Carta Semanal 839 en catalán

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Inmediatamente después de conocerse la intención del Gobierno de iniciar los trámites para la concesión del indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por el Tribunal Supremo a más de 100 años de prisión, la derecha franquista de este país apoyada en el aparato judicial de inequívoco aroma franquista, ha abierto la caja de los truenos y ha lanzado una campaña en contra. Esta campaña ha sido apoyada abiertamente en un primer momento por el clan de Felipe González en el PSOE. La reacción de unos y otros pone en evidencia lo que tantas veces hemos explicado: la incompatibilidad entre el régimen monárquico y cualquier medida que tenga que ver con la democracia.

El aparato judicial franquista, contrario a cualquier solución política

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Supremo  (que había condenado a los presos y tenía que informar sobre posible indulto) envió al Ministerio de Justicia un informe contrario a la concesión del indulto, posibilidad que consideró “inaceptable”, llegando incluso a acusar veladamente al Gobierno de querer cambiar una resolución judicial. El argumento utilizado era que los condenados no habían mostrado arrepentimiento. Un argumento falaz por cuanto en 1993 el mismo Tribunal Supremo emitió un informe favorable a la concesión del indulto al exteniente coronel Tejero, a pesar de que no había dado muestras de arrepentimiento. En aquel momento,  ese mismo tribunal justificó su posición en aras de contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado” y en aras también de la “conveniencia pública”, uno de los criterios que utilizan los gobiernos para conceder o no indultos.

Que la justicia tiene dos varas de medir según los casos, es algo ampliamente acreditado, aunque la desfachatez con la que se aplica nunca deja de sorprender. Conviene señalar igualmente el cinismo que destila el informe emitido por los seis miembros del Tribunal Supremo para oponerse a una eventual amnistía porque en su opinión “y en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Claro está, no se refieren al Reino de España, y a la Ley de Amnistía de 1977.

El posicionamiento del TS es la constatación de que una parte substancial del aparato de Estado,  siguiendo la estela del Rey [baste recordar el discurso del rey el  3 de octubre de 2017, después del referéndum catalán, llamando a lanzar toda las fuerzas de Estado contra los que había osado organizar un referéndum] son partidarios de continuar la guerra judicial contra los presos republicanos y los casi 3.000 encausados por el “procés”.

Este enfrentamiento del aparato franquista con el Gobierno sube de punto con la acusación expresa primero de Casado y luego, más acerba, por parte de Ayuso, exigiendo que el rey no firme los indultos como le corresponde hacer. El informe del Supremo lo presenta Lesmes, compinche del Borbón en el ataque al Gobierno de hace pocos meses, y ahora… amagan un golpe de Estado.

Resumiendo, lo substanciai del aparato de Estado heredado del franquismo es enemigo acérrimo de las libertades y derechos.

Oportunidad versus oportunismo

Ante la campaña desatada por la derecha franquista y todos los medios afines, por otro lado previsible, el gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado reafirmando el indulto, dentro de la ley, pero negando la posibilidad de una amnistía y del ejercicio del derecho de autodeterminación. Seamos claros, para resolver la cuestión catalana solo ejerciendo estos derechos puede abrirse una vía democrática.

Sin embargo, sea como fuere, y en el caso de que los presos sean indultados y se acabe revisando el delito de sedición, eso podría ser un punto de apoyo para esta salida democrática. Hasta ahora el gobierno del PSOE-UP ha aparecido ante los ojos de muchos trabajadores que vieron con esperanza su constitución a principios de 2020, como un gobierno sometido al capital financiero y el régimen monárquico. Como un gobierno que no ha derogado las reformas laborales –ni tan siquiera los aspectos más lesivos como decían algunos–, ni la ley mordaza (un compromiso electoral), y con respecto a las pensiones, todo lo que se conoce, indica que va a plegarse a las presiones de Bruselas, aunque el ministro Escrivá no se atreva por el momento a hacerlo.

Mientras, los mismos sectores que iniciaron la campaña en 2006 contra el Estatuto aprobado por el parlamento catalán y ratificado por las Cortes, recogen firmas contra el indulto. La derecha franquista de toda la vida (la antigua y la moderna) se organiza y atiza el enfrentamiento, aunque algunos sectores del PP vean la táctica de Casado suicida y no han querido acudir a la manifestación de este 13 de junio.

El gobierno del PSOE-UP muestra que esta medida está solo destinada a mantener una mayoría parlamentaria precaria.

Por su parte, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han dado a conocer un comunicado en el que manifestaban su apoyo a que el Gobierno indulte a los presos, medida que consideran “imprescindi­ble” para “recuperar el diálogo y la negociación”.

Evidentemente, somos partidarios de la libertad incondicional de los presos, y de una amnistía, porque ejercer el derecho democrático de organizar un referéndum no solo no es delito en democracia, sino que es un acto de voluntad democrática.

Somos partidarios de la unión fraternal entre trabajadores y pueblos del Estado español. Por ello, no apoyamos la independencia, sino el derecho a que los pueblos decidan.

Conseguir que los presos salgan de la cárcel no es un asunto “catalán”. Por el contrario es de interés para todos los trabajadores y pueblos que no pueden tolerar que los mismos jueces que avalan medidas antisociales –por ejemplo las reformas laborales y de pensiones– pretendan mantener en prisión a los republicanos catalanes y dinamiten toda salida democrática.

Una salida republicana

Aunque indudablemente sea un paso adelante indultar a los presos, es evidente que no soluciona el problema de fondo. Hay una mayoría social en Cataluña que quiere una solución democrática, con el ejercicio del derecho a decidir. Y hay una mayoría social en toda España que manifiesta –cada día más– su oposición a la continuidad del régimen monárquico. La confluencia de estas dos aspiraciones, y la de todos aquellos que luchan por la defensa de las pensiones, por la derogación de las reformas laborales, contra las oleadas de despidos… es una necesidad ineludible.

Frente a la Monarquía, las instituciones heredadas de la dictadura, y el capital financiero detrás de ellas, no caben “paños calientes”, es imprescindible ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y pueblos para abrir camino a la República, a la unión libre de repúblicas, para avanzar hacia el fin de toda opresión y explotación.

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.