(Publicado en la Carta Semanal 772 – ver en catalán)

El pasado jueves 27 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó el  “techo de gasto” de los Presupuestos del Estado para 2021. Recordemos qué es ese “techo”. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), lo define así: “El límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad”. Se trata, por tanto, de un mecanismo que sirve para limitar el gasto de las Administraciones Públicas (excluyendo el pago de la deuda). Más exactamente, es uno de los instrumentos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) para garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros. Es un freno para el gasto de las Administraciones Públicas. Y es, a la vez, un mecanismo para garantizar la aplicación de las recomendaciones de déficit que propone la Unión Europea traduciendo las exigencias del capital financiero.

Ese techo, que fue  aprobado gracias a la abstención de ERC, marca sin duda un punto esencial para permitir que el gobierno Sánchez elabore los presupuestos para este año y el próximo. Pero va más allá: al mismo tiempo, esa votación supone un compromiso del PNV, BNG, ERC y Bildu de aplicar con el Gobierno los recortes que se desprendan de esa orientación, y que el Gobierno ya había comprometido en mayo con la Unión Europea.

El techo de gasto y el gasto social

Por tanto, es imprescindible caracterizar este “techo”. Y, en primer lugar, plantearse una pregunta obligada: ¿Corresponde lo aprobado a unos pretendidos presupuestos expansivos en “gasto social”, como el gobierno pretende airear? Para responder a esta pregunta es necesario recordar que en los últimos dos años se gobernaba con los presupuestos del Estado de Rajoy prorrogados. En el año 2018 el acuerdo PSOE/Podemos planteaba un aumento de los gastos sociales que el capital financiero por vía de la Comisión Europea rechazó. En acatamiento a ese rechazo de Bruselas, posteriormente la previsión de gastos se adecuó a esta posición.

Por tanto, es obligatorio concluir que un aumento mínimo sobre presupuestos no actualizados desde hace dos años, no es, precisamente, la apertura de un marco presupuestario expansivo como el que sería necesario para recuperar el gasto social, aumentar el gasto en Sanidad al 7% del PIB, el de educación al 5% del PIB, recuperar los recortes en la Dependencia, recuperar las inversiones públicas y el mantenimiento de las infraestructuras. Buena parte de estas cuestiones que acabamos de explicar son compromisos del gobierno… y necesidades acuciantes de la población y de la propia economía productiva.

Además, el capital financiero aprieta a seguir recortando, y las instituciones que le sirven actúan en este sentido. Como en el informe que también este jueves 27 publicó la Comisión Europea, en el cual se muestra la “preocupación” por las pensiones. Lo que preocupa a los comisarios de Bruselas es que se aumenten según el IPC, como este año, pero, en particular, reclaman que se mantenga a toda costa el “factor de sostenibilidad” incluido en la reforma de pensiones de 2013. Factor que supone la “adecuación” de la cuantía de la pensión a la previsión de vida (es decir, rebajar la pensión para repartir su suma total entre más años si la esperanza de vida aumenta). En paralelo, el mismo día, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que hace falta algún tipo de sostenibilidad y cifraba en particular el ahorro en medidas para que se cumpla el ASE del 2011 que lleva la edad efectiva de jubilación a los 67 años. No en vano el ministro era antes presidente de la Airef, cargo para el que le había nombrado Rajoy en 2014. Veremos lo que concreta o añade en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo de este jueves. Pues, según ha dicho, “la nueva ley se aprobará cuando el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo”.

La referencia al Pacto de Toledo no es superflua. Para imponer un nuevo recorte en las pensiones, el Gobierno es consciente de que es imprescindible un acuerdo con las organizaciones. Por tanto, hay que implicar a todos los partidos que hablan en nombre de la población trabajadora, a los sindicatos e incluso -habrá que ver cómo lo intentan- a la COESPE.

El Gobierno encuentra dificultades en la aplicación del acuerdo sobre  la transferencia “de la gestión económica de la Seguridad Social al Gobierno Vasco”. La oposición recorre las filas de las organizaciones –en particular las más afines al Gobierno- por una razón muy sencilla, la lógica de esa transferencia es la ruptura de la Caja Única y con ello se cuestiona la razón de ser misma de los sindicatos de clase en todo el Estado (como hacen si aceptan la Reforma Laboral).

Al mismo tiempo se acumulan los elementos de un estallido social:

La asamblea de la COESPE de mediados de marzo puede decidir una campaña masiva en todo el Estado cuestionando el Pacto de Toledo.

El sector del automóvil y de la aeronáutica están en vísperas de una reestructuración salvaje y la resistencia ha empezado.

Los agricultores, a pesar de las manipulaciones de los grandes propietarios, no pueden contentarse con el decreto ley que pretende adecuar los precios de compra a los costes de producción (veremos si el resultado no es que las grandes distribuidoras, obligadas a comprar aquí a un precio mínimo, no deciden desviar todas las compras que puedan a Marruecos, Túnez, etc) …

Un largo etcétera de conflictos jalona el país.

Y en Cataluña la “mesa de diálogo”, constreñida al marco de la Constitución de la Monarquía, que impide  ejercer el derecho a decidir de los pueblos, marea la perdiz sumándole la aplicación de los terceros grados a los presos, que en los hechos es un “reconocimiento de delito” por parte de las organizaciones.

La revista estadounidense sobre política internacional Foreign Policy dice que el rey exigió en el Consejo de Ministros del martes 18, que el respeto a la Constitución era innegociable en relación con Cataluña… pero los derechos de los pueblos no caben en la Constitución del 78, haga lo que haga la dirección de ERC o del PDeCAT… aunque al fin y al cabo dejar adoptar el techo de gasto es coherente con los presupuestos que Aragonés presentó en el Parlament, con el apoyo de los Comunes, unos presupuestos que no llegan ni recuperar el nivel de gasto de 2010 (ver artículo al respecto en el IO 345).

Hay que concluir que las reivindicaciones pendientes tienen difícil cabida bajo este techo de gasto que prefigura los presupuestos. Los combates en curso señalan esta contradicción, ya que, para conseguir sus objetivos, no pueden subordinarse al corsé impuesto por el capital financiero.