Carta Semanal 913 en catalán
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Un documental de la BBC y los videos e informaciones difundidos tras la visita de un grupo de diputados de la Comisión de Interior del Congreso (que incluía a parlamentarios de PSOE, PP, PODEMOS, ERC, PNV y BILDU) han puesto de nuevo de actualidad la masacre ocurrida el 24 de junio en la valla de la infamia que separa de Marruecos el enclave colonial español de Melilla. La Guardia Civil ha facilitado a los diputados imágenes grabadas por un dron y un helicóptero, y dice que no funcionaban las demás cámaras de seguridad.
Las imágenes demuestran la colaboración de la policía española y la gendarmería marroquí en los hechos que condujeron a la muerte de 23 inmigrantes, según la policía marroquí, o de 37, según las organizaciones de derechos humanos marroquíes. También demuestran que al menos parte de esas muertes se produjeron en territorio controlado por España y que policías marroquíes sacaron de allí varios cadáveres para devolverlos a territorio de Marruecos. También entraron en territorio bajo control español para llevar a la gente de vuelta a Marruecos, sin que tuvieran la oportunidad de pedir asilo.
El Defensor del pueblo ha establecido, en su propia investigación, que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales.
Varios de los partidos que apoyan al Gobierno han pedido la apertura de una comisión de investigación parlamentaria, a la que se niega el Gobierno, que ha reafirmado su “confianza en la investigación y en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan con criterios de proporcionalidad y con arreglo a la ley”, en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
En todo caso, lo que ha quedado claro es que durante más de cuatro meses la realidad de lo que ocurrió se ha ocultado, de forma consciente. Y que este Gobierno solo es continuista de la política seguida por otros como el del PP, cuando, en febrero de 2014, la guardia civil disparó pelotas de goma y botes de humo contra un grupo de refugiados que nadaban para intentar ganar la costa, en la playa del Tarajal (Ceuta), con el resultado de 15 muertos. Unos hechos que han sido exculpados por el aparato judicial. El Tribunal Supremo dio por buena la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que concluyó que el operativo de la Guardia Civil se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.
Acusan al Gobierno, pero exculpan a los guardias civiles
Por su parte, el PP arremete contra el Gobierno, a la vez que defiende la actuación de los guardias civiles. Ana Vázquez, parlamentaria del PP que participó en la comisión, habla de “falta de previsión del ejecutivo”, pero exculpa de cualquier responsabilidad a la GC. “Su actuación fue impecable”. Curiosamente, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido el cese de Grande-Marlaska si se confirma que el 24 de junio en la valla fronteriza “se han trasladado cadáveres de la frontera de España a la frontera marroquí” (por lo visto, los trasladó Marlaska, pero los guard
ias civiles allí presentes no vieron nada). Al mismo tiempo, Bendodo ha defendido la actuación de la policía y la guardia civil, “que dan lo mejor de sí” y ha pedido al Ejecutivo que “no se parapete” detrás de ellos. “Ni siquiera hay los efectivos necesarios para cubrir todas las cabinas de control”. “Nuestros guardias civiles han entrado desprotegidos por falta de efectivos y queremos saber si han recibido alguna orden indigna por parte de sus superiores políticos”, ha dicho Bendodo.
Por su parte, Enrique Santiago, secretario del PCE, y uno de los parlamentarios que participó en la visita, ha asegurado que pudo comprobar que “la avalancha que produjo la muerte y los heridos más graves fu
eron en las instalaciones de la frontera española y bajo control de la autoridad española”. Y ha cuestionado también “por qué no se prestó atención médica cuando había un dispositivo a apenas 100 metros”. Todo ello como si su partido no formara parte del Gobierno, en el que él mismo se sentaba, como secretario de Estado, cuando sucedieron los hechos.
Otros portavoces parlamentarios han pedido la dimisión del ministro del interior, Grande Marlaska, y la creación de una comisión de investigación.
