(Publicado en la Carta Semanal 744 – ver en catalán)
Los medios difunden que el juez Marchena tiene apoyos garantizados para repetir como presidente de la Sala Penal del Supremo. Antes, eso no era noticia, pero esta vez sí. Porque el aparato judicial ha aparecido en la última época como relevante en la política española (normalmente, para mal), y porque el tal Marchena ha aparecido en las televisiones todos los días durante cuatro meses de vista oral del juicio contra los republicanos catalanes, recibiendo los cínicos elogios de todos los medios de comunicación.
En el último pleno de julio, la permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó los requisitos que deberán cumplir los candidatos a cubrir las plazas de vocales del Consejo. Tienen que llevar ya tres años como miembros del Supremo. La permanente ha añadido la gestión ya realizada en tareas de dirección y coordinación y la especialización en una rama del Derecho. Le vienen como un guante a Manuel Marchena.
¿Qué “noticia” es que los miembros de las cúpulas judiciales se perpetúen como vienen haciendo desde 1936? Marchena, que ha orquestado el gigantesco fraude del juicio contra Junqueras y sus compañeros seguiría en ese cargo, para perjuicio de los derechos democráticos. Así, 44 años después de la muerte del dictador, los ciudadanos se ven sometidos a las decisiones del aparato judicial que viene de la dictadura, sin que vean cómo defenderse, pues como dice el Supremo, la actual legalidad viene de la dictadura.
Los jueces y juezas
En enero de este año había 5411 jueces en activo. ¿Cómo se ha formado ese colectivo? Durante 42 años, la dictadura depuró masivamente a los demócratas y seleccionó los jueces que le convenían. En 1978, la Constitución decidió que ese colectivo herencia del dictador eran “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley”. “No podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas”.
La Constitución entregó a esos jueces “a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español”.
Para perpetuarse, las oposiciones a juez, memorísticas, buscan formar un personal que los franquistas ahora llaman “profesional”, es decir, que defienda las instituciones monárquicas.
Como todos los jueces burgueses, consideran normal la explotación, los despidos, la restricción de libertades, todo muy agravado por el sesgo más que reaccionario del franquismo.
La creación de la Escuela de formación de jueces, en Barcelona, dio una ráfaga de racionalidad y ciencia, pero esto lo cortó a los tres años el Consejo del Poder Judicial con mayoría franquista.
Del talante dominante en ese medio, podemos encontrar un indicio en las conversaciones de intranet entre los jueces que alguien filtró, con comentarios soeces y contrarios a todo derecho contra los presos republicanos catalanes, contra la democracia. Una filtración que hubiera exigido una depuración de los implicados, pero no tuvo consecuencias.
No son los jueces, sino la APM
Se dice que “los jueces” han tomado tal posición o decisión. Por ejemplo, que los jueces eligen sus candidatos para el Consejo General del Poder Judicial, o que han renovado el equipo de magistrados a cargo de tal Audiencia provincial, o del área de penal de la Audiencia Nacional.
¿Quiénes representan a los jueces?
Un ejemplo: Aznar modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 2/2001) para que los candidatos a vocal del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por las cinco asociaciones de jueces (o formen una candidatura avalada por el 2% de todo el colectivo), en proporción al número de afiliados de cada una de esas asociaciones. Es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene menos de una cuarta parte de los jueces (1300 según Wikipedia), tiene una mayoría muy holgada entre esos representantes. Otros, pueden no tener ninguno.
Con una afiliación del 25%, la APM controla –casi sin excepciones– el conjunto de las Salas de las Audiencias.
¿Cómo se llegó a esto?
Al principio, había una única asociación de jueces, con claro dominio de los jueces franquistas. Pero en 1980, en su primer congreso, en algunas votaciones, la antigua corriente clandestina de Justicia Democrática alcanzaba el 30% de los votos, y se abría la perspectiva de que los de siempre perdiesen el control. La respuesta fue simple: el congreso de la APM prohibió las corrientes, las expulsó, lo que luego llevó a la formación de la asociación Francisco de Vitoria y la asociación de Jueces por la Democracia…
Se había constituido así la APM como búnker franquista, que hasta hoy controla el aparato judicial, sin siquiera los cambios producidos en otras áreas del aparato de Estado.
