(Publicado en la Carta Semanal 609)
Según el gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen, 2017 es el año decisivo. Septiembre era la fecha límite en la que además, debía acabarse la legislatura diseñada en la hoja de ruta de 18 meses anunciada por Puigdemont en el momento de su investidura en enero de 2016. Sin embargo, a medida que pasan los días y se acerca el gran momento, crece la incertidumbre entre la ciudadanía y aumentan los golpes de timón de los supuestos “soberanistas”. O referéndum o referéndum decía no hace mucho el presidente Puigdemont, intentando aplacar a sus socios de ERC y la CUP, ante cualquier signo de flaqueza que pudiera ofrecer aquél, y queriendo mostrar de esta manera su determinación a realizar un referéndum tanto si era acordado con el Estado, como si no. No obstante, en los últimos días del pasado mes de diciembre se produjo el enésimo giro. El gobierno de la Generalitat proponía transformar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum, una modificación que representa más que una cuestión semántica.
En el centenario de la Revolución Rusa, 2017 puede convertirse ciertamente en el año en el que muchas cosas cambien. Que el cambio sea favorable a los intereses de la clase obrera y de los pueblos del Estado español depende también de que se imponga una salida democrática.
Si alguna cosa ha podido quedar clara en los últimos años es ésta: el régimen constitucional monárquico es incompatible con la democracia, con los derechos de los pueblos. A pesar de las interpretaciones generosísimas e interesadas en defender la idea de que al amparo de la Constitución (artículo 92), podría celebrarse incluso el referéndum que se pide desde Cataluña, lo cierto es que el texto constitucional consagra la “unidad de la patria” como criterio rector. Por otro lado, diversas instancias jurisdiccionales (Tribunal Constitucional, etc.) se encargan de recordarlo continuamente.
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Tras la caída del muro de Berlín y la voladura de los Estados Obreros del Este de Europa, provocada desde el interior por la propia burocracia que usurpaba el poder de la clase trabajadora, los defensores del capitalismo decretaron “el fin de la historia”, y nos prometieron el mejor de los mundos bajo el capitalismo triunfador. La burocracia estalinista agencia del imperialismo en el estado obrero degenerado actuó para destruir las conquistas de octubre, como planteaba ya en 1934 Trotsky en La Revolución Traicionada: o revolución política o restauración del capital. Pero esto no significó ni el “fin de la historia» ni la regeneración del capitalismo. Al contrario, éste, para poder sobrevivir, sometido a una crisis orgánica galopante se ve obligado a destruir todo lo que la lucha de clases consiguió.
