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En una situación de emergencia, hace falta la unidad para salvar la sanidad pública

Carta Semanal 847 en catalán

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os antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.

Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.

Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.

Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?

Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.

La resistencia

Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.

La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.

¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.

Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?

Razones no faltan

Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.

En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»

La hoja de ruta del Gobierno

A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»

En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.

La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.

Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones

No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)

La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)

La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.

Annual, 1921

Carta Semanal 846 en catalán

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Se cumplen 100 años del llamado “desastre de Annual”, la batalla en la que los combatientes del pueblo marroquí del Rif, al mando de Abd el-Krim, derrotaron y prácticamente aniquilaron a un contingente español muy superior en número. En su Historia de la Incompetencia Militar, Geoffrey Regan explica cómo las tropas españolas sufrieron una aplastante derrota frente a unas fuerzas militares rifeñas 7 veces inferiores a las suyas.

En la gestación del desastre militar influyeron muchos factores, pero el más determinante fue, sin duda, la incompetencia de los mandos militares y la corrupción generalizada de los mismos. El diputado socialista Indalecio Prieto, enviado a Marruecos por el diario El Liberal, de Bilbao, escribía que la Comandancia militar de Melilla era “una charca pestilente formada por toda clase de inmoralidades y vicios”. Y citaba las palabras de un comerciante local intentando vender un tejido lujoso: “aquí sólo lo usan las esposas de militares del cuerpo de Intendencia”. Sigue leyendo

Tribunales y poder judicial franquista

Carta Semanal 845 en catalán

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En las últimas semanas, varias resoluciones de órganos judiciales y similares se han destacado en la vida política del país. Citemos, sin ir más lejos, el informe de Tribunal Supremo contra los indultos, el informe del Consejo General del Poder Judicial a favor de la Fundación Franco, y más recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma (ilegal según algunos juristas) y las resoluciones del Tribunal de Cuentas respecto a los republicanos catalanes.

En el caso del estado de alarma, el TC ha dictaminado que el confinamiento impuesto en marzo de 2020 en relación con la pandemia era inconstitucional, y que debió recurrirse al estado de excepción. Una decisión más que relevante, porque haberlo hecho hubiera permitido gravísimas restricciones de libertades y derechos, aún más graves que los sufridos, incluyendo la libre utilización del ejército. Lo que puede suceder si se aplica esa doctrina a futuros episodios pandémicos. No han faltado quienes hayan visto en esta sentencia, más que una cuestión de doctrina constitucional, la voluntad de los jueces del TC de atacar al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tachando de inconstitucional e ilegítima su actuación. Y señalan, con razón, la incongruencia de haber admitido un recurso de inconstitucionalidad de Vox, que había aprobado con su voto el mismo estado de alarma que impugnó ante el TC.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, la persecución de este órgano a los dirigentes republicanos catalanes, que le ha llevado a exigirles responsabilidades económicas millonarias -que pueden llevar al embargo de todos sus bienes y a la ruina económica- forma parte de la ofensiva del aparato de Estado, desde las cargas policiales contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la persecución judicial desatada tras el discurso del Borbón el 3 de octubre, que dio lugar a las condenas por sedición de los principales dirigentes republicanos catalanes, y que continúa aún. La actuación del Tribunal de Cuentas arrecia justo después de los indultos dictados por el gobierno, como si buscaran contrarrestar con una nueva media represiva la búsqueda de distención que suponen los indultos.

En todo caso, estas distintas medidas ponen de manifiesto el poder desmesurado de un aparato judicial controlado por una red organizada de franquistas, la APM y la AF (es el mismo poder judicial del franquismo, que no sufrió depuración alguna durante la llamada Transición), y que está protegido desde el Consejo General del Poder Judicial controlado por los designados mayoritariamente por el PP. Sigue leyendo

Están en peligro las conquistas de la revolución cubana 

Carta Semanal 844 en catalán

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Las movilizaciones semi-espontáneas que se han desarrollado en Cuba, no pueden ser consideradas más que como una expresión del descontento social que existe entre la población cubana. Lo que no quita que hayan sido manipuladas y altamente mediatizadas por los medios de comunicación imperialistas a escala mundial. 

