Carta Semanal 845 en catalán

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En las últimas semanas, varias resoluciones de órganos judiciales y similares se han destacado en la vida política del país. Citemos, sin ir más lejos, el informe de Tribunal Supremo contra los indultos, el informe del Consejo General del Poder Judicial a favor de la Fundación Franco, y más recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma (ilegal según algunos juristas) y las resoluciones del Tribunal de Cuentas respecto a los republicanos catalanes.

En el caso del estado de alarma, el TC ha dictaminado que el confinamiento impuesto en marzo de 2020 en relación con la pandemia era inconstitucional, y que debió recurrirse al estado de excepción. Una decisión más que relevante, porque haberlo hecho hubiera permitido gravísimas restricciones de libertades y derechos, aún más graves que los sufridos, incluyendo la libre utilización del ejército. Lo que puede suceder si se aplica esa doctrina a futuros episodios pandémicos. No han faltado quienes hayan visto en esta sentencia, más que una cuestión de doctrina constitucional, la voluntad de los jueces del TC de atacar al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tachando de inconstitucional e ilegítima su actuación. Y señalan, con razón, la incongruencia de haber admitido un recurso de inconstitucionalidad de Vox, que había aprobado con su voto el mismo estado de alarma que impugnó ante el TC.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, la persecución de este órgano a los dirigentes republicanos catalanes, que le ha llevado a exigirles responsabilidades económicas millonarias -que pueden llevar al embargo de todos sus bienes y a la ruina económica- forma parte de la ofensiva del aparato de Estado, desde las cargas policiales contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la persecución judicial desatada tras el discurso del Borbón el 3 de octubre, que dio lugar a las condenas por sedición de los principales dirigentes republicanos catalanes, y que continúa aún. La actuación del Tribunal de Cuentas arrecia justo después de los indultos dictados por el gobierno, como si buscaran contrarrestar con una nueva media represiva la búsqueda de distención que suponen los indultos.

En todo caso, estas distintas medidas ponen de manifiesto el poder desmesurado de un aparato judicial controlado por una red organizada de franquistas, la APM y la AF (es el mismo poder judicial del franquismo, que no sufrió depuración alguna durante la llamada Transición), y que está protegido desde el Consejo General del Poder Judicial controlado por los designados mayoritariamente por el PP. Sigue leyendo →