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Combate Socialista 11. La Transición

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Introducción

A 28 años de la muerte del dictador Franco, cuando una inmensa movilización contra la guerra de Iraq sacude al Estado español, los comentaristas políticos de la burguesía se escandalizan de la proliferación de banderas republicanas en las calles. Temen que todo el entramado constitucional creado tras la muerte de Franco con la colaboración de los dirigentes del PSOE y el PCE y de los partidos nacionalistas comience a venirse abajo. Al mismo tiempo, se produce la ilegalización de un partido por primera vez desde 1977 y la prohibición de 216 candidaturas de agrupaciones de electores, avaladas por la firma ante notario de más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas, prohibición decretada en un tiempo récord por una Sala Especial del Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Los tribunales arremeten contra el Parlamento Vasco porque éste respeta lo que han votado los ciudadanos. Finalmente (por ahora) el gobierno anuncia que utilizará “todos los medios” para impedir que el Parlamento Vasco discuta una propuesta de reforma del Estatuto y amenaza con suspender la autonomía vasca. Todo ello constituye una crisis mayúscula de las instituciones establecidas en la Transición, crisis en la que las instituciones heredadas del franquismo que la Constitución preservó pretenden hacer tabla rasa de las conquistas democráticas más elementales, que los trabajadores y los pueblos impusimos en los años de la transición. Hay que constatar, por otra parte, que ese ataque franquista a las libertades encaja con el contenido del proyecto de Constitución Europea. Es el momento de hacer un balance, desde el punto de vista del marxismo, de la llamada Transición Democrática. Para la historia oficial de la Transición –la que nos cuentan los medios de comunicación, los comentaristas políticos, las escuelas, que conforman la opinión pública burguesa; avalada a menudo por dirigentes del PCE y el PSOE– “Franco murió en su cama”, sin apenas oposición popular, y a la muerte del dictador se estableció, por voluntad del rey, y de común acuerdo entre los sectores “reformistas” del régimen franquista y la llamada “oposición democrática”, un régimen de libertades democráticas consagrado en la Constitución monárquica de 1978. Sin embargo, como demostraremos en este texto, las cosas no ocurrieron así. A la muerte de Franco, el aparato de la dictadura franquista, apoyado por la burguesía, la jerarquía de la Iglesia y el ejército optaba por la continuidad. Sobre todo, antes ya de la muerte de Franco, los Estados Unidos y la URSS, el Vaticano y los gobiernos europeos, tomando nota del revolución portuguesa, habían pactado en Helsinki que había que evitar una ruptura con la dictadura. Sin embargo, una inmensa movilización obrera en el Estado español, que adquirió características prerrevolucionarias y que amenazó las bases mismas del sistema capitalista en nuestro país, impuso al franquismo en descomposición la legalidad de las organizaciones obreras y el reconocimiento de los derechos de asociación, expresión, manifestación, huelga y demás derechos democráticos. Ahora bien, cumpliendo el pacto de Helsinki, la burocracia del Kremlin y su agencia en España, el PCE, dirigido entonces por Carrillo, junto con los dirigentes de la Internacional Socialista y del PSOE frenaron esta movilización e impusieron a las masas la aceptación de buena parte de las instituciones del franquismo, limitaciones a la libertad sindical y la negación del derecho de autodeterminación. Fruto de ese compromiso es la Constitución Monárquica.

Combate Socialista 20. Por la ruptura con el franquismo. Por la República.

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Los máximos órganos judiciales de la Monarquía han establecido una y otra vez que los juicios políticos del franquismo (incluyendo la farsa de los juicios sumarísmos) no son revisables. En opinión de los jueces de esos tribunales, los juicios eran legales porque el régimen surgido del golpe militar del 18 de julio era legal. El proceso contra Garzón, la amenaza de expulsarle de la carrera judicial, son la corroboración de esa doctrina.
La Ley de Memoria Histórica, que deja sin resolver todas las cuestiones fundamentales, que ni toca las responsabilidades políticas de la represión ni garantiza la apertura de fosas y localización de los cadáveres, tampoco permite la anulación de los juicios del franquismo. De hecho, como ha señalado en alguna ocasión Amnistía Internacional, se ha convertido en otra ley de punto final, como la Ley de Amnistía.
Más de 30 años después de la tan alabada “transición”, los hechos, que son tozudos, desmienten las operaciones propagandísticas de los defensores del régimen. Sólo la ruptura con la Monarquía presidida por el heredero de Franco, la disolución del aparato judicial heredado del franquismo, así como la de los cuerpos represivos continuadores de los de la dictadura, puede garantizar la resolución de esta cuestión democrática básica. Como todas las reivindicaciones democráticas pendientes, no tiene otra solución que la ruptura democrática, la República.

Luis Gonzalez

Las consecuencias de someterse a las instituciones heredadas del franquismo

 Carta Semanal 1049 para descargar en PDF

Desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no había vivido una situación de guerra tan brutal y extendida. EE. UU. bombardeó la madrugada del domingo 22 tres enclaves (las centrales nucleares en las ciudades de Fordo, Isfahan y Natanz) en Irán ante la incapacidad del Ejecutivo sionista de destruir las defensas del país. El genocidio palestino sigue. Toda la región está al borde del colapso, un paso más hacia el caos generalizado se ha dado. La guerra de Ucrania sigue siendo alimentada por los Gobiernos europeos y Putin también está interesado en continuar la guerra, pues es el propio poder de su oligarquía lo que está en juego.

