la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo.

Las primeras reuniones de aplicación de las reformas concluyeron el 28 de junio en medio de una gran despliegue de propaganda sobre la bondad de los acuerdos alcanzados por el Gobierno, la CEOE y la CEPYME  y los sindicatos CCOO y UGT.

Pero el futuro de esas reformas no se encuentra en las deliberaciones del Gobierno y la patronal con las direcciones sindicales. El éxito de la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo va a depender mucho de que se consiga la unidad de los pensionistas con los trabajadores activos y sindicalistas.

El Gobierno cede a las presiones del capital financiero en favor de la privatización de servicios públicos. El Estado sale en defensa del sector financiero, y precisamente un lugar central en los acuerdos del Pacto de Toledo lo ocupa la privatización, introduciendo los fondos privados de pensiones en los convenios colectivos.

La prensa da cuenta de la resistencia, destacando que el 29 de mayo es la primera vez que  las organizaciones mayoritarias de pensionistas convocan de firma unitaria movilizaciones en todos los territorios del Estado.

Los objetivos del capital financiero contra los trabajadores activos

Minutos antes de la firma del Acuerdo del diálogo social, Escrivá declaraba que la generación del baby boom “tendrá que elegir entre cobrar menos o trabajar más”, Es decir, que a pesar de la propaganda del Acuerdo, el Gobierno está en el bando de los que apuestan por los  recortes.

El ministro lanzaba así el guion de lo que en el largo proceso de diálogo social tendrá que ser el mecanismo de la mal llamada equidad intergeneracional, sustituto del factor de sostenibilidad.

La generación del baby boom la forman los nacidos desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70, un total de once millones de trabajadores ahora activos, que empezarán a jubilarse a partir de 2023. Tienen largas carreras de cotizaciones con derechos adquiridos a altas pensiones.

Es la generación que ha contribuido con importantes cotizaciones sociales al mantenimiento de las pensiones de la generación anterior y han generado fuertes superávits a la Seguridad Social. Superávits que el saqueo sistemático impidió que lucieran en las cuentas de la Seguridad Social y que, como era obligatorio, constituyeran reservas para situaciones como las que se presentan ahora.

Esta discusión se quiere ocultar ahora para facilitar la aprobación del acuerdo dejándola para una supuesta segunda parte del diálogo social, pero el ministro la airea ya. Para salvar las pensiones de los trabajadores activos actuales sin hipotecar a las generaciones futuras, es imperativa la devolución de las cotizaciones saqueadas.

El Gobierno no tiene asegurada la mayoría para aprobar el acuerdo de reforma de las pensiones

Las recomendaciones del Pacto de Toledo que, con el consenso de la nefasta política del diálogo social debían permitir al Gobierno cumplir sus acuerdos con Bruselas, fueron rechazados por un número significativo de representantes políticos en las Cortes. Porque exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social antes de plantear reformas que parten de bases y datos falsos a causa del desvío de recursos y cotizaciones de la Seguridad Social a otros menesteres propios del Ministerio de Hacienda.

Con rotundidad Jordi Salvador, diputado de ERC por Tarragona dijo: “Si se presenta el proyecto tal y como está, vamos a votar que no”. La prensa recogió el rechazo, que va aumentado día a día: “El ‘no’ de ERC al proyecto de ley de pensiones, complica su aprobación en el Congreso” (El Periódico de Cataluña, 7/7/2021).“La reforma de las pensiones de Escrivá suspende en el congreso: la mayoría de la investidura no la apoya”. (Público, 7/7/2021).

El Gobierno no tiene garantizada hoy una mayoría suficiente para aprobar en el Congreso el texto del acuerdo firmado con las patronales y las direcciones de UGT y CCOO.