Es evidente que, en las circunstancias actuales, de crisis de descomposición del mercado mundial, de hundimiento del turismo con la agravación de la pandemia y con la decisión de Biden de mantener e incluso agravar las 243 nuevas medidas de bloqueo de Cuba decididas por Trump y que buscan llevar al país a una situación sin salida. Hay que hacer constar que la isla depende, en gran medida, para su suministro de alimentos, de recibir divisas, cuyos principales orígenes son el turismo y las remesas de inmigrantes, prohibidas por las medidas adoptadas por Trump y mantenidas por Biden, (De los 6 600 millones en remesas recibidos en 2018 el 90 por ciento provino de Estados Unidos) 

Es claro, el imperialismo norteamericano busca destruir a la nación cubana, acabar con las conquistas de la revolución, particularmente la sanidad y la educación públicas y gratuitas, la expropiación de los grandes capitalistas, la reforma agraria, etc. Quiere recuperar el control que tenía sobre la isla transformándola en una zona de libre explotación en la cual se vivirían condiciones como las que vivía Cuba antes de 1959 y que conocen hoy Haití u otros países del mismo tipo. 

No podemos explicar la situación actual de Cuba sin partir de estos hechos y también de la política llevada a cabo por el gobierno cubano, en particular después de la desintegración de la Unión Soviética. Las medidas económicas tomadas por el gobierno cubano desde el 1 de enero, suprimiendo en buena medida la subvención a los alimentos de primera necesidad, han agravado enormemente las condiciones de existencia de una buena parte de la población cubana, que no encuentra artículos de primera necesidad sino en las tiendas en divisas a las que muchos no tienen acceso. 

Lejos de toda manipulación, que solo serviría a los intereses de la reacción, los militantes de la IV Internacional participamos en las movilizaciones contra el embargo y en el caso de nuestro país señalamos la posición servil de los gobiernos españoles ante el imperialismo norteamericano, que les hace corresponsables de esa situación. 

Queremos con esta Carta iniciar un debate necesario entre los militantes de vanguardia sobre las contradicciones de la revolución cubana, sus causas y sus efectos. 

Por ello invitamos a leer y debatir el dosier publicado en el número 92-93 de La Verdad, de marzo de 2017 y publicamos aquí algunos cortos extractos de elementos que consideramos clave que señalan también la necesidad de actualizar los análisis sobre la situación de Cuba y las perspectivas para la defensa incondicional de la Revolución Cubana.  Sigue leyendo

Reforma de pensiones: el Gobierno cede a las presiones del capital financiero

Carta Semanal 843 en catalán

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Una vez encauzada la resolución de la pandemia, según el Gobierno, le toca el turno a la aplicación de las  recomendaciones acordadas para la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo.

Las primeras reuniones de aplicación de las reformas concluyeron el 28 de junio en medio de una gran despliegue de propaganda sobre la bondad de los acuerdos alcanzados por el Gobierno, la CEOE y la CEPYME  y los sindicatos CCOO y UGT.

Pero el futuro de esas reformas no se encuentra en las deliberaciones del Gobierno y la patronal con las direcciones sindicales. El éxito de la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo va a depender mucho de que se consiga la unidad de los pensionistas con los trabajadores activos y sindicalistas.

El Gobierno cede a las presiones del capital financiero en favor de la privatización de servicios públicos. El Estado sale en defensa del sector financiero, y precisamente un lugar central en los acuerdos del Pacto de Toledo lo ocupa la privatización, introduciendo los fondos privados de pensiones en los convenios colectivos.

La prensa da cuenta de la resistencia, destacando que el 29 de mayo es la primera vez que  las organizaciones mayoritarias de pensionistas convocan de firma unitaria movilizaciones en todos los territorios del Estado.

Los objetivos del capital financiero contra los trabajadores activos

Minutos antes de la firma del Acuerdo del diálogo social, Escrivá declaraba que la generación del baby boom “tendrá que elegir entre cobrar menos o trabajar más”, Es decir, que a pesar de la propaganda del Acuerdo, el Gobierno está en el bando de los que apuestan por los  recortes.

El ministro lanzaba así el guion de lo que en el largo proceso de diálogo social tendrá que ser el mecanismo de la mal llamada equidad intergeneracional, sustituto del factor de sostenibilidad.

La generación del baby boom la forman los nacidos desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70, un total de once millones de trabajadores ahora activos, que empezarán a jubilarse a partir de 2023. Tienen largas carreras de cotizaciones con derechos adquiridos a altas pensiones.

