(publicado en la Carta Semanal 461)
La campaña contra los sindicatos no cesa. Y no va a cesar, porque responde a una necesidad objetiva del capital y de los gobiernos: con 6 millones de parados, todos los derechos recortados y cuestionados, la resistencia de los trabajadores no va a cesar. Victorias como las de la sanidad de Madrid, o las del personal de Jardinería y Limpieza de Madrid, las limpiadoras del hospital Ramón y Cajal o los vecinos y vecinas del Gamonal alimentan la moral de la clase trabajadora y aterran al Gobierno.
Para derrotar en toda la línea al Gobierno, el camino es el que señalan todas esas victorias: organizar la lucha en unidad y llevarla hasta el fin. Y, hoy por hoy, las únicas organizaciones que pueden hacerlo son los sindicatos UGT y CCOO, que agrupan a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras, cuentan con más de 200.000 delegados en las empresas y con sobrada y demostrada capacidad de movilización. Por eso, la política de recortes exige atacar, amedrentar o incluso destruir a las organizaciones sindicales.
La campaña contra los sindicatos se desarrolla a varios niveles: en primer lugar están las reformas legales que destruyen la negociación colectiva o permiten ir a negociaciones de las condiciones de trabajo empresa por empresa o incluso individuales. Y otros ataques a la libertad sindical, en particular al derecho de huelga, que en el Estado español está gravemente cercenado por unos servicios mínimos en “servicios esenciales” que no corresponden a las normas de libertad sindical de la OIT, que buscan garantizar la vida y la integridad de las personas. Y todavía el gobierno Rajoy pretende recortarlo más. En segundo lugar, la campaña del aparato de Estado franquista (jueces, Guardia Civil…) contra los sindicatos, que incluye no sólo a la juez Alaya, sino las numerosas multas por acciones sindicales (350.000 euros a la Federación de Industria de CCOO por la Marcha Minera y más de un millón al SAT) y los numerosos procesos contra sindicalistas por manifestaciones, piquetes y otras acciones, entre las cuales la más reciente es la petición de casi 70 años de prisión a 8 trabajadores de EADS-CASA de Getafe. Y finalmente la campaña de los medios de comunicación, que no cesa.
Y también los ataques materiales a los sindicatos, la reducción de horas y recursos sindicales en las Administraciones Públicas, y la reducción del 75% de la subvención directa en los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, nuestra posición es clara: estamos en contra de la financiación de partidos y sindicatos a cargo del Estado y defendemos que los sindicatos deben financiarse con sus cuotas y su actividad. Pero exigimos la devolución del patrimonio histórico y no acumulado, reclamamos el derecho a acción sindical en las empresas públicas y privadas, con delegados, horas y locales para las secciones sindicales. Por lo demás no somos ciegos al hecho de que la retirada brusca de subvenciones ha creado enormes desequilibrios en las cuentas de los sindicatos (demostrando, por cierto, que la dependencia de las subvenciones ponía la llave de la caja en manos del enemigo de clase), y ha forzado despidos de empleados, EREs y ERTEs. La única respuesta a esta situación crítica es aumentar sustancialmente la afiliación, y esto no se hace con campañas de imagen, requiere abandonar la línea de diálogo social y organizar la contraofensiva de los trabajadores a los recortes y ajustes, echando a Rajoy. Sólo esto permitiría la afiliación masiva de jóvenes.
Más necesarios que nunca
Para quienes dudan de la necesidad de los sindicatos, es conveniente referirnos a algunas cifras.
Para empezar, en el estado español hay 6.100.000 trabajadores que tienen convenios colectivos, que aseguran sus conquistas laborales. Un 70% de los convenios firmados por los sindicatos de clase superan el tema de ultraactividad. Del otro 30%, la mayor parte corresponde a sectores con sindicatos amarillos o sectores con poca implantación sindical.
Los trabajadores con representación sindical ganan una media del 65% más y trabajan 2,3 horas menos a la semana. Amén de un mayor número de indefinidos. El 77% de las inaplicaciones salariales se dan en empresa de entre 1 y 49 trabajadores (la mayoría de ellas sin presencia sindical) y casi el 75% de temas que se llevan a la Magistratura de lo Social en Sevilla –las cifras son extrapolables a cualquier otra provincia– los llevan abogados de los sindicatos. Todas esas cifras son un reflejo del papel de los sindicatos como organizaciones de lucha de clases, a pesar de la línea de “diálogo social” que imponen sus dirigentes.
Cuando se desató la crisis capitalista en el año 2008, dirigentes del FMI declararon que en España había que rebajar un 20% los salarios “para ganar competitividad”. Pero para eso tropezaban con un obstáculo: una clase obrera organizada, que ha demostrado que utiliza a sus sindicatos para defenderse. De ahí la necesidad de atacar a la capacidad de actuación de los sindicatos, y, en última instancia, a los sindicatos mismos. De ahí que las dos últimas reformas laborales hayan eliminado el control administrativo de los EREs –que permitía la actuación de las organizaciones ante las autoridades laborales– y hayan ido a reducir la capacidad de negociación colectiva (concurrencia y ultraactividad)
El enemigo de clase es consciente de estos hechos, y así, un reciente informe de la CEOE dice que “hay que aprovechar la situación” (se refiere a la sindical) y que hay 1,3 millones de trabajadores en peligro de quedarse sin convenio para “adaptar las condiciones laborales” a las necesidades de la empresa.