La reforma troceada en fases y plazos de aplicación

Ha sido este gobierno el que ha impulsado en el Pacto de Toledo las recomendaciones precisas para una modificación profunda de la Seguridad Social, en el sentido de reducir las pensiones del sistema público de reparto y preparando la entrada del capital financiero en la gestión de parte de las prestaciones, a través de los fondos privados de pensiones. Según Escrivá el objetivo es preparar un plan que debe durar 30 años.

En la actualidad la crisis económica empuja a la banca, las aseguradoras y a todo el capital financiero a buscar servicios públicos a privatizar. El Gobierno subordinándose a los compromisos con Bruselas ha diseñado un plan en varias partes. Pero, aunque se presente fragmentado, el plan es único y su fin es cambiar el modelo.

Las medidas del primer paquete, que deberán entrar en vigor a primeros de 2022 pretenden aparecer solo como corrección de las reformas de Rajoy, para lo que destaca la revalorización por el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad. Pero al no explicarse en qué consiste el mecanismo por el que se le sustituirá, siembran incertidumbre que se añade a la creada por el propio Escrivá al poner el foco sobre los de nuevos pensionistas de la generación baby boom, hoy trabajadores activos.

 Los contenidos del Acuerdo

– Se aprueba la revalorización de las pensiones según el IPC

– Se deroga el factor de sostenibilidad de las pensiones introducido por Rajoy en 2013 a sustituir por un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional”. Este mecanismo se negociará antes del 14 de noviembre en el diálogo social y consiste en un “conjunto de parámetros del sistema”, basado en la reforma de pensiones de 2011, para conseguir “de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”.

– Se incentiva la jubilación demorada con una exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, al tiempo que se ofrecen incentivos en metálico de hasta 12.000 euros o el aumento de hasta el 4% adicional a la pensión.

– Se limita la capacidad de los nuevos convenios colectivos para acordar la jubilación forzosa.

– Se mantiene el grueso de las penalizaciones sobre la jubilación anticipada, desatendiendo la reivindicación de eliminarlas en casos de trabajadores con largas carreras contributivas.

– Se dispone la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, de la que en seis meses el Gobierno presentará un Proyecto de Ley.

– Se hacen precisiones, que son exigencias de los pensionistas y algunos sindicatos, sobre la aplicación del artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, y, además, en concreto del 109.2 que obliga al Estado a hacer transferencias a la Seguridad Social ante la eventualidad de insuficiencia de las cotizaciones. Pero dada la historia de incumplimientos las garantías son insuficientes.

Este primer bloque del proceso de reforma de las pensiones que se ha iniciado contiene medidas, como la revalorización de pensiones según el IPC, que ya se aplicaban, así como otras que suponen reconocimiento de derechos (viudedad de parejas de hecho, cotización de becarios, convenios especiales de familiares). Pero estas medidas no compensan la confirmación que se hace de la reforma de 2011, que elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, endureció la jubilación anticipada, y anunció el factor de sostenibilidad. Tampoco compensa el silencio sobre la insuficiencia de las pensiones mínimas. Por tanto, no se puede hablar de luces y sombras, ya que, pese a algunos guiños comparativamente menores, lo sustantivo del acuerdo es contrario a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, que recogen el interés del conjunto de la clase obrera.

Además, no se precisa el contenido de las grandes medidas que se anuncian, como el “mecanismo de equidad intergeneracional”, las precisiones sobre la aplicación del artículo 109.2 de la LGSS o la propuesta de crear una agencia, de modo que se crea incertidumbre y rechazo.

Se supone que en el segundo bloque de los trabajos, además de atender el desarrollo de las medidas anunciadas en la primera fase, deben abordarse las grandes reformas que necesita el capital financiero y decidir el camino que se tomará para incrementar nuevos recursos:

  • El desarrollo de la recomendación 15 del Pacto de Toledo sobre la implantación de un sistema de previsión social complementaria con fondos privados de pensiones gestionados por los bancos y aseguradoras.
  • El destope de las bases de cotización
  • El aumento del periodo de cómputo para la determinación de las bases
  • Y toda una serie de ajustes necesarios para cumplir con la obligación de que el Estado asuma la falsa deuda que figura en las cuentas de la Seguridad Social y asuma la obligación de hacer los ajustes precisos para que en las cuentas de la Seguridad Social desaparezcan déficits inflados con obligaciones que son del Estado.

