Archivo por meses: agosto 2021

Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

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Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una «mirada amplia» sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios «sin clichés» y mirando al pasado «solo lo justo y necesario», para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar «el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones».

 

 

És urgent i inajornable derogar les reformes laborals

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L’acord de govern del PSOE i UP incloïa el compromís de derogar la reforma laboral de 2012. Concretament deia el següent: «Derogarem la reforma laboral. Recuperarem els drets laborals arrabassats per la reforma laboral de 2012 «. I afegia que «En concret i amb caràcter urgent, derogarem la possibilitat d’acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia, derogarem les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-ho arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de seva vigència i fins a la negociació d’un de nou. Derogarem la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials«.

Doncs bé, el «govern progressista» es va constituir al gener de 2020, fa, per tant, 19 mesos. O, si es prefereix, gairebé 600 dies. I només la primera d’aquestes tres mesures «urgents» (l’anul·lació de l’acomiadament per malaltia, introduït en la reforma de Zapatero i agreujat en la de Rajoy) s’ha dut a terme. Nadia Calviño i Yolanda Díaz anuncien ara la «modificació» (ja no es parla de derogació) de la reforma laboral de 2012 cap a finals d’any. Si aquesta promesa es compleix, el govern trigaria 700 dies en adoptar una mesura «urgent«.

 Què impedeix la derogació de la reforma? Per descomptat, no l’aritmètica parlamentària, perquè hi hauria vots suficients per garantir el suport a la derogació. És més aviat una qüestió política: des del propi govern, Nadia Calviño s’ha oposat expressament a la derogació de la reforma, expressant així les objeccions de la Unió Europea, que defensa obertament la idoneïtat de les retallades de drets inclosos en ella. I l’oposició de la CEOE.

I, no obstant això, per a la classe treballadora la recuperació dels drets arrabassats a la reforma de 2012 (i, també, en la de 2010, imposada per Zapatero i a la qual els sindicats van respondre amb una vaga general, i que el govern es proposa mantenir) no només és una necessitat. És una necessitat urgent.

Tothom sap que, en els mesos vinents, milers d’empreses preparen acomiadaments massius. Moltes altres els estan aplicant ja. En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats que donen aquestes contrareformes laborals per al despenjament del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa), són letals per a la classe treballadora.

Per tant, és urgent la derogació íntegra de les dues reformes laborals, una exigència que fins ara han mantingut els sindicats, encara que hagin acceptat una i altra vegada els impostos pel govern, que per a molts, encobreixen la seva negativa a tocar les reformes.

Una derogació per etapes

Pel que s’ha fet públic, els «interlocutors socials» (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO i el Govern) han parlat de negociar les modificacions de l’Estatut dels Treballadors (ET) en dues etapes. I sembla que tenen discrepàncies sobre què incloure en cadascuna.

Els dirigents d’UGT i CCOO accepten en línies generals el que recull l’acord de govern i proposen tractar, en una primera fase, algunes qüestions que ja havien negociat abans de la pandèmia: eliminar els límits a la ultraactivitat dels convenis col·lectius, tornar la prioritat aplicativa als convenis sectorials, i restringir les modificacions unilaterals per part empresarial de les condicions laborals. I també, regular amb noves limitacions les cadenes de subcontractació (article 42 de l’ET), una mesura també inclosa en l’acord PSOE-UP, però no amb caràcter urgent, i sobre la qual hi va haver fins i tot un projecte de llei que va estar a punt de aprovar-se al parlament en la legislatura anterior.

Les patronals es neguen a aquesta possibilitat. Com assenyala l’informe aprovat al març de 2021 en el Consell Confederal de CCOO, la CEOE «es nega a abordar les matèries relacionades amb la subcontractació i externalització productiva i planteja que la prioritat sigui prendre mesures en contractació -mitjançant bonificacions … -, ERTES – renovació dels que caduquen el 31 de maig- i polítiques actives «.

I afegeix l’informe que «aquesta posició de CEOE ha estat replicada gairebé en els mateixos termes per la vicepresident Nadia Calviño, que sense major dissimulació ha pres posició immediata. Són perfectament conscients que abordar matèries de la complexitat de les que requereix reduir la dualitat laboral a Espanya, comporta una negociació llarga i complexa, en la qual els aspectes de reversió de la reforma laboral s’ajornarien sine die «. Aquest joc de «policia bo i policia dolent» dins del govern esgota la paciència del més pintat. La classe treballadora jutjarà el govern «progressista» pel que faci, i no pel que digui un o altre ministre o ministra. I la posició de govern, de tot el govern, ha estat dilatar les negociacions sobre derogació de la reforma laboral, amb l’excusa de la pandèmia, i de la necessitat de convèncer la CEOE, negar-se a tocar la reforma de Zapatero i només entrar a negociar la modificació d’algunes parts de la de Rajoy.

No n’hi ha prou amb retirar part de les reformes

Entre les qüestions que el govern i els sindicats han parlat de derogar falten aspectes molt importants de les reformes laborals. Per exemple, tot el referent a l’acomiadament.

Des que Felipe González va introduir els contractes temporals, ens vénen insistint amb la cantilena de la «dualitat del mercat de treball» (és a dir, de la diferència de drets entre els treballadors fixos i els temporals). Tot per anar disminuint els drets dels fixos i, especialment, la indemnització per acomiadament.

El 2001 es va crear una figura, el «contracte de foment de l’ocupació«, que rebaixava la indemnització per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat. La reforma laboral de Zapatero va ampliar els supòsits als quals s’aplicava aquesta indemnització reduïda i la de Rajoy va generalitzar la indemnització de 33 dies per a tots els contractes. Per tant, la indemnització per acomiadament l’han modificat les reformes laborals per passar de ser 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats a 33 dies per any treballat amb 24 mensualitats. Per a un treballador amb 28 anys d’antiguitat i que cobrés el salari mitjà (2.000 euros en 12 pagues), són 36.000 euros menys d’indemnització.