Los hechos son tozudos. Ceuta y Melilla son dos enclaves coloniales españoles en territorio de Marruecos (donde España controla también varias islas y peñones situados en aguas marroquíes).
Para “proteger” ambas ciudades, se han erigido enormes vallas. En la frontera de Melilla hay tres vallas paralelas, con alambre con cuchillas “concertinas”, la más alta de 8 metros. Para ayudar a defender esas vallas que tratan de impedir la llegada de emigrantes, la UE firmó un acuerdo migratorio con Marruecos, por el que le paga a ese país 100 millones al año para que su gendarmería vigile la frontera. Y permita al gobierno español lavarse las manos –sin mucho éxito, por el momento, como hemos visto- de lo que suceda en las vallas.
Un rechazo sin paliativos
En su día, en una Carta semanal, denunciábamos la acción “brutal y despiadada” de las policías española y marroquí. Agravada por la actuación del Gobierno de coalición en defensa de la profesionalidad de las policías ante el “asalto” a nuestra frontera de unos centenares de migrantes desarmados, hambrientos, aterrorizados, desesperados por el acoso de la gendarmería marroquí a sus campamentos. Gente que sólo buscaban salvar sus vidas, emigrar para poder vivir. Dos cuerpos policiales actuando en común para defender unas fronteras heredadas del periodo colonial. Decíamos entonces que “actitudes y hechos como los ocurridos caracterizan a un gobierno y más cuando no solo no hay la mínima recriminación, no hablemos de empatía, es que se justifica, certifica y aplaude la brutal actuación de gendarmería y Guardia Civil como si no hubiera pasado nada, cuando la gente común se siente horrorizada por las imágenes de la masacre”.
Las imágenes de la BBC y las que ha recibido la comisión parlamentaria, marcan el fracaso de los intentos de algunos –incluyendo a los que se llaman “de izquierdas”- que tratan de descargar todas las culpas sobre el gobierno marroquí, y en última instancia sobre el pueblo de Marruecos. Nada más injusto. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Marruecos, o el millón largo de trabajadores marroquíes en España, con el hecho que las potencias europeas y la administración estadounidense hayan convertido al reino de Marruecos en un gendarme para África?
Recordemos que el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, declaró entonces que la OTAN debía implicarse en la defensa de Ceuta y Melilla. Como si se hiciera eco de sus palabras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien declaraba, con respecto a Ceuta y Melilla, que estaba “absolutamente convencido de que los aliados de la OTAN estarán al lado de España si se enfrenta a amenazas y desafíos”. Y el Gobierno español, pidió, ante la cumbre de la OTAN, mayor implicación de este aparato militar en el norte de África.
Poco después de suceder los hechos, el Encuentro Obrero Europeo contra la guerra y la explotación que se celebró en Madrid, el 25 de junio, en vísperas de la manifestación contra la Cumbre de la OTAN, aprobaba por unanimidad una declaración, que señalaba la actuación del Gobierno español: “Denunciamos la política del gobierno español de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que eleva vallas de más 6 metros, erizadas de cuchillas que desgarran la carne de quienes intentan atravesarlas, para cerrar el paso a quienes sólo quieren huir de la destrucción de sus países.
Sin ninguna solidaridad o compasión por los muertos y heridos, Pedro Sánchez alababa la “cooperación” de la gendarmería marroquí, declarando que se trataba de un “asalto violento, bien organizado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad”. ¡Bien resuelto cuando hay más de 100 heridos y decenas de muertos!”
La declaración concluía con estas palabras: “nos repugnan estos hechos. Exigimos la libre acogida de todos los inmigrantes, el fin del saqueo de África por las multinacionales, el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores inmigrantes que viven en España, incluyendo al millón de trabajadores marroquíes, el derribo de las vallas de la infamia de Ceuta y Melilla y la devolución a Marruecos de todos los enclaves coloniales. Y justicia para las víctimas de la masacre de Melilla”. Justicia que tampoco tuvieron los 15 fallecidos en la playa del Tarajal.