(publicado en la Carta Semanal 432)
La deuda del Estado se ha convertido en una carga insoportable para la sociedad, y en particular, para los trabajadores y los servicios públicos que éstos necesitan. No es para menos. Tras un año de gobierno de Rajoy (en que ha aumentado en 147.948 millones de €), ha llegado a la cifra récord de 884.416 millones (un 84% del PIB). De ella 760.262 corresponden a la Administración Central, 185.048 a las CCAA y 41.967 a las corporaciones locales. Eso equivale a que cada ciudadano debe 19.300 € (3.200.000 pts.), o que cada familia debe 77.000 € (12.800.000 pts.), o que cada trabajador, cada afiliado a la Seguridad Social 55.000 € (9.000.000 pts.).
Sólo los intereses de esta deuda suponen 38.000 millones de euros este año, según los Presupuestos del Estado, es decir, casi un 4% del PIB y más de la mitad del déficit público previsto para este año. Más que lo que cuestan todas las prestaciones por desempleo. El pago de esos intereses y del capital de la deuda, convertido en prioridad absoluta –por encima de todos los servicios e inversiones públicas y del pago de los salarios de los empleados públicos– por la reforma constitucional de hace dos años, condiciona todos los Presupuestos. Recordemos que, a su vez, esa reforma del artículo 135 no es sino la transcripción en la Constitución española de una disposición del nuevo Tratado de la Unión Europea, la “regla de oro”. Una imposición más de la Unión Europea.
Por tanto, el pago de esta deuda a los banqueros y demás especuladores (que se añade a las ayudas directas del Estado a los bancos) impide que ese dinero se dedique a crear empleo, supone recortes en todos los servicios públicos y nos condena a seguir en recesión por tiempo indefinido. Ante este hecho, algunas organizaciones políticas (entre ellas, Izquierda Unida y los llamados Anticapitalistas), presentan una propuesta: auditar la deuda, para distinguir entre deuda “ilegítima” (la contraída para rescatar a los banqueros, fundamentalmente) y deuda “legítima” (la que correspondería al gasto en servicios públicos que el Estado, supuestamente, no podría financiar sin recurrir al endeudamiento).
A partir de esa auditoría el Estado mantendría el pago de la deuda “legítima”.
Existe un precedente histórico: en 1917 el gobierno obrero y campesino instaurado por la revolución de Octubre y presidido por Lenin decretó el impago de la deuda contraída por el gobierno zarista. Lenin declaró ilegítima y no contraída por el pueblo ruso toda esa deuda. Pero ni Izquierda Unida ni los supuestos Anticapitalistas inspiran su política en la de los revolucionarios rusos, porque para ellos la Revolución de Octubre es algo caduco.
Los militantes de la Cuarta Internacional no invocamos a Lenin como un profeta; no creemos en dogmas, aplicamos el análisis concreto, sobre la base del marxismo, a la realidad concreta. Analicemos con este método la cuestión de la deuda.
De dónde viene la deuda
Existe un déficit del Estado cuando los gastos públicos superan a los ingresos, y para cubrir ese déficit, los estados han de recurrir al endeudamiento. Ese es el origen de la deuda del Estado. Ahora bien ¿de dónde surge ese déficit del Estado Español? ¿Cómo se ha generado esa deuda?
Algunos nos dirán: “de la crisis económica”. Bueno, luego veremos la forma en que se ha utilizado “la crisis” para engordar el nivel de deuda española en casi 65 puntos del PIB entre 2007 y 2012, pero el gobierno Aznar dejó, en plena “prosperidad” una deuda de 388.038 millones de euros, casi la mitad de la deuda actual.
Pero antes de empezar la crisis, como hemos visto, ya existía una deuda pública de casi 400.000 millones de euros. Esta deuda, contraída para financiar los servicios e inversiones públicas, ¿sería, por tanto, deuda “legítima”? Entonces la propuesta de impago de deuda “ilegítima”, ¿se limitaría a no pagar los 200.000 millones del rescate a los banqueros? Eso nos dejaría con 30.000 millones de pago de intereses al año, una cifra inasumible.
Lo mejor es ver de dónde viene esa deuda. Y vamos a empezar por negar la mayor: no se ha contraído para financiar los servicios públicos, sino para financiar el enorme fraude fiscal que el Estado permite a las grandes empresas y las grandes fortunas. Aplicando las leyes tributarias, las grandes empresas pagan un 12% de sus beneficios en impuestos (cuando un trabajador por cuenta ajena que tuviera ingresos similares pagaría el 25% de media. Más del 70% de los ingresos por IRPF corresponden a rentas del trabajo, que suponen menos del 50% de la Renta Nacional, en tanto que los empresarios, con más del 50% de la renta, pagan menos del 25%. ¿Cómo es posible esto? Con leyes hechas a su medida y, sobre todo, con un inmenso fraude fiscal consentido. Recientemente, el coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Jesús Barcelona, explicaba que “el 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas”, un asunto que hace que “el Estado pierda 90.000 millones de euros al año”.