Es la generación que ha contribuido con importantes cotizaciones sociales al mantenimiento de las pensiones de la generación anterior y han generado fuertes superávits a la Seguridad Social. Superávits que el saqueo sistemático impidió que lucieran en las cuentas de la Seguridad Social y que, como era obligatorio, constituyeran reservas para situaciones como las que se presentan ahora.

Esta discusión se quiere ocultar ahora para facilitar la aprobación del acuerdo dejándola para una supuesta segunda parte del diálogo social, pero el ministro la airea ya. Para salvar las pensiones de los trabajadores activos actuales sin hipotecar a las generaciones futuras, es imperativa la devolución de las cotizaciones saqueadas.

El Gobierno no tiene asegurada la mayoría para aprobar el acuerdo de reforma de las pensiones

Las recomendaciones del Pacto de Toledo que, con el consenso de la nefasta política del diálogo social debían permitir al Gobierno cumplir sus acuerdos con Bruselas, fueron rechazados por un número significativo de representantes políticos en las Cortes. Porque exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social antes de plantear reformas que parten de bases y datos falsos a causa del desvío de recursos y cotizaciones de la Seguridad Social a otros menesteres propios del Ministerio de Hacienda.

Con rotundidad Jordi Salvador, diputado de ERC por Tarragona dijo: “Si se presenta el proyecto tal y como está, vamos a votar que no”. La prensa recogió el rechazo, que va aumentado día a día: “El ‘no’ de ERC al proyecto de ley de pensiones, complica su aprobación en el Congreso” (El Periódico de Cataluña, 7/7/2021).“La reforma de las pensiones de Escrivá suspende en el congreso: la mayoría de la investidura no la apoya”. (Público, 7/7/2021).

El Gobierno no tiene garantizada hoy una mayoría suficiente para aprobar en el Congreso el texto del acuerdo firmado con las patronales y las direcciones de UGT y CCOO.

La reforma troceada en fases y plazos de aplicación

Ha sido este gobierno el que ha impulsado en el Pacto de Toledo las recomendaciones precisas para una modificación profunda de la Seguridad Social, en el sentido de reducir las pensiones del sistema público de reparto y preparando la entrada del capital financiero en la gestión de parte de las prestaciones, a través de los fondos privados de pensiones. Según Escrivá el objetivo es preparar un plan que debe durar 30 años.

En la actualidad la crisis económica empuja a la banca, las aseguradoras y a todo el capital financiero a buscar servicios públicos a privatizar. El Gobierno subordinándose a los compromisos con Bruselas ha diseñado un plan en varias partes. Pero, aunque se presente fragmentado, el plan es único y su fin es cambiar el modelo.

Las medidas del primer paquete, que deberán entrar en vigor a primeros de 2022 pretenden aparecer solo como corrección de las reformas de Rajoy, para lo que destaca la revalorización por el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad. Pero al no explicarse en qué consiste el mecanismo por el que se le sustituirá, siembran incertidumbre que se añade a la creada por el propio Escrivá al poner el foco sobre los de nuevos pensionistas de la generación baby boom, hoy trabajadores activos.

 Los contenidos del Acuerdo

– Se aprueba la revalorización de las pensiones según el IPC

– Se deroga el factor de sostenibilidad de las pensiones introducido por Rajoy en 2013 a sustituir por un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional”. Este mecanismo se negociará antes del 14 de noviembre en el diálogo social y consiste en un “conjunto de parámetros del sistema”, basado en la reforma de pensiones de 2011, para conseguir “de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”.

– Se incentiva la jubilación demorada con una exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, al tiempo que se ofrecen incentivos en metálico de hasta 12.000 euros o el aumento de hasta el 4% adicional a la pensión.

– Se limita la capacidad de los nuevos convenios colectivos para acordar la jubilación forzosa.

– Se mantiene el grueso de las penalizaciones sobre la jubilación anticipada, desatendiendo la reivindicación de eliminarlas en casos de trabajadores con largas carreras contributivas.

– Se dispone la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, de la que en seis meses el Gobierno presentará un Proyecto de Ley.

– Se hacen precisiones, que son exigencias de los pensionistas y algunos sindicatos, sobre la aplicación del artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, y, además, en concreto del 109.2 que obliga al Estado a hacer transferencias a la Seguridad Social ante la eventualidad de insuficiencia de las cotizaciones. Pero dada la historia de incumplimientos las garantías son insuficientes.

