Carta Semanal 950 en catalán
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Tras los resultados electorales, se multiplican las presiones para que el partido socialista llegue a un acuerdo para permitir que el PP forme gobierno. Una opción que significaría traicionar a los millones de trabajadores, jóvenes, pensionistas que, con su movilización electoral, han impedido la mayoría absoluta que las formaciones franquistas acariciaban.
El capital financiero, en efecto, tiene clara su propuesta: un acuerdo entre PSOE y PP que evite la repetición de elecciones y permita aplicar las reformas que exigen la Unión Europea, el Banco Central y el FMI. Algunas de las cuales ya estaban, posiblemente, apalabradas por el gobierno saliente con Bruselas (véase la polémica surgida en plena campaña electoral con respecto al peaje de las autovías).
El punto de vista de Expansión
El periódico Expansión, órgano de expresión empresarial, dedicaba buena parte de su edición del pasado 25 de julio a esta cuestión. Y escribía en primera página: “Los empresarios reclaman al futuro gobierno un pacto que garantice la estabilidad y la moderación. Los directivos y ejecutivos de las grandes patronales aseguran que lo mejor sería un acuerdo entre el PP y el PSOE que evite las exigencias nacionalistas y que aborde las reformas y los consensos que requiere la economía española para completar la recuperación”.
El editorial de ese mismo periódico era aún más claro: “Ante los retos que debe afrontar nuestro país en los próximos meses, desde lograr los objetivos fijados para la Presidencia semestral rotatoria del Consejo Europeo hasta emprender el inevitable ajuste de los enormes volúmenes de déficit y deuda pública generados en la última legislatura por PSOE y Podemos para sostener unos niveles disparatados de gasto público, lo más conveniente sería contar con un gobierno estable y de clara orientación moderada” Y añade que “no sería aceptable que, habiendo otras alternativas más razonables como un entendimiento entre los grandes partidos, el PSOE prefiera volver a pactar la investidura de Sánchez con formaciones extremistas”
En un amplio reportaje de varias páginas, bajo el título “los empresarios urgen un gobierno estable y moderado”, en que se cita numeroso dirigentes de empresa y organismos empresariales, Expansión expone que “los empresarios expresaron ayer su improbable deseo de que, dados los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, lo mejor, desde su punto de vista, sería un acuerdo entre el PP y el PSOE del que resultase un Gobierno moderado y estable, que evite las exigencias de los partidos independentistas y afronte las grandes reformas económicas y sociales que necesita España. Bien con un Ejecutivo de coalición de los dos grandes partidos o con un Gobierno del partido más votado –el PP– con el apoyo del PSOE. Siquiera en las grandes cuestiones de Estado”.
El periódico empresarial cita, entre otros, a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que declaraba que “llamamos a la responsabilidad para que se puedan alcanzar aquellos acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para garantizar la buena marcha de la economía, el bienestar y la paz social”. Más explícito aún fue José L Bonet, el presidente de la Cámara de España, quien apuntó que “el consenso entre los grandes partidos sería de gran ayuda para afrontar cuestiones que afecten al sistema de pensiones, al mercado laboral, la fiscalidad, la educación o la gestión de los fondos de Recuperación y Resiliencia, que representan una oportunidad histórica para la transformación de España”.
El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, trata de convencer al PP y al PSOE de que “hay que permitir gobernar al bloque constitucionalista más votado [PP-Vox] y evitar las exigencias de partidos independentistas a los que no les preocupan las necesidades de la mayor parte de los españoles”.
Para Juanjo Cano, presidente de KPMG en España: “Es necesario contar con un consenso para realizar reformas estructurales y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo, con el objetivo de avanzar en el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y la mejora de la productividad”.
El programa de “consenso y moderación” de ese gobierno por el que abogan está claro. Como señala la declaración difundida por la coordinadora del CATP tras las elecciones, “El argumento supremo es que ese pacto traidor garantizaría las exigencias máximas del capital financiero y sus instituciones, como la Unión Europea, el BCE, el FMI, al futuro gobierno: hay que acabar con el “despilfarro”, reducir el déficit y la deuda pública (se habla de recortar entre 20.000 y 30.000 millones en los presupuestos), aplicar reformas “pendientes”: una nueva reforma laboral, continuar con más reformas de las pensiones hasta su total privatización, seguir aumentando el gasto militar, como exige la OTAN… Exigen que, gobierne quien gobierne, que gobierne para ellos y contra la mayoría que con su voto ha cerrado el paso a las derechas”.
