(Publicado en la Carta Semanal 676)
Hace un año, cuando el PNV pactó con el PP el apoyo a los Presupuestos de 2017 a cambio de la devolución por el Estado de 1.400 millones de euros en concepto de las desavenencias sobre el cupo de años anteriores y la rebaja de 569 millones del cupo de 2017 y 2018 respecto al de 2016 (el Cupo Vasco es el dinero que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas) y otras importantes concesiones, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, aseguraba que los temas de autogobierno no habían estado en la negociación, pero afirmaba que siempre están en la agenda del PNV, y se preguntaba: “¿si el PP confía en el PNV para temas de gestión por qué no podría hacerlo para otro tipo de asuntos?”
Uno de los asuntos a los que seguramente se refería Ortuzar era transferencia de la Seguridad Social, prevista en el Estatuto de Autonomía Vasco. Según fuentes del Gobierno, durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, los portavoces del PNV, tras el éxito de las manifestaciones de los pensionistas, han planteado asumir la gestión de la Seguridad Social en Euskadi, como también han planteado los nacionalistas catalanes en diversas ocasiones.
Urkullu, que gobierna con el PSE y el apoyo del PP en Euskadi, ha solicitado reunirse con Rajoy para obtener nuevas concesiones y que se convoque la Comisión Mixta de Transferencias durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos. Es evidente que el PNV pretende aprovechar la debilidad del Gobierno para gestionar más dinero dislocando el sistema de la Seguridad Social, incrementando todos los agravios comparativos y enfrentamientos entre gobiernos regionales.
Claro que esto no convence a todos. Ciudadanos ha advertido que “si el pacto presupuestario entre PNV y PP supone nuevos privilegios, como romper la caja única de la Seguridad Social o para los presos de ETA” no apoyarán los Presupuestos. Una señal de los desacuerdos sobre cómo afrontar la crisis del régimen monárquico ‘recentralizando’ en la línea de Aznar.
Sin embargo, en una situación tan llena de contradicciones, en la que todo bascula y las cosas pueden cambiar de un día para otro, situación no ajena a la crisis que vive la propia Unión Europea, el apoyo del PNV a los Presupuestos ha supuesto la derrota del Gobierno. Rajoy y Montoro han tenido que dar marcha atrás en las dos cuestiones fundamentales de la reforma de las pensiones de 2013: subir las pensiones según el IPC los años 2018 y 2019 y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023.
Este retroceso no supone derogar la reforma de 2013, sólo su aplazamiento hasta ver llegar tiempos mejores; sin embargo pone en cuestión el ritmo de desmantelamiento de las conquistas sociales exigidas por el capital financiero y los planes de estabilidad presupuestaria (de recortes) seguidos la última década. Hay que recordar que el factor de sostenibilidad fue exigido a Rodríguez Zapatero por el BCE para salvar el euro y que el ASE, firmado por UGT y CC OO, incorporaba su aplicación a partir de 2027.
De forma que el Gobierno pone en peligro su propia política y en cuestión su capacidad para continuar gobernando según las exigencias del capital financiero. El PNV, a su vez, para justificar su claudicación (no sólo en la supuesta defensa de los derechos nacionales), olvida sus compromisos públicos sobre el 155 y compromete el margen que tiene en el marco de la Monarquía de las autonomías, que es la negación de la soberanía de los pueblos de España. Y todos juntos tratan de apuntalar la Monarquía y los pactos de la Transición.
El pacto del PP con el PNV agrava el caos y el bloqueo de la financiación autonómica (que debió revisarse en 2007). En el momento en que el “crecimiento económico” parece agotarse y pierde fuelle, el Gobierno deberá hacer frente a sus compromisos de reducción del déficit y a sus componendas con el PNV y otros gobiernos autonómicos; pero los gobiernos autonómicos no disponen de soberanía, son subsidiarios del gobierno central y ejecutan su política de ajustes regionalmente. No hay posibilidad de resolver la asfixia de las autonomías, de atender las demandas de los gobiernos regionales. El atolladero de la financiación autonómica no tiene solución.
Y este es un factor que alienta todos los enfrentamientos interregionales. Las comunidades peor financiadas, como Valencia o Murcia, organizan acciones reivindicativas frente al Gobierno y otros amenazan con organizar lo que ha dado en llamarse un frente mediterráneo (Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía) para que las “regiones del norte no sean las únicas favorecidas”, exigen la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar el sistema de financiación autonómica. Pero lo cierto es que la autonomía financiera que proclama la Ley del Proceso Autonómico solo es para gestionar las competencias con los recursos transferidos por el Gobierno (salvo en Euskadi y Navarra), y que los recortes se han hecho insoportables en todas las autonomías, sobre todo en sanidad y educación, por la falta de personal y de recursos de todo tipo; además las inversiones del Estado en infraestructuras en las distintas autonomías sirven para crear agravios comparativos según los intereses del gobierno de turno. Y en los Presupuestos de 2018 la situación no cambia, los recortes siguen y está garantizada la resistencia de los trabajadores. No hace falta una gran visión de futuro para suponer que el régimen monárquico y su gobierno, para mantenerse, buscarán azuzar todos los enfrentamientos entre autonomías (divide y vencerás). El pacto presupuestario pretende dar un año más a este gobierno para ayudar a la reacción a organizarse. Falta ver si aguantará.
Para concluir, diremos que el mayor obstáculo para todos los recortes políticos y sociales son los trabajadores con sus organizaciones: una sola clase obrera en todo el territorio, con unas mismas conquistas (la fundamental, la Seguridad Social), con una misma aspiración a la democracia plena, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos (la República, la Unión de Repúblicas), la única que no tiene nada que perder, y sí mucho que recuperar, es la única clase social que puede dar una salida positiva a la situación defendiendo en unidad sus intereses de clase. El interés del régimen, de los gobiernos en cuartearla, en trocearla para anularla encuentra un camino abierto en la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al gobierno del PNV.
En el movimiento obrero se discute sobre la posible convocatoria de una huelga general. Lo primero que los trabajadores exigen es que las direcciones sindicales defiendan a cara de perro las reivindicaciones de los trabajadores y de la juventud, de las libertades democráticas, romper el llamado diálogo social, los acuerdos tomados en ese contexto que, como el firmado para tres años en la Función Pública, no recupera salarios ni frena los recortes que desmantelan los servicios públicos en todas las autonomías y en el Estado. Las vacilaciones de los dirigentes a este respecto, amenazan con llevar a nuestras organizaciones a una situación de dependencia del Estado y de las multinacionales que las anula como instrumento de los trabajadores. Hoy más que nunca hay que defender la independencia de nuestras organizaciones para poner fin al caos autonómico.