Cierre de filas en defensa de la Monarquía

Carta Semanal 815 en catalán

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Es difícil encontrar un país en que el discurso navideño del Jefe del Estado tenga a las principales fuerzas políticas y sociales y a los medios de comunicación tan en vilo. Parecería una anomalía si no se apreciara exactamente el papel de la institución monárquica como clave de bóveda de todas las instituciones del Estado y como representante del aparato de Estado heredado del franquismo. Como sabemos y no debemos dejar de repetir el Estado y sus instituciones no son neutrales o no están al servicio del conjunto de la ciudadanía. Estas instituciones son producto de las relaciones contradictorias entre las clases sociales y representan los intereses de una minoría -en concreto, del gran capital- al tiempo que preservan los privilegios de la herencia franquista.

El hecho de que en el marco de estas instituciones los trabajadores y los pueblos hayan conseguido, tras larga lucha, insertar conquistas democráticas o sociales no cambia el carácter de las instituciones, y, en especial, de la Corona.

El conjunto de las instituciones del Estado -el régimen- tiene como nexo de unión la Corona, su corte, sus relaciones con las demás instituciones: el ejército, el aparato judicial, los cuerpos de seguridad, la alta administración del Estado, la propia Iglesia Católica (cuyos privilegios blinda su concordato) y su identificación con los intereses de las grandes empresas, los bancos, la patronal…

La Corona es, al mismo tiempo, agencia subsidiaria del imperialismo mundial, al que asegura su apoyo militar -con las bases de Rota y Morón, y la defensa de sus intereses financieros por medio de su participación en las instituciones internacionales: la OMC, la UE, el FMI…

Es por ello que la relación de la Corona con los trabajadores y los pueblos, el grado de aceptación o no, que se concretiza en el apoyo a la Constitución del 78 es clave para mantener la «estabilidad» del Estado, necesaria para que los capitalistas puedan explotar -extraer la plusvalía- en mejores condiciones a los trabajadores y para que los derechos de los pueblos sean contenidos -si no pisoteados – en el marco de un régimen que se asienta en un sistema autonómico que no es, en absoluto, el reflejo de la satisfacción de estos derechos sino la base de la división, que azuza enfrentamientos entre ellos para permitir a la Monarquía subsistir.

De annus horribilis en annus horribilis

Desde que en abril de 2012 Juan Carlos I  se partió la cadera en una cacería de elefantes en Botswana, todo el edifico mediático construido para engañar al pueblo sobre la naturaleza de la Corona y el carácter del rey se empezó a derrumbar. El “rey campechano” se va convirtiendo, a ojos de una parte creciente de la población, en Juan Carlos I “el comisionista”. En junio del 2014, tuvo que abdicar acosado por la corrupción y los escándalos, pero eso no ha detenido un proceso en que, a ojos de la mayoría, la propia existencia de la Monarquía se ha cuestionado. De nada ha servido la defensa sistemática que la gran prensa y parte de la intelectualidad han realizado en pro del rey. Las primeras fisuras de masas se han producido, desde el movimiento de los indignados de mayo de 2010, a los partidos republicanos catalanes y vascos. Lo cual les ha acarreado la furibunda ofensiva mediática, policial y judicial para hundirlos y/o desprestigiarlos.

Hay que señalar, también, el abierto enfrentamiento del sucesor  Felipe VI, con el pueblo catalán, apaleado por sus fuerzas policiales el 1 de octubre de 2017 para intentar impedir una votación democrática, y contra el cual el monarca azuzó al aparato judicial en su infame discurso del 3 de octubre.

Quiéranlo o no, la cuestión de la Monarquía está en el centro y, con ella, no es simplemente la forma de Estado, sino que es el conjunto del andamiaje, y los intereses que defiende, lo que está en cuestión. Por eso, la prensa debate, quiéranlo o no, sobre el hecho de que el rey, en su discurso de navidad, no haya dicho nada sobre la corrupción manifiesta de su padre, que acaba de reconocer que estafó a la Hacienda Pública.

La persistente erosión del Régimen

«La situación es la siguiente: los mecanismos de la Unión Europea colocan a España en posición de salida de la crisis económica, al menos en teoría, pero los acontecimientos internos la colocan en la necesidad de hacer frente a la crisis política más grave de los últimos cuarenta años…» (Fernando Onega, 12 de diciembre en La Vanguardia. El periodista hace referencia en este artículo a la crisis en la cúspide del Estado, contrastándolo con el hecho de que el gobierno acababa de hacer aprobar los presupuestos ratificados estos días en el Senado).