Este primer bloque del proceso de reforma de las pensiones que se ha iniciado contiene medidas, como la revalorización de pensiones según el IPC, que ya se aplicaban, así como otras que suponen reconocimiento de derechos (viudedad de parejas de hecho, cotización de becarios, convenios especiales de familiares). Pero estas medidas no compensan la confirmación que se hace de la reforma de 2011, que elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, endureció la jubilación anticipada, y anunció el factor de sostenibilidad. Tampoco compensa el silencio sobre la insuficiencia de las pensiones mínimas. Por tanto, no se puede hablar de luces y sombras, ya que, pese a algunos guiños comparativamente menores, lo sustantivo del acuerdo es contrario a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, que recogen el interés del conjunto de la clase obrera.

Además, no se precisa el contenido de las grandes medidas que se anuncian, como el “mecanismo de equidad intergeneracional”, las precisiones sobre la aplicación del artículo 109.2 de la LGSS o la propuesta de crear una agencia, de modo que se crea incertidumbre y rechazo.

Se supone que en el segundo bloque de los trabajos, además de atender el desarrollo de las medidas anunciadas en la primera fase, deben abordarse las grandes reformas que necesita el capital financiero y decidir el camino que se tomará para incrementar nuevos recursos:

  • El desarrollo de la recomendación 15 del Pacto de Toledo sobre la implantación de un sistema de previsión social complementaria con fondos privados de pensiones gestionados por los bancos y aseguradoras.
  • El destope de las bases de cotización
  • El aumento del periodo de cómputo para la determinación de las bases
  • Y toda una serie de ajustes necesarios para cumplir con la obligación de que el Estado asuma la falsa deuda que figura en las cuentas de la Seguridad Social y asuma la obligación de hacer los ajustes precisos para que en las cuentas de la Seguridad Social desaparezcan déficits inflados con obligaciones que son del Estado.

La movilización del 16 de octubre ante las Cortes

Frente a la aceptación generalizada a las manipulaciones contables de las cuentas públicas por parte de los gobiernos, la propuesta de una auditoria que establezca la verdad es una propuesta positiva y democrática.

Se trata de una iniciativa abierta y unitaria en la que participan pensionistas, trabajadores, diputados de ocho organizaciones diferentes, sindicalistas y jóvenes. Cuentan con cientos de miles de firmas individuales, centenares de mociones de ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así como pronunciamientos sindicales de CCOO y UGT. A destacar que el 43 Congreso Confederal de UGT y el Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT aprobaron mociones pro auditoría.

La ofensiva del capital financiero que los ministros Escrivá y Calviño trasladan a la escena política contra las conquistas de la clase obrera va afirmando a los militantes y activistas en la necesidad de organizar la resistencia y hacer aliados.

Tiene un largo recorrido la iniciativa de una concentración ante las Cortes el 16 de octubre en defensa del sistema público de pensiones, por la clarificación y limpieza de las cuentas públicas, por una auditoría para determinar los importes saqueados a las cotizaciones sociales y la necesidad de que se repongan esos recursos a la caja única de la Seguridad Social. Esa acción de los pensionistas plantea la necesaria discusión sobre las formas de ayudar a encontrar una salida política a la lucha por las reivindicaciones.

El significado de la abstención electoral en Francia

Carta Semanal 842 en catalán

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Los acontecimientos políticos y sociales que transcurren en este país hermano han tenido y tienen una influencia enorme sobre la evolución de la situación en España. La vanguardia obrera y una buen aparte de la población miran, a veces como ejemplo, las movilizaciones y conquistas del movimiento obrero francés. No es por casualidad, desde el pasado la Revolución francesa ha sido presentada como el espejo en el que se reflejaban los anhelos de los revolucionarios de nuestro país, recientemente el surgimiento de los “chalecos amarillos” y la posterior movilización de sectores crecientes de los trabajadores en defensa del sistema público de pensiones inspiró y ayudó a la resistencia en nuestro país.
Es por ello que nos ha parecido pertinente buscar una explicación a la histórica abstención que ha sacudido Francia en las elecciones regionales a dos vueltas y en las que mas de las dos terceras partes del electorado no ha votado.
De entrada rechacemos la explicación de que lo que estaba en juego en estas elecciones era mínimo. Sigue leyendo

