(publicado en la Carta Semanal 459)

El ex coronel del Ejército de Tierra, Amadeo Martínez Inglés, ha dado a conocer un texto en el que expone que en las “altas esferas de las Fuerzas Armadas españolas” ya existen “planes elaborados, con el conocimiento del Ejecutivo de Rajoy”, para intervenir “Cataluña si sigue adelante la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre”. Una intervención militar que, según el ex coronel, tendría el nombre en clave de “Operación Estela”.

Sea cual sea el fundamento de estas afirmaciones, a nadie le cabe duda de que son perfectamente plausibles para un ejército con la historia que arrastra el español, a quien, además, la Constitución de 1978, que –recordemos– “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, atribuye que “las Fuerzas Armadas (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Constitución que fue aprobada, como todo el mundo sabe, bajo la continua amenaza de golpe militar de ese mismo ejército franquista si se superaban ciertos “límites”.

Sin duda, alguno pretenderá decirnos que el ejército ha cambiado, que ya no es el ejército de Franco. Cualquier historiador que trate de investigar la represión de 1936-50 puede desmentirlo explicando cómo el ejército de hoy encubre los asesinatos impidiendo el acceso a los documentos de esas matanzas, documentos que, además, desaparecieron de los archivos accesibles al público no en 1950 sino en 1984 y 1992. Y hoy, en 2014, los responsables de los archivos militares siguen vigilando como cancerberos esos archivos.

La crisis del Régimen

La cuestión catalana –y, a otro nivel, la cuestión vasca… ponen de manifiesto la incompatibilidad del régimen monárquico (y de las instituciones heredadas del franquismo sin depuración alguna, como el aparato judicial y el ejército) con los derechos de los pueblos y naciones del Estado Español. Una incompatibilidad que sólo se ha podido evitar que estallara por la traición de la dirección de los partidos obreros y nacionalistas al derecho de autodeterminación que defendían hasta la aprobación de la Constitución. El Estatuto votado por el parlamento catalán el 30 de septiembre de 2006 fue laminado primero por las Cortes y luego por el Tribunal Constitucional para que no quedase ni sombra de la reivindicación de la nación catalana.

La crisis del régimen corrupto, que lo corroe desde el último ayuntamiento a la propia familia “real”, se corresponde, como tantas veces en la Historia, con la decadencia física e intelectual del rey nombrado por Franco, que se puso de manifiesto en el penoso espectáculo de su discurso en la última Pascua Militar.  Pero, a su vez, el estado del borbón supone una crisis de la jefatura de los ejércitos, que detenta el Rey y quiso reafirmar en la Pascua Militar, pero ese mismo día el vídeo oficial resaltaba su incapacidad, poniendo así sobre el tapete el relevo por quien presidió el desfile militar el 12 de octubre. A su vez, el Rey ha mostrado su disposición a encabezar la ofensiva contra Cataluña.

Sin poder valorar la realidad de las afirmaciones de Martínez Inglés, no cabe duda de que al ejército le cabe un papel importante en los análisis de las instituciones internacionales preocupadas por la posible inestabilidad en España cuando los planes de ajuste destruyen la economía y los derechos sociales que han sido el cimiento de la convivencia. Y llama la atención el silencio absoluto de los dirigentes de las organizaciones obreras. Ninguno ha pedido precisiones ni la apertura de una investigación sobre un asunto tan grave. No estamos en el 36, pero, teniendo en cuenta las tradiciones del ejército español, no se pueden pasar por alto ni los rumores golpistas ni el dispositivo que toma el gobierno para defender la Monarquía

Un ejército que se reestructura

Hay que partir de una realidad: los ejércitos españoles no son autónomos. Desde que en 1953 se firmaron los acuerdos con los Estados Unidos, se han ido convirtiendo cada vez más en subsidiarios de los EEUU. Una sumisión que se intensifica a partir de la entrada en la OTAN. Muchas unidades militares se convierten en subsidiarias de los distintos mandos de la OTAN. Por ejemplo, la escuadrilla con más capacidad de ataque del ejército del aire, compuesta fundamentalmente por F18, está al mando de un oficial que a la vez es un mando de la OTAN, dependiente de un cuartel general sito en Italia.

A eso hay que añadir la cuestión de las Bases USA. Morón alberga a 500 marines y ocho aviones de los Estados Unidos, con el objetivo declarado de intervenir en el norte de África. Despliegue que se ha hecho sin control alguno por parte del Parlamento Español. Y sobre el que, como admitió sin tapujos el pasado 19 de junio ante el Congreso el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Gobierno no tiene tampoco control alguno. A esto se añade la reciente petición, durante la visita de Rajoy a Washington, de una ampliación en un 50% (o incluso un 100%) de ese contingente, por un periodo de un año. 1.000 marines en Morón, que se suman a los 2.500 militares norteamericanos que ya hay en Rota. Si tenemos en cuenta que la invasión de Afganistán se inició con 20.000 soldados USA, y en el momento de máximo despliegue llegaron a 54.000, el número de 3.500 soldados de los Estados Unidos en España es bastante importante.