La movilización del 16 de octubre ante las Cortes

Frente a la aceptación generalizada a las manipulaciones contables de las cuentas públicas por parte de los gobiernos, la propuesta de una auditoria que establezca la verdad es una propuesta positiva y democrática.

Se trata de una iniciativa abierta y unitaria en la que participan pensionistas, trabajadores, diputados de ocho organizaciones diferentes, sindicalistas y jóvenes. Cuentan con cientos de miles de firmas individuales, centenares de mociones de ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así como pronunciamientos sindicales de CCOO y UGT. A destacar que el 43 Congreso Confederal de UGT y el Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT aprobaron mociones pro auditoría.

La ofensiva del capital financiero que los ministros Escrivá y Calviño trasladan a la escena política contra las conquistas de la clase obrera va afirmando a los militantes y activistas en la necesidad de organizar la resistencia y hacer aliados.

Tiene un largo recorrido la iniciativa de una concentración ante las Cortes el 16 de octubre en defensa del sistema público de pensiones, por la clarificación y limpieza de las cuentas públicas, por una auditoría para determinar los importes saqueados a las cotizaciones sociales y la necesidad de que se repongan esos recursos a la caja única de la Seguridad Social. Esa acción de los pensionistas plantea la necesaria discusión sobre las formas de ayudar a encontrar una salida política a la lucha por las reivindicaciones.

Reforma de pensions: el Govern cedeix a les pressions del capital financer

Carta Setmanal 843 per descarregar en PDF

Un cop encarrilada la resolució de la pandèmia, segons el Govern, li toca el torn a l’aplicació de les recomanacions acordades per la reforma de les pensions en el Pacte de Toledo.

Les primeres reunions d’aplicació de les reformes van concloure el 28 de juny enmig d’una gran desplegament de propaganda sobre la bondat dels acords assolits pel Govern, la CEOE i la CEPYME i els sindicats CCOO i UGT.

Però el futur d’aquestes reformes no es troba en les deliberacions del Govern i la patronal amb les direccions sindicals. L’èxit de l’aplicació de les recomanacions del Pacte de Toledo dependrà molt que s’aconsegueixi la unitat dels pensionistes amb els treballadors actius i sindicalistes.

El Govern cedeix a les pressions del capital financer a favor de la privatització de serveis públics. L’Estat surt en defensa del sector financer, i precisament un lloc central en els acords del Pacte de Toledo l’ocupa la privatització, introduint els fons privats de pensions en els convenis col·lectius.

La premsa dóna compte de la resistència, destacant que el 29 de maig és la primera vegada que les organitzacions majoritàries de pensionistes convoquen, amb signatura unitària, mobilitzacions a tots els territoris de l’Estat.

Els objectius del capital financer contra els treballadors actius

Minuts abans de la signatura de l’Acord del diàleg social, Escrivà declarava que la generació del baby boom “haurà de triar entre cobrar menys o treballar més”, És a dir, que tot i la propaganda de l’Acord, el Govern està en el bàndol de els que aposten per les retallades.

El ministre llançava així el guió del que en el llarg procés de diàleg social haurà de ser el mecanisme de la mal anomenada equitat intergeneracional, substitut del factor de sostenibilitat.

La generació del baby boom la formen els nascuts des de finals dels anys 50 fins a mitjans dels 70, un total d’onze milions de treballadors ara actius, que començaran a jubilar-se a partir de 2023. Tenen llargues carreres de cotitzacions amb drets adquirits amb altes pensions.

