(Publicado en la Carta Semanal 683 – ver en catalán)
El caso del barco “Aquarius” con 629 refugiados a bordo ha colocado en primera plana la tragedia de los refugiados. Los gobiernos de Italia y Malta se han negado a que desembarcara a los refugiados en alguno de sus puertos y finalmente ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, invocando “razones humanitarias”, quien ha ofrecido como destino el puerto de Valencia, mientras se utiliza como arma propagandística de algunos gobiernos autonómicos la oferta de acoger a algunos de ellos, y como arma política arrojadiza en el caso de los gobiernos que no lo hayan hecho.
Todos los gobiernos europeos, particularmente los que dirigen las instituciones europeas, como Alemania y Francia, han cerrado los ojos durante años a esta tragedia. Han destruido Libia, convertida tras la intervención militar de la OTAN en el paraíso de las mafias (ha resurgido en ese país incluso el tráfico de esclavos). Han permitido que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio, en el imperio de los traficantes y de las ONG que se declaran humanitarias. Pero, sobre todo, han cerrado los ojos hipócritamente a las causas de la emigración.
El reglamento de Dublín
La Unión Europea ha regulado la cuestión de la inmigración con el llamado “reglamento de Dublín”, un documento que ha tenido diversas versiones, siendo la de 2013 la que está actualmente vigente. En este reglamento se impone a las personas solicitantes de asilo presentar su solicitud en el primer país de la Unión al que accedan, siendo por tanto los países de primera acogida los que tenían la responsabilidad de hacerse cargo de los “refugiados” que desembarcaban en sus costas. Un reglamento que no admite excepciones, ni siquiera aunque no conozcan el idioma ni tengan afinidades culturales, o aunque tengan familiares, vecinos o comunidades de su misma nacionalidad, lengua o cultura establecidas en algún otro país de la Unión. Y que empieza por desconocer el derecho de todo refugiado a pedir auxilio donde quiera.
Adoptada esa norma que deja toda la carga sobre los países de “primera acogida”, se impone el peso de la geografía, que ha hecho que países como Italia, Grecia, y, a nivel terrestre, Hungría y otros, situados en las fronteras de la UE, cargaran con la principal responsabilidad. Alemania no tiene fronteras con países externos a la UE (salvo Suiza, a donde difícilmente van a llegar inmigrantes sin atravesar otros países) y otros países tienen situaciones semejantes, y, por tanto, el reglamento de Dublín les exonera automáticamente de la obligación de dar asilo.
En nuestro país, que sí tiene la cercanía de África en el estrecho de Gibraltar, los diferentes gobiernos de la Monarquía, de uno y otro signo, blindaron el estrecho con sistemas de radares, y los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, con los métodos “humanitarios” bien conocidos: triples vallas de seis metros de altura, barreras de concertinas que desgarran la carne de quienes intentan saltarlas, balas de goma para que se ahoguen los que intentan entrar a nado, etc. El gobierno Sánchez ha hablado retirar las concertinas y de inmediato fuentes de la Guardia Civil se han quejado, alegando que si se retiran vendrán más inmigrantes y habrá que poner más medios para frenar la avalancha que auguran.
Para compensar, en parte, este reparto desigual de la carga de acogida de los inmigrantes y refugiados, la Unión Europea estableció unas cuotas de reparto de los mismos, con una suma total de 160.000 personas a acoger (una cifra ridícula: sólo a Italia han llegado 500.000 ó 700.000 personas, según las fuentes). Pero el hecho es que de esos 160.000 pactados se ha acogido finalmente a 28.000 (un exiguo 18% de la cifra propuesta).
Según reconocía el nuevo ministro de exteriores, Josep Borrell, España está lejos de cumplir con su mínima cuota de unos pocos miles. De hecho, sólo ha recibido a un 14% de la cifra acordada. Francia, cuyo gobierno se permite dar lecciones de humanismo a todo el mundo, y, en particular, al nuevo gobierno de Italia, ni siquiera ha acogido a 6.000 (un 22% de su cuota), y ha blindado la frontera de los Alpes con Italia, con la “devolución en caliente” y falseando las documentaciones, y persiguiendo judicialmente, incluso, a los alpinistas que intentan ayudar a los refugiados.
Además de las cuotas, la UE llegó a un acuerdo con el gobierno turco, según el cual, todo refugiado que llegara a partir de ese momento a Grecia sería devuelto automáticamente a Turquía, incluso en el caso de que solicitara asilo político. De este modo, el gobierno islamista de Turquía, que goza de la impopularidad –sin duda merecida– de los medios por su política represiva, queda encargado de “acoger” a más de 3 millones de refugiados (casi todos huyendo de la guerra que devasta Siria) a cambio de la entrega de 6.000 millones de euros de la Unión Europea.