Al margen de la consideración, voluntariamente optimista, sobre la crisis económica y la utilización de los fondos europeos, Onega es consciente que para la burguesía, sin un régimen estable y asentado todo está en peligro; es consciente de que lo que está en tela de juicio no es «la catadura moral de un personaje» (que, por otro lado, no es distinta a la tradición borbónica, ahí están los libros de Historia para comprobarlo), sino que es el «sistema político en su conjunto el que está en tela de juicio». Es por ello que las banales frases sobre la ética, la moral, la responsabilidad y otras lindezas son arena entre los dedos. Los hechos están ahí; el sucesivo descubrimiento de los asuntos de Juan Carlos, sobre todo desde 2014, ocultando su largo recorrido desde 1973 en que Franco le concedió sus relaciones con los dirigentes de los países productores de petróleo. No son excepciones, es el hábito de la monarquía y su entramado institucional.

Es algo inseparable del balance de estos más de 40 años, de la transformación económica de este país, de la destrucción de una buena parte de sus bases económicas, particularmente industriales, del más bajo nivel de inversión pública en sanidad y educación, del ataque sistemático contra las conquistas obreras, que se concentra hoy en particular contra el sistema público de pensiones.

Un régimen y sus instituciones que ni siquiera respetan los pactos que promueven

Cuando Felipe VI saluda el compromiso de la Unión Europea y los fondos de reconstrucción, con pleno conocimiento de causa está defendiendo la utilización de estos fondos, que como se ha anunciado irán en su inmensa mayoría  a las grandes empresas, que los utilizarán como es lógico para financiar sus planes de reconversión o de reajuste de plantillas o simplemente para «recomprar su deuda». Los fondos irán, también, para lo que de nuevo se llama «asociación Privado/público» o sea financiar con dinero público las empresas privadas, como se plantea en sanidad y en lo que algunas comunidades, como Madrid o Catalunya han tomado la delantera.

Y evidentemente la burguesía es consciente de que para realizar esta operación es necesario un régimen estable.

Y esta es la tesitura en que se encuentra el Gobierno Sánchez. La mayoría trabajadora reclama que dé satisfacción a sus reivindicaciones. Pero defender a la Monarquía hoy significa echar por la borda las reivindicaciones y los motivos por los cuales una mayoría obrera y popular lo llevo al poder: desde el sistema de pensiones a las reformas laborales. Y el temor del capital y sus portavoces es que precisamente este es hoy el único gobierno que puede defender al régimen, ante la extrema división de los «partidos» franquistas, reflejo de la división del aparato de Estado del cual son su representación genuina.

La propia crisis dentro del Gobierno actual no es más, en última instancia que un reflejo de la división existente en el aparato de Estado.

Quién manda y cómo hacer frente

Recordemos: a finales de noviembre el Pacto De Toledo adopto 21 recomendaciones. Su contenido era evidente, una nueva vuelta de tuerca contra las pensiones públicas. Este pacto era y es contestado desde el interior y, claro está, desde el exterior, con las persistentes movilizaciones protagonizadas por la COESPE y otras plataformas y seguidas por una multitud creciente de militantes y responsables sindicales. Días después el Parlamento adopta por amplia mayoría las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Y, de pronto, días después el ministro Escrivá «decide» ampliar, por su cuenta, las medidas y plantea, enviándolo a Bruselas, sin consultar siquiera con el Gobierno,  la modificación del periodo de cómputo de la pensión, que sería calculada en función de los últimos 35 años en vez de 25. Medida persistente de aumento del periodo de cálculo desde 1982 en que se fijaba en dos años. El gobierno de Felipe González es el que inició la modificación del cómputo. La «nueva» medida de Escrivá a significaría una reducción media del 5,5 por ciento de la pensión.

Veamos, se marea a los partidos y sindicatos con medidas para salvar las pensiones, dicen que se aprueban en el Parlamento y después el Gobierno decide modificarlas, al parecer por imperativo del capital financiero y de Bruselas. Casi abiertamente Nadia Calviño platea que estas medidas son necesarias para obtener los fondos europeos (Europa venía insistiendo en medidas para “asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones”…o sea, preguntamos ¿quién gobierna, quién manda?

La historia se repite, el 5 de julio del 2015 el gobierno de Syriza en Grecia sometió a referéndum el nuevo plan de ajuste de la Troika. Los dos tercios de la población votaron en contra, y, sin embargo, una semana después el gobierno griego adoptó el plan de austeridad: Los gobiernos europeos, ya sean “de izquierdas” o “de derechas” se asemejan, por su sumisión al capital financiero.

El gobierno,  en nuestro país, está sometido a la doble influencia del capital y la Monarquía, por ello ni siquiera respeta los pactos que promueve, lo cual deja entre la espada y la pared a los dirigentes sindicales que plantean que no hay otra salida que el «diálogo social».

Este es el quid de la cuestión, someter a los trabajadores a esta política lleva a la derrota. Romper las amarras con esta política es la condición necesaria para conseguir las reivindicaciones y, por ende, preservar, si no reconstruir, las organizaciones.

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