La reforma de Zapatero va crear també la figura de “l’acomiadament objectiu», per a empreses amb pèrdues, amb 20 dies d’indemnització per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Aquí l’estalvi per acomiadament per al patró és fabulós. Acomiadar un treballador amb 28 anys d’antiguitat li costaria 60.000 euros menys. Després la reforma de Rajoy va ampliar els supòsits en què es pot aplicar aquest acomiadament molt més barat.

Davant l’onada d’acomiadaments que ja s’ha iniciat, per a les empreses és molt important comptar amb un acomiadament el més barat possible. I que s’han d’haver sentit més que tranquil·litzats per les declaracions al respecte de la ministra de treball, Yolanda Díaz, al març passat. Segons El Periódico, «el seu full de ruta envers l’estabilitat en l’ocupació passa més per incentivar alternatives a l’acomiadament per a les empreses, més que en penalitzar en major mesura o vetar les possibilitats de l’acomiadament«. Sens dubte, els treballadors amenaçats d’acomiadament no estaran gens contents amb les intencions de la ministra.

El Nou Estatut dels Treballadors

El passat 22 de març, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, declarava davant la Comissió de Treball de Congrés dels Diputats que cal desplegar una «mirada àmplia» sobre la legislació laboral i abordar els canvis necessaris «sense clixés» i mirant al passat «només el just i necessari«, per poder modernitzar així el mercat de treball. Llavors, deuen els treballadors i treballadores renunciar a la idea de recuperar els drets que van arrencar amb la seva lluita, i que els van ser arrabassats «en el passat«? Què hi ha darrere de la proposta del Nou Estatut dels Treballadors per al segle XXI?

La «modernitat» no és l’ocupació sense drets, la precarietat de per vida, la uberització de les condicions laborals. Això és tan antic com el capitalisme del segle XIX que ens van descriure Dickens en les seves novel·les i Engels a La situació de la classe obrera a Anglaterra. I que avui aplica el capitalisme a l’Àfrica, a Xina, a Bangla Desh i en bona part d’Àsia. I que volen imposar a Europa (vegeu al respecte  l’última reforma laboral a Grècia).

Veiem a aquest respecte el que ha passat amb els riders, els treballadors de les plataformes de repartiment. La norma que acaba d’entrar en vigor, i que no fa sinó aplicar les sentències de Tribunal Suprem que els ha considerat falsos autònoms i, per tant, treballadors per compte d’altri, ha deixat fora els empleats d’altres plataformes digitals, per exigència de la CEOE, recolzada pel govern. Se’ls hi reserva, potser, unes condicions laborals «del segle XXI«?, és a dir, uberitzades?

La perspectiva d’una modernització de condicions laborals, d’un «estatut del segle XXI«, a l’empara de la Comissió Europea, amb qui el govern s’ha compromès a aquests canvis, no resulta gens favorable per als treballadors, que sens dubte reivindiquen el que van exigir amb diverses vagues generals: la recuperació dels drets que els van ser arrabassats.

Ni un dia més

Els treballadors estan farts de dilacions. Les direccions sindicals no haurien d’acceptar ni un dia més de retard. Com hem assenyalat abans, és urgent i inajornable derogar completament les dues reformes laborals.

Davant les excuses i ajornaments de govern, i l’obstruccionisme de la CEOE, no seria l’hora d’iniciar, a partir de setembre, un procés de mobilitzacions per exigir al govern la derogació de les reformes laborals? Un procés que enllaçaria amb la preparació per part de les plataformes de pensionistes d’una marxa a Madrid el 16 d’octubre per l’auditoria, quan el govern en el Consell de ministres d’aquest dimarts 24 d’agost acaba d’aprovar «el primer tram de la nova reforma del sistema de pensions «.

ESCRIVÀ, EL PACTE DE TOLEDO I  L’ACORD DEL «DIÀLEG SOCIAL» CONTRA LES CORDES

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LA MOBILITZACIÓ EN DEFENSA DE LA SEGURETAT SOCIAL POSA A ESCRIVÀ, EL PACTE DE TOLEDO I  L’ACORD DEL «DIÀLEG SOCIAL» CONTRA LES CORDES

La situació actual de la lluita per la defensa de sistema públic de pensions es troba en una cruïlla, gràcies a la forta resistència que de manera independent han organitzat les plataformes de pensionistes. L’anomenada crisi de la Seguretat Social, amb la qual es vol justificar tot tipus de retallades, és una crisi provocada per la política dels governs al servei del capital financer.

La responsabilitat de l’Estat arrenca des de la transició política, quan ja va ser objecte la Seguretat Social d’un important desmembrament d’institucions i serveis socials creats i finançats pels superàvits de les cotitzacions socials. Sigue leyendo →

ESCRIVÁ, EL PACTO DE TOLEDO Y EL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

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Carta Semanal 849 en catalán

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LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PONE A ESCRIVÁ, AL PACTO DE TOLEDO Y AL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

La situación actual de la lucha por la defensa del sistema público de pensiones se encuentra en una encrucijada, gracias a la fuerte resistencia que de forma independiente han organizado las plataformas de pensionistas. La llamada crisis de la Seguridad Social, con la que se quiere justificar todo tipo de recortes, es una crisis provocada por la política de los gobiernos al servicio del capital financiero.

La responsabilidad del Estado arranca desde la transición política, cuando ya fue objeto la Seguridad Social de una importante desmembración de instituciones y servicios sociales creados y financiados por los superávits de las cotizaciones sociales.

El Estado, que no es neutral pues está al servicio de la clase dominante, ha tejido un entramado de complicidades políticas cuyo objetivo es debilitar, dislocar, el régimen de reparto y la Seguridad Social. Acuerdos que enlazan con la Unión Europea. Las propuestas de reformas de Escrivá forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas e inserto en los planes de destrucción de conquistas sociales para toda Europa y muy especialmente del sistema de reparto basado en cotizaciones sociales, es decir, en salario diferido. Sigue leyendo →

81 años después del asesinato de Trotsky, la IV Internacional prosigue su combate

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(…) 81 años después, la IV Internacional continúa su lucha para ayudar a la clase trabajadora a plantear la cuestión del poder y poner fin al sistema de propiedad privada de los grandes medios de producción.

