(Publicado en la Carta Semanal 764 – ver en catalán)
El pasado martes, el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometía respetar y hacer respetar la Constitución del 78 ante el Rey. Algunos nos dirán que es un mero acto formal, pero no lo es. Es un recordatorio de que, en este país, las leyes se promulgan en nombre del rey y la justicia -por llamarla de alguna manera- se ejerce en nombre del rey. Colocado al frente del Estado por voluntad del dictador Franco, que nombró a su padre su heredero tras asegurarse de que le educaba en los “principios fundamentales del Movimiento Nacional”, el rey es el jefe del aparato de Estado, al que, el 3 de octubre de 2017, llamó a poner todas sus fuerzas en la persecución de los republicanos catalanes, tarea en la que siguen empeñados (véase las recientes resoluciones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo).
Una situación de confrontación abierta
Paralelamente a su toma de posesión, Sánchez decidió atrasar la formación efectiva de gobierno a la semana próxima.
Sin duda alguna la violencia verbal por parte de los partidos franquistas en la sesión de investidura, jugó en el sentido de dotarse de un gobierno con los dirigentes más avezados (más aún visto el resultado de las decisiones anteriores de buscar “caras nuevas”, cuyos antecedentes le estallan en las manos a los tres días de ser designados) …
Sin embargo, lo importante es lo que reflejan las formas de la violencia del debate. Tirando de hemeroteca es fácil establecer un paralelo entre los discursos e insultos de la derecha hoy con las proclamas protofascistas de Gil Robles y sus secuaces en los meses posteriores a la victoria del Frente Popular en febrero del 36.
Pero no estamos en las mismas circunstancias, a pesar que incluso asistimos a llamamientos al golpe de Estado por parte de antiguos altos responsables militares. Es verdad, la derecha no ha cambiado. Defensora de privilegios seculares y al servicio del capital financiero, no está dispuesta a la más mínima concesión. Lo ha dicho claramente Pablo Casado, presidente del PP: le va a negar el pan y la sal al nuevo gobierno, no va a aceptar ningún “pacto de Estado”, y ni siquiera está dispuesto a renovar los pactos de Estado sobre el poder judicial. Esta última cuestión es importante, porque el PP va a necesitar seguir manteniendo la mayoría que le permite controlar el Consejo del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Constitucional para su táctica de palos en las ruedas a cualquier cambio que no guste al aparato de estado franquista al que representa y al capital financiero al que sirve. Recordemos que Casado ha anunciado que utilizará todos los medios, incluyendo la “vía judicial”, para oponerse a las eventuales medidas que adopte el nuevo gobierno.
Estamos por tanto entrando en un periodo extremadamente bronco de la vida política en nuestro país. Periodo en que la clase obrera, sus organizaciones, los militantes de vanguardia no pueden pasar por alto y necesitan tomar una actitud firme.
En todo caso, la mejor forma de oponerse a las derechas es la movilización de los trabajadores, la juventud, los pueblos, las mujeres, por las reivindicaciones. Y no abandonar esas reivindicaciones por el espantapájaros de “que viene el coco” de la ultraderecha. Qué duda cabe de que un gobierno que dé satisfacción a las demandas populares se aseguraría un apoyo masivo contra cualquier ofensiva de la reacción. Para la clase trabajadora hay un peligro mucho más inminente y real, la sumisión de Pedro Sánchez y su gobierno a la Monarquía y a la “justicia” franquistas.
El ataque de la derecha…
Hay que señalar una cuestión: el ataque de la derecha, por furibundo que sea, no hace de este gobierno ni progresista en sí, ni defensor de los derechos de los trabajadores y los pueblos. A este respecto, como dice el refrán “por los hechos los conoceréis”, y el programa anunciado, si bien recoge algunas de las medidas que vienen demandando los trabajadores y sus organizaciones, las recoge de manera limitada, y está bien lejos de responder al conjunto de necesidades y reivindicaciones de la mayoría social.
El compromiso de respetar la estabilidad presupuestaria supone un obstáculo insalvable para la posible satisfacción de buena parte de las reivindicaciones, la señora Calviño es guardiana de ese escollo, pero eso no lo resuelve la ministra Montero ni ninguna otra que acepte ese imperativo en lugar de buscar cómo romperlo. El “Plan Presupuestario 2020”, presentado el gobierno saliente a la Unión Europea el 15-10-2019, se compromete a un “ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB” (que supone más de 8.000 millones de euros), y el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista. Y Unidas Podemos dice en su página 44 que “el Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”.
