Ante una nueva injerencia antidemocrática del Gobierno y del Tribunal Constitucional

Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – 3 de agosto de 2016

El 1 de agosto el pleno del Tribunal Constitucional (TC), a petición del gobierno Rajoy, acordaba suspender las conclusiones de la comisión de estudio del “proceso constituyente” aprobadas por el Parlamento catalán el 27 de julio. Al mismo tiempo, advertía a los presidentes y a cada miembro de la Mesa del Parlamento y del gobierno de la Generalitat, de su responsabilidad penal en el caso de que ignoren esta suspensión.

Independientemente de la opinión que nos merezca la intencionalidad y el sentido político de lo que fue aprobado por el Parlamento catalán, para cualquiera que se reclame de la democracia, se trata de un ataque inaceptable que debe ser combatido. No puede haber democracia si se censuran las opiniones, los debates o las declaraciones políticas de quienes han sido elegidos por el pueblo. Y menos aún, si los diputados pueden ser procesados y condenados en el ejercicio de sus funciones. Si esto se permite, la voluntad popular, el voto expresado en las urnas, sirve de bien poco y se vuelve a las normas de la dictadura franquista.

Por otro lado, no es la primera vez que este “tribunal” acuerda tomar medidas contra derechos elementales de los trabajadores y de los pueblos. Sin ir más lejos, leyes contra los desahucios aprobadas en Andalucía, Navarra, Euskadi o Canarias, o más recientemente, la que fue aprobada por el Parlamento catalán, han sido impugnadas a instancias de un gobierno en funciones, que no debería continuar ni un día más. Y cabe recordar también que ese mismo tribunal dio luz verde a la reforma laboral.

No hay duda: la continuidad de este gobierno y de las instituciones heredadas del franquismo llevan a un callejón sin salida. Llevan al enfrentamiento. Constituyen un lastre para la democracia, una amenaza constante para las libertades, y un obstáculo para poder defender los derechos de los trabajadores y los pueblos, de la mayoría social.

Es urgente acabar con esta situación. Y esto es posible si todas las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y los pueblos unen fuerzas y pasan a organizar la movilización. Para defender la democracia y acabar con las amenazas judiciales, para restablecer los derechos arrebatados, para impedir que sigan en el gobierno quienes se han distinguido por la aplicación de los peores ataques contra los trabajadores, en más necesario que nunca la más amplia unidad.

La mayoría social quiere un cambio. El capital y la reacción quieren mantener a Rajoy. Para los trabajadores, para los jóvenes, para todos los pueblos del Estado español, sería incomprensible que los dirigentes de los partidos que se reclaman de la clase obrera y de la democracia, en particular el PSOE, IU, Podemos, y también los dirigentes sindicales, no condenasen el ataque al Parlamento catalán y no aunasen fuerzas en una gran alianza de trabajadores y pueblos para abrir una salida democrática. Ni un día más Rajoy, ni un día más la herencia franquista.

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