En vísperas de la cumbre de la OTAN, que tiene como objetivo imponer un gasto del 5 por ciento del PIB en la compra de armas a los Gobiernos europeos, la oposición masiva de todos los pueblos de Europa a esta escalada destructiva busca una fuerza política capaz de federar toda esa oposición popular. Este es el objetivo del Llamamiento Europeo contra la Guerra y el Genocidio, de la conferencia y mitin de Paris de los 4 y 5 de octubre, que integra también la enorme movilización de la clase obrera norteamericana, el despertar de los pueblos del Magreb y todas las movilizaciones que se desarrollan a escala mundial.

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¿Regeneración democrática?

Carta Semanal 1002 en catalán

Carta Semanal 1002 para descargar en PDF

El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha anunciado que va a presentar al Congreso de los Diputados medidas de “regeneración democrática”. Es legítimo preguntar a qué medidas se refiere.

¿Va a presentar medidas que impidan la persecución del aparato judicial y policial contra sindicalistas, activistas, y partidos de la izquierda? ¿Va a presentar medidas contra el espionaje policial a diputados de Podemos y otras formaciones políticas? ¿Va a derogar completamente la infame ley mordaza? ¿Va a derogar las leyes que permiten la persecución de la acción sindical? De momento, lo anunciado no es eso, sino unas mínimas medidas de control de los medios que difunden bulos y noticias falsas para alimentar a la derecha y la ultraderecha, siguiendo medidas ya aprobadas por la Unión Europea, cuya eficacia es más que dudosa, y un mínimo retoque a un artículo de la ley mordaza.

Hablemos de regeneración democrática. Sigue leyendo

Cal aixecar, units, un mur davant el franquisme

Carta Setmanal 966 per descarregar en PDF

Fins aquest dijous en què Pedro Sánchez ha sigut de nou investit com a president per 179 vots contra 171, el Congrés dels Diputats ha viscut moments de tensió desconeguts des de l’elecció, el 1977, de les primeres Corts després de la mort de Franco.

Els insults grollers (tan propis del franquisme), les acusacions, les calúmnies, han estat permanents aquests dies. Tot això mentre, des de fa ja 15 dies diversos milers de franquistes extrems assetgen la seu central del PSOE, al carrer de Ferraz (alhora que altres intents menors s’han realitzat en altres ciutats). A Ferraz s’ha pogut veure com dirigents de Vox –i algun del PP- s’agafaven amb els que cantaven el Cara al Sol, i assistien com si res passés a les arengues a un Alçament nacional. I tot això amenitzat amb llamps del rosari «per la salvació d’Espanya», onejar de banderes de Falange i d’altres amb l’àguila de la dictadura, d’esvàstiques, de banderes carlistes. Tampoc han faltat els «rojipardos» del Front Obrer.

Diguin el que diguin, no es tracta de l’onada “derechista» que suposadament recorre el món. El que tenim aquí és el franquisme de sempre, alimentat per les institucions de la dictadura que els pactes de la Moncloa van salvar i que l’amnistia del 1977 va perdonar, fent de llei de punt final dels crims del franquisme. D’aquells fangs, aquests llots. Aquest és el balanç real de la política que van imposar llavors al moviment obrer i popular les direccions del PSOE i del PCE, amb el suport de diversos dels partits sobiranistes: el manteniment del nucli nodal de les institucions franquistes, l’acceptació de la Monarquia, el manteniment de l’aparell judicial, incloent-hi el TOP (transformat de la nit al dia a l’Audiència Nacional),  del poder de l’Església (incloent-hi la seva subvenció a càrrec dels pressupostos de l’Estat), de l’alt comandament de l’exèrcit (d’on surten ara crides colpistes, com fa poc més d’un any manifestos en favor de la «memòria de Franco») … i de l’entramat financer i les grans empreses que van aconseguir beneficis enormes a l’escalf de la dictadura –amb la seva mà d’obra esclava i la seva corrupció generalitzada- i que sota formes diferents segueixen «enganxades» als ministeris.

La no realització d’una autèntica ruptura amb el règim franquista porta avui a aquestes conseqüències.

L’amnistia com a detonant

Tot això esclata, i no és per casualitat, quan el govern en funcions gossa parlar d’Amnistia per als perseguits pel Procès, perquè, al marge de la consideració política que ens puguin suggerir Puigdemont o d’altres (a ressaltar que, dels milers de perseguits i possibles encausats, la majoria són ciutadans normals i corrents, especialment joves,  que van participar en les diferents mobilitzacions, talls de carreteres i bloquejos, o simples funcionaris públics, conserges o professors que van obrir un col·legi perquè es pogués votar,…). Del que es tracta per a les institucions franquistes i els seus portaveus polítics, PP i Vox, és que la unitat de l’aparell d’Estat és innegociable, i la persecució organitzada per jutges i policies a les ordres del rei, després del seu discurs infame del 3 d’octubre de 2017, no pot ser posada en qüestió.

La qual cosa dóna al combat per la República un doble caràcter emancipador: acabar amb la xacra franquista protectora de les grans empreses i acabar amb l’enfrontament entre els pobles que la Monarquia promou, és a dir, l’establiment dels principis de fraternitat entre els pobles, la necessitat del seu dret a decidir lliurement les relacions entre ells. Per a nosaltres, una Unió Lliure de Repúbliques sobiranes, alliberades de tota opressió i explotació…

La cara cenyuda del monarca en rebre aquest divendres 17 Sánchez com a nou president mostra bé que el Borbó sap bé de què es tracta, i el que està en joc

Quin programa de govern?