Los partidos e instituciones franquistas ante los indultos

Carta Semanal 841 en catalán

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El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de junio conceder indultos a “los nueve” presos republicanos catalanes, unos indultos por demás limitados, que sólo afectan a las penas de prisión, pero no a las de inhabilitación o las supuestas responsabilidades económicas, que no cubren a otros procesados por el 1 de octubre del 17, tampoco a los republicanos exiliados ni a los cerca de 3.000 catalanes procesados por los mismos motivos. Sigue leyendo

La OTAN contra los trabajadores y los pueblos

Carta Semanal 840 en catalán

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El lunes 14 de junio se celebró en Bruselas -sede de la OTAN-su cumbre anual. Recordemos que la OTAN es la alianza militar -presidida por los Estados Unidos – formada después de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente o, como decían en términos coloquiales, “contener” a la Unión Soviética. La dislocación de la URSS en 1991, parecería auspiciar que la OTAN seria posteriormente disuelta. Pero ha ocurrido todo lo contrario, las diferentes administraciones norteamericanas -con la excepción del mandato de Trump- han obrado para extender sus funciones y sobre todo reforzar el control de los Estados Unidos sobre los países supuestamente “aliados”, en realidad agentes subsidiarios de la hegemonía americana a escala mundial, a quienes se exige incrementar su contribución militar a la Alianza. Hoy la OTAN se otorga funciones muy extensas, entre ellas la llamada lucha contra el terrorismo a escala mundial, en sus múltiples facetas. Lo que permite al gobierno norteamericano poner los ejércitos de los diferentes países que la componen a su servicio, alegando que la OTAN defiende la “seguridad” de todos (artículo 5 del tratado fundador de la OTAN). Sigue leyendo

Por una salida democrática a la ‘cuestión catalana’

Carta Semanal 839 en catalán

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Inmediatamente después de conocerse la intención del Gobierno de iniciar los trámites para la concesión del indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por el Tribunal Supremo a más de 100 años de prisión, la derecha franquista de este país apoyada en el aparato judicial de inequívoco aroma franquista, ha abierto la caja de los truenos y ha lanzado una campaña en contra. Esta campaña ha sido apoyada abiertamente en un primer momento por el clan de Felipe González en el PSOE. La reacción de unos y otros pone en evidencia lo que tantas veces hemos explicado: la incompatibilidad entre el régimen monárquico y cualquier medida que tenga que ver con la democracia.

El aparato judicial franquista, contrario a cualquier solución política

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Supremo  (que había condenado a los presos y tenía que informar sobre posible indulto) envió al Ministerio de Justicia un informe contrario a la concesión del indulto, posibilidad que consideró “inaceptable”, llegando incluso a acusar veladamente al Gobierno de querer cambiar una resolución judicial. El argumento utilizado era que los condenados no habían mostrado arrepentimiento. Un argumento falaz por cuanto en 1993 el mismo Tribunal Supremo emitió un informe favorable a la concesión del indulto al exteniente coronel Tejero, a pesar de que no había dado muestras de arrepentimiento. En aquel momento,  ese mismo tribunal justificó su posición en aras de contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado” y en aras también de la “conveniencia pública”, uno de los criterios que utilizan los gobiernos para conceder o no indultos.

Que la justicia tiene dos varas de medir según los casos, es algo ampliamente acreditado, aunque la desfachatez con la que se aplica nunca deja de sorprender. Conviene señalar igualmente el cinismo que destila el informe emitido por los seis miembros del Tribunal Supremo para oponerse a una eventual amnistía porque en su opinión “y en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Claro está, no se refieren al Reino de España, y a la Ley de Amnistía de 1977.

El posicionamiento del TS es la constatación de que una parte substancial del aparato de Estado,  siguiendo la estela del Rey [baste recordar el discurso del rey el  3 de octubre de 2017, después del referéndum catalán, llamando a lanzar toda las fuerzas de Estado contra los que había osado organizar un referéndum] son partidarios de continuar la guerra judicial contra los presos republicanos y los casi 3.000 encausados por el “procés”.

Este enfrentamiento del aparato franquista con el Gobierno sube de punto con la acusación expresa primero de Casado y luego, más acerba, por parte de Ayuso, exigiendo que el rey no firme los indultos como le corresponde hacer. El informe del Supremo lo presenta Lesmes, compinche del Borbón en el ataque al Gobierno de hace pocos meses, y ahora… amagan un golpe de Estado.

