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Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

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Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una “mirada amplia” sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios “sin clichés” y mirando al pasado “solo lo justo y necesario”, para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar “el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones”.

 

 

És urgent i inajornable derogar les reformes laborals

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L’acord de govern del PSOE i UP incloïa el compromís de derogar la reforma laboral de 2012. Concretament deia el següent: “Derogarem la reforma laboral. Recuperarem els drets laborals arrabassats per la reforma laboral de 2012 “. I afegia que “En concret i amb caràcter urgent, derogarem la possibilitat d’acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia, derogarem les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-ho arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de seva vigència i fins a la negociació d’un de nou. Derogarem la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials“.

Doncs bé, el “govern progressista” es va constituir al gener de 2020, fa, per tant, 19 mesos. O, si es prefereix, gairebé 600 dies. I només la primera d’aquestes tres mesures “urgents” (l’anul·lació de l’acomiadament per malaltia, introduït en la reforma de Zapatero i agreujat en la de Rajoy) s’ha dut a terme. Nadia Calviño i Yolanda Díaz anuncien ara la “modificació” (ja no es parla de derogació) de la reforma laboral de 2012 cap a finals d’any. Si aquesta promesa es compleix, el govern trigaria 700 dies en adoptar una mesura “urgent“.

 Què impedeix la derogació de la reforma? Per descomptat, no l’aritmètica parlamentària, perquè hi hauria vots suficients per garantir el suport a la derogació. És més aviat una qüestió política: des del propi govern, Nadia Calviño s’ha oposat expressament a la derogació de la reforma, expressant així les objeccions de la Unió Europea, que defensa obertament la idoneïtat de les retallades de drets inclosos en ella. I l’oposició de la CEOE.

I, no obstant això, per a la classe treballadora la recuperació dels drets arrabassats a la reforma de 2012 (i, també, en la de 2010, imposada per Zapatero i a la qual els sindicats van respondre amb una vaga general, i que el govern es proposa mantenir) no només és una necessitat. És una necessitat urgent.

Tothom sap que, en els mesos vinents, milers d’empreses preparen acomiadaments massius. Moltes altres els estan aplicant ja. En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats que donen aquestes contrareformes laborals per al despenjament del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa), són letals per a la classe treballadora.

Per tant, és urgent la derogació íntegra de les dues reformes laborals, una exigència que fins ara han mantingut els sindicats, encara que hagin acceptat una i altra vegada els impostos pel govern, que per a molts, encobreixen la seva negativa a tocar les reformes.

Una derogació per etapes

Pel que s’ha fet públic, els “interlocutors socials” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO i el Govern) han parlat de negociar les modificacions de l’Estatut dels Treballadors (ET) en dues etapes. I sembla que tenen discrepàncies sobre què incloure en cadascuna.

Els dirigents d’UGT i CCOO accepten en línies generals el que recull l’acord de govern i proposen tractar, en una primera fase, algunes qüestions que ja havien negociat abans de la pandèmia: eliminar els límits a la ultraactivitat dels convenis col·lectius, tornar la prioritat aplicativa als convenis sectorials, i restringir les modificacions unilaterals per part empresarial de les condicions laborals. I també, regular amb noves limitacions les cadenes de subcontractació (article 42 de l’ET), una mesura també inclosa en l’acord PSOE-UP, però no amb caràcter urgent, i sobre la qual hi va haver fins i tot un projecte de llei que va estar a punt de aprovar-se al parlament en la legislatura anterior.

Les patronals es neguen a aquesta possibilitat. Com assenyala l’informe aprovat al març de 2021 en el Consell Confederal de CCOO, la CEOE “es nega a abordar les matèries relacionades amb la subcontractació i externalització productiva i planteja que la prioritat sigui prendre mesures en contractació -mitjançant bonificacions … -, ERTES – renovació dels que caduquen el 31 de maig- i polítiques actives “.

I afegeix l’informe que “aquesta posició de CEOE ha estat replicada gairebé en els mateixos termes per la vicepresident Nadia Calviño, que sense major dissimulació ha pres posició immediata. Són perfectament conscients que abordar matèries de la complexitat de les que requereix reduir la dualitat laboral a Espanya, comporta una negociació llarga i complexa, en la qual els aspectes de reversió de la reforma laboral s’ajornarien sine die “. Aquest joc de “policia bo i policia dolent” dins del govern esgota la paciència del més pintat. La classe treballadora jutjarà el govern “progressista” pel que faci, i no pel que digui un o altre ministre o ministra. I la posició de govern, de tot el govern, ha estat dilatar les negociacions sobre derogació de la reforma laboral, amb l’excusa de la pandèmia, i de la necessitat de convèncer la CEOE, negar-se a tocar la reforma de Zapatero i només entrar a negociar la modificació d’algunes parts de la de Rajoy.