Les abstraccions i generalitats, tot i que no podien ocultar que el consens amb el PP és cada vegada més difícil, també posa de manifest que el que això es traduís en una plataforma política que correspongui als interessos dels treballadors i els pobles queda encara molt llunyà

Al costat de la llei d’amnistia, els límits de la qual són evidents, i la promulgació final de la qual està per veure, davant els obstacles amb què es troba, i la lluita encarnitzada que el franquisme polític i el franquisme judicial anuncien contra la seva aprovació i la seva posterior aplicació (la qual cosa mostra que la lluita per una veritable amnistia està lluny de ser guanyada i que aquesta és una exigència que ha d’estar entre les banderes de totes la organitzacions obreres i democràtiques, cosa que avui no succeeix de manera plena, i, per tant, exigeix una acció determinada)

L’agenda social que ha presentat el govern està lluny de respondre a les necessitats de la classe treballadora. Retocar alguns aspectes de les reformes laborals de Zapatero i Rajoy no és derogar-les en la seva totalitat. I fer-ho per mitjà del diàleg social- és a dir, amb el consentiment de la Patronal (que ja s’hi ha sumat, tot i que amb algunes excepcions, com la patronal catalana, el cor de protestes contra l’amnistia i els acords de govern)- és una via com a mínim incerta

La disminució de jornada, amb augment de la productivitat, i, de nou, a través d’acords del diàleg social, està lluny també del necessari.

La promesa d’augment de l’SMI i les pensions segons l’IPC sens dubte són positives tot i que no responen a la totalitat de les reivindicacions. En particular, la negativa, una vegada més, a complir la llei i dur a terme l’auditoria de la caixa de la Seguretat Social, suposa alimentar el mite de la insostenibilitat de les pensions públiques i permet que es mantingui l’espasa de Damocles que penja sobre elles. Recordem que la reforma Escrivá deixa la clau de futures retallades en mans de l’AIReF.

Especialment preocupant per al futur del sistema públic de pensions és la promesa de «gestió basca de la SS» en un termini de dos anys, que suposa un pas cap a la ruptura de la Caixa única, pas que no pot, en aquest moment, anar més enllà pel dèficit que tindria un sistema separat de pensions a Euskadi (el 2022,  al País Basc es van gastar 11.000 milions en pensions, i se’n van ingressar només 6.900), però que suposa, no obstant, un pas a la privatització

La transferència de Rodalies (servei ferroviari de rodalies) a Catalunya és un pla de trossejament del servei. Tots els sindicats ferroviaris hi han anunciat mobilitzacions en contra, perquè no hi ha garanties que s’hagin de respectar les condicions socials dels treballadors.

Davant d’un govern de fet fràgil, que ha necessitat en cada pas endavant trencar la resistència del franquisme polític, religiós, empresarial i institucional, resistència que no es va poder superar sense el suport massiu dels milions que el 23 de juliol van tancar el pas amb el seu vot a la victòria electoral que PP i Vox ja assaborien per endavant,  la sortida lògica seria preparar, sobre la base de les reivindicacions, la mobilització de la població treballadora i dels pobles, una tasca que correspondria de manera natural als sindicats. I no deixar-ho tot a la «institucionalitat».

De la mateixa manera, l’assetjament de les seus del PSOE, i els atacs a les d’Esquerra Unida i podem, exigeix posar el moviment en estat d’alerta.

Cert és que no estem en el 36, per més que hi hagi proclames i analogies, que hagi despertat la brossa feixista i neonazi, i que, fins i tot, un grup d’exmilitars cridin al cop (a aquest respecte, caldria citar la declaració del col·lectiu de militars demòcrates Anemoi «del silenci còmplice del rei, de la inacció del Psoe i de l’actitud presumptament prevaricadora de la ministra de Defensa,  que protegeix els ‘forts’ i fa callar els ‘febles'»). Per més que s’emparin en atemptats com el patit per Vidal Cuadras (de fosques circumstàncies i encara més fosca autoria, però que alguns es van precipitar a comparar amb l’assassinat de Calvo Sotelo el 1936), però davant situacions en què el franquisme aixeca cap (corejat també per la jerarquia de l’Església Catòlica), i mobilitza els seus gossos de presa,  només és possible fer front amb la crida a l’estat d’alerta i mobilització. Confiar en la policia- que cada dia dona exemples de la seva manifesta «tova» i complaença amb els manifestants i ultradreta, que contrasta amb la seva contundència davant la mobilització obrera i dels pobles on és ara la tanqueta que van treure a passejar en la vaga del metall de Cadis?- o a les institucions, és simplement suïcida.

Què fer?

No podem oblidar un capítol central de l’acció i el programa del govern, tant en la seva etapa «en funcions» com en la futura coalició: l’augment brutal de les despeses militars i l’alineament i complicitat del govern davant la política de l’Administració Biden a Ucraïna, i també a Palestina (en aquest últim cas,  en contradicció oberta amb el sentir de la majoria i en particular de les seves bases i electorat).

Estem en un nou període de crisi del règim monàrquic, i això es reflecteix també en la pèrdua del nord que sacseja tots els partits, els seus militants i els seus quadres, començant pel mateix PSOE.

Hi ha una bretxa creixent entre aquest sector polític, entre els quals exerceixen les tasques de representació i la majoria de treballadors i joves… que, encara que en molts casos hagin votat per fer front al franquisme, no se senten gaire més identificats i representats que els milions que van optar per l’abstenció.