Resumiendo, lo substanciai del aparato de Estado heredado del franquismo es enemigo acérrimo de las libertades y derechos.

Oportunidad versus oportunismo

Ante la campaña desatada por la derecha franquista y todos los medios afines, por otro lado previsible, el gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado reafirmando el indulto, dentro de la ley, pero negando la posibilidad de una amnistía y del ejercicio del derecho de autodeterminación. Seamos claros, para resolver la cuestión catalana solo ejerciendo estos derechos puede abrirse una vía democrática.

Sin embargo, sea como fuere, y en el caso de que los presos sean indultados y se acabe revisando el delito de sedición, eso podría ser un punto de apoyo para esta salida democrática. Hasta ahora el gobierno del PSOE-UP ha aparecido ante los ojos de muchos trabajadores que vieron con esperanza su constitución a principios de 2020, como un gobierno sometido al capital financiero y el régimen monárquico. Como un gobierno que no ha derogado las reformas laborales –ni tan siquiera los aspectos más lesivos como decían algunos–, ni la ley mordaza (un compromiso electoral), y con respecto a las pensiones, todo lo que se conoce, indica que va a plegarse a las presiones de Bruselas, aunque el ministro Escrivá no se atreva por el momento a hacerlo.

Mientras, los mismos sectores que iniciaron la campaña en 2006 contra el Estatuto aprobado por el parlamento catalán y ratificado por las Cortes, recogen firmas contra el indulto. La derecha franquista de toda la vida (la antigua y la moderna) se organiza y atiza el enfrentamiento, aunque algunos sectores del PP vean la táctica de Casado suicida y no han querido acudir a la manifestación de este 13 de junio.

El gobierno del PSOE-UP muestra que esta medida está solo destinada a mantener una mayoría parlamentaria precaria.

Por su parte, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han dado a conocer un comunicado en el que manifestaban su apoyo a que el Gobierno indulte a los presos, medida que consideran “imprescindi­ble” para “recuperar el diálogo y la negociación”.

Evidentemente, somos partidarios de la libertad incondicional de los presos, y de una amnistía, porque ejercer el derecho democrático de organizar un referéndum no solo no es delito en democracia, sino que es un acto de voluntad democrática.

Somos partidarios de la unión fraternal entre trabajadores y pueblos del Estado español. Por ello, no apoyamos la independencia, sino el derecho a que los pueblos decidan.

Conseguir que los presos salgan de la cárcel no es un asunto “catalán”. Por el contrario es de interés para todos los trabajadores y pueblos que no pueden tolerar que los mismos jueces que avalan medidas antisociales –por ejemplo las reformas laborales y de pensiones– pretendan mantener en prisión a los republicanos catalanes y dinamiten toda salida democrática.

Una salida republicana

Aunque indudablemente sea un paso adelante indultar a los presos, es evidente que no soluciona el problema de fondo. Hay una mayoría social en Cataluña que quiere una solución democrática, con el ejercicio del derecho a decidir. Y hay una mayoría social en toda España que manifiesta –cada día más– su oposición a la continuidad del régimen monárquico. La confluencia de estas dos aspiraciones, y la de todos aquellos que luchan por la defensa de las pensiones, por la derogación de las reformas laborales, contra las oleadas de despidos… es una necesidad ineludible.

Frente a la Monarquía, las instituciones heredadas de la dictadura, y el capital financiero detrás de ellas, no caben “paños calientes”, es imprescindible ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y pueblos para abrir camino a la República, a la unión libre de repúblicas, para avanzar hacia el fin de toda opresión y explotación.

Pronto estará disponible el nº 108 de La Verdad, revista de la IV Internacional

Carta Semanal 838 en catalán

Carta Semanal 838 para descargar en PDF

Para preparar su discusión y organizar su difusión, dedicamos esta carta a presentar el sumario de este número de 64 páginas.
El título que figura en cubierta resume bien ese contenido: «La IV Internacional, la pandemia y la lucha contra el imperialismo». LV 108 quiere arrojar luz sobre la situación política mundial a través de los diferentes artículos que lo componen. Responde a la necesidad de armar a los militantes de la IV Internacional en esta situación mundial inédita, pero es también un instrumento de formación y de presentación de las posiciones políticas de los trotskistas. Resumimos sus artículos. Sigue leyendo