És la generació que ha contribuït amb importants cotitzacions socials al manteniment de les pensions de la generació anterior i han generat forts superàvits a la Seguretat Social. Superàvits que el saqueig sistemàtic va impedir que lluïssin en els comptes de la Seguretat Social i que, com era obligatori, constituïssin reserves per a situacions com les que es presenten ara.

Aquesta discussió es vol amagar ara per facilitar l’aprovació l’acord deixant-la per una suposada segona part del diàleg social, però el ministre la aireja ja. Per salvar les pensions dels treballadors actius actuals sense hipotecar a les generacions futures, és imperativa la devolució de les cotitzacions saquejades.

El Govern no té assegurada la majoria per aprovar l’acord de reforma de les pensions

Les recomanacions del Pacte de Toledo que, amb el consens de la nefasta política del diàleg social havien de permetre al Govern complir els seus acords amb Brussel·les, van ser rebutjats per un nombre significatiu de representants polítics a les Corts. Perquè exigeixen una auditoria dels comptes de la Seguretat Social abans de plantejar reformes que parteixen de bases i dades falses a causa de la desviació de recursos i cotitzacions de la Seguretat Social a altres menesters propis del Ministeri d’Hisenda.

Amb rotunditat Jordi Salvador, diputat d’ERC per Tarragona va dir: “Si es presenta el projecte tal com està, anem a votar que no“. La premsa va recollir el rebuig, que va augmentant dia a dia: “El ‘no’ d’ERC al projecte de llei de pensions, complica la seva aprovació al Congrés” (El Periódico de Catalunya, 2021.07.07). “La reforma de les pensions d’Escrivá suspèn al congrés: la majoria de la investidura no la recolza “. (Públic, 2021.07.07).

El Govern no té garantida avui una majoria suficient per aprovar al Congrés el text de l’acord signat amb les patronals i les direccions d’UGT i CCOO.

La reforma trossejada en fases i terminis d’aplicació

Ha estat aquest govern el que ha impulsat en el Pacte de Toledo les recomanacions necessàries per a una modificació profunda de la Seguretat Social, en el sentit de reduir les pensions de sistema públic de repartiment i preparant l’entrada del capital financer en la gestió de part de les prestacions, a través dels fons privats de pensions. Segons Escrivà l’objectiu és preparar un pla que ha de durar 30 anys.

En l’actualitat la crisi econòmica empeny a la banca, les asseguradores i a tot el capital financer a cercar serveis públics a privatitzar. El Govern subordinant als compromisos amb Brussel·les ha dissenyat un pla en diverses parts. Però, encara que es presenti fragmentat, el pla és únic i el seu fi és canviar el model.

Les mesures del primer paquet, que hauran d’entrar en vigor a primers de 2022 pretenen aparèixer només com correcció de les reformes de Rajoy, per la qual cosa destaca la revaloració per l’IPC i la derogació del factor de sostenibilitat. Però a ell no explicar-se en què consisteix el mecanisme pel qual se li substituirà, sembren incertesa que s’afegeix a la creada pel propi Escrivá al posar el focus sobre els nous pensionistes de la generació baby boom, avui treballadors actius.

Els continguts de l’Acord

– S’aprova la revalorització de les pensions segons l’IPC

– Es deroga el factor de sostenibilitat de les pensions introduït per Rajoy el 2013 a substituir per un “nou mecanisme d’equitat intergeneracional”. Aquest mecanisme es negociarà abans del 14 de novembre en el diàleg social i consisteix en un “conjunt de paràmetres de sistema”, basat en la reforma de pensions del 2011, per aconseguir “de manera equilibrada l’esforç entre generacions”.

– S’incentiva la jubilació demorada amb una exempció de l’obligació de cotitzar per contingències comuns, al temps que s’ofereixen incentius en metàl·lic de fins a 12.000 euros o l’augment de fins al 4% addicional a la pensió.

– Es limita la capacitat dels nous convenis col·lectius per acordar la jubilació forçosa.

– Es manté el gruix de les penalitzacions sobre la jubilació anticipada, desatenent la reivindicació de eliminar-les en casos de treballadors amb llargues carreres contributives.

