(Publicado en la Carta Semanal 733 – ver en catalán)

Mientras en la sala IV del Tribunal Supremo, bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena, continúa el juicio contra los republicanos catalanes, en la sala III del mismo tribunal, un auto paralizaba cautelarmente la salida de los restos del dictador Franco de la basílica del Valle de los Caídos, que estaba prevista para el 10 de junio. Merece la pena, a la luz de ambos procesos, reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder judicial y, con él, del aparato de Estado del que forma parte.

Franco, Jefe del Estado desde 1936

La sentencia de la sala III, adoptada por unanimidad de sus miembros, ha despertado encendidas protestas, especialmente, sobre los términos en que estaba redactada una frase de la misma, en que los magistrados del Supremo decían que Francisco Franco había sido “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, reconociendo así la legitimidad del régimen desde el mismo momento del golpe militar del 18 de julio de 1936. Y todo ello apoyado en los acuerdos de reforma, que no de ruptura, de 1978, fraguados entre el régimen y los responsables de las organizaciones obreras mayoritarias del momento.

No seremos nosotros quienes nos rasguemos las vestiduras ante esta frase. No hace más que confirmar una doctrina reiteradamente expresada, sentencia tras sentencia, por el Tribunal Supremo, que se ha negado sistemáticamente a anular los juicios del franquismo, reconociendo la legitimidad de los mismos, desde el mismo 18 de julio de 1936 hasta las últimas condenas de muerte de luchadores antifranquistas dictadas por un Consejo de Guerra el 28 de agosto de 1975 y ejecutadas el 27 de septiembre de ese mismo año, unos pocos meses antes de la muerte del dictador. Los jueces del Supremo han dicho una y otra vez que esos “juicios” con jueces y fiscales militares y supuestos abogados defensores, también militares, no elegidos por los acusados y que la mayoría de las veces se limitaban a reconocer la culpabilidad de los acusados y a pedir -con la boca chica- clemencia al “tribunal”, eran tribunales legítimos que emitieron sentencias legítimas.

Cuando Baltasar Garzón -que, como juez “estrella” de la Audiencia Nacional, fue pionero en vulneraciones del derecho de defensa como las escuchas a las conversaciones entre los acusados de delitos terroristas y sus defensores, algo que jalearon muchos- tuvo la ocurrencia de admitir a trámite denuncias contra los crímenes del franquismo, el poder judicial no tardó en perseguirlo y dictar una sentencia que le expulsaba de la carrera judicial. Lo juzgaron, aparentemente, por otros hechos, pero el mensaje quedó claro para todos: el poder judicial se declara heredero y defensor del aparato judicial (y del régimen) franquista y no consiente que se le toque ni un pelo. Precisamente, uno de los siete jueces responsables de la sentencia -dictada por unanimidad- que expulsaba a Garzón de la judicatura fue…Manuel Marchena.

¿A quién puede extrañar todo esto? La Audiencia Nacional, tribunal especializado en perseguir los “delitos de terrorismo” y otros delitos políticos, es la heredera directa del Tribunal de Orden Público del franquismo, y el aparato judicial que padecemos es el mismo aparato judicial del franquismo, que se ha mantenido desde entonces por múltiples lazos de afinidad y parentesco. El juez de Madrid Yusti Basterreche, primero que decretó la suspensión cautelar de la exhumación de Franco, es el nieto del almirante Basterreche, responsable de la matanza de miles de civiles desarmados que huían de Málaga en 1937 durante la llamada “desbandá”.

No sólo se trata del poder judicial. Más de un millar de militares retirados firmaban hace unos meses un manifiesto de apoyo a Franco (los que están en activo no lo hicieron para evitarse posibles sanciones, pero es evidente que en su inmensa mayoría compartían su contenido). El País analizaba recientemente los resultados electorales y señalaba que las mesas con más alto porcentaje de votantes de Vox eran aquellas en que votaban los residentes de cuarteles del Ejército y casas-cuartel de la Guardia Civil.

