(publicado en la Carta Semanal 458)

El retroceso del gobierno del PP de Madrid anulando la privatización de la gestión de los hospitales es una victoria de todos los trabajadores y las organizaciones a escala estatal. Una victoria, además, que aumenta la moral de combate del conjunto de la clase trabajadora y facilita que nuevos sectores se lancen a la lucha.

La victoria de Madrid, como señalaba la hoja que difundió Información Obrera, no ha sido un regalo de los jueces (todo lo contrario, todas las maniobras del aparato judicial buscaban llevar las competencias sobre la demanda contra la privatización al pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presidido por un ferviente partidario de  la privatización). Ha sido el resultado de la voluntad de los trabajadores de la Sanidad y del pueblo de Madrid de luchar unidos, hasta el final, incluyendo a su organizaciones. Y esto a pesar de la manera como los sindicatos han actuado, ocultando sus siglas para diluirse en una pretendida “sociedad civil”. Porque, digan lo que digan las versiones  “de izquierdas” o de “derechas” del “pensamiento 15-M”, la actitud las organizaciones y de sus dirigentes no es indiferente para el desarrollo de las luchas. Como no lo ha sido la actitud de los dirigentes  del PSOE y de IU de Madrid. Sin duda lo han hecho por sus propios motivos, pero para quienes defendemos una política de Frente Único Obrero (es decir, de unidad de los trabajadores y de sus organizaciones en defensa de las reivindicaciones obreras), ese detalle es muy importante.

El hecho de que Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid en oposición directa a Rubalcaba, haya estado desde el comienzo no sólo por denunciar la privatización y anunciar que cuando él gobernara la anularía, sino por luchar contra ella, sin duda ha ayudado a reforzar la unidad, base de la victoria. Una política de FUO tiene en cuenta estas cuestiones.

La lucha de clases no para…

La victoria de la Sanidad de Madrid demuestra, una vez más, que, como decía la representante de AFEM (la asociación de médicos de Madrid) “se pueden evitar las reformas”. Desde la victoria política de los barrenderos de Madrid, se demuestra que es posible hacer retroceder al gobierno.

A ello se suma la continuidad de huelgas por las reivindicaciones, particularmente en los sectores de servicios, las contratas y empresas subsidiarias víctimas de los planes de austeridad de la Administración Local, obligada por la reforma constitucional y la Ley de Estabilidad presupuestaria a avanzar a zancadas hacia el déficit cero. A esta victoria se añade la readmisión de los despedidos por Cospedal en la Junta de Castilla la Mancha, la de los trabajadores de la basura de Alicante… todo lo cual anima, a su vez, huelgas como la de la basura de Alcorcón. El hecho fundamental es que, a pesar de todos los ataques, y de la negativa confederal a organizar una acción de conjunto, la clase obrera no ha sido derrotada, por más que la política de “Diálogo social” facilita la imposición de la política del Gobierno

… y se traduce en una crisis en el PP

Barrenderos, Gamonal, sanidad… cada golpe recibido hace que la descomposición del régimen, que se traduce en el Gobierno y el PP, alcance límites insospechados. Tras el rechazo abierto de varios dirigentes y barones regionales a la ley Gallardón y las reticencias de muchos otros a aplicar la ley Wert, no pasa día sin que la prensa saque una nueva noticia de crisis en el PP. Unos se van, otros se apartan y otros dan la espantada.

La lucha de clases es la lucha también en el interior de cada clase, y la descomposición del PP refleja la dislocación del aparato de Estado. Cada día un nuevo conflicto: Mayor Oreja, Vidal-Quadras. La espantada de Aznar, el estallido del Colectivo de víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), el retroceso de Gallardón en el trámite de la ley contra el aborto (con la excusa de pedir opiniones e informes a autonomías, asociaciones y expertos), la cesión de Wert ante la rebelión de seis autonomías, que le ha obligado a retrasar de nuevo la aplicación de la LOMCE. Y a ello se añaden los rumores del operativo militar dispuesto a tomar las capitales catalanas en octubre si se convoca la consulta el 9 de noviembre (operación Estela). Mientras Gallardón y Wert retroceden, Cospedal se ve obligada a tragarse los 500 despidos de empleados públicos que decretó en  Castilla la Mancha, a la vez que el Gobierno de Madrid anula la privatización sanitaria, provocando un seísmo.

El discurso de guerra civil de Rajoy en Barcelona el viernes 23 de enero no ha unificado al aparato de Estado, al contrario ha multiplicado sus divisiones sobre qué hacer.

Por otra parte, el creciente rechazo social al Gobierno le obliga a legislar para su “público” con proyectos como la ley Gallardón, metiéndose en nuevos callejones sin salida. Seguir adelante con ella le enfrenta con el conjunto de la sociedad, dar marcha atrás le enfrentaría con sus fieles “provida” y con los obispos.

No se trata solo de una crisis de gobierno, sino de Régimen y del pacto que en la Transición permitió la supervivencia de una buena parte del aparato franquista. De nuevo se abre la lucha por la democracia o sea por la República y el derecho de autodeterminación.

Todo se concentra en los sindicatos

En estas condiciones, la acción unida de los trabajadores y sus organizaciones sería demoledora.

El patético cierre de filas de Rubalcaba con el Gobierno produce el mayor desconcierto en el PSOE. Recordemos: en julio de 2013 Rubalcaba pedía la dimisión del Gobierno, hoy lo subordina todo a las elecciones de noviembre del 2015. ¿Qué ha cambiado? El miedo a una explosión social generalizada, que combinada con el levantamiento del pueblo catalán, intente utilizar a las organizaciones (incluido el PSOE) como punto de apoyo. Rubalcaba dice por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche que él hará todo lo posible para mantener al Gobierno hasta noviembre de 2015.

A otro nivel lo mismo sucede con los máximos dirigentes de UGT y CCOO. Si diesen un paso adelante en la acción común, sin duda desestabilizarían el frágil equilibrio. Y son conscientes de ello. Por eso han dejado pasar sin mover un dedo la retahíla de ataques convertidos en leyes y proyectos de ley que el gobierno ha publicado en diciembre. Por eso ambos confederales, en lugar de preparar acciones comunes, preparan actos y concentraciones separadas, de autoafirmación y de delimitación entre uno y otro sindicato y al margen de las reivindicaciones (formalmente además para preparar las elecciones sindicales), para  el  15 de marzo UGT y el 5 de abril CCOO.

En esta situación, cualquier movilización puede ser la mecha de una nueva explosión. Por eso desde la dirección del PP obligaron al alcalde de Burgos a abandonar de inmediato el proyecto del bulevar del Gamonal, cuando él sólo pretendía una paralización temporal.

La marcha del 22 de marzo a Madrid puede situarse en este contexto. Después de la decisión de CCOO de Madrid y otras instancias de sumarse a ella, esta marcha, preparada por algunos de sus animadores como un ataque a UGT y CCOO, puede tomar otro carácter, convertirse en una movilización por la unidad. Desde este punto de vista hay que plantear en positivo la cuestión de la unidad, la responsabilidad de UGT y CCOO es ponerse al frente  y romper  la tregua con el Gobierno. La misma línea que debe presidir la intervención en las concentraciones de UGT y CCOO:  plantear el problema de la unidad por la Huelga General para echar abajo el Gobierno y su política.

Esta nos parece la concreción hoy de una política de Frente Único Obrero, indispensable para derrotar al Gobierno, a la Unión Europea y sus planes destructores.