– Es disposa la creació de l’Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat Social, de la qual en sis mesos el Govern presentarà un projecte de llei.

– Es fan precisions, que són exigències dels pensionistes i alguns sindicats, sobre l’aplicació de l’article 109 de la Llei general de Seguretat Social, i, a més, en concret del 109.2 que obliga l’Estat a fer transferències a la Seguretat Social davant l’eventualitat d’insuficiència de les cotitzacions. Però donada la història d’incompliments les garanties són insuficients.

Aquest primer bloc del procés de reforma de les pensions que s’ha iniciat conté mesures, com la revalorització de pensions segons l’IPC, que ja s’aplicaven, així com altres que suposen reconeixement de drets (viduïtat de parelles de fet, cotització de becaris, convenis especials de familiars). Però aquestes mesures no compensen la confirmació que es fa de la reforma de 2011, que va elevar l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, va endurir la jubilació anticipada, i va anunciar el factor de sostenibilitat. Tampoc compensa el silenci sobre la insuficiència de les pensions mínimes. Per tant, no es pot parlar de llums i ombres, ja que, malgrat alguns gestos de complicitat comparativament menors, el substantiu de l’acord és contrari a les reivindicacions del moviment de pensionistes, que recullen l’interès del conjunt de la classe obrera.

A més, no es precisa el contingut de les grans mesures que s’anuncien, com el “mecanisme d’equitat intergeneracional”, les precisions sobre l’aplicació de l’article 109.2 de la LGSS o la proposta de crear una agència, de manera que es crea incertesa i rebuig.

Se suposa que en el segon bloc dels treballs, a més d’atendre el desenvolupament de les mesures anunciades en la primera fase, s’han d’abordar les grans reformes que necessita el capital financer i decidir el camí que s’ha de prendre per incrementar nous recursos:

– El desenvolupament de la recomanació 15 del Pacte de Toledo sobre la implantació d’un sistema de previsió social complementària amb fons privats de pensions gestionats pels bancs i asseguradores.

– El destope de les bases de cotització

– L’augment del període de còmput per a la determinació de les bases

– I tot un seguit d’ajustos necessaris per complir amb l’obligació que l’Estat assumeixi el fals deute que figura en els comptes de la Seguretat Social i assumeixi l’obligació de fer els ajustos necessaris perquè en els comptes de la Seguretat Social desapareguin dèficits inflats amb obligacions que són de l’Estat.

 La mobilització del 16 d’octubre davant les Corts

Davant l’acceptació generalitzada a les manipulacions comptables dels comptes públics per part dels governs, la proposta d’una auditoria que estableixi la veritat és una proposta positiva i democràtica.

Es tracta d’una iniciativa oberta i unitària en la qual participen pensionistes, treballadors, diputats de vuit organitzacions diferents, sindicalistes i joves. Compten amb centenars de milers de signatures individuals, centenars de mocions d’ajuntaments i parlaments autonòmics, així com pronunciaments sindicals de CCOO i UGT. A destacar que el 43 Congrés Confederal d’UGT i el Congrés de la Unió de Jubilats i Pensionistes d’UGT van aprovar mocions pro auditoria.

L’ofensiva del capital financer que els ministres Escrivà i Calviño traslladen a l’escena política contra les conquestes de la classe obrera va afirmant als militants i activistes en la necessitat d’organitzar la resistència i fer aliats.

Té un llarg recorregut la iniciativa d’una concentració davant les Corts el 16 d’octubre en defensa de sistema públic de pensions, per la clarificació i neteja dels comptes públics, per una auditoria per determinar els imports saquejats a les cotitzacions socials i la necessitat de que es reposin aquests recursos a la caixa única de la Seguretat Social. Aquesta acció dels pensionistes planteja la necessària discussió sobre les formes d’ajudar a trobar una sortida política a la lluita per les reivindicacions.