Winston Churchill, Primer-ministro conservador de Inglaterra, escribió más de una vez sobre   León Trotsky y deseó que tanto él como sus ideas muriesen y fueran olvidados por la Historia. Pero también se vio obligado   a reconocer que tal vez Trotsky y Lenin sobreviviesen en la Historia como los más conocidos personajes y líderes de la revolución rusa de octubre de 1917. El odio brutal del principal líder de la burguesía inglesa hacia el líder bolchevique se dirigía, en realidad, contra la revolución rusa, contra la clase obrera que osara asumir el poder, contra la revolución socialista mundial que asombraba a los capitalistas.     Ese mismo Churchill, como la mayor parte de la burguesía del mundo, elogiaba a Hitler y los nazis en los años 1930 por su capacidad para reprimir y aplastar a   la clase obrera     más poderosa de la época, la alemana.

Stalin fue más allá del odio y ordenó la ejecución de Trotsky. Todo el enorme aparato político de la Internacional Comunista, sus partidos, medios de prensa y dirigentes, y también la policía estalinista dentro y fuera de la URSS (el NKVD, la GPU) perseguirían de una manera implacable a Trotsky y a todos aquellos que se atreviesen a expresar su desacuerdo con la tiranía estalinista que se imponía. En Alemania, Stalin también ayudó a allanar el camino a Hitler dividiendo a la clase obrera alemana en 1933, impidiendo su unidad para derrotar al nazismo. El odio de la burocracia estalinista contra el revolucionario ruso – ex presidente del Soviet de Petrogrado en 1917 y creador del ejército Rojo –  tenía cómo diana a la democracia socialista y la posibilidad de una revolución en todo el mundo. Aferrada a sus privilegios cada vez mayores y a una dictadura cada vez más brutal contra la clase operaria y el pueblo soviético, la burocracia estalinista temía   a la revolución tanto como los capitalistas.

Para su gran acuerdo en defensa de la convivencia y la estabilidad con los capitalistas Stalin ofrecería el asesinato de Trotsky en 1940, pero antes buscó en plena década de los 1930 – cuando el mundo capitalista atravesaba una profunda crisis –acuerdos con la burguesía de los estados capitalistas principales. Se trataba de las políticas de colaboración de clases, o Frentes Populares, como fueron conocidas, y que, de hecho, colocaban a las organizaciones obreras en frentes controlados por los partidos de las burguesías. Esa política tuvo efectos desastrosos, por ejemplo, el de bloquear a la revolución española (1936-1939) o crear un frente con la burguesía francesa en el momento de ascenso de la lucha de clases en Francia.  La 3ª Internacional, tras capitular y no combatir al nazismo, se sometió completamente al control de los dirigentes nombrados de arriba abajo por Stalin y se convirtió en un apéndice de las maniobras diplomáticas de la política exterior de la URSS.

La Oposición de Izquierda y la IV Internacional

Tras el ascenso de Hitler en Alemania en enero de 1933, la Oposición Internacional de Izquierda pasó a defender la propuesta de construir una 4ª Internacional a partir de una orientación de frente único, llamando a la más amplia unidad de las organizaciones obreras para luchar contra el fascismo.  Las organizaciones dirigidas  por el estalinismo defienden en ese momento frentes amplios con las burguesías, que, en la práctica, en nombre de la “unidad” o de la “democracia”, obligaban y presionaban a los sindicatos, por ejemplo, a ceder en el terreno de los salarios, los derechos y las huelgas. En Brasil esa política se tradujo en la creación de la ANL (Alianza Nacional Libertadora) impulsada por el Partido Comunista (PCB) y que, al contrario de lo que decía su nombre, buscaba someter a la clase trabajadora brasileira a los objetivos de la burguesía. Em 1936 Trotsky está empeñado también en impulsar el “Movimiento por la 4ª Internacional”, tras el completo fracaso y burocratización de la III Internacional comunista que no desarrolló ninguna reacción a la derrota del movimiento obrero alemán ante el nazismo. Tras ser expulsado de Francia y de Noruega, y ser amenazado de deportación a la URSS (donde sería fusilado por Stalin), el gobierno de Lázaro Cárdenas en México ofreció asilo al viejo revolucionario ruso.  La herencia de la revolución mexicana (1910-1917) de Pancho Villa y Emiliano Zapata se hizo presente en ese gesto.

“La crisis de la humanidad se resume en la crisis de la dirección revolucionaria”