El Consejo General del Poder Judicial
En la dictadura, había una coincidencia de la pirámide jurisdiccional y administrativa, que culminaba en el Tribunal Supremo. Al hacer la Constitución, hubo que separar. Se constituyó el Consejo General del Poder Judicial, que organiza la administración. Pero están unificados por la cabeza: el presidente del Tribunal Supremo es también el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y en toda la pirámide, se distinguen las funciones de gobierno de las funciones jurisdiccionales, aunque recaigan en las mismas personas.
Hecha esta ley “democratizadora”, viene en seguida la trampa.
Inicialmente (ley de 1980), dominaban el Consejo los 12 elegidos por los jueces (y fácilmente el presidente del Supremo), en manos de la APM. El Congreso y el Senado elegía a otros ocho. Pero como entre ellos estaban los del UCD, sumando APM + UCD el control parecía asegurado.
El gobierno de Felipe González pretendió en 1985 cambiar la situación dando al Congreso la elección de todos los vocales del Consejo (seleccionando los 12 presentados por los jueces y eligiendo a otros 8). Pero, al ser elegidos por los 3/5 del Senado y del Congreso, le daba el poder de veto al PP (con alguna concesión a CiU y tal vez al PNV). Como el PP y la APM políticamente son lo mismo, lo que no amarro desde la APM, lo amarro desde el PP.
Hubo una vez un conflicto. Se preveía la crisis de Cataluña. El PP quería decantar más hacia su lado la composición del Consejo. Se negó a votar recambios porque el PSOE dominaba el Congreso. Por otro lado, maniobró en el Consejo para expulsar a un vocal que ellos tildaban de sospechoso de haber tenido una vez una relación profesional con independentistas. Lo echó. Luego introdujo torticeramente al actual consejero de Justicia de Madrid, que no reunía condiciones. Y cuando vinieron elecciones, el PP ganó y entonces se hizo la renovación del Consejo con más peso del PP.
Desde entonces, el CGPJ ha sido un órgano de consenso que ha quedado prácticamente como un órgano franquista. Esto ha sido posible por la mayoría cualificada introducida por el gobierno de González y por el reparto amigable, al PP le tocan tantos y al PSOE tantos, y todos votamos a todos. (Recuérdese que Tomás Gómez dimitió como senador al obligarle la dirección federal a votar como vocal del CGPJ al juez privatizador de la sanidad Martínez Tristán).
Ahora, todos podemos imaginar que si se mantiene un predominio de la izquierda en las Cortes, Casado podría organizar un nuevo boicot, aunque esta vez el PSOE podría orillarlo pactando con los demás grupos del Senado (un dispositivo que el PP había introducido para poder prescindir de pactar los candidatos con el PSOE, ya que ellos tenían siempre la mayoría del Senado).
¡Vaya renovación!
Y es que la situación ya no es la misma. Entre PP y PSOE, cada vez suman menos. Con lo cual, es posible que los franquistas pierdan el control del aparato judicial franquista, lo cual abriría la puerta a medidas democráticas que en estos 44 años no han colado.
Esto no debe pasar, dicen los empeñados en mantener la justicia amarrada al aparato franquista.
Ha empezado ya la campaña para que vuelvan a ser los jueces los que determinen directamente los 12 vocales elegidos por ellos. Es normal que eso lo propugne Vox, el PP y Cs. Pero las propuestas contra la “politización de la justicia” pueden allanarles el camino.
No estamos hablando el futuro, sino de lo que puede empezar a suceder en los próximos meses.
La “judicialización”
Se denunció al gobierno de Rajoy por remitir a la Justicia las decisiones propias de un Gobierno, en particular en el caso de Cataluña. Lo hizo por debilidad.