Qui representa –per exemple- les desenes de milers de joves que es manifesten en suport a Palestina i que rebutgen la complicitat del govern amb el govern genocida de Netanyahu? Sens dubte, aquest buit de representació política no és un fenomen únic del nostre país, però cada vegada són més els que pensen que totes les combinacions parlamentàries no suposaran la satisfacció de les seves necessitats, aspiracions i reivindicacions, i que la confiança en què el parlament hagi de ser el «mur de contenció al franquisme» només pot portar al fracàs. I que no troben on i com donar expressió organitzada a aquest sentiment.

Aquest govern està ja enfrontat al dilema següent:

O es plou a l’aparell d’estat i al capital financer i segueix amb una politica basada en el seus interessos o privilegis

O respon encara que sigui de forma limitada als desitjos i reivindicacions de la majoria social…

Ningú no pot ser neutre

Des del nostre punt de vista, participar en les mobilitzacions en curs, promoure en el moviment obrer en les organitzacions la necessitat d’aixecar les reivindicacions, és inseparable del combat per agrupar forces al voltant dels eixos polítics d’emancipació social i democràtica, del socialisme, l’internacionalisme, contra la guerra, contra el genocidi de Gaza.

Mobilització dels franquistes contra l’amnistia

Carta Setmanal 965 per descarregar en PDF

Diferents organitzacions del franquisme polític han convocat mobilitzacions davant les seus del PSOE en contra dels acords amb ERC i Junts i, en particular, de la inclusió de l’amnistia en aquests acords. La premsa ressalta la participació del que anomenen «grupuscles d’ultradreta» de què es sorprenen? Els «Hazte Oír», «Desokupa», les Falanges i tota la morralla que s’ha ajuntat en aquestes concentracions són una faceta més del franquisme polític, gossos de presa que conviuen perfectament amb els Abascal, les Esperanza Aguirre, etc.

Franquisme que es nodreix de les institucions de l’Estat, preservades en la Transició sense cap depuració, sota la presidència de l’hereu designat pel dictador (que va acceptar el seu nomenament com a hereu parlant de «la legitimitat política sorgida el 18 de juliol de 1936»). Exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional, judicatura, són la base del franquisme polític en totes les seves versions, des del PP a la Falange. Com ho és la institució de l’Església Catòlica, que calla sobre els 450.000 nens víctimes d’abusos, però s’ha pronunciat, per boca de quatre bisbes, contra l’amnistia.

És evident la complaença de la policia amb els manifestants davant la seu del PSOE a Ferraz, que va culminar amb la policia obrint pas a una manifestació il·legal pel centre de Madrid. Sabent com es multa treballadors per haver-se baixat de la vorera en una concentració degudament comunicada a la delegació del govern, o per envair un carril de més en una manifestació, contrasta el de la policia obrint pas als manifestants neonazis.

Les concentracions davant les seus del PSOE no són les úniques accions de carrer dels franquistes. Se sumen als actes convocats pel principal partit dels franquistes, el PP, en diferents llocs.

Tot davant la passivitat de la direcció del PSOE, que s’ha limitat a tancar les seves seus a les tardes, sense llançar cap iniciativa de defensa del partit, dels seus locals i dels seus militants.

Malgrat que el focus es posa sobretot en les accions als carrers, la mobilització contra l’acord de govern, presentada com si només fos contra l’amnistia, implica més sectors, en particular de l’aparell d’Estat i específicament del «poder judicial».

La resolució del Consell del Poder Judicial

El CGPJ, a iniciativa de vuit dels seus vocals, ha llançat un dur pronunciament contra l’amnistia. Consell la renovació del qual, que s’havia d’haver fet fa més de cinc anys, no s’ha produït pel boicot del PP. I que no està legalment legitimat per emetre opinions sobre actes parlamentaris.

La majoria ultra reaccionària que okupa el CGPJ, diu, en la seva declaració, que ha d ‘alçar la seva veu quan la democràcia, les llibertats fonamentals i l’Estat de dret puguin estar en perill». El Consell «expressa amb aquesta declaració la seva intensa preocupació i desolació pel que la projectada llei d’amnistia suposa de degradació, quan no d’abolició, de l’Estat de dret a Espanya».

Segons la resolució, el Parlament no té capacitat legal per declarar una amnistia: «El Parlament no pot, per una mínima lògica constitucional, arrogar-se, a l’empara de majories conjunturals –que són dipositàries, però no titulars de la sobirania nacional—, incidir en concretes sentències dels Tribunals declarant la seva nul·litat».

S’erigeixen els vocals del CGPJ en defensors de la suposada independència del poder judicial i de la «separació de poders» (en un altre moment parlarem del fals principi de separació de poders en el règim burgès, concepte que encobreix la submissió de tots els poders als interessos del capital financer), i diuen que «es violenta la independència dels tribunals en el seu aspecte més bàsic»,  i que «Una llei d’amnistia com l’anunciada (…) tan sols pot tenir per objecte deixar sense efecte les decisions – generalment en sentències- adoptades pels Tribunals amb relació als esmentats fets del pretès conflicte català. (…) les Corts vindrien a incidir en el Poder Judicial declarant la nul·litat de les sentències dictades pels tribunals que s’hi integren«.

En última instància, el que l’aparell judicial franquista rebutja és que el Parlament pugui anul·lar totes les accions que van prendre quan, seguint les indicacions de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, la judicatura es va llançar a perseguir per tots els mitjans els qui defensaven el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.