En los meses que antecederían a su muerte, Trotsky buscaba fortalecer a la recién fundada 4ª Internacional que se formara en 1938 daba sus primeros pasos. Como afirma su texto fundacional – el Programa de Transición – «la crisis de la humanidad se resume en la crisis de la dirección revolucionaria». las condiciones objetivas para la revolución socialista estaban dadas y era necesario construir una nueva dirección revolucionaria. Sin el socialismo, la humanidad estaría amenazada de ser arrastrada a la barbarie por la permanencia del capitalismo. la barbarie estaba bien próxima. la Segunda Guerra mundial (1939-1945) que mataría a decenas de millones de seres humanos en los años siguientes estaba a punto de comenzar. Trotsky señaló en sus últimas notas escritas poco antes de su asesinato:  «La Segunda Guerra Mundial pone sobre la mesa la cuestión de un cambio de régimen de manera más imperiosa y urgente que la Primera.  Es, sobre todo, una cuestión de régimen político.  Los obreros saben que la democracia naufragó en todas partes, y que el fascismo los amenaza incluso allí donde es inexistente. La burguesía de los países democráticos va, naturalmente, a utilizar este miedo al fascismo por parte de los obreros, pero, por otro lado, el fracaso de las democracias, su desmoronamiento, su dolorosa transformación en dictaduras reaccionarias, obligan a los obreros a plantearse la cuestión del poder y los hace responsable de responderla. (…). Churchill y Stalin temían las sacudidas de la conjuntura internacional y a su inestabilidad política. Temían que se repitiese lo que ocurriera al final de la Primera Guerra (1914-1918), la explosión de las masas populares y las revoluciones. Esa era la apuesta de Trotsky y de la 4ª Internacional. El estalinismo se convirtió en un auxiliar de la estabilidad internacional, a pesar de todas las apariencias en contrario. Y el final de la guerra en 1945 llevó de nuevo a millones a las calles en una ola revolucionaria anticapitalista que barrió todo el planeta. Ni Getúlio Vargas, en Brasil, escapó a ella.  Tras la destrucción final de la Internacional Comunista en 1943 y tras los acuerdos de Yalta y Postdam al final de la Segunda Guerra. La victoria contra el fascismo de Hitler y Mussolini sólo fue posible porque existió la revolución de octubre de 1917, que pudo transformar a la Rusia rural y atrasada en una potencia industrial a través de la planificación económica socialista, con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. el objetivo del aparato estalinista eliminando a Trotsky era el de liquidar todo hilo de continuidad de la Revolución de octubre de 1917, su herencia y su ejemplo. El asesinato de Trotsky ocurrió entre los días 20, cuando sufrió un atentado en su casa, y 21 de agosto, en que murió en un hospital de la ciudad de México.

81 años después, la IV Internacional prosigue su combate para ayudar a la clase a plantearse la cuestión del poder y  poner fin al sistema  de la propiedad privada de los grandes medios de producción.

Everaldo Andrade

Nacionalizar las eléctricas PARA SALVAR A LA POBLACIÓN

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Carta Semanal 848 en catalán

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El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas avivando el debate sobre el funcionamiento de este oligopolio. Efectivamente el precio del Mg/hora el viernes 13 de agosto fue de 117.29 euros. Hace exactamente un año era de 36 euros. No hay razones objetivas que expliquen esta subida. No solo supone una agresión a la población más necesitada, sino que además supone un obstáculo para la industria de este país.

Al mismo tiempo que el kilovatio se pone a precio de oro, muchos barrios obreros han sufrido continuos apagones este invierno por la falta de mantenimiento de las redes. Es el caso de muchas barriadas de Sevilla, de la Cañada Real en Madrid… A las multinacionales eléctricas no les interesa invertir en zonas de bajo consumo y donde mucha gente, que no puede pagar las facturas, se ve obligada a conectarse ilegalmente.

Hay que señalar que España fue uno de los países que más prisa se dio en privatizar las empresas públicas energéticas como parte de lo que se denomina la liberalización de la economía. El Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo del 2000 de Lisboa (1) utilizando el lenguaje grandilocuente que precede a las grandes fechorías, prometía una serie de bondades que iban a hacer a la economía de la UE la primera economía del mundo, ¡casi nada!, y además alcanzaríamos la sociedad del conocimiento, la del pleno empleo, etc.

¿Quién se podría oponer? Ahora, obviamente, se nos decía que habría que hacer algunos cambios para lograr estos objetivos. Lo que pomposamente llamaban liberalización de la econo- mía, sobre todo del sector energético, era lo fundamental. También hablaban de retrasar jubilaciones, y de otras medidas como el apoyo al sector financiero.

En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado, fue privatizada por los gobiernos de Felipe González y de Aznar. Mientras otros países se hacían los remolones en cuanto a la privatización (de hecho, una empresa estatal italiana, Enel, es propietaria del 70% de Endesa), nuestros gobiernos aceleraban como si se hubiesen creído que iba a haber pleno empleo y la mayor economía del mundo. Como suele pasar en estos casos el complemento de las privatizaciones fue la colocación de diversos dirigentes del PSOE y PP en puestos bien remunerados de los consejos de administración de las empresas eléctricas. Entre ellos Felipe González y Aznar y hasta 24 altos cargos del PSOE y PP y algunos nacionalistas.

El Estado mantiene un porcentaje en la red eléctrica (REE, un 20%), que le permite nombrar al presidente. Anteriormente Jordi Sevilla, exministro, y ahora Beatriz Corredor.

Con la privatización hicieron un negocio ruinoso, para la ciudadanía, claro. No solo se convirtió en un desastre en cuanto al servicio, sino que se encareció cada vez más el recibo de la luz y los beneficios multimillonarios pasaron a las multinacionales. La UE decía que quería acabar con el monopolio de los Estados y ha pasado al oligopolio de seis empresas para toda la UE. Y como todo lo que hacen está marcado por el caos, se da el caso de que empresas públicas de otros países en las que el Estado es mayoritario o propietario único participan en el pastel de la privatización de otros estados.

Generación, transporte, distribución y comercialización.

El mercado español se compone de cuatro fases distintas. Todo esto es un caos agravado por la privatización.

Están las empresas generadoras de energía. Bien de energías fósiles y nuclear, o las renovables. Entre las primeras, las de gas, carbón y nuclear. En las segundas las hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas.

Entre las empresas que producen energía eléctrica en España hay 3 que copan el 80% del mercado. Endesa, Iberdrola y Naturgy. Otras dos, EDP y Repsol, el 10% y luego hay hasta 600 que producen energía en pequeñas proporciones. Empresas locales, cooperativas etc.

El transporte lo ejerce en solitario la empresa Red Eléctrica. Es la encargada de recibir la energía de los distintos productores, la mete en el “depósito” estatal y de ahí lo envía a los distintos distribuidores regionales. La distribución nuevamente está en manos muy mayoritaria- mente de 5 empresas. Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, EDP y Viesgo

Una vez estas empresas llevan, cada una en una zona, la electricidad a cada punto (vivienda o empresa) entran las comercializadoras. Otra vez un galimatías de empresas, con las grandes llevándose la parte mayor del negocio y el resto que se busca un hueco a base de engañar a la gente. Para ello contratan a gente que vaya con- venciendo a los usuarios de que se cambien de comercializadora y le prometen rebajas que suelen convertirse en aumentos de precios.