El juicio del Procès y los juicios contra sindicalistas y activistas sociales

A la vista de todos, el magistrado Manuel Marchena dirige con mano de hierro las sesiones del proceso por rebelión contra los republicanos catalanes. Se permite interrumpir a los letrados, prohibir preguntas, tratar con distintas varas de medir los testimonios, según sean policías que declaran a petición de la acusación o ciudadanos apaleados testigos de las defensas, admitir o inadmitir videos y otras pruebas… El aparato judicial, en connivencia con las demás instituciones de la Monarquía, han asignado a Marchena la misión de dejar claro que la voluntad popular, catalana o española, en ningún caso puede imponerse sobre las instituciones heredadas de la dictadura. Le han encargado una sentencia “ejemplar” contra la democracia.

Lo mismo ha sucedido en los cientos de juicios contra sindicalistas en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal (artículo “antipiquetes”, heredado, también, del último Código Penal franquista), donde los sindicatos han denunciado, una y otra vez, la colusión de fiscales y policías, bajo la mirada benevolente de los jueces, para criminalizar a los sindicalistas acusados. O en el juicio contra Andrés Bódalo, en que el juez se negó a admitir como prueba un video que demostraba la falsedad de las acusaciones (lo mismo que sucedió en el juicio contra los dos sindicalistas de CNT de Logroño, condenados por su actuación durante una huelga). Los “18 de la Macarena”, activistas de la lucha por el derecho a la vivienda de Sevilla, denuncian el mismo tipo de prácticas. En Madrid, la policía anima la denuncia presentada por la organización fascista “Hogar Social Ramiro Ledesma” contra los militantes que formaban parte del servicio de orden de la manifestación del 16 de marzo por el derecho a decidir, y el fiscal los acusa de “delito de odio”, apoyándose en una instrucción de la Fiscalía del Estado (publicada, ¡oh, casualidad!, el día antes de la fecha prevista de su juicio), en la que se establece que animar al rechazo contra los nazis puede ser perseguido como delito de odio.

Al mismo tiempo, todos los órganos judiciales han avalado las contrarreformas laborales, los recortes sociales, los recortes de salarios y derechos de los empleados públicos (recortes efectuados pasando por encima de acuerdos y convenios colectivos), como han avalado la entrega de miles de millones a los banqueros, a los especuladores de las autopistas radiales o del almacén de gas de Tarragona. No cabe duda de que saben bien qué intereses de qué clase social deben defender: los de los explotadores y especuladores.

Algunos analistas señalan que las actuaciones judiciales son algo más que un azar del calendario. En un momento en que están abiertas las negociaciones para formar Gobierno, las demostraciones de “fuerza” del aparato judicial podrían ser una advertencia al nuevo gobierno, una advertencia de que la “Justicia” (y el aparato de Estado del que forma parte) no están dispuestos a aceptar ninguna “liberalidad “, como, por ejemplo, un indulto a los catalanes o la anulación de las sentencias de los consejos de guerra y tribunales franquistas.

El aparato judicial y los derechos de las mujeres

Desde la sentencia de “la Manada”, miles de mujeres -y de hombres- han expresado su indignación contra los jueces que minimizan las agresiones sexuales contra las mujeres (uno de los jueces de Pamplona llegó a decir que veía actos sexuales consentidos, en un “ambiente de jolgorio” en la brutal agresión de cuatro individuos fornidos, incluyendo a un militar y un guardia civil, contra una joven de 18 años). Otro juez llamaba “bicho” e “hija de puta” a una activista en defensa de las mujeres maltratadas. Y podíamos seguir hasta el infinito.

Es la continuidad de un aparato judicial y policial que, durante décadas, se ha negado a defender a las mujeres contra las agresiones, recomendándoles, incluso, cínicamente -como hacían las publicaciones de la Sección Femenina de la Falange- resignación ante esos hechos y sometimiento al varón.

Como en el caso de los juicios contra sindicalistas, sólo la movilización social ha obligado a estos individuos a recular, y a regañadientes.

Hay que limpiar toda esta trama

Ni el aparato judicial, ni el régimen del que forma parte y al que sustenta, son reformables.

La defensa de las libertades y de los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de los Pueblos exige acabar con este poder judicial, con este régimen, proclamar la República. Porque República no es cambiar a un rey por un presidente, sino dar una limpieza radical a las instituciones y dar satisfacción a las principales reivindicaciones.