Conviene recordar que las cifras anteriores se deben a la acción de los sindicatos de clase, y que otras organizaciones de tipo gremial o “nacionalista” no responden a las mismas pautas. Podemos ilustrarlo recordando lo que sucede en el País Vasco. donde el año 2013 ha terminado con más de 360.000 trabajadores vascos, el 60,3 % del total de empleados, sin tener renovado su convenio sectorial, según un informe del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. A ellos hay que añadir 170.000 trabajadores con las negociaciones de sus convenios paralizadas. En el País Vasco, y sobre todo en Guipúzcoa, la acción concertada de las patronales, y del sindicato ELA (que no lucha por convenios sectoriales y prefiere negociar convenios de empresa) lleva a dividir a los trabajadores entre los que pueden negociar convenios (unos 450.000) y los restantes (en torno a 350.000), empleados en micropymes, que hasta ahora se beneficiaban de los sectoriales, y que quedarán a merced de las negociaciones, casi imposibles, en sus centros de trabajo.
La OIT hace balance del papel de los sindicatos
En su Informe Mundial sobre el Trabajo de 2011, la OIT demuestra cómo el principal factor que reduce las desigualdades de ingresos (eso que algunos llaman el “reparto de la riqueza”) es el porcentaje de afiliación sindical: “el índice de sindicación era la única variable predictiva cuya variación en los países estaba incondicional y negativamente vinculada a la dispersión de los ingresos, independientemente de la política económica del país en cuestión, mientras que los efectos de las demás variables diferían según los regímenes”.
Otros factores, señala la OIT, también pueden reducir la desigualdad de ingresos. Entre ellos, la centralización de la negociación colectiva –frente a los convenios de empresa– o la redistribución mediante impuestos y transferencias. Pero incluso el estudio de la OIT demuestra que el índice de sindicación y la cobertura de la negociación colectiva no solo determinaban los ingresos de mercado sino que además, estadísticamente, guardaban también relación con el alcance de la redistribución mediante impuestos y transferencias.
También dice el informe que “el mayor cumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) suele guardar relación con una menor desigualdad”. “En general, en los países donde los sindicatos son más fuertes, los niveles de desigualdad son más bajos que en los demás”.
Hay un hecho a destacar en el informe de la OIT. Mientras que la centralización del negociación colectiva mejora las rentas de los trabajadores y disminuye la desigualdad económica, no es lo mismo lo que sucede con el llamado Diálogo Social. A este respecto, la OIT dice que “uno de los hechos que puede haber contribuido a esta situación es la emergencia en varios países, sobre todo, pero no exclusivamente, de Europa, de un tipo especial de negociación colectiva centralizada, conocido como pacto social, que aunque aparentemente es similar a los acuerdos anteriores, al menos en lo que se refiere a su forma institucional, tiene resultados bastante distintos y, sobre todo, atiende más a la competitividad que a la redistribución”. La OIT traduce en cifras lo que siempre hemos defendido: que el diálogo social no tiene nada que ver con la negociación colectiva, porque no busca la “redistribución de la renta”, es decir, la mejora de la situación de los trabajadores, sino la “competitividad”, o sea, los intereses de las empresas. Es decir, que parte de “la aceptación por parte de los sindicatos del marco fijado por el gobierno y/o los patronos” lo cual es un obstáculo a la verdadera y libre negociación colectiva.
Defender, reforzar, reconquistar nuestros sindicatos
La clase trabajadora no puede actuar sin organización. Y, como hemos visto, a pesar de la orientación de las direcciones sindicales, una clase obrera con sindicatos potentes puede defender sus reivindicaciones y conquistas con mucha mayor eficacia. Los militantes de la IV Internacional partimos de este hecho para trabajar por reforzar los sindicatos de clase.
Esa orientación exige hoy defender a los sindicatos de los ataques del enemigo de clase, del Estado burgués y de los medios de comunicación al servicio del gran capital. Una defensa que las direcciones oficiales no son capaces de llevar a cabo, porque supone cuestionar a las instituciones del estado (jueces, policías, etc.) y porque exige poner a los sindicatos a la cabeza de la movilización, recuperar los métodos de lucha establecidos por la clase trabajadora en 150 años de lucha de clases organizada, y, sobre todo, romper la tregua con el Gobierno, organizar la lucha hasta el fin por la derogación de todas las reformas, y hacer caer al gobierno que las aplica.
La defensa de los sindicatos no pasa, no puede pasar por la aceptación de la “independencia” y la “imparcialidad” del aparato judicial franquista y de los cuerpos represivos, cuyo papel antisindical hay que denunciar y combatir. Ni pasa por una “reestructuración interna” a base de fusiones forzadas de organizaciones y de despidos de trabajadores (menos aún aplicando los medios y las indemnizaciones de las contrarreformas laborales que los sindicatos han combatido). Ni pasa por mantener la dependencia económica de subvenciones del Estado. Exige, por el contrario, luchar por la independencia económica, inseparable de la independencia política.
En última instancia, la defensa de los sindicatos exige aplicar de manera incansable una orientación de reconquista de los sindicatos por la clase trabajadora, frente a las burocracias sindicales que les han impuesto una orientación antinatural de “diálogo social”. Un paso en ese sentido está siendo la imposición de huelgas indefinidas en lugar de los paros intermitentes que desgastan y no consiguen resultados importantes.