El precio ¿cómo se fija?

Lo hacen de tal manera que es difícil entenderlo. Fundamentalmente es un proceso dividido en tres partes. Los impuestos, que son casi un 30% entre IVA, impuesto eléctrico, y municipal, la subasta de lo que realmente es el precio de la electricidad y que es un proceso totalmente especulativo donde las grandes empresas pueden hacer sus amaños. Como ejemplo la investigación abierta por el gobierno a Iberdrola por el vaciado de pantanos efectuados con el fin de influir en los altos precios. Y luego una parte importante se fija por otras partidas, los costes regulados, que no tienen nada que ver con el coste de la generación de la energía. Y que son cosas tan variables como compensaciones a las renovables, compensaciones a las empresas que garantizan el consumo, partidas para que no tengan pérdidas, y un montón de mamoneos. Otra vergüenza, buena parte de ella en nombre del cambio climático.

El precio final lo fija la última electricidad que entra en la red. Casualmente suele ser la más cara. Si es así pagamos las verduras, la pasta y él solomillo todo a precio de solomillo. Es fácil para las empresas multinacionales que tiene distintas centrales de combustibles fósiles y renovables, meter a última hora la que les interesa. Negocio completo. Hay que tener en cuenta que buena parte de la energía que se genera en España se hace a partir de las centrales que utilizan gas. Y en España no hay gas, así que hay que importarlo y ahí entra en juego otro factor que es el de la especulación con las materias primas.

El sistema, impuesto por la UE, ha llegado a tal nivel que países como Alemania han pedido a la UE reforme los mercados eléctricos porque se ha llegado a la barbaridad de que se generen escenarios perversos como que la rentabilidad de algunas plantas dependa únicamente de los momentos de escasez. Cuanto peor para todos, mejor para algunos.

Mintieron una vez más

Cuando señalaban que si se privatiza el sector energético tendríamos una energía más barata y mejor servicio nos engañaban conscientemente. Lo único que han conseguido es con la excusa de acabar con el monopolio estatal, crear un oligopolio europeo donde 6 empresas se llevan la mayoría del pastel y si siguen así las cosas aumentarán su presencia cada año.

En el caso español tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado, según el diario digital Público de 25 de julio de 2021, 25.977 millones de euros en un lustro con los ajustes contables y se disparan a 29.888 sin ellos, cifras a las que deberían añadirse las magras provisiones para afrontar las inversiones en renovables.

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Nacionalitzar les elèctriques PER SALVAR LA POBLACIÓ

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Carta Setmanal 848 per descarregar en PDF

El preu de la factura elèctrica ha assolit unes xi- fres escandaloses en les últimes dates avivant el debat sobre el funcionament d’aquest oligopoli. Efectivament el preu del Mg/hora el divendres 13 d’agost va ser de 117.29 euros. Fa exactament un any era de 36 euros. No hi ha raons objectives que expliquin aquesta pujada. No només suposa una agressió a la població més necessitada, sinó que a més suposa un obstacle per a la indústria d’aquest país.

Al mateix temps que el quilowatt es posa a preu d’or, molts barris obrers han patit continues apagades aquest hivern per la manca de manteniment de les xarxes. És el cas de moltes barriades de Sevilla, de la Canyada Reial a Madrid … A les multinacionals elèctriques no les interessa invertir en zones de baix consum i on molta gent, que no pot pagar les factures, es veu obligada a connectar il·legalment.

Cal assenyalar que Espanya va ser un dels països que més pressa es va donar en privatitzar les empreses públiques energètiques com a part del que s’anomena la liberalització de l’economia. El Consell Europeu de 23 i 24 de març de l’any 2000 de Lisboa (1) utilitzant el llenguatge grandiloqüent que precedeix a les grans malifetes, prometia una sèrie de bondats que anaven a fer de l’economia de la UE la primera economia de la terra, gairebé res !, i a més aconseguiríem la societat del coneixement, la de la plena ocupació, etc.

Qui es podria oposar? Ara, òbviament, se’ns deia que caldria fer alguns canvis per aconseguir aquests objectius. El que pomposament cridaven liberalització de l’economia, sobretot del sector energètic, era el fonamental. També parlaven de retardar jubilacions, i d’al- tres mesures com el suport al sector financer.

A Espanya, l’empresa estatal Endesa va arribar a tenir més d’un 40% de mercat, va ser privatitzada pels governs de Felipe González i d’Aznar. Mentre altres països es feien els ronsos pel que fa a la privatització (de fet, una empresa estatal italiana, Enel, és propietària del 70% d’Endesa), els nostres governs acceleraven com si s’haguessin cregut que hi hauria plena ocu- pació i la major economia del món. Com sol passar en aquests casos el complement de les privatitzacions va ser la col·locació de diversos dirigents del PSOE i PP a llocs ben remunerats dels consells d’administració de les empreses elèctriques. Entre ells Felipe González i Aznar i fins a 24 alts càrrecs del PSOE i PP i alguns nacionalistes

L’Estat manté un percentatge a la xarxa elèctrica (REE, un 20%), que li permet nomenar el president. Anteriorment Jordi Sevilla, exministre, i ara Beatriz Corredor

Amb la privatització van fer un negoci ruïnós, per a la ciutadania clar. No només es va convertir en un desastre pel que fa al servei, sinó que es va encarir cada vegada més el re- but de la llum i els beneficis multimilionaris van passar a les multinacionals. La UE deia que volia acabar amb el monopoli dels Estats i ha passat a l’oligopoli de sis empreses per a tota la UE. I com tot el que fan està marcat pel caos, es dóna el cas que empreses públiques d’altres països en què l’Estat és majoritari o propietari únic participen en el pastís de la privatització d’altres estats.

Generació, transport, distribució i comercialització

El mercat espanyol es compon de quatre fases diferents. Tot això és un caos agreujat per la privatització.