Evidentemente para los trabajadores, la juventud, los demócratas en general, son inadmisibles los ataques virulentos de la derecha y sus intentos de deslegitimar al gobierno. Unos ataques que demuestran la verdadera calaña de estos partidos y los intereses que defienden.
… y cómo hacerle frente
Ante esta situación, una cuestión de una importancia vital se plantea en el seno de la clase obrera, de los pueblos, de los sindicatos, de las organizaciones democráticas: ¿cómo hacer frente a la “derecha” y la “ultraderecha” franquistas? A esta cuestión, tenemos que responder que sólo hay una salida: apoyarse en la clase trabajadora, la juventud, y los pueblos. Conseguir y mantener ese apoyo exige responder a las reivindicaciones más sentidas, y de inmediato.
Todo el mundo las conoce:
- Derogación de las dos reformas laborales, recuperación de derechos
- Derogación de las reformas de pensiones
- Derogación de la LOMCE
- Derogación de la Ley mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal
- Poner fin a todos los recortes en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la inversión pública
- Devolver a los empleados públicos su poder adquisitivo y sus derechos…
A este respecto, entendemos que en otros momentos las “súplicas” para retomar el diálogo social, las mesas de diálogo, el Pacto de Toledo, han hecho mucho daño, empezando por servir para paralizar a los trabajadores y para asociar a las organizaciones a políticas que no representan los intereses de sus afiliados y del conjunto de la clase trabajadora. Pero ahora, cuando la patronal hace bandera del diálogo social, para aprovechar que el Gobierno puede subordinar cualquier reforma en el ámbito laboral al veto de la patronal en ese ámbito, sería más suicida que antes.
Hoy la UGT de Catalunya exige el indulto de Dolors Bassa. El secretario general de CCOO de Cataluña pedía hace un mes un acuerdo político en España “a corto plazo” que permita la puesta en libertad de los líderes independentistas encarcelados, y se pronunciaba por fórmulas como la amnistía o el indulto. Una exigencia que debe asumir todo el movimiento obrero.
Una contradicción insalvable
Hay que señalar que para Podemos, y más aún para Izquierda Unida, la entrada en el gobierno supone aceptar -y aplicar desde el gobierno- muchas cuestiones contrarias al programa que hasta ahora han defendido: la Unión Europea, la OTAN, el artículo 135 de la Constitución y todo lo que tiene que ver con austeridad y “estabilidad presupuestaria” … Pero más allá de esto, hay una contradicción que afecta al conjunto del gobierno. Del mismo modo que la sumisión a la Unión Europea y la OTAN suponen obstáculos para una política independiente y favorable a los intereses de la clase trabajadora, más allá de los detalles, subyace una contradicción insalvable, que nadie se llame a engaño. Responder positivamente a las reivindicaciones sociales, al derecho de los pueblos, es contradictorio con respetar la Constitución. Los diputados que prometen ese respeto con salvedades, buscan una salida, y también lo hicieron las promesas de reformar la Constitución. Ahora bien, lo que vale en ese terreno es organizar la acción de los trabajadores y sus organizaciones por sus reivindicaciones sin respetar las barreras interpuestas por una norma que erige al rey como valedero supremo defensor de las instituciones heredadas y de los beneficios del gran capital, y que niega toda posibilidad de una salida democrática a la exigencia de los pueblos de decidir por sí mismos.
Todo avance que se dé en el camino de dar respuestas positivas a esta cuestión enfrentará al gobierno con el Régimen, se encontrará con toda clase de presiones desde el ejército y los cuerpos policiales y con el obstáculo del “poder judicial” heredado del franquismo. Sin duda, los trabajadores y sus organizaciones han de defender los derechos sin cortapisas, y al igual los pueblos de entrada el catalán, que justamente exige democracia, derecho a decidir y libertad de los presos. Y aquí, la piedra de toque es, hoy, la cuestión de los presos. Los dirigentes de los sindicatos de Cataluña piden abiertamente el indulto. La respuesta a esta cuestión es la clave del momento inmediato.
Esa contradicción entre las exigencias de trabajadores y pueblos y el marco al que se somete, resume la contradicción a que se enfrenta el “gobierno progresista”. De cómo la resuelva va a depender su futuro.