Este fraude fiscal consentido ha hecho que históricamente se haya mantenido una enorme pobreza de ingresos al Estado que tenía España (y lo mismo Grecia) representaba un 32% del PIB en 2008 (en Grecia, el 34%).
Las reglas impuestas por la Unión Europea agravan la deuda
En segundo lugar, está la cuestión del Banco Central Europeo. El economista Eduardo Garzón ha calculado lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. En tal caso, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB, en lugar de un 90%. La inexistencia de un Banco Central propio es la consecuencia de aceptar las normas de la Unión Europea y del Euro, que someten los estados a los especuladores. De esta situación se benefician, sobre todo, los bancos alemanes (139.191 millones) y bancos franceses (115.261 millones), los cuales juntos poseen casi el 30% de la deuda total.
El FMI y la UE disparan la especulación
En los últimos años la deuda pública española se ha disparado y está desbocada. Dicen que es “la crisis”, pero son las políticas impuestas por el FMI y la UE y aplicadas por los gobiernos ZP, Rajoy y autonómicos.
Por un lado, el FMI y la UE obligaron a los gobiernos europeos a inyectar dinero en los bancos y endeudarse para ello, transformando la deuda privada en deuda pública (entre 150.000 y 200.000 millones en el Estado español). Estos días se ha anunciado que del rescate bancario que según Rajoy “no iba a costar un euro al contribuyente”, se dan por perdidos, de momento 36.931 millones (de 52.000).
Por otro lado, dicen que la crisis ha hundido la recaudación fiscal, porque como los ingresos al Estado dependen excesivamente de las rentas del trabajo y muy en especial, de las rentas de la clase trabajadora (es decir, de aquellos que están en nómina), cuando el desempleo se dispara, como ocurrió en España, pasando del 9% en 2007 al 18% en 2009, los ingresos del Estado bajan en picado. Sólo entre 2007 y 2010 los ingresos tributarios se redujeron ya en 41.140 millones.
Pero esto no es un fenómeno natural. FMI y UE impusieron, y siguen imponiendo, la “austeridad”, que ha hundido al Estado español en una segunda recesión de la que no se sabe cuándo saldremos. Es eso lo que ha provocado el paro, el recorte de salarios y pensiones, ha hundido la producción y por tanto la recaudación.
Y también está provocando un agujero sin fondo en los bancos, que de nuevo el FMI y la UE exigen que el Estado español cubra.
A la vez, según los datos de recaudación publicados esta semana los grandes grupos empresariales han pasado de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, gracias a la rebaja del impuesto de sociedades efectuada por Solbes en 2007 para ajustarse a lo exigido por Bruselas. Pagan el 3,5% de los beneficios declarados. El conjunto de las empresas pagan el 8,8% de los beneficios declarados (el 19% cinco años antes), y las familias pagan el 12%.
Aprovechando esta quiebra provocada del Estado, los bancos europeos, y cada vez más Santander, BBVA, Caixabank, piden prestado al Banco Central Europeo al 1% y se lo prestan al Estado Español al 5, el 6 o el 7%. Es el negocio de la prima de riesgo, pura usura, un saqueo.
Por tanto, el conjunto de la deuda pública española no es una deuda contraída para pagar el desempleo, mantener la sanidad y la enseñanza públicas, sino para financiar el paraíso fiscal de que disfrutan las grandes empresas y fortunas, y el negocio de los banqueros amparado por Bruselas. ¿Puede considerarse esa deuda “legítima”?
Sólo hay una salida: negarse a pagar la deuda
Como hemos visto, no existe ninguna deuda “legítima” a la que el pueblo trabajador tenga que hacer frente. Toda la deuda obedece a las necesidades de los grandes capitalistas y de los banqueros y especuladores.
No hacen falta auditorías. Lo que hace falta es un gobierno que actúe democráticamente, que se atreva a desafiar las normas de Bruselas, y a cobrarles impuestos a las grandes empresas y fortunas. Que exija a los banqueros que devuelvan de inmediato hasta el último céntimo de las ayudas y se niegue a pagar ni un euro de la deuda. Un gobierno como el de Lenin. ¿Difícil? ¿Duro? ¿Lo “fácil” es, entonces, pagar el 75% de la deuda, declarada “legítima”, a costa de acabar con los servicios públicos y las conquistas sociales? No es eso lo que piden los trabajadores y la inmensa mayoría de la población. Es una cuestión de vida o muerte. Como dijo la gran revolucionaria Rosa Luxemburgo de los bolcheviques, “ellos se atrevieron”.