Hi ha les empreses generadores d’energia. Bé d’energies fòssils i nuclear, o les renovables. Entre les primeres, les de gas, carbó i nuclear. En les segones les hidroelèctriques, eòliques o fotovoltaiques.

Entre les empreses que produeixen energia elèctrica a Espanya hi ha 3 que copen el 80% del mercat. Endesa, Iberdrola i Naturgy. Dues, EDP i Repsol, el 10% i després hi ha fins a 600 que produeixen energia en petites proporcions. Empreses locals, cooperatives etc.

El transport l’exerceix en solitari l’empresa Red Elèctrica. És l’encarregada de rebre l’energia dels diferents productors, la fica en el “dipòsit” de l’Estat i d’aquí l’envia als diferents distribuïdors regionals. La distribució novament està en mans molt majoritàriament de 5 empreses: Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, EDP i Viesgo.

Un cop aquestes empreses porten, cadascuna en una zona, l’electricitat a cada punt (habitatge o empresa) entren les comercialitzadores. Una altra vegada un galimaties d’empreses, amb les grans portant-se la part més gran del negoci i la resta que es busca un forat a força d’enganyar a la gent. Per a això contracten a gent que vagi convencent als usuaris que es canviïn de comercialitzadora i li prometen rebaixes que solen convertirse en augments de preus.

El preu com es fixa?

Ho fan de tal manera que és difícil entendre-ho. Fonamentalment és un procés dividit en tres parts. Els impostos, que són gairebé un 30% entre IVA, impost elèctric, i municipal, la subhasta del que realment és el preu de l’electricitat i que és un procés totalment especulatiu on les grans empreses poden fer els seus tripijocs. Com a exemple la investigació oberta pel govern a Iberdrola pel buidatge de pantans efectuats per tal d’influir en els alts preus. I després una part important es fixa per altres partides, els costos regulats, que no tenen res a veure amb el cost de la generació de l’energia. I que són coses tan variables com compensacions a les renovables, compensacions a les empreses que garanteixen el consum, partides perquè no tinguin perdudes, i un munt de mamonejos. Una altra vergonya, bona part d’ella en nom del canvi climàtic.

El preu final el fixa l’última electricitat que entra a la xarxa. Casualment sol ser la més cara. Si és així paguem les verdures, la pasta i el filetto ta preu defilet. És fàcil pera les empreses multinacionals que tenen diferents centrals de combustibles fòssils i renovables, ficar a última hora la que els interessa. Negoci complet. Cal tenir en compte que bona part de l’energia que es genera a Espanya es fa a partir de les centrals que utilitzen gas. I a Espanya no hi ha gas, així que cal importar-lo i aquí entra en joc un altre factor que és el de l’especulació amb les matèries primeres.

El sistema, imposat per la UE, ha arribat a tal nivell que països com Alemanya han demanat a la UE reformi els mercats elèctrics perquè s’ha arribat a la barbaritat que es generin escenaris perversos com que la rendibilitat d’algunes plantes depengui únicament dels moments d’escassetat. Com pitjor per a tothom, millor per a alguns.

Van mentir un cop més

Quan assenyalaven que si es privatitza el sector energètic tindríem una energia més barata i millor servei ens enganyaven conscientment. L’únic que han aconseguit és amb l’excusa d’acabar amb el monopoli estatal, crear un oligopoli europeu on 6 empreses s’emporten la majoria del pastís i si segueixen així les coses augmentaran la seva presència cada any.

En el cas espanyol tres grans elèctriques, Endesa, Iberdrola i Naturgy, han guanyat, segons el diari digital Público de 25 de juliol de 2021, 25.977.000 d’euros en un lustre amb els ajustaments comptables i es disparen a 29.888 sense ells, xifres a les que haurien d’afegir les magres provisions per afrontar les inversions en renovables.

L’excusa ecològica

Amb l’excusa de salvar el planeta els governs de la UE no dubten a destruir empreses i encarir la factura elèctrica. Aquests països, els més rics, han creat un principi que no és el de no contaminar. És el que diuen que qui contamina paga, fixat en la cimera ‘ecològica’ de Kyoto. I d’aquesta manera es fa funcionar un mercat d’emissions, mercat especulatiu, que permet seguir funcionant a empreses pagant un cànon que cada vegada fa més difícil la supervivència. Una política que porta a la fi al tancament d’empreses amb alt consum d’energia (sector acer, tèrmiques, Alcoa …) i a traslladar les emissions a altres països amb menys controls i més necessitat econòmica. És la deslocalització d’emissions.

I mentre tanquen empreses que contaminen, donen desenes de milions per l’anomenada transició energètica que suposa ajudar les elèctriques a canviar el negoci per parcs eòlics i solars que creen també grans problemes de tot tipus amb el medi ambient

Nacionalitzar el sector elèctric o crear una empresa pública

En aquests dies ha aparegut en el debat la necessitat de crear una empresa pública que pugui fer front a les empreses privades elèctriques. Molts menys adeptes entre les organitzacions polítiques i sindicals ha tingut la proposta de nacionalització del sector elèctric.

Els que plantegen que creant una empresa pública es pot resoldre els problemes, o no coneixen la Unió Europea o simplement falten a la veritat. Per descomptat millor que hi hagi empreses públiques que privades. Com a mínim, els beneficis no aniran a especuladors. Però això no és la solució que es necessita perquè hi hagi una energia barata, neta i perquè es garanteixi el subministrament a tota la població i la continuïtat de la indústria i els llocs de treball.

Què pot fer una empresa pública? Ha de competir en les condicions que fixa la UE i accepta el govern espanyol. No posarà millors preus i per molt que pressionin no abaratirà els preus. Caldria trencar amb la UE i els seus tractats. La major part de les despeses es van en primes a les renovables i compensacions diverses a les empreses. Ara els diners que vindran de la UE a través dels anomenats PERTE, aprofundiran en la privatització i el reforçament de l’oligopoli energètic. Per això s’han dissenyat.