L’Audiència Nacional entra en joc

Just quan s’ultimaven les negociacions entre PSOE i Junts per a la investidura, el jutge García Castellón, titular del Jutjat d’Instrucció 6 de l’Audiència Nacional, anunciava el processament de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretària general d’ERC, i altres deu persones relacionades amb el procés,  per terrorisme, en la causa sobre les accions de Tsunami Democràtic contra la imposició del 155 a Catalunya i el judici als dirigents republicans catalans. Una acusació que, segons experts judicials, podria continuar oberta fins i tot després de promulgar-se la llei d’amnistia.

L’ Audiència Nacional és, recordem, una instància judicial hereva de l’infame Tribunal d’ Ordre Públic franquista, encarregat, entre 1963 i 1977, de perseguir els opositors al règim, i successor, al seu torn, del Tribunal Especial per a la Repressió de la Masoneria i el Comunisme creat el 1940. Quan el TOP va ser reemplaçat per l’AN, en aquesta es van integrar 10 dels 16 jutges del TOP.

Mentre l’AN ha estat incapaç de determinar qui és un tal «M. Rajoy» citat en els papers de Bárcenas, s’ha distingit en els últims temps, sobretot de la mà de García Castellón, per obrir processos contra la direcció de Podem pels més variats motius. Juntament amb el Tribunal Suprem, l’AN va llançar 20 causes judicials contra Podem, començant quan les enquestes donaven a la formació morada com a guanyadora de les eleccions, una possibilitat que l’aparell judicial ràpidament va torpedinar. Les 20 causes judicials han estat tancades per no trobar-se cap delicte, però només després d’haver omplert titulars i alimentat campanyes de premsa sobre corrupció, finançament a càrrec de Veneçuela, blanqueig de capitals… Són exemples del famós lawfare (utilització del sistema judicial per influir en la política), la menció de la qual en l’acord entre el PSOE i Junts ha despertat les ires de l’aparell judicial.

No hi ha dubte que el lawfare existeix. Va ser utilitzat contra l’esquerra a l’ajuntament de Sevilla, contra Podem i, més recentment, per apartar Mónica Oltra del govern valencià i ajudar a la formació d’un govern autonòmic del PP i Vox.

Cossos d’alts funcionaris, contra l’amnistia i l’acord de PSOE i Junts

Després de l’acord entre el PSOE i Junts, que inclou una llei d’amnistia i la investigació de casos de lawfare, s’han succeït els pronunciaments de cossos d’alts funcionaris.

Els Inspectors d’Hisenda han declarat «el seu rebuig frontal i absolut als acords que es deriven de la negociació per a una futura investidura de l’actual president del Govern d’Espanya. Entre aquests acords, es visibilitza de manera clara i evident la ruptura del règim constitucional actual, en diverses matèries, entre les quals es troba la matèria financera»

L’autodenominada «Unió Progressista de Fiscals» declarava que «mostrem el nostre més absolut rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política»

Les 4 associacions judicials, tant les «conservadores» com les que es declaren «progressistes» publicaven en un comunicat que «mostrem el nostre rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política (…) aquestes expressions, quan trasllueixen alguna desconfiança en el funcionament del poder Judicial, no són acceptables».

L’associació de guàrdies civils APROGC ha llançat un comunicat en què es declaren disposats a «vessar fins a l’última gota de la nostra sang en defensa de la sobirania i independència d’Espanya i el seu ordenament constitucional». Altres cinc associacions, incloent-hi la majoritària Jucil, s’han pronunciat contra l’amnistia i els acords PSOE-Junts.

Garamendi, president de la CEOE, ha convocat un Comitè Executiu extraordinari en el qual «s’abordarà la situació d’Espanya», «davant la greu preocupació existent en el món empresarial» després de l’acord del PSOE i Junts. La patronal ja s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’amnistia.

Aquestes declaracions de l’aparell d’Estat anuncien la seva voluntat d’obstaculitzar l’acció del futur govern i boicotejar qualsevol mesura de progrés o de resolució de l’enfrontament entre pobles que el govern pogués adoptar. El que posa de manifest com la conservació d’aquest aparell d’Estat en l’anomenada «transició» fa que sigui un formidable obstacle per a l’avanç de les reivindicacions i drets de la població treballadora i dels pobles. D’aquí la necessitat d’imposar la República per acabar amb tota la brossa franquista. 

L’amnistia, una necessitat democràtica

Compartim plenament el que va declarar al respecte el CATP: «Van ser gairebé 3.000 persones les encausades, moltes d’elles ja condemnades, no només per organitzar el referèndum de l’1-O, també com a conseqüència de la repressió imposada en general al moviment independentista durant el període posterior (…) la immensa majoria són ciutadans i ciutadanes de peu, en especial, joves (…) . Aquest nombre desorbitat de perseguits i processats és el resultat de la campanya empresa per l’aparell policial i judicial contra el poble català després de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, i la consigna de “A por ellos!” Quin futur de progrés es pot establir en aquest país sobre la base de la persecució i condemna de milers de ciutadans? Com es pot establir una relació de fraternitat entre els pobles de l’Estat sobre aquesta base?»

«Des del CATP, convençuts que tot avenç social en aquest país necessita de l’aliança de la classe treballadora i dels pobles de tot l’Estat, donem suport a tot pas que condueixi a l’amnistia d’aquests processats i detinguts, sense condicions. Defensar l’amnistia dels represaliats polítics catalans, sense renunciar al dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur i a la realització d’un referèndum amb garanties forma part, en conseqüència, de la mateixa lluita de la classe treballadora de tot l’Estat. Suposa un avenç important perquè, sigui quin sigui el govern que es formi, puguem continuar defensant les nostres reivindicacions més urgents i uns drets i garanties democràtiques que l’actual règim monàrquic s’ha mostrat incapaç de satisfer».