La dependencia militar respecto de los Estados Unidos de ningún modo se ha aliviado o compensado con la entrada en la Unión Europea. Al contrario se ha reforzado, pues la premisa expresa de la política “de defensa europea” son las obligaciones de los estados miembros respecto de la OTAN, que condicionan todo lo demás.

Al mismo tiempo, el ejército ha anunciado una “reorganización” que parte de la creación de “Brigadas Orgánicas Polivalentes” que, a diferencia de las actuales brigadas específicas (mecanizada, ligera o paracaidista), combinarán la potencia de combate de las fuerzas pesadas con la capacidad de proyección de las ligeras, para lo que dispondrán de ambos tipos de unidades. Las nuevas BOP se turnarán como parte del llamado Núcleo de Fuerza Operativa Conjunta de 15.000 efectivos, que debe estar en todo momento al 100% de su capacidad de adiestramiento y alistamiento (tanto de personal como de material). Ello supone que siempre habrá una o dos brigadas preparadas para intervenir de manera inmediata donde haga falta (que puede ser en Cataluña o donde mande la OTAN).

Según el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez, dos tercios de ese Núcleo de Fuerza Operativa Conjunta se prepararán para intervenir en operaciones combinadas con otros aliados (en el marco de organizaciones internacionales como la ONU, la UE o la OTAN) y un tercio, en operaciones de carácter exclusivamente nacional, según los planes de contingencia.

Esta reorganización supone ¡oh, casualidad!,  el redespliegue de las tropas acantonadas hoy en Cataluña, Aragón y el País Vasco. Naturalmente, sin ninguna motivación política, según el Estado Mayor.

Tras la reorganización, el ejército quedará en unos 120.000 ó 110.000 efectivos, 67.000 implicados en misiones operativas, y los 53.000 restantes formando parte de unidades de apoyo o cuarteles generales. Es decir, que quedará un “ejército útil” mientras se procede a la precarización y desmantelamiento del ejército no útil o no apto de inmediato para la intervención imperialista o en  territorio nacional. En el marco de los recortes y la austeridad, de un lado se pretende hacer una parte de fuerzas de élite, capaz de intervenir dentro y fuera cómo se explica, y al resto de tropa, soldados y mandos y trabajadores civiles de las FFAA se les aplican las medidas de recorte.

Militarización social

Al mismo tiempo, la Dirección General de la Policía avanza, según denuncia el Sindicato Unificado de Policías, en la militarización de la Policía Nacional. Solo en los nuevos galones y charreteras –de tipo militar– de sus mandos y miembros, se va gastar 3 millones de euros en tiempos de crisis. El nuevo Código Penal Militar no sólo militariza a la Guardia Civil: será de aplicación a los civiles “en situación de conflicto armado”. Esta expresión sustituye a la anterior, que preveía esa posibilidad “en tiempo de guerra”. Pero para poder aplicarlo con esa redacción sería necesaria una declaración formal de guerra. De ahí el cambio de la expresión. Así no se explica qué es un conflicto armado, ni quién lo declara, ni cuándo empieza. Se cambia un concepto tasado, la declaración de guerra, por otro indeterminado. En cuanto al tipo de “conflicto armado” podría ser externo o interno. Si el ejército decidiera intervenir contra Cataluña, generando un “conflicto armado”, sería de aplicación.

No decimos que están preparándose para una intervención militar inminente, pero tampoco exageramos al decir que están preparando el dispositivo militar y legal para intervenir. Que lo hagan o no, dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de la correlación de fuerzas (desde luego, no de la “convicción democrática” del Ejército Español).

Y se añade otra posibilidad: la Constitución prohíbe la pena de muerte “excepto lo que dispongan las leyes militares en tiempo de guerra”. Por la puerta trasera se puede haber introducido la posibilidad de pena de muerte a civiles (la justicia franquista, recordemos,  lo hacía por medio de los “consejos de guerra sumarísimos”).

A eso hay que añadir la Ley de Seguridad Ciudadana, que convierte a los vigilantes privados en auxiliares de la policía con posibilidad incluso de detener a personas en la calle.

Cada vez que el capital ataca un derecho de los trabajadores y de la población, cuenta con el respaldo de su dispositivo militar y lo actualiza. Naturalmente que esto, a su vez, genera una crisis dentro del propio Ejército. Recordemos la reciente rueda de prensa de Madrid en que un grupo de militares se declara abiertamente republicano.

De modo que la lucha contra la guerra y el militarismo no es una solidaridad con pueblos remotos, o aun vecinos frente a la agresión de los ejércitos imperialistas –incluido el español–, es la defensa de la soberanía popular, de la democracia, frente al dispositivo que respalda los planes de ajuste y el saqueo de los pueblos por el capital financiero –que incluye a los bancos “españoles”–. Defender Cataluña es defender los derechos de todos los pueblos del Estado español.

La única seguridad democrática para los trabajadores y los pueblos del estado español es librarse del aparato de estado heredado del franquismo, de sus militares, sus cuerpos represivos y sus jueces. Y de su jefe, el Borbón heredero de Franco. Es traer la República.

Y hoy es urgente exigir a las organizaciones obreras y a las que se reclaman de los derechos de los pueblos que hagan un frente común para cerrar paso a cualquier amenaza de intervención contra Cataluña, y por lo tanto para echar a Rajoy sin demora.