El govern a bufar i xuclar

El Govern es mostra escandalitzat per la pujada del preu. UP fins i tot ha amenaçat de sortir al carrer, contra el govern? Podrien solucionar tot nacionalitzant les elèctriques. No subordinant-se a la UE.

Acabar amb aquest robatori exigeix enfrontarse amb la UE, nacionalitzar el sector elèctric i posar al servei de la majoria tots els recursos energètics. Generació, distribució i comercialització d’una cosa que és tan important per a la vida de les persones i per a la indústria.

Com venim assenyalant contínuament, la Monarquia i la Unió Europea actuen com una camisa de força per impedir el desenvolupament de les forces productives, per impedir una democràcia plena i la satisfacció de les reivindicacions. La lluita per la República deixa de ser una reivindicació ideològica per esdevenir una necessitat material per acabar amb l’explotació.

(1) https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_ es.html

En una situación de emergencia, hace falta la unidad para salvar la sanidad pública

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Carta Semanal 847 en catalán

Carta Semanal 847 para descargar en PDF

Años antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.

Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.

Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.

Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?

Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.

La resistencia

Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.

La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.

¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.

Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?

Razones no faltan

Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.

En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»

La hoja de ruta del Gobierno

A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»

En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.

La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.

Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones

No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)

La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)

La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.

En una situació d’emergència, cal la unitat per salvar la sanitat pública

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Carta Setmanal 847 per descarregar en PDF

Anys abans de l’inici de la pandèmia, el deteriorament de les condicions de la sanitat pública era ja evident, les retallades i les diferents formes de pri- vatització, legalitzades per l’article únic de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió de sistema Nacional de Salut, van augmentar la massificació i van conduir a el sistema de la incapacitat per atendre adequadament a la població. Recordem que només entre 2010 i 2017 es va reduir la despesa en sanitat en més de 30.000 milions d’euros, gairebé l’equivalent a un pressupost anual sencer. Les diferents lleis, com les d’estabilitat pressupostària o la ja esmentada 15/1997, per les quals aquesta ofensiva ve desenvolupant-se, són comunament criticades per les associacions de defensa de la sanitat pública i pels sindicats, ja que aquesta política condueix a desmantellar la sanitat pública: és innega- ble la precarietat i la manca de recursos en l’atenció primària de salut, però no només; les administracions sanitàries deuen milers d’hores de festa als sanitaris.

Durant la pandèmia, els sanitaris s’han mobilitzat per incrementar plantilles i salaris; però, el Govern va respondre amb el RDL 29/2020, que imposa la mobilitat funcional i geogràfica al personal sanitari, i tracta d’impedir les mobilitzacions en nom de combatre el coronavirus, implica a les policies i l’exèrcit en el control de la població . El govern de Pedro Sánchez i els autonòmics van utilitzar a fons la pandèmia per seguir desmantellant l’assistència sanitària, introduir les consultes telefòniques i precaritzar les condicions laborals. El seu respecte a la propietat privada va mostrar la impotència del Govern per proporcionar mascaretes i bates a el personal sanitari; i sobretot, en la vacunació la dependència de les multinacionals farmacèutiques que imposen el preu de les seves vacunes (desenvolupades, en bona mesura, amb fons públics), i que ara imposen una pujada de l 25% dels seus preus.Hi ha un pla, contingut en els acords amb Brussel·les, que desmantella la sanitat pública, i que l’executen el govern central i desigualment els altres governs. No caldria un pla per mobilitzar els treballadors de el sector i a la majoria social arribant fins on calgui per defensar units la sanitat? Hi ha dirigents polítics i sindicals que s’omplen la boca amb la sanitat pública. Què estem fent, tots junts, per salvar la sanitat? Pensen alguns d’aquests dirigents que l’important és salvar el govern progressista. Però tots sabem que si la sanitat se segueix enfonsant, el govern es pot enfonsar amb ella, I els sindicats i partits que no hagin sabut defensar la sanitat pública, poden participar en aquest enfonsament.

La resistència

Les mobilitzacions continuen per reivindicacions concretes que donen el contingut a la defensa de la sanitat pública. Per exemple, al País Valencià, per la reversió a la sanitat pública dels hospitals «model Alzira», mobilitzacions en què s’ha imposat la unitat dels sanitaris i dels seus sindicats, d’associacions de defensa de la sanitat pública i de societats científiques, mobilitzacions que han aconseguit, contra la voluntat de Ximo Puig i la seva consellera de Sanitat i les pressions de la multinacional Centene, la reversió de l’hospital de Torrevieja.També a Andalusia, sindicats i plataformes de defensa de la sanitat pública es mobilitzen per la integració en el SAS de l’hospital de l’Aljarafe, per augmentar la dotació de personal i de mitjans de l’atenció primària de salut. La resposta de la població, no falla. El que no hi ha és dispositiu per defensar el sector. Seria hora que els sindicats de la sanitat i les organitzacions de defensa de la sanitat pública cridin als treballadors i a la població a la mobilització per aturar el desmantellament de la sanitat pública i, recolzant-se en la disposició i les reivindicacions dels sanitaris i de la població, es doti dels mitjans i de personal suficient. Que tornin els més de 30.000 milions arrabassats als pressupostos de la sanitat pública. Com és possible que, a Madrid, tot i la resistència general dels sanitaris i de la població, amb l’opinió contrària de partits i sindicats, s’hagi posat en marxa l’hospital Zendal, s’hagi privatitzat la vacunació covid i es pretengui tancar 41 centres de salut? Les conjuntures regionals canvien, però Díaz Ayuso està al capdavant de l’aplicació d’un mateix pla que pretén liquidar la sanitat pública a tot l’Estat. És el moment de fer un pas endavant, amb determinació, audaç. No és urgent que a cada hospital es reuneixin els treballadors de totes les categories, de qualsevol adscripció, per prendre mesures urgents amb les organitzacions i col·lectius per impedir tals atropellaments? No cal col·laborar els treballadors de cada hospital amb els centres de primària? No és hora d’organitzar la mobilització a unitat per les reivindicacions de baix a dalt i de dalt a baix? Raons no falten.