Encara que el PSOE hagi fet de la necessitat virtut, l’amnistia és una necessitat democràtica i el que s’està manifestant és la incompatibilitat entre democràcia i herència franquista. Defensar l’amnistia exigeix superar aquesta herència, de la mateixa manera que només un programa que doni satisfacció a les reivindicacions socials, que es recolzi en la mobilització dels treballadors, podrà parar a la dreta.

Una situació preocupant

La mobilització dels franquistes, i, en particular, dels grups obertament feixistes i neonazis, que s’està organitzant, suposa un greu perill per a les mobilitzacions populars, per al moviment obrer i per a les seves organitzacions, els qui avui es mobilitzen a Ferraz poden fer-ho demà contra una manifestació obrera o una vaga. Ingenu seria deixar la defensa en mans d’aquesta policia tan complaent amb els feixistes. Les organitzacions obreres han de començar a preparar la defensa dels seus locals i de les seves activitats.

Hay que levantar, unidos, un muro frente al franquismo

Carta Semanal 966 en catalán

Carta Semanal 966 para descargar en PDF

Hasta este jueves en que Pedro Sánchez ha sido de nuevo investido como presidente por 179 votos contra 171, el Congreso de los Diputados ha vivido momentos de tensión desconocidos desde la elección, en 1977, de las primeras Cortes después de la muerte de Franco.

Los insultos soeces (tan propios del franquismo), las acusaciones, las calumnias, han sido lo permanente de estos días. Todo ello mientras, desde hace ya 15 días varios miles de franquistas extremos asedian la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz (a la vez que otros intentos menores se han realizado en otras ciudades). En Ferraz se ha podido ver cómo dirigentes de Vox –y alguno del PP-  se codeaban con los que cantaban el Cara al Sol, y asistían como si nada pasara a las arengas a un Alzamiento nacional. Y todo ello amenizado con rezos del rosario “por la salvación de España”, ondear de banderas de Falange y otras con el águila de la dictadura, de esvásticas, de banderas carlistas. Tampoco han faltado los “rojipardos” del Frente Obrero. Sigue leyendo

Movilización de los franquistas contra la amnistía

Carta Semanal 965 en catalán

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Distintas organizaciones del franquismo político han convocado movilizaciones ante las sedes del PSOE en contra de los acuerdos con ERC y Junts y, en particular, de la inclusión de la amnistía en esos acuerdos. La prensa resalta la participación de lo que llaman “grupúsculos de ultraderecha” ¿de qué se asombran? Los “Hazte Oír”, “Desokupa”, las Falanges y toda la basura que se ha juntado en esas concentraciones son una faceta más del franquismo político, perros de presa que conviven perfectamente con los Abascal, las Esperanza Aguirre, etc. Sigue leyendo

La polémica sobre la Ley del “sí es sí”

Carta Semanal 926 en catalán

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Una fuerte polémica se ha levantado a raíz de las reducciones de condena y las liberaciones anticipadas en aplicación de la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, que amplía el contenido de los delitos de  agresiones sexuales y disminuye las penas mínimas en algunos casos. La aplicación de la ley ha llevado a numerosas reducciones de sentencias por violación o abusos sexuales, aplicadas por los tribunales. Hasta ahora, se cuentan cerca de 400 casos, y se calcula que en una de cada cuatro sentencias por estos motivos está siendo reducida la condena.

Los partidos franquistas y los medios de comunicación más potentes han arremetido contra la ley y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, inspiradora de la misma. La ministra, por su parte, se ha negado obstinadamente a corregir la ley. Finalmente ha sido el propio PSOE quien ha presentado una proposición de ley para modificar la ley del sólo sí es sí, y el PP – con la intención de azuzar el enfrentamiento entre los socios del gobierno de coalición- ha anunciado su apoyo a la propuesta del PSOE.

Hemos de dejar clara una primera cuestión: la polémica nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino con la naturaleza del régimen y el papel del poder judicial.

Un aparato judicial enemigo de las mujeres y de sus derechos

No cabe la menor duda del deseo de aparato judicial de boicotear cualquier medida que suponga avanzar en derechos para las mujeres, para la clase trabajadora o para los pueblos del estado. De la misma manera que ha avalado todas las reformas laborales, todos los recortes aplicados a los empleados y empleadas públicos y todos los recortes de derechos. Basta con señalar una cuestión: esos mismos jueces que tardan años en dictar una sentencia han revisado y reducido 400 en apenas 5 meses.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la propia naturaleza del aparato judicial español, un poder ultrarreaccionario, heredado del franquismo sin depuración alguna y que, por tradición, es enemigo de todo progreso y de los derechos de las mujeres. Hay que recordar los cientos de actuaciones judiciales que durante años cerraron los ojos ante los malos tratos y agresiones machistas y cómo los jueces animaban a las mujeres maltratadas a retirar las denuncias y “sufrir en silencio”.  Porque, en el fondo, muchos opinan como el juez al que se le escapó, cuando creía que tenía el micrófono cerrado, llamar “bicho” e “hija de puta” a una mujer que denunciaba actos de violencia de género. Tan reaccionarios que no dudan en algo tan miserable poner en libertad a un violador con tal de atacar al gobierno.