Se señaló que el discurso del capitán general Felipe VI del 3 de octubre de 2017 (tras el ‘referéndum’ catalán) invitaba a los jueces a coger el país en sus manos, en nombre del rey. Esto no puede funcionar, pero cuando un régimen se tambalea, se apoya en lo que puede.
Y así, la Corona y la Justicia, que antes eran bien valoradas en las encuestas, ahora son de las peor valoradas, porque han tenido que actuar y se ha visto su papel. Ha hecho falta la movilización reiterada de millones de ciudadanos para echar atrás la sentencia de la Manada. Y ninguna movilización ha echado atrás la sentencia sobre las hipotecas, porque en la judicatura, como en todo el aparato franquista, mandan los bancos.
En definitiva, la resistencia y acción de las masas generaliza la crisis de las diversas piezas del régimen monárquico.
Pero la crisis del poder judicial es central. Contra los recursos para que anulase las sentencias de los consejos de guerra franquistas y del Tribunal de Orden Público, el Supremo ha declarado solemne y reiteradamente que no se pueden anular, porque la legalidad actual es la continuidad de la legalidad de la dictadura, del levantamiento del 18 de julio. “La legislación que se aplicó en el momento de dictarse la sentencia (de un consejo de guerra franquista) era la vigente en el momento de su aplicación”. Luego la Constitución establecería garantías, pero como otra ley dentro de la misma legalidad. Y por eso el Supremo afirma que la exhumación del dictador es la exhumación del legítimo jefe del Estado.
Cuestionando a la Corona y al Poder Judicial, los trabajadores y los pueblos dan en hueso.
¿Reformar o extirpar?
Al cabo de 83 años de la reconstrucción franquista de la dictadura, los franquistas siguen atrincherados en el búnker del aparato judicial. Había ilusiones en 1977 y 78 en que se podría modificar el engendro. ¿Quién puede de buena fe seguir albergando esas ilusiones? Los franquistas tienen medios para hacer trampas legales y el apoyo de otras instituciones, como el Rey, las Fuerzas Armadas, que necesitan impedir que se caiga. Sin tener una bola de cristal que nos permita prever la secuencia de los acontecimientos, en un orden y forma u otro, la caída de este aparato judicial irá enlazada con la caída del régimen monárquico.
Pero la mayor parte de los dirigentes de la izquierda están a años luz del movimiento de los trabajadores y pueblos. Sus programas prometen a los trabajadores y los pueblos el oro y el moro, sin siquiera reformar la Constitución como decían hace poco (propuesta a menudo falaz). Sin querer, apuntan la salida: no hay reforma de lo bien atado, el pueblo tendrá que encontrar la forma de derribarlo.
Frente a la tiranía judicial, toda reivindicación democrática es buena, en particular la exigencia de que los jueces sean elegidos por el pueblo: nadie puede confiar en que los partidos, en el marco de las instituciones monárquicas, van a arreglarlo.
La “separación de poderes”, como la alternancia, eran fórmulas que buscaban organizar el juego entre distintos sectores de la burguesía. No corresponden a la lógica del imperialismo podrido actual, aunque queden restos en algunos países, como la resistencia de la Fed a seguir la política que va bien a las empresas de Trump. Pero ya sin equilibrios, pues la prevalencia del ejecutivo central norteamericano es cada vez más un rodillo. En el régimen monárquico, epígono de instituciones de la dictadura, esa separación es una ficción, como se ha visto en el juicio a los dirigentes catalanes y en la creciente irrelevancia del Congreso, por no hablar de la inexistencia de la autonomía municipal o la no autonomía de las autonomías, gobernadas por Hacienda y los delegados del Gobierno, como en la dictadura.
Por tanto, ninguna institución en democracia puede escapar a la lucha por la soberanía popular, y éste es uno de los contenidos de la República, que da a esta consigna su carácter revolucionario, porque cuestiona todo el poder establecido, cuestiona el carácter de clase del poder y de todas las instituciones. No hay instituciones neutras, que se podrían utilizar por una mayoría de “izquierdas” sin chocar con los bancos y el aparato franquista, que son los amos de esas instituciones.