És indubtable que hi ha una contradicció flagrant entre les demandes i reivindicacions de professionals i població i la política sanitària del Govern -i de tots els governs autonòmics-, i que hi ha la consciència que les intencions de Pedro Sánchez no van en el sentit de satisfer les reivindicacions. Com reiteradament afirma, el seu objectiu, és el que defensa la Unió Europea en l’assignació dels fons next generation: la col·laboració públic-privada, és a dir la privatització. En el seu segon informe de rendició de comptes, Pedro Sánchez treia pit que «Espanya és, després de Malta, el país de la Unió Europea que té un major percentatge de la seva població completament vacunada i també ocupa un dels primers llocs a nivell mundial . »

En cartes setmanals anteriors (veure les cartes setmanals 817 i 827) s’ha exposat la subordinació de Govern a les exigències de les multinacionals farmacèutiques i el caos que ha suposat la campanya de vacunació; dir ara que les administracions sanitàries, després de finançar als laboratoris bona part de la investigació i la producció de vacunes anticovid, les estan comprant a un preu 25 vegades superior al seu cost de producció, i segueixen pujant els preus sense cap control. Deia a més Pedro Sánchez que «el Ministeri de Sanitat ja ha iniciat el 80% dels compromisos adquirits pel Govern d’Espanya per a la present legislatura.» El full de ruta del Govern

Segons el que s’ha dit, cal concloure que en aquest 80% no s’inclouen les reivindicacions per les quals es mobilitzen el personal sanitari i la població. Potser estiguin previstes en el 20% restant dels compromisos governamentals per a la sanitat. Però no, no segons la previsió feta pública per la ministra Carolina Darias sobre la inversió sanitària enviada a Brussel·les per als propers tres anys: un total de 1.069 milions d’euros, dels quals 792 (el 80% aproximadament) es destinaran a renovar equips d’alta tecnologia; la resta es dirigeix a la creació d’un gran centre de dades sanitàries (100 milions), a la «racionalització» del consum de medicaments (20 milions), a millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant de noves crisis sanitàries (143 milions) ia la formació dels professionals sanitaris (13,1 milions). Sense partida de despesa prefixada se cita com a objectiu «l’enfortiment de l’atenció primària.» Finalment, la ministra afirma que el Pla de Reconstrucció, Transformació i Resiliència també «permetrà reduir la temporalitat dels professionals i potenciar el seu desenvolupament professional», el que suposa la reforma de l’Estatut marc i un decret per millorar la formació MIR. Diu que es tracta d ‘ «una inversió de futur» i que «l’actual situació constitueix una magnífica ocasió per millorar les debilitats del SNS.» En resum, pomposament se’ns anuncia una «inversió de futur» de poc més de 300 milions anuals, que juga amb la precarietat existent però no amplia plantilles (que, amb les OPE previstes, pot suposar l’acomiadament de milers d’interins), ni incrementa les infraestructures assistencials. Que ni tan sols comença a recuperar els més de 30.000 milions retallats entre 2020 i 2017. Resultaria còmic sino estractés de la salut de la població i del sistema sanitari que ha de protegir-la. Sense deixar passar les referències a les «oportunitats» que ens ha portat la pandèmia, per implantar «millores» del tipus de les consultes telefòniques i altres barreres a l’assistència sanitària, com el tancament de consultes, per exemple. La pandèmia i les respostes donades han suposat un cop dur per a una sanitat ja tocada. La premsa denuncia la reducció intolerable de la diagnosi precoç dels càncers, l’abandó dels pacients crònics, el creixement exponencial de les llistes d’espera. Els centres de salut amb consultes i serveis tancats, amb mancances gravíssimes de personal, CCCO denunciava recentment la situació de centre de salut de Lebrija, a Sevilla, amb només 7 metges de 14, amb 5 infermers de 14 (i 2 d’ells, a temps complet vacunant). A Andalusia hi ha demores de cita en atenció primària de més de 14 dies en la majoria de centres. I lamentablement, no són exemples, és la tònica general. Després es queixen de la fugida de professionals, com si aquesta no fos una de les conseqüències de la manca de mitjans, dels baixos salaris i de la sobreexplotació.

Accions per la unitat per a la defensa de les reivindicacions

No podem sinó posar com a contrast al discurs del Govern la resolució aprovada el passat 27 de juny a la reunió de la coordinadora ampliada del CATP.

La població es mobilitza per la seva sanitat quant té ocasió. Cal un pla que uneixi les energies de treballadors i població en tot els barris, en totes les circumscripcions per defensar el Sistema de Salut. Vegem com avançar. S’ha proposat al CATP organitzar una trobada en defensa de la sanitat pública prenent com a base les lluites en curs i el manifest difós per Informació Obrera.

La secció de la IV Internacional va plantejar la discussió amb col·lectius i organitzacions per veure com ajudar a aquest combat.

Annual, 1921

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Carta Semanal 846 en catalán

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Se cumplen 100 años del llamado “desastre de Annual”, la batalla en la que los combatientes del pueblo marroquí del Rif, al mando de Abd el-Krim, derrotaron y prácticamente aniquilaron a un contingente español muy superior en número. En su Historia de la Incompetencia Militar, Geoffrey Regan explica cómo las tropas españolas sufrieron una aplastante derrota frente a unas fuerzas militares rifeñas 7 veces inferiores a las suyas.

En la gestación del desastre militar influyeron muchos factores, pero el más determinante fue, sin duda, la incompetencia de los mandos militares y la corrupción generalizada de los mismos. El diputado socialista Indalecio Prieto, enviado a Marruecos por el diario El Liberal, de Bilbao, escribía que la Comandancia militar de Melilla era “una charca pestilente formada por toda clase de inmoralidades y vicios”. Y citaba las palabras de un comerciante local intentando vender un tejido lujoso: “aquí sólo lo usan las esposas de militares del cuerpo de Intendencia”. Sigue leyendo →