Del mismo modo, hay que destacar las actuaciones bochornosas de decenas de jueces que, en casos de agresión sexual o de violación, insistían en preguntar a la mujer por la longitud de su falda o la profundidad de su escote, o consideraban como determinante tener en cuenta las horas en que transitaba por la vía pública o si había bebido o no. O el voto particular de uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra que, en la violación múltiple cometida por los energúmenos de la Manada, veía actos consentidos en «un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos», incluida la víctima.

Al margen de los límites de la ley del “sí es sí”, ésta trataba de establecer que la cuestión a determinar es si ha habido o no consentimiento expreso de la mujer ante un acto sexual, para determinar si se trata de una agresión sexual.

Recordemos otro hecho: casi todas las condenas por agresión sexual o violación reducidas por los jueces en aplicación de la ley  sólo sí es sí lo han sido porque en su sentencia se les aplicaba a los violadores la pena mínima prevista (y, al bajar ahora la pena mínima, eso puede llevar a revisar la sentencia según el principio penal de que se aplica un cambio legislativo cuando es más beneficioso para el reo). Por tanto, hay que constatar que, al menos, en una de cada cuatro sentencias por violación los jueces han aplicado la pena mínima prevista.  Parece que a sus señorías les parecía excesiva la pena prevista en el código penal contra los violadores y abusadores, y procuraban irse a la pena mínima.

Ahora, ese mismo aparato judicial ha actuado contra la nueva ley, reduciendo las sentencias que ya antes consideraba “excesivas”.

Las instituciones heredadas del franquismo, contra todo progreso

En los pactos de la Moncloa y los acuerdos que llevaron a la constitución del 1978, los dirigentes del PCE, del PSOE y de algunas de las organizaciones “nacionalistas” aceptaron mantener lo esencial del aparato de Estado del franquismo, bajo la presidencia de Juan Carlos de Borbón, el heredero designado por Franco. El Rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62 de la Constitución), y las sentencias de los tribunales se dictan “en  nombre del Rey” (art. 117 de la Constitución). Se mantuvo, por tanto, el aparato represivo, el aparato judicial, el ejército… se respetaron las fortunas amasadas bajo el franquismo (incluso las edificadas sobre el trabajo esclavo de los presos), se dejaron impunes todos los crímenes franquistas.

Con estas instituciones, que conservan enormes poderes, se pretende convencernos de que es posible llevar a cabo una política progresista. Y luego pasa lo que pasa, como en el caso de Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por el Parlament y las Cortes, ratificado por el pueblo catalán en referéndum… y anulado por un puñado de jueces reaccionarios. 

Los dirigentes de los partidos “de izquierda” que viven en las instituciones del régimen se quejan de lo que se llama lawfare, la persecución del aparato judicial contra políticos de izquierda. Y tienen razón en hacerlo: son numerosas las actuaciones judiciales contra Podemos, anunciadas y coreadas en la prensa, que luego se quedan en nada por falta de pruebas. Así ha sido Mónica Oltra expulsada del gobierno valenciano. Así han estado durante 10 años procesados por corrupción dos concejales de IU de Sevilla, para que la Audiencia Nacional establezca al final que no había ninguna prueba que justificara su procesamiento. Encima, con sus “códigos éticos”, que establecen -contra la presunción de inocencia- que la mera imputación debe llevar a la dimisión del afectado, las organizaciones ponen en bandeja a cualquier juez facha la posibilidad de expulsar de su puesto a cualquier electo de la izquierda.

Hay que acabar con las instituciones del franquismo, traer la República

La ingenuidad de Irene Montero y de muchos de sus defensores es olvidar la existencia de ese poder judicial, que va a obstaculizar y, si puede, impedir, cualquier avance social o en beneficio de la mujer, de la mayoría trabajadora o de los derechos de los pueblos. Pretender poner una vela a dios y otra al diablo, gobernar respetando las instituciones reaccionarias heredadas, legislar como si este poder judicial no tuviera enormes poderes.

Todo verdadero avance, incluso la defensa de los derechos conquistados y ahora cuestionados, exige dar pasos para acabar con la herencia franquista. Los derechos sólo van a estar plenamente garantizados acabando con el régimen, trayendo la República.

La polèmica sobre la Llei del «sí és sí»

Carta Setmanal 926 per descarregar en PDF

Una forta polèmica s’ha aixecat arran de les reduccions de condemna i els alliberaments anticipats en aplicació de la reforma de la Llei de Llibertat Sexual, coneguda com a «llei del només sí és sí«, que amplia el contingut dels delictes d’agressions sexuals i disminueix les penes mínimes en alguns casos. L’aplicació de la llei ha portat a nombroses reduccions de sentències per violació o abusos sexuals, aplicades pels tribunals. Fins ara, es compten prop de 400 casos, i es calcula que en una de cada quatre sentències per aquests motius està sent reduïda la condemna.

Els partits franquistes i els mitjans de comunicació més potents han arremès contra la llei i contra la ministra d’Igualtat, Irene Montero, inspiradora d’aquesta. La ministra, per la seva banda, s’ha negat obstinadament a corregir la llei. Finalment ha estat el mateix PSOE qui ha presentat una proposició de llei per modificar la llei del només sí és sí, i el PP – amb la intenció de potenciar l’enfrontament entre els socis del govern de coalició- ha anunciat el seu suport a la proposta del PSOE.