Presiones de viejos dirigentes del PSOE
Haciéndose eco de esas propuestas, un colectivo de viejos dirigentes del PSOE, en el que actúa como portavoz el exdirigente del PS de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, pedía el pasado día 26 que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo no solo para gobernar sino también para llegar a pactos de “moderación y centralidad”, que representarían el “sentir mayoritario de ese 65 % del electorado que votaron este 23J a los dos partidos”. Parece una repetición de la campaña que en 2016 exigió que el PSOE se abstuviera para permitir un gobierno de Rajoy. No parece que hoy la maniobra tenga tanto peso dentro del partido socialista. Recordemos que en 2016 fue la mayoría de la dirección la que impuso esa línea, forzando la dimisión de Pedro Sánchez. Si entonces la base del partido se movilizó tras Sánchez para imponer la línea del “no es no” a un acuerdo con el PP, nada parece indicar que hoy quienes defienden dentro el PSOE la línea de apoyar un gobierno del PP tengan más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que nadarían abiertamente contra la corriente de la movilización electoral del 23 de julio.
Los derechos de los pueblos
Hay que señalar que, sin el voto de los pueblos catalán y vasco, los franquistas del PP y Vox habían alcanzado la mayoría absoluta que acariciaban. Lo que demuestra, una vez más, la importancia de la cuestión nacional en el Estado español.
Ahora, todas las derechas y los defensores del régimen monárquico arremeten contra un acuerdo con los partidos nacionalistas. El PP ataca un acuerdo con “prófugo de la justicia” como Puigdemont (pero no hacen ascos a un acuerdo con otro prófugo, Ortega Smith). Se habla de un posible acuerdo con el partido de Puigdemont para solucionar su situación procesual. Es evidente que avanzar en una solución política para Cataluña y su pueblo es una cuestión central. Para nosotros, partidarios del derecho de autodeterminación, de la República, de la unión libre de Repúblicas, la persecución a líderes catalanes por parte del aparato judicial franquista es un obstáculo fundamental. Medidas políticas para resolver esta cuestión sólo pueden ser un paso para reforzar la fraternidad entre los pueblos, algo que el régimen monárquico sus partidos genuinos (PP y VOX) y sus órganos de expresión atacan rabiosamente. Desde la clase obrera, que es única en todo el Estado, una solución democrática, es la más favorable a sus intereses.
Organizar, movilizar
A nadie se le escapa que los resultados electorales del 23 de julio no suponen ninguna confianza, y menos aún un cheque en blanco, para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo quedó claro el escaso entusiasmo de la población trabajadora con la política del gobierno. La movilización electoral del 23 de julio no ha sido para apoyarles, sino para cerrar el paso a un posible gobierno del PP y Vox. No es aceptable que lo que acabamos de echar por la puerta nos lo quieran colar por la ventana.
La mayoría trabajadora tampoco puede aceptar un programa de gobernó que dé la espalda a las reivindicaciones. Como señala la declaración del CATP, es necesario un gobierno “que garantice una subida de salarios y pensiones, imponga el control de los precios de los alimentos, la energía y los artículos de primera necesidad, que ponga fin a las subidas de las hipotecas, que garantice el derecho a la vivienda y al suministro de energía, que tome medidas para salvar la sanidad y la enseñanza públicas, y que derogue todas las normas antisociales y reaccionarias impuestas en años anteriores (derogar lo que queda de las reformas laborales, la ley mordaza…). Que dé respuesta a las exigencias del pueblo catalán, vasco, etc. Acabar con la persecución judicial de los catalanes y todos los trabajadores y jóvenes encausados Y poner fin al despilfarro en gastos militares y a las políticas militaristas”.
Nada de eso es posible sin la organización y movilización independiente. Siguiendo la senda de los pensionistas, que arrancaron con su movilización la subida del 8,5% de sus pensiones.