No n’hi ha prou amb retirar part de les reformes

Entre les qüestions que el govern i els sindicats han parlat de derogar falten aspectes molt importants de les reformes laborals. Per exemple, tot el referent a l’acomiadament.

Des que Felipe González va introduir els contractes temporals, ens vénen insistint amb la cantilena de la “dualitat del mercat de treball” (és a dir, de la diferència de drets entre els treballadors fixos i els temporals). Tot per anar disminuint els drets dels fixos i, especialment, la indemnització per acomiadament.

El 2001 es va crear una figura, el “contracte de foment de l’ocupació“, que rebaixava la indemnització per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat. La reforma laboral de Zapatero va ampliar els supòsits als quals s’aplicava aquesta indemnització reduïda i la de Rajoy va generalitzar la indemnització de 33 dies per a tots els contractes. Per tant, la indemnització per acomiadament l’han modificat les reformes laborals per passar de ser 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats a 33 dies per any treballat amb 24 mensualitats. Per a un treballador amb 28 anys d’antiguitat i que cobrés el salari mitjà (2.000 euros en 12 pagues), són 36.000 euros menys d’indemnització.

La reforma de Zapatero va crear també la figura de “l’acomiadament objectiu”, per a empreses amb pèrdues, amb 20 dies d’indemnització per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Aquí l’estalvi per acomiadament per al patró és fabulós. Acomiadar un treballador amb 28 anys d’antiguitat li costaria 60.000 euros menys. Després la reforma de Rajoy va ampliar els supòsits en què es pot aplicar aquest acomiadament molt més barat.

Davant l’onada d’acomiadaments que ja s’ha iniciat, per a les empreses és molt important comptar amb un acomiadament el més barat possible. I que s’han d’haver sentit més que tranquil·litzats per les declaracions al respecte de la ministra de treball, Yolanda Díaz, al març passat. Segons El Periódico, “el seu full de ruta envers l’estabilitat en l’ocupació passa més per incentivar alternatives a l’acomiadament per a les empreses, més que en penalitzar en major mesura o vetar les possibilitats de l’acomiadament“. Sens dubte, els treballadors amenaçats d’acomiadament no estaran gens contents amb les intencions de la ministra.

El Nou Estatut dels Treballadors

El passat 22 de març, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, declarava davant la Comissió de Treball de Congrés dels Diputats que cal desplegar una “mirada àmplia” sobre la legislació laboral i abordar els canvis necessaris “sense clixés” i mirant al passat “només el just i necessari“, per poder modernitzar així el mercat de treball. Llavors, deuen els treballadors i treballadores renunciar a la idea de recuperar els drets que van arrencar amb la seva lluita, i que els van ser arrabassats “en el passat“? Què hi ha darrere de la proposta del Nou Estatut dels Treballadors per al segle XXI?

La “modernitat” no és l’ocupació sense drets, la precarietat de per vida, la uberització de les condicions laborals. Això és tan antic com el capitalisme del segle XIX que ens van descriure Dickens en les seves novel·les i Engels a La situació de la classe obrera a Anglaterra. I que avui aplica el capitalisme a l’Àfrica, a Xina, a Bangla Desh i en bona part d’Àsia. I que volen imposar a Europa (vegeu al respecte  l’última reforma laboral a Grècia).

Veiem a aquest respecte el que ha passat amb els riders, els treballadors de les plataformes de repartiment. La norma que acaba d’entrar en vigor, i que no fa sinó aplicar les sentències de Tribunal Suprem que els ha considerat falsos autònoms i, per tant, treballadors per compte d’altri, ha deixat fora els empleats d’altres plataformes digitals, per exigència de la CEOE, recolzada pel govern. Se’ls hi reserva, potser, unes condicions laborals “del segle XXI“?, és a dir, uberitzades?

La perspectiva d’una modernització de condicions laborals, d’un “estatut del segle XXI“, a l’empara de la Comissió Europea, amb qui el govern s’ha compromès a aquests canvis, no resulta gens favorable per als treballadors, que sens dubte reivindiquen el que van exigir amb diverses vagues generals: la recuperació dels drets que els van ser arrabassats.

Ni un dia més

Els treballadors estan farts de dilacions. Les direccions sindicals no haurien d’acceptar ni un dia més de retard. Com hem assenyalat abans, és urgent i inajornable derogar completament les dues reformes laborals.

Davant les excuses i ajornaments de govern, i l’obstruccionisme de la CEOE, no seria l’hora d’iniciar, a partir de setembre, un procés de mobilitzacions per exigir al govern la derogació de les reformes laborals? Un procés que enllaçaria amb la preparació per part de les plataformes de pensionistes d’una marxa a Madrid el 16 d’octubre per l’auditoria, quan el govern en el Consell de ministres d’aquest dimarts 24 d’agost acaba d’aprovar “el primer tram de la nova reforma del sistema de pensions “.