¿“Humanitarios” contra “fascistas”?
A raíz de la negativa del gobierno de Italia a permitir desembarcar en su territorio a los refugiados del Aquarius, los medios de comunicación –y muchos portavoces políticos– “progresistas” europeos han lanzado una campaña contra el “fascista” gobierno italiano y su ministro Salvini. Evidentemente, los trabajadores italianos poco tienen que ver con este ministro y sus ideas… pero hay que reconocer que éste dice algo elemental: se hace bastante cuesta arriba que Italia acoja a 700.000 inmigrantes, sin prácticamente ninguna ayuda, y, al mismo tiempo, los gobiernos francés y alemán, coreados por Juncker de la Comisión Europea, le acusen de insolidario. Pocos días después de poner verde a Salvini, el gobierno Merkel se ve dividido por una bronca entre los socios sobre la política de inmigración. En lo que parecía un eco de Salvini, Markus Söder, ministro de Interior de Baviera, de la CSU, socio de la CDU de Merkel, declaraba que “el turismo de asilo debe terminar”. Alemania no es una excepción. Todos los gobiernos que se rasgan las vestiduras como fariseos organizan la persecución a los inmigrantes, la negación de sus derechos como trabajadores.
En última instancia, hay que preguntarse una cosa. ¿Cómo pueden 5 millones de inmigrantes y refugiados, que suponen menos del 1% de la población total de la Unión Europea, desestabilizar a todo el continente? Evidentemente, la destrucción de los servicios públicos, de la protección social, de los derechos obreros, organizada por la UE con todos los gobiernos a coro, influye decisivamente en esa situación.
La política imperialista al origen de la crisis
Lo primero que hay que preguntarse es: ¿Por qué vienen cientos de miles de refugiados? Responder a esto exige preguntarse ¿quién está destruyendo Siria, como ayer Irak, Afganistán y Libia? Hay que recordar que fue la Conferencia de los autodenominados “amigos de Siria” (que incluían a Arabia Saudí, Catar, Francia, Gran Bretaña, los EE.UU.), la que decidió armar a la “oposición siria”, convirtiendo unas movilizaciones en las calles en la actual y devastadora guerra civil. Desde ese momento, se desencadenan la intervención militar, las invasiones, los bombardeos, que continúan expulsando a millones de desesperados. Hay que decirlo alto y claro: son las potencias imperialistas, entre las cuales se encuentra el Reino de España, los responsables de la “crisis siria”. Y todo por el control de los recursos energéticos y sus cauces de distribución. De entrada, el petróleo y el gas natural.
¿Y en África? Empecemos por el ejemplo de Libia. Un país que antes de 2011 tenía el PIB por habitante más elevado del continente. Sin duda su régimen no era un modelo (como tampoco lo es el del “amigo” saudí), pero la ofensiva desatada por Sarkozy y apoyada por una parte importante de los demás gobiernos europeos y Obama (en la que participó de forma destacada José Julio Rodríguez, el “general de Podemos”) no buscaba implantar la pretendida democracia, sino apoderarse del control del petróleo: el resultado es la destrucción del país, que vive una guerra civil permanente, dividido en mafias que organizan el tráfico del petróleo, así como el de seres humanos, tanto vendidos como esclavos como embarcados en los “barcos de la muerte” del Mediterráneo.
La destrucción de Libia tuvo como resultado la liberación de miles de armas que hoy se utilizan en las guerras “tribales” del Sahel, donde todos los Estados están en peligro de estallido. Al sur del Sahara, es la situación de saqueo de los países africanos por las multinacionales con la ayuda de las oligarquías locales, y de los ejércitos y milicias armados por esas mismas multinacionales, la que provoca el flujo masivo de personas refugiadas que huyen hacia Europa.
No puede solucionarse esta tragedia sin poner fin a la injerencia imperialista, sin el respeto a la soberanía de los pueblos y naciones para que puedan reapropiarse de sus riquezas. Desde el punto de vista de la democracia, somos partidarios de recuperar la reivindicación tradicional del movimiento obrero, la libertad de circulación, la equiparación de derechos de trabajadores “nativos” e inmigrantes. Por tanto, la derogación de la Ley de Extranjería y de todas las leyes europeas que impiden esta libre circulación.
Lo que es inseparable de la defensa de la soberanía de los pueblos y naciones, que supone, en primer lugar, el derecho a disponer de sus recursos naturales en beneficio del pueblo. No olvidemos que África contiene el 37 por ciento del total de los recursos naturales del mundo. Este es también el combate del movimiento obrero en nuestro país y en particular ante la situación colonial de Ceuta y Melilla. Ciudades que son espinas clavadas en la espalda del pueblo hermano de Marruecos. Y que no pueden defenderse sin muros, vallas y concertinas.