Hem de deixar clara una primera qüestió: la polèmica res té a veure amb els drets de les dones, sinó amb la naturalesa del règim i el paper del poder judicial

Un aparell judicial enemic de les dones i dels seus drets

No hi ha el menor dubte del desig d’aparell judicial de boicotejar qualsevol mesura que suposi avançar en drets per a les dones, per a la classe treballadora o per als pobles de l’estat. De la mateixa manera que ha avalat totes les reformes laborals, totes les retallades aplicades als empleats i empleades públiques i totes les retallades de drets. N’hi ha prou amb assenyalar una qüestió: aquests mateixos jutges que tarden anys a dictar una sentència han revisat i reduït 400 en només 5 mesos.

Aquí hi ha el nus de la qüestió, en la pròpia naturalesa de l’aparell judicial espanyol, un poder ultrareaccionari, heretat del franquisme sense cap depuració i que, per tradició, és enemic de tot progrés i dels drets de les dones. Cal recordar els cents d’actuacions judicials que durant anys van tancar els ulls davant els maltractaments i agressions masclistes i com els jutges animaven les dones maltractades a retirar les denúncies i «patir en silenci».  Perquè, en el fons, molts opinen com el jutge al qual se li va escapar, quan creia que tenia el micròfon tancat, anomenar «bitxo» i «filla de puta» a una dona que denunciava actes de violència de gènere. Tan reaccionaris que no dubten en una cosa tan miserable posar en llibertat un violador per tal d’atacar el govern.

De la mateixa manera, cal destacar les actuacions de desenes de jutges que, en casos d’agressió sexual o de violació, insistien a preguntar a la dona per la longitud de la seva faldilla o la profunditat del seu escot, o consideraven com a determinant tenir en compte les hores en què transitava per la via pública o si havia begut o no. O el vot particular d’un dels jutges de l’Audiència Provincial de Navarra que, en la violació múltiple comesa pels energúmens de la Manada, veia actes consentits en «un ambient de “jolgorio” i “regocijo” entre tots ells», inclosa la víctima.

Al marge dels límits de la llei del «sí és sí», aquesta tracta d’establir que la qüestió a determinar és si hi ha hagut o no consentiment exprés de la dona davant d’un acte sexual, per determinar si es tracta d’una agressió sexual.

Recordem un altre fet: gairebé totes les condemnes per agressió sexual o violació reduïdes pels jutges en aplicació de la llei només ho han estat perquè en la seva sentència se’ls aplicava als violadors la pena mínima prevista (i, en baixar ara la pena mínima, això pot portar a revisar la sentència segons el principi penal  que s’aplica un canvi legislatiu quan és més beneficiós per al reu. Per tant, cal constatar que, almenys, en una de cada quatre sentències per violació els jutges han aplicat la pena mínima prevista.  Sembla que a les seves senyories els semblava excessiva la pena prevista en el codi penal contra els violadors i abusadors, i procuraven anar-se’n a la pena mínima.

Ara, aquest mateix aparell judicial ha actuat contra la nova llei, reduint les sentències que ja abans considerava «excessives».

Les institucions heretadesa partir del franquisme, contra tot progrés

En els pactes de la Moncloa i els acords que van portar a la constitució del 1978, els dirigents del PCE, del PSOE i d’algunes de les organitzacions «nacionalistes» van acceptar mantenir l’essencial de l’aparell d’Estat del franquisme, sota la presidència de Joan Carles de Borbó, l’hereu designat per Franco. El Rei és el comandament suprem de les Forces Armades (art. 62 de la Constitució), i les sentències dels tribunals es dicten «en nom del Rei» (art. 117 de la Constitució). Es va mantenir, per tant, l’aparell repressiu, l’aparell judicial, l’exèrcit… es van respectar les fortunes pastades sota el franquisme (fins i tot les edificades sobre el treball esclau dels presos), es van deixar impunes tots els crims franquistes.

Amb aquestes institucions, que conserven enormes poders, es pretén convèncer-nos que és possible dur a terme una política progressista. I després passa el que passa, com en el cas d’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pel Parlament i les Corts, ratificat pel poble català en referèndum… i anul·lat per un grapat de jutges reaccionaris. 

Els dirigents dels partits «d’esquerra» que viuen a les institucions del règim es queixen del que s’anomena lawfare, la persecució de l’aparell judicial contra polítics d’esquerra. I tenen raó a fer-ho: són nombroses les actuacions judicials contra Podem, anunciades i corejades a la premsa, que després es queden en res per falta de proves. Així ha sigut Mónica Oltra expulsada del govern valencià. Així han estat durant 10 anys processats per corrupció dos regidors d’IU de Sevilla, perquè l’Audiència Nacional estableixi al final que no hi havia cap prova que justifiqués el seu processament. A sobre, amb els seus «codis ètics», que estableixen -contra la presumpció d’innocència- que la mera imputació ha de portar a la dimissió de l’afectat, les organitzacions posen en safata qualsevol jutge fatxa la possibilitat d’expulsar del seu lloc qualsevol electe de l’esquerra.

Cal acabar amb les institucions del franquisme, portar la República

La ingenuïtat d’Irene Montero i de molts dels seus defensors és oblidar l’existència d’aquest poder judicial, que ha d’obstaculitzar i, si pot, impedir, qualsevol avenç social o en benefici de la dona, de la majoria treballadora o dels drets dels pobles. Pretendre posar una espelma a déu i una altra al diable, governar respectant les institucions reaccionàries heretades, legislar com si aquest poder judicial no tingués enormes poders.

Tot veritable avenç, fins i tot la defensa dels drets conquerits i ara qüestionats, exigeix fer passos per acabar amb l’herència franquista. Els drets només han d’estar plenament garantits acabant amb el règim, traient la República.